{"id":2943,"date":"2007-10-16T00:00:00","date_gmt":"2007-10-16T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/hic-net.org\/event\/jornada-de-trabajo-habitat-social-para-un-mundo-urbano\/"},"modified":"2019-09-20T12:24:11","modified_gmt":"2019-09-20T12:24:11","slug":"jornada-de-trabajo-habitat-social-para-un-mundo-urbano","status":"publish","type":"tribe_events","link":"https:\/\/staging.hic-net.org\/es\/event\/jornada-de-trabajo-habitat-social-para-un-mundo-urbano\/","title":{"rendered":"Jornada de Trabajo: H\u00e1bitat Social para un mundo Urbano"},"content":{"rendered":"<div style=\"TEXT-ALIGN: center\"><br \/>\n<DIV style=\"TEXT-ALIGN: left\"><br \/>\n<DIV style=\"TEXT-ALIGN: center\"><A href=\"http:\/\/campaign.hic-net.org\/pdfs\/redargentina.pdf\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0)\">Documento completo en PDF<\/SPAN><\/A><BR><\/DIV><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"><\/SPAN><\/DIV><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"><BR>\u201cpara que sigan altos los alquileres, es necesario mantener una ciudad tapiada, incorporar 100.000 viviendas desocupadas al mercado es imposible por el silencio de nuestros representantes\u201d<\/SPAN><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"> <\/SPAN><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(102,0,0)\">29 Y 30 de Noviembre de 2007<\/SPAN><BR><\/DIV><br \/>\n<DIV style=\"TEXT-ALIGN: center\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold\"> <\/SPAN><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold\">USHUAIA \u2013 Tierra del Fuego<\/SPAN><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold\"> <\/SPAN><BR style=\"FONT-WEIGHT: bold\"><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: bold\">Jornada de Trabajo: H\u00e1bitat Social para un mundo Urbano<\/SPAN><BR><\/DIV><BR><BR>TEMAS A TRABAJAR:<BR>* Necesidad de una Ley integral de vivienda a nivel nacional. (Lograr un consenso trabajar y pensar con el otro, no por el otro)<BR> <BR>* Producci\u00f3n social del h\u00e1bitat y gesti\u00f3n participativa de una nueva Ley de Vivienda.<BR> <BR>* Del derecho a la vivienda, al derecho a la ciudad : como se integra a la vivienda los derechos al goce de una infraestructura adecuada, la accesibilidad a los servicios y equipamientos urbanos (trabajo, salud y educaci\u00f3n), y la sostenibilidad de la misma.<BR> <BR>* De la propiedad privada a la propiedad colectiva<BR> <BR>* El suelo y el espacio urbano improductivo, impuestos a las tierras e inmuebles ociosos, la generaci\u00f3n de un Banco de Tierras e Inmuebles Estatales destinados a vivienda social.<BR> <BR>* La necesidad de destinar un porcentaje de espacios p\u00fablicos de las renovaciones urbanas y nuevas urbanizaciones privadas y p\u00fablicas a vivienda social.<BR> <BR>* El financiamiento de la vivienda social: interno (FONAVI, recursos provinciales), externo (BID, BIRF, BM). La necesidad de desarrollar una estrategia de autofinanciamiento para la vivienda e independencia del endeudamiento externo. Pol\u00edticas impositivas progresivas para desalentar la especulaci\u00f3n del suelo urbano y de los inmuebles.<BR> <BR>* Programas que abarcar\u00eda la nueva Ley marco: a) de regulaci\u00f3n dominial; b) de consolidaci\u00f3n urbana; c) de renovaci\u00f3n urbana; d) de vivienda transitoria, alquiler social y emergencia habitacional; e) de autogesti\u00f3n; f) de autoconstrucci\u00f3n; g) programas destinados a sectores sin acceso al financiamiento bancario, programas de subsidio al financiamiento.<BR> <BR>* Participaci\u00f3n activa del tercer sector (ONG\u2019s) en la ejecuci\u00f3n de los programas de viviendas.<BR> <BR>* Creaci\u00f3n de sistemas de ejecuci\u00f3n mixtos y por cogesti\u00f3n (Estado \/ Particulares): ejecuci\u00f3n de obras por sistema de administraci\u00f3n, por sistema de autoconstrucci\u00f3n, por sistema de autogesti\u00f3n, por sistema de licitaci\u00f3n p\u00fablica.<BR> <BR>* Promoci\u00f3n de la Reforma Urbana, el Derecho a la Ciudad.<BR> <BR> <BR>(se seguir\u00e1n debatiendo y anexando los temas necesarios: pr\u00f3ximo encuentro 16 y 17 de noviembre de 2006 en San Carlos de Bariloche, Borrador para Presentaci\u00f3n 16 y 17 de Agosto de 2007 en San Fernando del Valle de Catamarca)<BR> <BR>-esperamos sus aportes- Gracias-<BR><BR>DECLARACION NACIONAL POR LA REFORMA URBANA EN ARGENTINA<BR><BR>Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades p\u00fablicas, organismos de estado en diferentes niveles, parlamentarios, y organismos internacionales en Argentina, desde el 3 de octubre de 2005, en oportunidad de celebrarse el D\u00eda Mundial del H\u00e1bitat, promovemos la organizaci\u00f3n de un espacio colectivo y pluralista que lleve adelante la lucha por la reforma urbana en Argentina.<BR><BR>Lo hacemos preocupados porque:<BR><BR>\u00a7       Pese a que desde hace 50 a\u00f1os esta protegido en la Constituci\u00f3n Nacional el derecho a la vivienda digna, aun no cuenta con un marco jur\u00eddico ni con pol\u00edticas que garanticen su protecci\u00f3n en el nivel nacional y provincial.<BR><BR>\u00a7       Aunque nuestro pa\u00eds incorpor\u00f3 a la Constituci\u00f3n la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica) que por el art\u00edculo 21 establece \u201cLA PROPIEDAD TIENE UNA FUNCION SOCIAL\u201d, a\u00fan no es considerado en los fallos judiciales ni en las pol\u00edticas p\u00fablicas.<BR><BR>\u00a7       Cada vez se vuelve m\u00e1s dif\u00edcil el acceso al suelo urbano, a una vivienda adecuada y los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para gran parte de la poblaci\u00f3n, por falta de pol\u00edticas que intervengan en el mercado para frenar la especulaci\u00f3n y favorezcan la recuperaci\u00f3n de tierras vacantes con finalidad social.<BR><BR>\u00a7       Las ciudades de Argentina son un espacio de segregaci\u00f3n y marginalizaci\u00f3n de los pobres, a quienes no se les reconoce su papel como constructores sociales del h\u00e1bitat. La planificaci\u00f3n urbana esta postergada en la agenda p\u00fablica, es tecnocr\u00e1tica y la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos espacios para decidir c\u00f3mo se construyen las ciudades.