{"id":5360,"date":"2005-05-05T00:00:00","date_gmt":"2005-05-05T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/hic-net.org\/principios-directrices-aplicados-a-bienes-y-servicios-publicos-2\/"},"modified":"2005-05-05T00:00:00","modified_gmt":"2005-05-05T00:00:00","slug":"principios-directrices-aplicados-a-bienes-y-servicios-publicos-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.hic-net.org\/es\/principios-directrices-aplicados-a-bienes-y-servicios-publicos-2\/","title":{"rendered":"Principios directrices: Aplicados a bienes y servicios p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"<p><font size=\"2\"> <\/font><\/p>\n<p><font size=\"2\"><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>Auto-determinaci\u00f3n<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">Aplicado a los bienes y servicios p\u00fablicos, el principio absoluto de autodeterminaci\u00f3n, en su expresi\u00f3n cl\u00e1sica, significa que toda persona tiene el derecho inalienable a definir los t\u00e9rminos en que habr\u00e1 de manejarse y distribuirse los bienes y servicios p\u00fablicos, incluidos la tierra y el agua, en sus unidades administrativas y territoriales. Dicha determinaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse seg\u00fan la especificidad local, en la cual se refleje el consentimiento del pueblo que ejerce la autodeterminaci\u00f3n, as\u00ed como en el marco de las obligaciones establecidas por el ICESCR y la Observaci\u00f3n General No. 4 del CESCR (citado l\u00edneas arriba). Por tanto, los pueblos como tales u otras comunidades afectadas requieren ejercer la autodeterminaci\u00f3n, garantizada mediante \u201cconsultando verdaderamente\u201d, para que se realice un manejo y distribuci\u00f3n equitativa de los bienes y servicios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">La privatizaci\u00f3n de los bienes y servicios p\u00fablicos puede reducir el grado de autodeterminaci\u00f3n que se puede ejercer en su manejo y uso, lo cual acarrea generalmente incremento en su costo para los clientes\/ciudadanos y una reducci\u00f3n de la funci\u00f3n social de los bienes y servicios p\u00fablicos, en el sentido que los leg\u00edtimos beneficiarios pierden control sobre el manejo y distribuci\u00f3n de los bienes y servicios p\u00fablicos. Adem\u00e1s, el Estado, consecuentemente, abandona su papel de proveedor y responsabilidad legal de garantizar la provisi\u00f3n equitativa de los servicios y el uso de los bienes sociales. Al tiempo que el Estado abandona su funci\u00f3n, tambi\u00e9n pierde autoridad en la esfera de los bienes y servicios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>No-discriminaci\u00f3n<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">Aplicado a los bienes y servicios p\u00fablicos, el principio de no discriminaci\u00f3n evita que los individuos y grupos queden sin oportunidades de acceso a los bienes y servicios p\u00fablicos, y garantiza cumplimiento legal, protecci\u00f3n y acciones de reparaci\u00f3n. Asimismo, garantiza que no se niegue este derecho a los bienes y servicios p\u00fablicos debido a la pertenencia a un grupo \u00e9tnico, color, credo, g\u00e9nero, sexo, la orientaci\u00f3n sexual, opiniones pol\u00edticas, condici\u00f3n social o econ\u00f3mica, idioma, discapacidades, propiedad, forma de trabajo leg\u00edtimo, ascendencia o cualquier otro origen o criterio arbitrario. Para los pueblos ind\u00edgenas y tribus y otros pueblos basados en un territorio, el Estado tienen la obligaci\u00f3n de reconocer en la legislaci\u00f3n y en cuestiones administrativas los sistemas particulares de manejo de bienes y servicios p\u00fablicos. Asimismo, ning\u00fan Estado posee la autoridad legal para discriminar de jure o de facto, de manera que termine por privar o negar bienes o servicios p\u00fablicos a personas pertenecientes a alg\u00fan grupo, particularmente cuando resulte injustamente ventajoso para un tercero. Esto es v\u00e1lido para la pr\u00e1ctica del nepotismo y otras formas de corrupci\u00f3n que permiten un beneficio desproporcionado a los familiares o partidarios pol\u00edticos, asimismo es v\u00e1lido para aquellas preferencias otorgadas a ciertos grupos y son causa de sectarismo o conflictos intercomunitarios.