{"id":4414,"date":"2005-07-26T00:00:00","date_gmt":"2005-07-26T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/hic-net.org\/desplazamiento-forzoso-en-colombia\/"},"modified":"2019-09-24T10:07:06","modified_gmt":"2019-09-24T10:07:06","slug":"desplazamiento-forzoso-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.hic-net.org\/es\/desplazamiento-forzoso-en-colombia\/","title":{"rendered":"Desplazamiento forzoso en Colombia"},"content":{"rendered":"<p><FONT size=2><br \/>\n<P><FONT face=Verdana,Helvetica size=1>Fuente: Bolet\u00edn de la Consultor\u00eda para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, <A href=\"http:\/\/www.codhes.org.co\">CODHES<\/A>, No. 60. Cali, 19 de julio de 2005<\/FONT><\/P><br \/>\n<P><FONT face=Verdana,Helvetica><STRONG>Y entonces\u2026  \u00bfPor qu\u00e9 se van?<BR> <BR>Las cifras del \u00e9xodo<\/STRONG><BR> <BR>Durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afect\u00f3 a por lo menos 91.467 personas, alrededor de 18.293 hogares, que llegaron a 564 municipios de 29 departamentos, huyendo de regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia.<BR> <BR>Esta cifra consolida un total aproximado de 153.463 v\u00edctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 15% con relaci\u00f3n al mismo per\u00edodo de 2004 cuando se registr\u00f3 el desplazamiento de una poblaci\u00f3n estimada en 130.346 personas. Es decir, Colombia pas\u00f3 de un promedio de 724 personas desplazadas cada d\u00eda durante el primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis meses de 2005. <BR> <BR>Pero la gente tambi\u00e9n se va del pa\u00eds. S\u00f3lo en Ecuador, Panam\u00e1 y Per\u00fa, 3.065 compatriotas solicitaron refugio entre el 1 de enero y el 30 de junio, aduciendo temores fundados de ser perseguidas por razones pol\u00edticas. Al menos otros 2.110 pasaron las fronteras con otros pa\u00edses vecinos o viajaron por la misma raz\u00f3n a otras regiones del mundo, lo que significa que durante el primer semestre de 2005 se ha incrementado a m\u00e1s de 5.175 el n\u00famero de compatriotas que se fueron de Colombia por circunstancias asociadas al conflicto armado interno. La cifra acumulada de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana entre 2000 y 2004 en todos los pa\u00edses del mundo asciende a 104.474 personas.<BR> <BR> <BR><STRONG>Las ciudades no crecen, \u201cse hinchan\u201d<\/STRONG><BR> <BR>Durante el segundo trimestre de 2005, las principales zonas de llegada de  poblaci\u00f3n desplazada siguen siendo las capitales departamentales, en las cuales se concentr\u00f3 el 38% del total der la poblaci\u00f3n desplazada en el segundo trimestre de este a\u00f1o.<BR> <BR>En este periodo las ciudades de Bogot\u00e1 y Cali recibieron el 12% y el 7% del total de personas desplazadas, respectivamente. Del mismo modo, ocho de las capitales recibieron mas de 2000 personas desplazadas y 16 recibieron m\u00e1s de mil personas en este corto periodo, lo cual llama la atenci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre las principales capitales receptoras y las zonas de mayor intensidad del conflicto armado. <BR> <BR>Aunque las magnitudes son diferenciadas, de hecho ninguna regi\u00f3n del pa\u00eds escapa a esta realidad pues entre las principales capitales receptoras existen importantes ciudades de la Costa Caribe, del  Sur, del Pac\u00edfico, del Oriente y del centro del Pa\u00eds.<BR> <BR>Sin embargo, durante el segundo trimestre, cerca del 60% de las personas se desplaz\u00f3 hacia ciudades intermedias y otros municipios diferentes de las grandes capitales, en buena parte por el inusitado crecimiento de eventos  de \u00e9xodo masivo. As\u00ed ocurri\u00f3 en municipios como Saman\u00e1 en el departamento de Caldas; Toribio, Jambal\u00f3, Santander de Quilichao y Silvia en el departamento del Cauca; Ricaurte y Tumaco en el departamento de Nari\u00f1o; Bojay\u00e1, San Jos\u00e9 de Palmar y Bajo Baud\u00f3 en el departamento del Choc\u00f3; Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, Barrancabermeja en el departamento de Santander; Argelia, Urrao y Apartad\u00f3 en el departamento de Antioquia, Vistahermosa en el departamento del Meta y Soacha en el departamento de Cundinamarca.  <BR> <BR><STRONG>Principales v\u00edctimas del desplazamiento<\/STRONG><BR> <BR>En estos tres meses el desplazamiento forzado afect\u00f3 duramente a comunidades afro-descendientes, pueblos ind\u00edgenas, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas y se hizo evidente un deterioro de la situaci\u00f3n de derechos humanos.<BR> <BR>Esto ocurri\u00f3 en zonas en las que se focaliza la pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica, en las zonas de mayor enfrentamiento entre la Fuerza P\u00fablica y las guerrillas, en las zonas de frontera y en regiones de amplio control paramilitar. Las causas principales est\u00e1n asociadas al escalamiento del conflicto que sigui\u00f3 al fin del repliegue militar de la guerrilla[1][1]; a ataques indiscriminados de la guerrilla contra poblaci\u00f3n civil y sus bienes protegidos, al incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, a arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Publica, a las fumigaciones a\u00e9reas de cultivos de uso il\u00edcito y, en algunas zonas espec\u00edficas, al surgimiento y consolidaci\u00f3n de poderes locales de mafias del narcotr\u00e1fico.<BR> <BR><STRONG>Con seguridad (democr\u00e1tica) crece el desplazamiento<\/STRONG><BR> <BR>El pa\u00eds entra en el tercer a\u00f1o del gobierno del presidente Alvaro Uribe V\u00e9lez y la administraci\u00f3n muestra cifras e indicadores  de disminuci\u00f3n de graves delitos como asesinatos, masacres, secuestros, e insiste en presentar resultados exitosos de su pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica a partir del n\u00famero de bajas infringidas a presuntos guerrilleros y paramilitares, del n\u00famero de personas detenidas sin establecer si fueron liberadas o permanecen en prisi\u00f3n y del n\u00famero de personas desmovilizadas y reinsertadas, sin que se conozca si est\u00e1n  cumpliendo o no con su compromiso de abandonar sus actividades delictivas.  <BR> <BR>Todo avance que contribuya preservar la vida y garantizar los derechos de la poblaci\u00f3n en desarrollo de su obligaci\u00f3n constitucional y en el marco del estado social de derecho es positivo y puede contribuir a legitimar las instituciones y a fortalecer la democracia.<BR> <BR>Sin embargo, y tal y como lo indica este informe, el desplazamiento forzado se mantiene como una expresi\u00f3n de inseguridad y ausencia del Estado en el momento de evitar los hechos que provocan la salida forzada de miles de personas expuestas a una situaci\u00f3n de alta vulnerabilidad de sus derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales, civiles y pol\u00edticos. <BR> <BR> <BR><STRONG>Degradando la guerra<\/STRONG><BR> <BR>Peor a\u00fan si son agentes del mismo Estado los que por acci\u00f3n provocan desplazamientos forzados o permiten que grupos paramilitares sigan desplazando y atacando a la poblaci\u00f3n civil, violando el cese de hostilidades exigido para mantener el di\u00e1logo en Santa Fe de Ralito, garantizando la impunidad incluso antes de la vigencia de la cuestionada ley de justicia y paz.<BR> <BR>El desplazamiento forzado no tuviera lugar si todos los que participan en la confrontaci\u00f3n armada respetaran a la poblaci\u00f3n civil no combatiente. El primer paso en falso lo dio el propio gobierno con su insistencia en negar la existencia del conflicto armado y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, en una interpretaci\u00f3n pol\u00edtica de la norma que eleva la vulnerabilidad y el nivel de desprotecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil.  <BR> <BR>Pero no es s\u00f3lo el Estado el que contribuye con esta tesis a la degradaci\u00f3n del conflicto. Las guerrillas que tradicionalmente se han negado a acatar esta normatividad, desarrollan operaciones militares que afectan directamente a la poblaci\u00f3n civil, desconocen su condici\u00f3n de no combatientes y acuden de manera conciente y sistem\u00e1tica a m\u00e9todos que contravienen el  derecho internacional humanitario.  <BR> <BR><STRONG>El pac\u00edfico en llamas<BR><\/STRONG> <BR>CODHES Informa incluye en esta edici\u00f3n el segundo informe sobre desplazamiento forzado, derechos humanos y conflicto armado en Colombia correspondiente al segundo trimestre de 2005, que se presenta p\u00fablicamente en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal centro urbano del litoral pac\u00edfico colombiano.