<BR><BR>\u00a7       Existe un aumento creciente de los desalojos, que ponen en evidencia la falta de adecuaci\u00f3n de nuestros c\u00f3digos de procedimientos a los est\u00e1ndares internacionales en materia de desalojos forzosos, y la utilizaci\u00f3n del poder judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la dignidad humana.<BR><BR>\u00a7       Contin\u00faan realiz\u00e1ndose planes de renovaci\u00f3n urbana que expulsan a los pobres de los centros urbanos, segreg\u00e1ndolos en ciudades o localidades lejos de las redes sociales de supervivencia, neg\u00e1ndoles el derecho a la ciudad, encontrando en algunos casos metodolog\u00edas similares a las aplicadas durante la dictadura militar.<BR><BR>\u00a7       Los servicios p\u00fablicos -mayormente privatizados- tienen tarifas crecientemente inaccesibles para los pobres, y promueven ejecuciones judiciales de propiedades para la cancelaci\u00f3n de deudas. <BR><BR>\u00a7       No existe en Argentina a\u00fan una pol\u00edtica de vivienda, que supere el incentivo al sector empresarial de la construcci\u00f3n, que sea descentralizada, que articule los recursos locales, que contemple la integralidad del h\u00e1bitat y que favorezca los esfuerzos comunitarios de construcci\u00f3n de ciudad.<BR><BR>Por ello proponemos mancomunar esfuerzos para promover un proceso de reforma urbana en Argentina, que permita asegurar:<BR>1.     PROTECCI\u00d3N LEGAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD. Se promueve el dictado de normas en el nivel federal que, respetando la autonom\u00eda de las provincias y los municipios, establecen un marco jur\u00eddico m\u00ednimo que proteja los derechos humanos en el \u00e1mbito de la ciudad. Es necesario que se provean instrumentos y herramientas jur\u00eddicas que faciliten la regularizaci\u00f3n de barrios informales y de conjuntos habitacionales construidos por el estado, que establezcan el derecho subjetivo de exigir ante el Poder Judicial la implementaci\u00f3n de estas herramientas conforme lo establecido por el Comit\u00e9 de DESC de la ONU  en su Observaci\u00f3n general n\u00ba 4.<BR><BR>2.     DEMOCRATIZACION DEL ACCESO A LA TIERRA E INMUEBLES URBANOS. Se promueve la  implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de recuperaci\u00f3n de los inmuebles urbanos (tierra y edificios) ociosos y sanciones contra la especulaci\u00f3n inmobiliaria, a trav\u00e9s de impuestos progresivos. Intervenci\u00f3n activa, directa y permanente del estado a trav\u00e9s de la asignaci\u00f3n de recursos destinados a la conformaci\u00f3n de BANCOS DE TIERRAS E INMUEBLES, gestionados con control social.<BR><BR>3.     EL DERECHO A LA REGULARIZACION. Establecer un procedimiento de regularizaci\u00f3n dominial y urbana de tierras aptas,  que contemple la integralidad de los procesos, que establezca plazos y que en caso de mora, inacci\u00f3n estatal o peligro de desalojo, los pobladores de asentamientos informales puedan reclamar judicialmente la regularizaci\u00f3n de sus viviendas.. Para el caso que sea urbana o ambientalmente imposible la regularizaci\u00f3n, deben impulsarse pol\u00edticas de relocalizaci\u00f3n a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar de origen. Debe incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras ocupadas y libres, y asignar fondos a las leyes de expropiaci\u00f3n sancionadas y no implementadas. Adem\u00e1s se deben actualizar la usucapi\u00f3n urbana e incorporar la usucapi\u00f3n colectiva.<BR><BR>4.      LOS PROCESOS DE DESALOJOS NO DEBEN VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS.  DEROGACI\u00d3N DEL DELITO DE USURPACI\u00d3N. Incorporar est\u00e1ndares de Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos (Observaci\u00f3n General n\u00ba 7 del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales) al C\u00f3digo de Procedimientos Civil y Comercial y al C\u00f3digo de Procedimiento Penal y dar instrucciones al Ministerio p\u00fablico para su aplicaci\u00f3n inmediata en los procesos actualmente vigentes. Asimismo se debe derogar la figura de usurpaci\u00f3n como delito penal por su car\u00e1cter represivo y antidemocr\u00e1tico.<BR><BR>5.     LA DEMOCRATIZACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS. El Gobierno debe promover un marco regulatorio de los servicios p\u00fablicos que garantice tarifas diferenciadas adecuadas al ingreso de los sectores de menores recursos e implementar acciones de urbanizaci\u00f3n de asentamientos informales y precarios de bajos ingresos en conjunto con los procesos de titulaci\u00f3n de tierras.<BR><BR>6.     DOTAR DE INSTRUMENTOS A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA FORTALECER EL MANEJO DEL PARQUE CONSTRUIDO DE VIVIENDAS. Desarrollar instrumentos que otorguen a los gobiernos locales herramientas para una acci\u00f3n coercitiva sobre las condiciones de mercantilizaci\u00f3n del parque habitacional existente. En este sentido se propone revisar la experiencia argentina de actuaci\u00f3n sobre el mercado de alquileres, los impuestos progresivos sobre la vivienda vacante, los incentivos a la densificaci\u00f3n de media escala, etc.<BR><BR>7.     LA PARTICIPACI\u00d3N DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LAS POL\u00cdTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA. Las personas implicadas en los planes de construcci\u00f3n y mejoramiento de vivienda tienen derecho a participar en espacios institucionales de control de los programas de vivienda y de regularizaci\u00f3n. Asimismo los ciudadanos y sus organizaciones tienen derecho a participar en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica urbana, sin discriminaciones.<BR><BR>8.     EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUTOGESTION DEL HABITAT. Se debe promover una implicaci\u00f3n efectiva de los pobladores  en la configuraci\u00f3n de su h\u00e1bitat, con pol\u00edticas que apoyen el desarrollo de sus organizaciones mediante la planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n y administraci\u00f3n directa de los recursos p\u00fablicos en  programas que comprendan  el conjunto de los componentes del h\u00e1bitat (suelo, materiales, mano de obra, herramientas, asistencia t\u00e9cnica, derechos y seguros, capacitaci\u00f3n) as\u00ed como un conjunto de programas complementarios que fortalezcan su desarrollo; estimulen su rol protag\u00f3nico en procesos locales y barriales y utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades autogestionarias colectivas.<BR><BR>9.     DESARROLLO URBANO SIN DISCRIMINACI\u00d3N. Las pol\u00edticas de regularizaci\u00f3n deben abarcar tanto los asentamientos sobre tierras p\u00fablicas como privadas y deben encararse de forma integral considerando la inclusi\u00f3n de los asentamientos informales de bajos ingresos al proceso de desarrollo urbano.<BR><BR>10.  ACCESO A LAS AREAS CENTRALES URBANAS. En el marco de la concepci\u00f3n de construcci\u00f3n de una ciudad democr\u00e1tica es fundamental el derecho a la centralidad. En tal sentido deben definirse instrumentos, recursos y normativas que garanticen la radicaci\u00f3n de los sectores populares en las \u00e1reas centrales urbanas.<BR><BR>11.  LA PROMOCION DE POL\u00cdTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA CON SENTIDO REDISTRIBUTIVO. Se deben superar las acciones p\u00fablicas generadas por los programas focalizados, promover la desmercantilizaci\u00f3n de los bienes y servicios del h\u00e1bitat, promocionar otras formas de tenencia (alternativas a la propiedad individual) as\u00ed como el desarrollo de instrumentos para la recuperaci\u00f3n de las plusval\u00edas generadas por las acciones del estado y de los propios pobladores, con el prop\u00f3sito de distribuir socialmente los beneficios de la urbanizaci\u00f3n.<BR><BR>12.  REFORMA TRIBUTARIA. Se deben desarrollar procesos de transformaci\u00f3n de las estructuras tributarias vigentes a escala nacional, regional y local de car\u00e1cter profundamente regresivas, formulando instrumentos tributarios de car\u00e1cter claramente progresivos en los cuales \u00ablos que tienen m\u00e1s, paguen m\u00e1s; los que tienen menos, paguen menos y los que no tienen nada, no paguen nada\u00bb..<BR><BR>13.  MODIFICACI\u00d3N DE LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA. Ley que fuera dise\u00f1ada para asignar los recursos estatales en funci\u00f3n del sector financiero y constructor, que deber\u00e1 transformarse en una ley dise\u00f1ada en funci\u00f3n del derecho a la vivienda y la ciudad.<BR><BR> <BR><BR>Argentina, 3 de octubre de 2005<BR> <BR> <BR>Carta Mundial de Derecho a la Ciudad<BR>Foro Social de las Am\u00e9ricas \u2013 Quito \u2013 Julio 2004<BR>Foro Mundial Urbano &#8211; Barcelona \u2013 Quito \u2013 Octubre 2004<BR> <BR> <BR>PRE\u00c1MBULO<BR>Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la poblaci\u00f3n viviendo en ciudades. Seg\u00fan las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanizaci\u00f3n en el mundo llegar\u00e1 a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad econ\u00f3mica, ambiental, pol\u00edtica y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos v\u00ednculos con nuestros semejantes y con el territorio.<BR>Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayor\u00eda de los pa\u00edses del tercer mundo se caracterizan por establecer niveles de concentraci\u00f3n de renta y poder as\u00ed como procesos acelerados de urbanizaci\u00f3n que contribuyen a la depredaci\u00f3n del ambiente y a la privatizaci\u00f3n del espacio p\u00fablico, generando empobrecimiento exclusi\u00f3n y segregaci\u00f3n social y espacial.<BR>Las ciudades est\u00e1n lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La poblaci\u00f3n urbana, en su mayor\u00eda, est\u00e1 privada o limitada -en virtud de sus caracter\u00edsticas econ\u00f3micas, sociales, culturales, \u00e9tnicas, de g\u00e9nero y edad- para satisfacer sus m\u00e1s elementales necesidades. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas representativas, aunque fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos en el modelo de desarrollo vigente.<BR>Frente a esta realidad las entidades de la sociedad civil reunidas desde el 1er. Foro Social Mundial 2001, discutieron y asumieron el desaf\u00edo de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. Uno de sus fundamentos debe ser el respecto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.<BR>Desde el I Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democr\u00e1ticas, humanas e sustentables vienen construyendo una carta mundial del derecho a la ciudad que traduzca los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, gobiernos locales y nacionales y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.<BR>La carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acci\u00f3n y de organizaci\u00f3n, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patr\u00f3n de vida adecuado.<BR>Invitamos a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y nacionales, organismos internacionales a participar de este proceso en el \u00e1mbito local, nacional, regional y global, contribuyendo con la constituci\u00f3n, difusi\u00f3n e implementaci\u00f3n de la carta mundial de derecho a la ciudad como uno de los paradigmas de este milenio de que un mundo mejor y posible.<BR> <BR>Parte I. Disposiciones Generales<BR> <BR>ARTiculo I. DERECHO A LA CIUDAD<BR> <BR>1.     Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de g\u00e9nero, edad, raza, etnia u orientaci\u00f3n pol\u00edtica y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta.<BR>2.     La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes.<BR>3.     Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a adoptar medidas hasta el m\u00e1ximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales, sin afectar su contenido m\u00ednimo esencial.<BR>4.     