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">La legislaci\u00f3n p\u00fablica internacional hace un llamado a los Estados para que den especial atenci\u00f3n a las personas y grupos que han estado sujetos a discriminaci\u00f3n pasada y presente, para ello se propone la puesta en marcha de programas de acci\u00f3n afirmativa que compensen los patrones vigentes de privaci\u00f3n.[1]<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>La Equidad de G\u00e9nero<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">La pobreza aunada a otros factores (esto es, clase, ser ind\u00edgena, refugiada, emigrante, el pertenecer a una casta, su orientaci\u00f3n sexual, pertenecer a una minor\u00eda \u00e9tnica, la edad, discapacidad, viudez, condici\u00f3n de ciudadan\u00eda o nacionalidad, entre otras) marginan m\u00e1s a la mujer en tanto que clientes\/ciudadanas que acceden a los bienes y servicios p\u00fablicos. Tambi\u00e9n es com\u00fan la pr\u00e1ctica de formas similares de discriminaci\u00f3n en contra de hombres y personas transexuales, esto seg\u00fan se les atribuyen ciertos roles sexuales. Las mujeres viven, hist\u00f3ricamente, en un contexto de feminizaci\u00f3n de la pobreza caracterizada por menor acceso a los servicios p\u00fablicos y destrucci\u00f3n de los ambientes naturales. Dichos fen\u00f3menos se aceleran en el marco de la globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, donde las mujeres se encuentran cada vez m\u00e1s en una situaci\u00f3n donde carecen de vivienda adecuada, adem\u00e1s de la falta de acceso a los bienes y servicios p\u00fablicos, o bien simplemente quedando de lado al momento de luchar por recursos siempre escasos.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">Se entiende que el libre ejercicio de la propia cultura (adecuaci\u00f3n cultural) significa permitir la elecci\u00f3n y expresi\u00f3n cultural en el marco de los derechos humanos; esto es, dentro de los l\u00edmites que impone la afectaci\u00f3n negativa de los derechos de otras\/otros. Sin embargo, mantener o tolerar una pr\u00e1ctica de acceso desigual a los bienes y servicios p\u00fablicos relacionados con la vivienda adecuada y otros derechos econ\u00f3micos\/sociales\/culturales no resulta consistente con el presente marco y ser\u00e1 violatorio tanto de las disposiciones de igualdad de g\u00e9nero que establece  el Pacto Internacional, como las disposiciones de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el derecho de los tratados (1969).[2]<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>La fuerza de ley<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">De haber controversia sobre el manejo, uso o distribuci\u00f3n de los bienes y servicios p\u00fablicos, los Estados est\u00e1n obligados a garantizar que se aplique la fuerza de la ley en un contexto de igualdad, inalienabilidad y universalidad de los derechos, particularmente con respecto al derecho humano de vivienda adecuada. En los casos en que el Estado (esto es, los juzgados o polic\u00eda) desempe\u00f1e un papel en la disputa de bienes y servicios p\u00fablicos, tiene la responsabilidad de guiarse seg\u00fan sus obligaciones para con los derechos humanos y evitar la violaci\u00f3n del derecho a la vivienda. El principio de los derechos humanos aplicado a los bienes y servicios p\u00fablicos incluye la prohibici\u00f3n del uso de la violencia o cualquier medida punitiva inconsistente con los principios de (1) presunci\u00f3n de inocencia hasta tanto se pruebe lo contrario y, en caso del uso de la fuerza, (2) su necesidad y (3) proporcionalidad.