<BR>Justamente en buena parte del territorio del litoral pac\u00edfico est\u00e1n ocurriendo los hechos que marcan el escalamiento de la guerra interna y, por supuesto, la expansi\u00f3n de la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado de m\u00e1s de 32.373 personas en los departamentos de Nari\u00f1o, Cauca, Valle del Cauca y Choc\u00f3, es decir, un promedio de 359 personas cada d\u00eda.<\/FONT><\/P><br \/>\n<P><FONT face=Verdana,Helvetica>Al presentar este informe CODHES, reafirma el prop\u00f3sito de insistir en la adopci\u00f3n de mecanismos para proteger   a la poblaci\u00f3n civil, a\u00fan en las circunstancias inevitables de la continuidad del conflicto, exigiendo a todas las partes enfrentadas que observen el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las normas que protegen a la gente en estado de indefensi\u00f3n.<BR> <BR><STRONG>\u00bfPor qu\u00e9 se van?<\/STRONG><BR> <BR>El pa\u00eds tiene cada vez m\u00e1s dificultades para atender esta crisis humanitaria cr\u00f3nica, prolongada y sostenida que ya ha afectado a casi el 8% del total de su poblaci\u00f3n y cuya ocurrencia agrava el desempleo, expande la pobreza, urbaniza las consecuencias del conflicto y provoca un trauma social y cultural en toda la sociedad colombiana.<BR> <BR>Una vez m\u00e1s salta a la vista la contradicci\u00f3n entre los resultados de la pol\u00edtica de seguridad que presenta el gobierno y la persistencia e incremento del desplazamiento forzado en el pa\u00eds. La pregunta que surge en las ciudades a d\u00f3nde siguen llegando las personas desplazadas es: \u00bfSi hay tanta seguridad como se afirma, entonces, por qu\u00e9 se van? <BR>       <BR><STRONG>Fronteras: el cerco se cierra<\/STRONG> <BR> <BR>Las condiciones de seguridad en estas regiones no han mejorado, en lacra demostraci\u00f3n de que la falla del Estado en su deber de protecci\u00f3n persiste a pesar de la creciente militarizaci\u00f3n, de la creaci\u00f3n de nuevos batallones y militares, y pese a los acelerados avances del proceso de desmovilizaci\u00f3n de combatientes paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nari\u00f1o y el Bloque Catatumbo en Norte de Santander. <BR> <BR>Por el contrario, ha aumentado el grado de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en esas zonas, y con ella,  los niveles de riesgo para las mismas. Son varios los factores que, asociados al escalamiento del conflicto armado, han venido configurando esta situaci\u00f3n:<BR> <BR>Primero, en las zonas de frontera la poblaci\u00f3n civil se encuentra bajo el control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio y los recursos m\u00e1s que a la poblaci\u00f3n civil. Mediante la pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica el gobierno est\u00e1 convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la organizaci\u00f3n social y los procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno en la frontera. Esto se expresa en la creciente militarizaci\u00f3n de ambos lados de la frontera[2][2] y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza P\u00fablica. <BR> <BR>Segundo, la continua la expansi\u00f3n de redes del narcotr\u00e1fico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral pac\u00edfico, traslado y resiembra de cultivos; lo que ha resultado en un deterioro de la situaci\u00f3n humanitaria en la regi\u00f3n y muestra que la pol\u00edtica de erradicaci\u00f3n forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fen\u00f3meno que est\u00e1 en estrecha relaci\u00f3n con el conflicto armado.  <BR> <BR>Las cifras dan cuenta de la movilidad de los cultivos y alta motivaci\u00f3n de campesinos cultivadores, ya que cerca del 60% de los lotes de coca en el pa\u00eds son nuevos. Este aumento se registr\u00f3 en departamentos de las cuencas de los r\u00edos Orinoco (Amazonas, Guain\u00eda y Vaup\u00e9s) y los principales departamentos con mayor \u00e1rea cultivada son Meta, Guaviare, Nari\u00f1o y Caquet\u00e1. El incremento m\u00e1s importante lo reportaron en el nororiente Arauca y Guajira. Nari\u00f1o no s\u00f3lo es una zona donde los cultivos de coca se est\u00e1n expandiendo, tambi\u00e9n es el centro m\u00e1s importante de producci\u00f3n de drogas il\u00edcitas del pa\u00eds. El informe tambi\u00e9n reporta siembra en 13 de los 50 parques naturales, pero estos representan s\u00f3lo el 7% del total de cultivos