En el marco de la campaña colectiva #StopForcedEvictions – acabar con los desalojos forzosos, HIC y organizaciones aliadas compartimos historias que muestran cómo los desalojos forzosos afectan la vida de las personas y cómo las comunidades se organizan para resistirlos, prevenirlos y exigir justicia y reparación.
La historia de El Jardín | Medellín, Colombia
¿Qué sucedió?
El 8 de septiembre de 2026, familias del barrio El Jardín, ubicado en Manrique, comuna 3 de Medellín, Colombia, fueron desalojadas de sus viviendas durante un operativo que la Alcaldía presentó como una «evacuación humanitaria».
La intervención se produjo luego de las alertas de riesgo por el desbordamiento de las quebradas La Mansión y La Máquina, que se habían presentado desde abril de 2026. Sin embargo, el operativo estuvo marcado por un fuerte despliegue policial y el uso de la fuerza para obligar a las familias a abandonar sus viviendas. Muchas de las casas fueron demolidas posteriormente, mientras sus habitantes reclamaban diálogo y garantías adecuadas para su reubicación.
Para las familias que habían construido sus hogares y sus vidas en El Jardín, el desalojo significó no sólo la pérdida de sus viviendas, sino también la incertidumbre sobre dónde vivir y cómo reconstruir sus proyectos de vida.
Las causas y los impactos
La Alcaldía justificó la intervención como una medida necesaria para proteger la vida de las personas frente al riesgo ambiental. Sin embargo, proteger a las comunidades frente al riesgo también implica garantizar su derecho a la vivienda.
El Jardín forma parte de los barrios de las laderas de Medellín, donde generaciones de habitantes han construido sus viviendas, sus medios de vida y sus redes comunitarias a través de procesos de autogestión y organización colectiva.
El desplazamiento significa mucho más que perder una vivienda: amenaza los medios de vida, rompe redes de cuidado y solidaridad, dificulta el acceso a la escuela y al trabajo, y aleja a las familias de sus comunidades.
Las familias recibieron la oferta de un subsidio temporal de arrendamiento, pero el monto resultaba insuficiente para acceder a una vivienda en el mismo barrio o en otros sectores de la ciudad. Sin una solución habitacional digna y definitiva, corren el riesgo de pasar de una situación de riesgo físico a otra de vulnerabilidad económica, enfrentando mayores costos de vivienda, endeudamiento y nuevas formas de inseguridad habitacional.
El caso también refleja las desigualdades territoriales de Medellín, donde las dificultades para acceder a una vivienda asequible y la insuficiente inversión en mejoramiento integral de barrios y prevención del riesgo dejan a muchas familias con escasas alternativas habitacionales.
Protección de derechos y reparación
Un desalojo puede estar autorizado por la legislación nacional y, aun así, no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.
Proteger la vida frente a los riesgos ambientales es una responsabilidad legítima y necesaria del Estado. Sin embargo, las autoridades deben agotar las alternativas viables al desalojo, garantizar la participación efectiva de las comunidades, establecer salvaguardas adecuadas y asegurar el acceso a mecanismos efectivos de reparación.
Medellín ya cuenta con una Política Pública de Protección a Moradores, reglamentada mediante el Decreto 0818 de 2021, que busca proteger los derechos de las personas afectadas por intervenciones urbanas. Esta establece que el reasentamiento debe ser la última opción y prioriza las estrategias de permanencia en el territorio o de reubicación en su entorno, cuando las condiciones lo permitan, para preservar las redes sociales, económicas y comunitarias construidas durante años.
Cuando el reasentamiento sea inevitable, las familias deben acceder a soluciones habitacionales dignas que protejan sus condiciones de vida y sus medios de subsistencia. Un subsidio temporal de arrendamiento, por sí solo, no puede reemplazar una solución integral y definitiva.
Las familias afectadas han reclamado diálogo y garantías adecuadas para su reubicación, mientras que organizaciones sociales han exigido soluciones habitacionales definitivas y la aplicación integral de los mecanismos de protección existentes.
¿Por qué importa esta historia?
La historia de El Jardín pone de manifiesto un desafío central para las ciudades que enfrentan riesgos ambientales y desigualdades habitacionales: proteger a las personas frente a los riesgos ambientales no puede significar desalojarlas, exponerlas al empobrecimiento y a la pérdida de sus comunidades.
La prevención del riesgo requiere inversión pública sostenida, mejoramiento integral de barrios y participación efectiva de las comunidades. Cuando la reubicación sea realmente inevitable, las familias deben acceder a soluciones habitacionales dignas y duraderas que protejan sus medios de vida y sus redes comunitarias.
Desalojar no es proteger. Proteger la vida también significa garantizar el derecho a la vivienda adecuada.
Nadie debería perder su hogar. Prevenir los desalojos forzosos. Garantizar la reparación para todas las personas afectadas.
En el marco de nuestra campaña colectiva #StopForcedEvictions, invitamos a miembros, organizaciones aliadas y comunidades a compartir sus experiencias, luchas y soluciones colectivas.
Caso elaborado a partir de información publicada por Corporación Región.
- Leé el artículo original: «Desalojar no es proteger: lo que la situación de Manrique exige al POT»
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#StopForcedEvictions #UrbanOctober #PreventionRemedyJustice
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