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">El Estado que se gu\u00ede por la ley, sus agentes e instancias, no habr\u00e1n de retener arbitrariamente bienes y servicios p\u00fablicos o ejercer ninguna forma de discriminaci\u00f3n arbitraria en contra de las y los ciudadanos. Las\/los ciudadanos que perdieron el acceso a bienes y servicios p\u00fablicos injustificada o ilegalmente tienen derecho a recurrir libremente a los recursos legales disponibles, incluida la compensaci\u00f3n a la v\u00edctima, ante lo cual el Estado mantiene la obligaci\u00f3n correspondiente. <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>No regresividad \/ realizaci\u00f3n progresiva<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">Al aplicar el principio de no retroceso (no regresi\u00f3n) a los bienes y servicios p\u00fablicos, uno se sit\u00faa de inmediato en los ejemplos de la era de la globalizaci\u00f3n y sus reformas econ\u00f3micas que t\u00edpicamente llevan a la abrogaci\u00f3n de derechos econ\u00f3micos\/sociales\/culturales. Los Estados tienen la obligaci\u00f3n pactada de garantizar que las pol\u00edticas econ\u00f3micas no afecten negativamente el disfrute del acceso a los bienes y servicios p\u00fablicos, sea que ello surja de cambios en las pol\u00edticas nacionales o a causa de las presiones de un actor externo como las instituciones financieras internacionales. Entonces, para garantizar una \u201crealizaci\u00f3n progresiva\u201d es vital que el Estado garantice el derecho humano a la vivienda adecuada como parte integral del marco general que define los derechos humanos en sus pol\u00edticas de desarrollo, especialmente como una gu\u00eda para los acuerdos de cooperaci\u00f3n internacionales. Este proceso civilizador naturalmente requiere mejorar la coordinaci\u00f3n entre las instancias p\u00fablicas relevantes, como los Ministerios de Justicia, el de Finanzas y el de Relaciones Exteriores. Esto no s\u00f3lo se limita a la obligaci\u00f3n con respecto a los propios ciudadanos, es decir que el Estado asegure que las acciones conjuntas para que el desarrollo impacte en la \u201crealizaci\u00f3n progresiva\u201d, sino que afecta las obligaciones extraterritoriales de los Estados miembro en el marco del ICESCR (art\u00edculo 2).<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"><strong>Cooperaci\u00f3n internacional<\/strong> <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">Mejorar la protecci\u00f3n del derecho a acceder a los bienes y servicios p\u00fablicos debe ser resultado de la cooperaci\u00f3n internacional para el desarrollo, sea mediante la mejora de la capacidad administrativa, de gobierno, la provisi\u00f3n de servicios o la cooperaci\u00f3n tecnol\u00f3gica en alg\u00fan asunto de naturaleza material. Cualquier cooperaci\u00f3n transfronteriza e inversi\u00f3n en asentamientos humanos y\/o en otro sector no deber\u00e1 afectar negativamente el acceso a los bienes y servicios p\u00fablicos.<\/font><\/p>\n<p>\n<font face=\"Verdana,Helvetica\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">[1] Para una gu\u00eda m\u00e1s completa de las obligaciones legales relativas a la instrumentaci\u00f3n inmediata del principio de no discriminaci\u00f3n aplicado a los derechos a la vivienda, v\u00e9ase el informe del Special Rapporteur sobre Adequate Housing (Vivienda Adecuada) E\/CN.4\/2002\/59.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\">[2] La Convenci\u00f3n de Viena, en su art\u00edculo 27 establece que: \u00ab[Una] parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado\u00bb, y el principio de ley consuetudinario que emerge del art\u00edculo 8 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: \u00abToda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constituci\u00f3n o por la ley.\u00bb   <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Verdana,Helvetica\"> <\/font><\/p>\n<p><\/font><\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Especificidades de los principios directrices del derecho internacional aplicados a los bienes y servicios p\u00fablicos asociados al derecho a vivienda adecuada.<\/p>\n","protected":false},"author":414,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"subject_groups":[],"focus_areas":[],"action_areas":[],"scopes":[],"publishers":[],"regions":[],"countries":[],"authors":[],"class_list":["post-5360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - 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