A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de car\u00e1cter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi rural o rural.<BR>5.     A los efectos de esta carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades.<BR> <BR>ARTiculo II. PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA CIUDAD<BR> <BR>1.   GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD: Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar a trav\u00e9s de formas directas y representativas en la elaboraci\u00f3n, definici\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de la implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas en las ciudades, priorizando el fortalecimiento, transparencia, eficacia y autonom\u00eda de las administraciones p\u00fablicas locales y de las organizaciones populares.<BR> <BR>2.   FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD: La ciudad atiende la funci\u00f3n social si garantizar a todas las personas al usufructo pleno de la econom\u00eda y de la cultura de la ciudad, a la utilizaci\u00f3n de los recursos y la realizaci\u00f3n de proyectos e inversiones en su beneficio y de los habitantes, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad econ\u00f3mica, y respecto a la cultura y sustentabilidad ecol\u00f3gica; el bienestar de todos y todas los(as) habitantes en armon\u00eda con la naturaleza, hoy y para las futuras generaciones.<BR> <BR>3.   FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD: 1. Los espacios y bienes p\u00fablicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el inter\u00e9s social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de par\u00e1metros democr\u00e1ticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo, con equidad entre los g\u00e9neros y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano y en condiciones seguras.<BR>2. En la formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas urbanas debe prevalecer el inter\u00e9s social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad.<BR>3. Los ciudadanos tienen el derecho a participar de las rentas extraordinarias (plusval\u00edas) generadas por la inversi\u00f3n p\u00fablica o del Estado que es capturada por los propietarios privados sin haber efectuado ninguna acci\u00f3n sobre su propiedad.<BR> <BR>4.   EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANIA: Las ciudades deben ser un \u00e1mbito de realizaci\u00f3n de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, as\u00ed como el pleno respeto a la producci\u00f3n social del h\u00e1bitat. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realizaci\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural, social, ecol\u00f3gica, asumiendo el deber de la solidaridad.<BR> <BR>5.   IGUALDAD, NO-DISCRIMINACI\u00d3N: Los derechos enunciados en esta carta ser\u00e1n garantizados a todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin ninguna discriminaci\u00f3n de edad, g\u00e9nero, orientaci\u00f3n sexual, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n, origen \u00e9tnico racial, social, nivel de renta, nacionalidad, o situaci\u00f3n migratoria.<BR>Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos respecto a implementar pol\u00edticas p\u00fablicas para la Igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades expresadas en la CEDAW, como asimismo las conferencias de Medio Ambiente (1992) Beijing (1995) y H\u00e1bitat II (1996), entre otras. Asignar recursos de los presupuestos gubernamentales para la efectivizaci\u00f3n de dichas pol\u00edticas y establecer mecanismos e Indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo.<BR> <BR>6.   PROTECCI\u00d3N ESPECIAL DE GRUPOS y PERSONAS EN SITUACI\u00d3N VULNERABLE: Los grupos y personas en situaci\u00f3n vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protecci\u00f3n e integraci\u00f3n, a los servicios esenci\u00e1is y a no-discriminaci\u00f3n. A los efectos de esta carta se consideran vulnerables a los siguientes: personas y grupos en situaci\u00f3n de pobreza, de riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), victimas de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo otro grupo que seg\u00fan la realidad de cada ciudad, este en situaci\u00f3n de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos ser\u00e1n objeto de mayor atenci\u00f3n las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de holgar, y los ni\u00f1os.<BR>Las Ciudades, mediante pol\u00edticas de afirmaci\u00f3n positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obst\u00e1culos de orden pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social que limiten la libertad, equidad y la igualdad de los (as) ciudadanos (as) y impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participaci\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social en la ciudad.<BR> <BR>7.   COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO: Las ciudades deben promover que los agentes econ\u00f3micos del sector privado participen en programas sociales y emprendimientos econ\u00f3micos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes.<BR> <BR>8.   IMPULSO de la econom\u00eda soLIDARIA y pol\u00edticas impositivas progresivas: Las ciudades deben promover y valorizar condiciones pol\u00edticas y programas de econom\u00eda solidaria.<BR> <BR><BR>Parte II. Derechos relativos a la Gesti\u00f3n de la Ciudad<BR> <BR>Art\u00edculo III. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE<BR> <BR>1.     Las ciudades se comprometen a desarrollar, una planificaci\u00f3n, regulaci\u00f3n y gesti\u00f3n urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protecci\u00f3n del patrimonio natural, hist\u00f3rico, arquitect\u00f3nico, cultural y art\u00edstico, as\u00ed como impida la segregaci\u00f3n y la exclusi\u00f3n territorial, y priorizar la producci\u00f3n social del h\u00e1bitat y el cumplimiento de la funci\u00f3n social de la ciudad y de la propiedad privada. Para ello, las ciudades se obligan a adoptar medidas de desarrollo urbano, en especial de rehabilitaci\u00f3n de h\u00e1bitat degradados o marginales, promoviendo una ciudad integrada y equitativa.