de coca en el 2004. <BR> <BR>Tercero la expansi\u00f3n del crimen organizado que traspasa las fronteras nacionales, se filtra en la econom\u00eda local de pa\u00edses vecinos y opera conjuntamente con grupos armados irregulares que se financian tambi\u00e9n del contrabando de armas, municiones, precursores qu\u00edmicos y comercializaci\u00f3n de estupefacientes en las fronteras. Al respecto varios estudios dan cuenta de la existencia de 100 rutas de tr\u00e1fico de armas, municiones y drogas en los m\u00e1s de 6 mil kil\u00f3metros de frontera de Colombia. Las zonas m\u00e1s afectadas son  Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urab\u00e1 chocoano. <BR> <BR>Cuarto, el desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones est\u00e1n afectando las relaciones internacionales de Colombia con los pa\u00edses vecinos. Esta tendencia se refleja en la presencia e incursi\u00f3n armada de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela; el traslado de cultivos de coca en Per\u00fa (14% en 2004 respecto del 2003) y expansi\u00f3n en ese pa\u00eds de redes del narcotr\u00e1fico que est\u00e1n comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado un cierre de fronteras por parte de los gobiernos de pa\u00edses vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto en sus territorios. <BR> <BR><STRONG>Impuesto humanitario: que lo paguen los grandes contribuyentes<\/STRONG><BR> <BR>La Corte Constitucional se convirti\u00f3 en el principal referente para la exigibilidad de los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n desplazada, cuya atenci\u00f3n, de acuerdo con su sentencia T 025, exige m\u00e1s que voluntad pol\u00edtica. CODHES propuso ante la Honorable Corte Constitucional se sirva exhortar al Gobierno Nacional para que presente, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, un proyecto de Ley que disponga un r\u00e9gimen tributario especial para asegurar recursos por 500 mil millones anuales, durante cuatro a\u00f1os, con destinaci\u00f3n espec\u00edfica a la poblaci\u00f3n desplazada en el marco del conflicto armado. CODHES tambi\u00e9n solicit\u00f3 a la alta corporaci\u00f3n  fijar al Congreso un plazo m\u00e1ximo de seis meses para debatir y aprobar esta iniciativa.<BR> <BR>El tributo deber\u00e1 responder al criterio de progresividad, en la perspectiva de que recaiga sobre los sectores que se han beneficiado de la concentraci\u00f3n del ingreso en la \u00faltima d\u00e9cada en el pa\u00eds y no sobre los sectores populares que han sido sistem\u00e1ticamente afectados por las reformas laborales y tributarias implementadas durante la actual administraci\u00f3n.<BR> <BR><STRONG>\u00bfSeguridad s\u00f3lo para los inversionistas?<\/STRONG><BR> <BR>Parad\u00f3jicamente, el Presidente Uribe acaba de anunciar que presentar\u00e1 una iniciativa para incrementar la base gravable del IVA y disminuir el impuesto a la renta. Este hecho, sumado a los prop\u00f3sitos expuestos en la Ley 963 de 2005 \u2013 Ley de estabilidad jur\u00eddica para los inversionistas en Colombia- reflejan una disposici\u00f3n  del Gobierno a privilegiar a quienes detentan los medios econ\u00f3micos y a depositar la cargar de la financiaci\u00f3n  del Estado sobre los hombros de los sectores medios y bajos. <BR> <BR>No deja de sorprender que el gobierno  se muestre obsesivamente interesado en crear las condiciones de estabilidad jur\u00eddica para los inversionistas, a la vez que presenta a la corte la tesis seg\u00fan la cual  no puede garantizar la seguridad jur\u00eddica para satisfacer el m\u00ednimo de derechos que se reclaman para los desplazados, con el argumento de que no cuenta con los recursos financieros, y sin mayor explicaci\u00f3n de las razones por las cuales no se buscan fuentes alternativas de financiaci\u00f3n<BR> <BR>Del mismo modo, el esp\u00edritu de la Corte Constitucional en el sentido de priorizar la inversi\u00f3n hacia las comunidades victimas del desplazamiento forzado debe entenderse como un mensaje de estimulo a la solidaridad en la sociedad colombiana. Pero no puede ser una autorizaci\u00f3n  para incrementar la vulnerabilidad de los sectores pobres en beneficio de los grandes capitales, entre los cuales se ubican aquellos que se han robustecido con los bienes usurpados y despojados a la poblaci\u00f3n desplazada.