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La historia de Maricarmen | España: los desahucios forzosos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos que pueden evitarse. Las consecuencias humanas, la lucha por los derechos y la resistencia colectiva
En el marco de la campaña #StopForcedEvictions puesta en marcha por HIC y organizaciones aliadass, compartimos testimonios sobre los desalojos forzosos, su impacto en la vida de las personas y las luchas colectivas que se llevan a cabo para impedirlos y reclamar justicia. Y es que los desalojos forzosos no son inevitables. Son la consecuencia directa de decisiones políticas, y los Estados tienen, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, obligaciones vinculantes de prevenirlos y de garantizar medidas correctivas y reparaciones cuando se producen.
¿Qué ocurrió?
El 23 de septiembre de 2026, Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, fue desahuciada de su vivienda en Madrid, España, donde llevaba viviendo más de 70 años. Aunque siempre había pagado el alquiler, se vio obligada a abandonar su vivienda sin una solución de realojamiento adecuada. Fue hospitalizada a raíz de este desahucio y, lamentablemente, falleció el 7 de octubre de 2026, antes de poder regresar a su hogar.
Los factores determinantes y las consecuencias
El desahucio de Maricarmen se produjo en un contexto de creciente especulación inmobiliaria y de mayor vulnerabilidad de los inquilinos ante la presión de las sociedades de inversión inmobiliaria —una de las manifestaciones más visibles de la financiarización de la vivienda y de la falta de regulación de los actores privados que están detrás de los desahucios forzosos en ciudades de todo el mundo—.
Para Maricarmen, perder su vivienda significaba perder no solo un espacio físico, sino también el lugar donde había construido su vida y tejido lazos comunitarios durante siete décadas. Su caso ilustra hasta qué punto los desalojos forzosos afectan de manera desproporcionada a las personas más marginadas y vulnerables —en este caso, una mujer mayor con discapacidad que no disponía de los medios para conseguir una vivienda de sustitución adecuada—.
Protección jurídica y recursos: un fracaso de las instituciones españolas
Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda han denunciado este desalojo como una violación de los derechos humanos, subrayando que se ha llevado a cabo a pesar de las medidas provisionales solicitadas por las Naciones Unidas para impedirlo.
El caso de Maricarmen nos recuerda con fuerza uno de los principios fundamentales de nuestra campaña: un desalojo puede estar autorizado en virtud de la legislación nacional y, sin embargo, constituir un desalojo forzoso si no respeta las normas internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento de la legislación nacional no es suficiente. Los Estados tienen la obligación de estudiar todas las alternativas posibles antes de proceder a una expulsión, de velar por una consulta adecuada y por el respeto de las garantías procesales, de ofrecer un realojamiento adecuado y de garantizar el acceso a vías de recurso. En el caso de Maricarmen no se ha cumplido ninguna de estas obligaciones.
Su historia pone de manifiesto la brecha existente entre los procedimientos jurídicos nacionales y la protección efectiva del derecho a la vivienda, así como la urgente necesidad de colmarla, en particular para las personas mayores, las personas con discapacidad y todas aquellas que carecen de los medios para conseguir una vivienda alternativa adecuada.
Acción comunitaria y resistencia colectiva
El caso de Maricarmen movilizó a los vecinos, a los movimientos en defensa de la vivienda y a las organizaciones de la sociedad civil, en particular al Sindicato de Inquilinas y al Observatori DESCA, que apoyaron su lucha y exigieron protecciones más sólidas contra los desahucios forzosos. Su acción colectiva contribuyó a alcanzar un acuerdo que le permitía regresar a su hogar, aunque, lamentablemente, falleció antes de que esto pudiera hacerse realidad.
Este es también el objetivo de nuestra campaña: el papel esencial de la organización colectiva, la solidaridad y la acción de la comunidad para defender el derecho a una vivienda digna y exigir responsabilidades a los responsables.
Más allá de su caso individual, las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda han presentado propuestas conocidas como los «decretos Maricarmen», destinadas a reforzar la protección de los inquilinos vulnerables y a prevenir nuevos desahucios —un ejemplo concreto de cómo los casos individuales pueden impulsar un cambio sistémico—.
Por qué es importante su historia
La historia de Maricarmen nos recuerda que la prevención de los desalojos forzosos requiere mucho más que el mero reconocimiento jurídico de los derechos. Exige una protección rápida y eficaz, voluntad política, la asunción de responsabilidades por parte de los actores implicados y el acceso a vías de recurso. Las vías de recurso no son una mera consideración secundaria: se trata de una obligación fundamental en materia de derechos humanos. La restitución, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición constituyen el mínimo al que tienen derecho las comunidades afectadas.
Esto demuestra también que el cambio es posible, gracias a la resistencia colectiva, a la labor de defensa llevada a cabo por las comunidades y a la determinación de quienes se niegan a aceptar que los desalojos forzosos sean inevitables.
Nadie debería quedarse sin vivienda. Impidamos los desahucios forzosos. Garanticemos vías de recurso para todos.
En el marco de nuestra campaña colectiva #StopForcedEvictions, invitamos a nuestros miembros, socios y comunidades a compartir sus experiencias, sus luchas y sus soluciones colectivas.
Nadie debería perder su vivienda. Impidamos los desalojos forzosos. Garanticemos una reparación para todos.
En el marco de nuestra campaña colectiva #StopForcedEvictions, invitamos a nuestros miembros, socios y comunidades a compartir sus experiencias, sus luchas y sus soluciones colectivas.
En memoria de Mari Carmen
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mari Carmen, esa mujer de 87 años cuyo desahucio se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda en España. Su legado —así como el de todas las personas que han perdido la vida a causa de la injusticia de la especulación— perdura, reforzando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vivienda.
Para más información
Para saber más, consulte a nuestra organización asociada, el Observatori DESCA:
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