<BR>2.     La planificaci\u00f3n de la ciudad y a los programas y proyectos sectoriales deber\u00e1 integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio p\u00fablico.<BR>3.     Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios p\u00fablicos dependan del nivel administrativo m\u00e1s pr\u00f3ximo de la poblaci\u00f3n con participaci\u00f3n de los ciudadanos (as) en la gesti\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n. Estos deber\u00e1n ser tratados con un r\u00e9gimen jur\u00eddico de bienes p\u00fablicos impidiendo su privatizaci\u00f3n.<BR>4. Las ciudades establecer\u00e1n sistemas de control social de la calidad de los servicios de las empresas prestatarias p\u00fablicas o privadas en especial en lo relativo al control de calidad y determinaci\u00f3n de las tarifas.<BR> <BR>Art\u00edculo IV. Participaci\u00f3n en el dise\u00f1o del Presupuesto de la Ciudad<BR> <BR>1.     Las ciudades deben tomar en cuenta en el presupuesto de gastos la promoci\u00f3n del derecho a la ciudad conforme definido en esta carta.<BR>2.     Las ciudades se comprometen a garantizar el derecho a la participaci\u00f3n directa equitativa y deliberativa en la definici\u00f3n de las pol\u00edticas y presupuesto municipal, en canales institucionales, abiertos a todos los ciudadanos (as) y las organizaciones comunitarias y los consejos y comisiones sectoriales y territoriales.<BR><BR>Art\u00edculo V. Transparencia en la gesti\u00f3n de la ciudad<BR> <BR>1.     Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, se comprometen a organizar la estructura administrativa de modo tal que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los ciudadanos(as), as\u00ed como la responsabilidad de la administraci\u00f3n municipal ante los \u00f3rganos de gobierno, complementando la gesti\u00f3n democr\u00e1tica.<BR>2.     Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico, formular\u00e1 y aplicar\u00e1 pol\u00edticas coordinadas y eficaces contra la corrupci\u00f3n que promuevan la participaci\u00f3n de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gesti\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos y los bienes p\u00fablicos, la integridad, la transparencia y la obligaci\u00f3n de rendir cuentas.<BR> <BR>Art\u00edculo VI. Derecho a la Informaci\u00f3n P\u00fablica<BR> <BR>1.     Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir informaci\u00f3n completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier \u00f3rgano perteneciente a la administraci\u00f3n de la ciudad, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa y financiera y de las empresas y sociedades privadas o mixtas que presten servicios p\u00fablicos.<BR>2.     Los funcionarios del gobierno de la Ciudad o del sector privado requerido tienen la obligaci\u00f3n de crear o producir informaci\u00f3n referida a su \u00e1rea de competencia con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido. El \u00fanico l\u00edmite al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica es el respeto al derecho de intimidad de las personas.<BR>3.     Las ciudades se comprometen a garantizar mecanismos para que todas las personas accedan a una informaci\u00f3n p\u00fablica eficaz y transparente. Para ello promover\u00e1n la accesibilidad de todos los sectores de la poblaci\u00f3n y el aprendizaje de tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n, su acceso y actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica.<BR> <BR> <BR>Parte III. Derechos civiles y Pol\u00edticos de la Ciudad.<BR> <BR>Art\u00edculo VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD<BR> <BR>Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la integridad, tanto f\u00edsica como espiritual. Las ciudades se comprometen a establecer garant\u00edas de protecci\u00f3n que aseguren que esos derechos no sean violados por individuos o instituciones de cualquier naturaleza.<BR><BR>Art\u00edculo VIII. Participaci\u00f3n pol\u00edtica<BR> <BR>1.     Todas los(as) ciudadanos (as), conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, tienen derecho a la participaci\u00f3n en la vida pol\u00edtica local mediante la elecci\u00f3n libre y democr\u00e1tica de los representantes locales y en todas las decisiones que afecten las pol\u00edticas locales relativas a la ciudad, incluso pol\u00edticas y servicios de dise\u00f1o, desarrollo, gesti\u00f3n, renovaci\u00f3n o mejora de vecindarios.<BR>2.     Las ciudades garantizar\u00e1n el derecho a elecciones libres y democr\u00e1ticas de los representantes locales, la realizaci\u00f3n de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los debates y audiencias p\u00fablicas sobre los temas relativos al derecho a la ciudad.<BR>3.     Las ciudades deben implementar pol\u00edticas afirmativas de cuotas para la representaci\u00f3n y participaci\u00f3n pol\u00edtica de las mujeres y minor\u00edas en todas las instancias locales electivas y de definici\u00f3n de sus pol\u00edticas p\u00fablicas.<BR> <BR>ARTICULO IX. Derecho de asociaci\u00f3n, Reuni\u00f3n, MANIFESTACI\u00d3N y uso democratico del espacio p\u00fablico urbano<BR> <BR>Todas las personas tienen derecho de asociaci\u00f3n, reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n. Las ciudades se comprometen a disponer de espacios p\u00fablicos para la organizaci\u00f3n de reuniones abiertas y encuentros informales.<BR> <BR>Articulo X. Derecho a la justicia<BR> <BR>1.     Las ciudades se comprometen a adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia.<BR>2.     Las ciudades deben fomentar la resoluci\u00f3n de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementaci\u00f3n de mecanismos p\u00fablicos de conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n, mediaci\u00f3n.<BR>3.     Las ciudades se obligan a garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo pol\u00edticas especiales en favor de los grupos vulnerables de la poblaci\u00f3n, y fortaleciendo los sistemas de defensa p\u00fablica gratuita.