– En los últimos años, miles de viviendas,
locales y solares han ido a parar a manos de grandes fondos buitres.
– Esta concentración inmobiliaria se está
produciendo de manera opaca y está alterando radicalmente el panorama de
nuestras ciudades y barrios.
– Es fundamental que los poderes públicos
actúen no cómo comensales en este silencioso festín sino como auténticos garantes
del derecho a la vivienda y a ciudades diversas e inclusivas.
Hace apenas unas semanas, el Consejo
General del Poder Judicial informaba que el número de desalojos y de
ejecuciones hipotecarias continuaba aumentando. Poco después, el Instituto
Nacional de Estadística detallaba que tan sólo durante el tercer trimestre de
2014, es decir, de julio a agosto, 23.000 inmuebles se habrían visto afectados
por un procedimiento de ejecución hipotecaria. El 77%, serían viviendas
habituales, el resto locales comerciales, segundas residencias y fincas
rústicas.
Detrás de estas cifras se esconden dos
realidades preocupantes. Una de ellas, visibilizada a través de las Plataformas
de Afectados por la Hipoteca (PAH), es la de las familias que se ven obligadas
a abandonar sus casas. La otra cara de esta situación es menos visible pero
igual de preocupante. Se trata del destino de estas viviendas y locales. En los
últimos años, muchos de ellos han ido a parar a un puñado de fondos
buitres, sociedades de inversión inmobiliaria (socimi) y empresas encargadas de gestionar
grandes fortunas familiares (conocidas como family
offices).
El fenómeno es poco conocido y cuando se
habla de él se hace de manera confusa. La noticia suele aparecer en la sección
de economía como prueba de un éxito en materia de atracción de capitales
internacionales. Recientemente, la prensa ha celebrado el importante volumen de
la inversión inmobiliaria extranjera en España en 2014. La cifra, similar a la
que tuvo lugar durante 2007, justo durante el punto más alto del boom inmobiliario, es bienvenida como una
señal de salida de la crisis.
Esta visión, sin embargo, oculta el
principal efecto de este fenómeno: la apropiación por parte de unos cuantos
fondos especulativos del destino de ciudades y barrios enteros. Seguramente, el
caso que mejor ejemplifica esta intromisión son los acuerdos a los que están
llegando las principales entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con
fondos públicos, para que sean firmas internacionales -como Apollo, Cerberus,
Centerbridge, Kennedy Wilson y Blackstone – quienes se encarguen de gestionar
sus activos inmobiliarios.
Hace unos meses, el fondo estadounidense
Balckstone adquirió por 3.600 millones de euros los créditos problemáticos de
Catalunya Caixa. Esto significa, en la práctica, que gestionará 38.000 pisos y
3.000 comercios, oficinas, plazas de aparcamiento y trasteros. En total, se
calcula que una vez concluidas las operaciones en marcha, la banca española
habrá traspasado la gestión de 99.544 millones de euros en inmuebles.
Igual de preocupante resulta la
adquisición por parte de capitales internacionales de edificios emblemáticos
que albergan pequeños locales comerciales, oficinas y viviendas. El objetivo es
convertirlos en hoteles de cuatro y hasta cinco estrellas, grandes centros
comerciales, establecimientos de comida rápida o viviendas de lujo. Este ha
sido el caso, en Barcelona, de la mítica librería Catalonia, convertida en un
McDonalds. O del Centro Excursionista de Catalunya, que agobiado por las deudas
se ha visto obligado a vender su histórica sede a un fondo internacional que en
breve construirá apartamentos turísticos.
Esta venta de inmuebles y patrimonio
urbano se produce ante la pasividad, cuando no la iniciativa directa de las
administraciones públicas. Con la llegada de la crisis, buena parte de ellas se
está deshaciendo de inmuebles históricos, viviendas sociales, parkings, y
solares. El gobierno central, a través del Plan de Ventas de Inmuebles del
Estado, prevé deshacerse entre 2014 y 2015 de 15.000 propiedades, entre las
cuales figuran el Palacio Centenario o el antiguo edificio de Radio y
Televisión Española, ambos en Madrid. Esta estrategia también ha sido secundada
por gobiernos autonómicos y locales. Así, la Generalitat catalana preveía dotarse
de 400 millones de euros en 2014 a través de la venta de edificios públicos.
Esta previsión ha llevado en muchos casos a malvender patrimonio. Como ha
sucedido con el edificio modernista de la Casa Burés, en Barcelona, comprado
finalmente por un fondo británico 6 millones por debajo del precio previsto.
También la Junta de Andalucía ha acordado recientemente la venta de 70
edificios al grupo estadounidense WP Carey. Esta situación se replica
igualmente en algunos consistorios como el de Marbella y Madrid.
Con ello, las administraciones pretenden
dotarse de la liquidez necesaria para cerrar los presupuestos, con
independencia de los perjuicios que pueda significar la situación en un futuro.
Se trata, pues, de una estrategia cortoplacista ya que los bienes inmuebles son
escasos y en muchos casos albergan oficinas públicas. De esta manera, la
administración pasa de ser propietaria a tener que pagar un alquiler, merced a
operaciones opacas alejadas del control ciudadano.
Unos poderes públicos preocupados por
una salida digna de la crisis deberían actuar en sentido totalmente opuesto. La
voluntad de los bancos de vender sus pisos tendría que suponer una oportunidad
para incrementar el exiguo parque de vivienda pública. Un parque que representa
un 2% del total de inmuebles disponibles frente al 18 o al 20% de algunos
países cercanos.
Una posibilidad, pues, sería que fuesen
las administraciones públicas quienes comprasen los pisos y establecimientos
históricos en venta. En el caso de los pisos propiedad de bancos rescatados,
sería una contrapartida de mínimos que dotaría de cierto sentido a la ingente
inversión pública que han recibido.
Para ello, bastaría con imitar
iniciativas como la impulsada por la región de París. Allí, la alcaldía ha
decidido ejercer el derecho de tanteo y retracto en más de 8000 pisos. La
medida obliga a los propietarios a informar a la administración de su interés
de vender. Y posibilita que la alcaldía se adjudique dichos inmuebles a un
precio inferior al del mercado. En caso de que propietario y administración no
lleguen a un acuerdo, será un juez quien decida el justiprecio. El objetivo es
que en 2030 el parque de viviendas sociales de París represente un 30% del
total.
Por otra parte, evitar la expulsión de
pequeños negocios y comercios por parte de fondos interesados en promover
hoteles de lujo y centros comerciales significa defender la diversidad y en
parte la identidad de los barrios que los acogen. Para ello, bastaría con
limitar las licencias hoteleras y de construcción de nuevos centros
comerciales.
Estas medidas exigirían, ciertamente,
que los poderes públicos pasen de ser cómplices y comensales del festín
inmobiliario que se está gestando en la sombra a comportarse en auténticos
garantes del derecho a la vivienda y a una ciudad diversa e inclusiva. No se
trata de una aspiración maximalista. Se trata, simplemente, de dejar de
alimentar a un monstruo voraz que, sin límites y controles, acabará por
devorarnos a todos.
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