<BR> <BR><STRONG>\u00bfD\u00f3nde quedan los derechos de la gente rechazada en el registro?<\/STRONG><BR> <BR>Como quiera que por la v\u00eda del rechazo en el registro est\u00e1n siendo vulnerados los derechos de un gran n\u00famero de personas en situaci\u00f3n de desplazamiento, y toda vez que no existe claridad sobre los criterios en los que son sustentados los rechazos, solicitamos a la Corte que se sirva ordenar al SNAIPD la creaci\u00f3n de un componente de rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas, incorporado al SUR, que permita conocer el n\u00famero total de personas rechazadas, las presuntas zonas de expulsi\u00f3n y su caracterizaci\u00f3n, las razones que llevaron al rechazo, los procesos administrativos adelantados en cada caso, la situaci\u00f3n en la que se encuentran estas personas y su acceso a los servicios p\u00fablicos y sociales. <BR> <BR>As\u00ed mismo,  es importante crear mecanismos para garantizar el acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n relacionada con las pol\u00edticas estatales en materia de derechos humanos y desplazamiento, toda vez que la propia Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n encontr\u00f3 en este aspecto un obst\u00e1culo para realizar la evaluaci\u00f3n de la pol\u00edtica, y que la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestion\u00f3 las falencias de los sistemas de informaci\u00f3n del Estado en materia de Derechos Humanos y estableci\u00f3 un conjunto de recomendaciones para superarlas. <BR> <BR><STRONG>Protegerse de los abusos de la red de cooperantes<\/STRONG><BR> <BR>Tambi\u00e9n es importante que la Corte Constitucional establezca los mecanismos civiles para evaluar los programas de redes de informantes, delaciones y recompensas, a fin de evitar  las  eventuales violaciones al debido proceso y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los m\u00faltiples casos de detenci\u00f3n de civiles, acusados de pertenecer a los grupos armados y luego liberados por falta de pruebas. <BR> <BR>CODHES ha conocido denuncias en relaci\u00f3n con la amenaza, el desplazamiento o el asesinato de personas junto con sus familias, luego de la ocurrencia de este tipo de detenciones.<BR> <BR><br \/>\n<HR><br \/>\n<BR>[3][1]De acuerdo con el informe presentado por la Fundaci\u00f3n Seguridad y Democracia en junio del presente a\u00f1o, el n\u00famero de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del a\u00f1o suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad. El informe revela que en los \u00faltimos dos meses las FARC ha cometido 125 ataques en diferentes zonas del pa\u00eds, y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido unos de los mas afectados. Adem\u00e1s, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos a\u00f1os este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realiz\u00f3 durante cuatro a\u00f1os del gobierno Pastrana, y que los \u201clunares\u201d de la pol\u00edtica de seguridad democr\u00e1tica del actual gobierno son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansi\u00f3n del paramilitarismo.  <BR> <BR>[4][2] En Brasil se han desplegado 35 mil efectivos, en Ecuador 12 mil, en Per\u00fa 25 mil con 17 bases militares, en Panam\u00e1 8 puestos navales de cuarenta unidades cada uno. Desde el mes de abril los operativos antidrogas en Panam\u00e1 se han intensificado con el fin de desmantelar las redes de tr\u00e1fico de armas de Centroam\u00e9rica a Colombia y de drogas de Colombia a Centroam\u00e9rica. Para el mes de abril se detuvieron m\u00e1s de diez personas entre paname\u00f1os y extranjeros. Seg\u00fan el ministro de Gobierno y Justicia de Panam\u00e1, H\u00e9ctor Alem\u00e1n se est\u00e1 combatiendo a los grupos transnacionales que quieren utilizar a Panam\u00e1 como corredor para el tr\u00e1fico de armas y drogas.<BR> <BR><BR><\/P><\/FONT><\/FONT><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afect\u00f3 a por lo menos 91.467 personas, huyendo de regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia. Desde inicios de 2005  el desplazamiento forzado afect\u00f3 duramente a comunidades afro-descendientes, pueblos ind\u00edgenas, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas y se hizo evidente un deterioro de la situaci\u00f3n de derechos humanos. 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