<BR> <BR>Art\u00edculo XI. DERECHO A LA Seguridad P\u00daBLICA y a la CONVIVENCIA PACIFICA, SOLIDARIA Y MULTICULTURAL<BR> <BR>1.     Las ciudades se comprometen a la creaci\u00f3n de condiciones para la seguridad p\u00fablica, la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello garantiza el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria y la identidad cultural de todos los(as) ciudadanos (as) sin discriminaci\u00f3n.<BR>2.     Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y protecci\u00f3n de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades garantizan que las fuerzas de seguridad bajo su mando ejerzan el uso de fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y el control democr\u00e1tico.<BR>3.     Las ciudades garantizan la participaci\u00f3n de todos los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad.<BR> <BR>Parte IV. Derechos Econ\u00f3micos Sociales, Culturales y Ambientales de las Ciudades<BR><BR>ARTICULO XII. Acceso y Suministro de Servicios P\u00fablicos domiciliarios y urbanos<BR> <BR>1. Las ciudades garantizan a todos los(as) ciudadanos (as) el derecho de acceso permanente a los servicios p\u00fablicos de agua potable, saneamiento, remoci\u00f3n de basura, instalaciones de atenci\u00f3n m\u00e9dica, escuelas, a fuentes de energ\u00eda y tele comunicaci\u00f3n, en corresponsabilidad con otros organismos p\u00fablicos o privados de acuerdo al marco jur\u00eddico de cada pa\u00eds.<BR>2.     Las ciudades garantizar\u00e1n que los servicios p\u00fablicos, a\u00fan cuando se haya privatizado la gesti\u00f3n con anterioridad a la suscripci\u00f3n de esta Carta, establezcan una tarifa social asequible y servicio p\u00fablico adecuado para las personas y grupos vulnerables o sin empleo.<BR> <BR>Art\u00edculo XIII. Derecho al Transporte Y MOVILIDAD publicoS<BR> <BR>1. Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y circulaci\u00f3n en la ciudad a trav\u00e9s de un sistema de transportes p\u00fablicos accesibles a todas las personas seg\u00fan un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de g\u00e9nero, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a sus ingresos. Ser\u00e1 estimulado el uso de veh\u00edculos no contaminantes y establecer\u00e1 \u00e1reas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del d\u00eda.<BR>2.     Las ciudades promueven la remoci\u00f3n de barreras arquitect\u00f3nicas, la implantaci\u00f3n de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulaci\u00f3n y la adaptaci\u00f3n de todas las edificaciones p\u00fablicas o de uso p\u00fablico, los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.<BR> <BR>Art\u00edculo XIV. Derecho a la vivienda<BR> <BR>1.     Las ciudades, en el marco de sus competencias, se comprometen a adoptar medidas para garantizar a todos los(as) ciudadanos (as) que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a los ingresos; que las viviendas re\u00fanan condiciones de habitabilidad, est\u00e9n ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las caracter\u00edsticas culturales y \u00e9tnicas de quienes las habitan.<BR>2.     Las ciudades se obligan a facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos los(as) ciudadanos (as) y a garantizar, a los grupos vulnerables, planes de financiamiento y de estructuras y servicios para la asistencia a la infancia y a la vejez.<BR>3.     Las ciudades garantizan a los grupos vulnerables, prioridad en las leyes y las pol\u00edticas de vivienda. Las Ciudades se comprometen a establecer programas de subsidio y financiamiento para adquisici\u00f3n de tierras o inmuebles, y de regularizaci\u00f3n de la tenencia de la tierra y mejoramiento de los barrios precarios, asentamientos y ocupaciones informales para fines habitacionales.<BR>4.     Las ciudades se comprometen a incluir a las mujeres beneficiarias en los documentos de posesi\u00f3n y propiedad expedidos y registrados, independientemente de su estado civil, en todas las pol\u00edticas p\u00fablicas de distribuci\u00f3n y titulaci\u00f3n de tierras y viviendas que desarrollen.<BR>5.     Todos los(as) ciudadanos (as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen un derecho exigible a la provisi\u00f3n inmediata por las autoridades p\u00fablicas de la Ciudad de espacio de vivienda suficiente, independiente y adecuado. Los albergues, los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podr\u00e1n ser adoptados como medidas provisorias de emergencia, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de proveer una soluci\u00f3n de vivienda definitiva.<BR>6.     Toda persona tiene el derecho a la seguridad en la posesi\u00f3n de su vivienda por medio de instrumentos jur\u00eddicos que la garanticen y derecho a protecci\u00f3n frente a desalojos, expropiaciones o traslados forzados o arbitrarios.<BR>7.     Las ciudades se comprometen a inhibir la especulaci\u00f3n inmobiliaria mediante la adopci\u00f3n de normas urbanas para una justa distribuci\u00f3n de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanizaci\u00f3n y la adecuaci\u00f3n de los instrumentos de pol\u00edtica econ\u00f3mica, tributaria y financiera y de los gastos p\u00fablicos a los objetivos del desarrollo urbano.<BR>8.     Las ciudades promulgar\u00e1n la legislaci\u00f3n adecuada y establecer\u00e1n mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de inmuebles p\u00fablicos y privados no edificados, no utilizados o subutilizados o no ocupados, para el fin de cumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad.<BR>9.     Las ciudades protegen a los inquilinos de la usura y los desalojos arbitrarios, regulando los alquileres de inmuebles para habitaci\u00f3n de acuerdo a la Observaci\u00f3n General N\u00ba 7 del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas.<BR>10.  El presente art\u00edculo ser\u00e1 aplicable a todas las personas, incluso familias, grupos, ocupantes sin t\u00edtulos, sin techo y aquellas cuyas circunstancias de vivienda var\u00edan, en particular los n\u00f3mades, los viajeros y los roman\u00edes.<BR>11.  Las ciudades promueven la instalaci\u00f3n de albergues y viviendas sociales en alquiler para mujeres v\u00edctimas de violencia conyugal.<BR> <BR>Art\u00edculo XV. Derecho a la educaci\u00f3n<BR> <BR>Todas las personas tienen derecho a la educaci\u00f3n. Las ciudades, en corresponsabilidad con sus autoridades nacionales, garantizan el acceso a la educaci\u00f3n elemental de todos los ni\u00f1os y ni\u00f1as y j\u00f3venes en edad escolar, y fomentan la educaci\u00f3n para adultos. En conjunto con otras instancias del gobierno garantizan la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas afirmativas para democratizar el acceso a la educaci\u00f3n superior para los grupos vulnerables.<BR> <BR>Las ciudades ponen a disposici\u00f3n de todas las personas los espacios y los centros escolares, educativos y culturales en un contexto multicultural y de cohesi\u00f3n social.<BR> <BR>3.     Las ciudades promueven el aumento de los niveles de ciudadan\u00eda a trav\u00e9s de pedagog\u00edas educativas, especialmente en lo referente a la lucha contra el sexismo, el racismo, la xenofobia y la discriminaci\u00f3n implantando principios de convivencia, de respeto al medio ambiente, de participaci\u00f3n y de la cultura de la paz.<BR><BR>Art\u00edculo XVI. Derecho al trabajo<BR> <BR>1.     Las ciudades, en corresponsabilidad con sus Autoridades nacionales, contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a la consecuci\u00f3n del pleno empleo en la ciudad. Asimismo, promueven la actualizaci\u00f3n y la recalificaci\u00f3n de los trabajadores empleados o no, a trav\u00e9s de la formaci\u00f3n permanente.<BR>2.     Las ciudades promueven la creaci\u00f3n de condiciones para que los ni\u00f1os y las ni\u00f1as puedan disfrutar de la infancia, para combatir el trabajo infantil.<BR>3.     Las ciudades, en colaboraci\u00f3n con las dem\u00e1s administraciones p\u00fablicas y las empresas, desarrollaran mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier discriminaci\u00f3n.<BR>Las ciudades promueven el igual acceso de las mujeres al trabajo mediante la creaci\u00f3n de guarder\u00edas y otras medidas, y de las personas discapacitadas mediante la implementaci\u00f3n de equipamientos apropiados. Para mejorar las condiciones de empleo, las ciudades establecer\u00e1n programas de mejor\u00eda de las viviendas urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos vulnerables como espacios de trabajo.<BR>5.     Las ciudades se comprometen a promover la integraci\u00f3n progresiva del comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminaci\u00f3n y disponiendo de espacios ara su ejercicio y pol\u00edticas adecuadas para su incorporaci\u00f3n en la econom\u00eda urbana.<BR> <BR>ART\u00cdCULO XVII. DERECHO A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO<BR> <BR>1.     Todas las personas tienen derecho a la cultura en todas sus expresiones, manifestaciones y modalidades.<BR>2.     Las ciudades, en cooperaci\u00f3n con las asociaciones culturales y el sector privado, promueven el desarrollo de la vida cultural urbana teniendo en cuenta la diversidad.<BR>3.     Las ciudades se comprometen a garantizar la disposici\u00f3n de espacios p\u00fablicos propicios tanto ocasionales como permanentes para realizar actividades l\u00fadicas y culturales en igualdad de condiciones para todas las personas.<BR>4. Las ciudades, en corresponsabilidad con sus autoridades nacionales, facilitan la participaci\u00f3n activa en el deporte, y hacen lo necesario para que las instalaciones deportivas est\u00e9n a disposici\u00f3n de toda la poblaci\u00f3n.<BR> <BR>Art\u00edculo XVIII. Derecho a la salud<BR> <BR>1.     Las ciudades se comprometen a colaborar con sus autoridades nacionales a promover la salud f\u00edsica y mental de todos sus habitantes, mediante acciones en los sectores econ\u00f3mico, cultural, social y urban\u00edstico.<BR>2.     Las ciudades, en corresponsabilidad con sus autoridades nacionales, garantizan el derecho de acceso a los bienes y servicios p\u00fablicos de prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n m\u00e9dica igual para todas las personas.<BR>3.     Las ciudades adoptar\u00e1n medidas especiales para facilitar a los grupos vulnerables o marginados acceder a los bienes y servicios p\u00fablicos de prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n m\u00e9dica.<BR>4.     Las ciudades colaboran con sus autoridades nacionales en facilitar medicamentos esenciales, seg\u00fan las definiciones peri\u00f3dicas que figuran en el Programa de Acci\u00f3n sobre Medicamentos Esenciales de la OMS y en la inmunizaci\u00f3n contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad.<BR><BR>Articulo XIX. Derecho al medio ambiente<BR> <BR>1.     Las ciudades se comprometen a adoptar medidas de prevenci\u00f3n frente a la ocupaci\u00f3n desordenada del territorio y de \u00e1reas de protecci\u00f3n y a la contaminaci\u00f3n, incluyendo ahorro energ\u00e9tico, gesti\u00f3n y reutilizaci\u00f3n de residuos, reciclaje, y recuperaci\u00f3n de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.<BR>2.     Las ciudades se comprometen a respetar el patrimonio natural, hist\u00f3rico, arquitect\u00f3nico, cultural y art\u00edstico y a promover la recuperaci\u00f3n y revitalizaci\u00f3n de las \u00e1reas degradadas y de los equipamientos urbanos.<BR> <BR> <BR>Parte V. Disposiciones Finales<BR> <BR>ARTiculo XX. Medidas de Implementaci\u00f3n Y supervisi\u00f3n del Derecho a la Ciudad<BR> <BR>1.     Las ciudades signatarias tomar\u00e1n todas las medidas normativas necesarias, en forma adecuada e inmediata, para asegurar el derecho a la ciudad de todas las personas, conforme a lo dispuesto por esta Carta. Las Ciudades garantizar\u00e1n la participaci\u00f3n de los(as) ciudadanos (as) y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de revisi\u00f3n normativa. Las ciudades est\u00e1n obligadas a utilizar hasta el m\u00e1ximo de sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones jur\u00eddicas establecidas en esta Carta.<BR>2.     Las ciudades proporcionar\u00e1n capacitaci\u00f3n y educaci\u00f3n en derechos humanos a todos los agentes p\u00fablicos relacionados con la implementaci\u00f3n del derecho a la ciudad y con las obligaciones correspondientes, en especial a los funcionarios p\u00fablicos empleados por los \u00f3rganos p\u00fablicos cuyas pol\u00edticas influyan de alguna manera en la plena realizaci\u00f3n del derecho la ciudad.<BR>3.     Las ciudades promover\u00e1n la ense\u00f1anza del derecho a la ciudad en las escuelas y universidades y por conducto de los medios de comunicaci\u00f3n.<BR>4.     Los (as) Ciudadanos (as) supervisar\u00e1n y evaluar\u00e1n con regularidad y globalmente el grado en que se respetan las obligaciones y los derechos de la presente Carta.<BR>5.     Las ciudades establecer\u00e1n mecanismos de evaluaci\u00f3n y monitoreo de las pol\u00edticas de desarrollo urbano e inclusi\u00f3n social implementadas con base en un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad con diferenciaci\u00f3n de g\u00e9neros para asegurar el derecho a la ciudad con base en los principios y normas de esta Carta.<BR> <BR>ARTiculo XXI. lesion Del derecho a la ciudad<BR> <BR>1.     Constituye lesi\u00f3n al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales, y pr\u00e1cticas sociales que resulten en el impedimento, recusaci\u00f3n, dificultad e imposibilidad de:<BR>\u00b7       Realizaci\u00f3n de los derechos establecidos en esta carta;<BR>\u00b7       La participaci\u00f3n pol\u00edtica colectiva de habitantes y mujeres y grupos sociales en la gesti\u00f3n de la ciudad;<BR>\u00b7       Cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gesti\u00f3n de la ciudad;<BR>\u00b7       Manutenci\u00f3n de las identidades culturales, formas de convivencia pac\u00edfica, producci\u00f3n social del h\u00e1bitat, as\u00ed como las forma de manifestaci\u00f3n y acci\u00f3n de los grupos sociales y ciudadanos, en especial los vulnerables y desfavorecidos con base en sus usos y costumbres<BR>2.     Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a trav\u00e9s de la edici\u00f3n de leyes, control de los recursos p\u00fablicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juzgamientos y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referente a temas de inter\u00e9s urbano.<BR> <BR>ARTiculo XXII. Exigibilidad Del derecho a la ciudad<BR> <BR>Toda persona tiene derecho a recursos administrativos y judiciales eficaces y completos relacionados con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, incluido el no disfrute de tales derechos.<BR> <BR>ARTiculo XXIII. COMPROMISOS coN la carta Del derecho a la ciudad<BR> <BR> I &#8211; Las redes y organizaciones sociales se comprometen a:<BR>1. Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulaci\u00f3n internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social Mundial, en las conferencias y foros internacionales con el objetivo de contribuir al avance de los movimientos sociales y de las redes de Ongs y a la construcci\u00f3n de una vida digna en las ciudades;<BR>2. Construir plataformas de exigibilidad de lo derecho a la ciudad, documentar y diseminar experiencias nacionales y locales que apunten a la construcci\u00f3n de este derecho;<BR>3. Presentar esta Carta por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Regionales, para iniciar una proceso que tenga como objetivo lo reconocimiento del derecho a la ciudad cono uno derecho humano.<BR> <BR>II &#8211; Los Gobiernos nacionales y locales se comprometen a:<BR>1.Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el derecho a la ciudad, as\u00ed como a formular, con car\u00e1cter de urgencia, planes de acci\u00f3n para un modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta;<BR>2. Construir plataformas asociativas, con amplia participaci\u00f3n de la sociedad civil, para promover el desarrollo sustentable en las ciudades;<BR>3. Promover la ratificaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales que contribuyan en la construcci\u00f3n del derecho a la ciudad.<BR> <BR>  III &#8211; Los organismos internacionales se comprometen a:<BR>1.Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar los gobiernos en la promoci\u00f3n de campa\u00f1as, seminarios y conferencias, y facilitar publicaciones t\u00e9cnicas apropiadas que conduzcan a la adhesi\u00f3n a los compromisos de esta carta;<BR>2. Monitorear y Promover la aplicaci\u00f3n de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales que contribuyan en la construcci\u00f3n del derecho a la ciudad;<BR>3. Abrir espacios de participaci\u00f3n en los organismos consultivos y decisorios del sistema de Naciones Unidas que faciliten la discusi\u00f3n de esta iniciativa.<BR> <BR> <BR> <BR>LEY MARCO \u2013 REFORMA URBANA<BR>DERECHO A LA CIUDAD \u2013 TENENCIA SEGURA<BR> <BR>Foto: Gentileza Red H\u00e1bitat Argentina<BR> <BR> <BR> <BR>\u201cH\u00e1bitat  Social  para  un  Mundo  Urbano\u201d<BR>M\u00e1s del 50% de la poblaci\u00f3n mundial vive en los centros urbanos<BR><br \/>\n<P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Documento completo en PDF\u201cpara que sigan altos los alquileres, es necesario mantener una ciudad tapiada, incorporar 100.000 viviendas desocupadas al mercado es imposible por el silencio de nuestros representantes\u201d 29 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":414,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"_tribe_events_status":"","_tribe_events_status_reason":"","footnotes":""},"tags":[],"subject_groups":[],"focus_areas":[],"action_areas":[],"scopes":[],"publishers":[],"regions":[975],"countries":[1047],"authors":[],"tribe_events_cat":[],"class_list":["post-2943","tribe_events","type-tribe_events","status-publish","hentry","regions-latin-america","countries-argentina"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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