
Sentencia del TJUE
quiebra la Ley del PP sobre desahucios
La ley del PP viola
los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.
El pasado mayo de
2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas
propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al
Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones
hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013
demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como
un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa
hipotecaria.
Un año después, el
TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno
español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los
derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en
una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno
del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
La sentencia reconoce
la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene
reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar
la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala
legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones
mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las
circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta
situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.
La sentencia limita el derecho a la defensa de
los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los
bancos si lo hagan en una escandalosadesigualdad de las partes en el
procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando
los principios más básicos del derecho a un juicio justo.
La Sentencia del TJUE
coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la
PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24
de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado
manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores
hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho
comunitario.
El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez
Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales
planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02
de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la
tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la
Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender
el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo
mercantil es contrario al derecho comunitario.
La legislación
anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la
Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra
de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las
deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no
solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo
caos procesal.
De nuevo, el
gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada
su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos
fundamentales de las personas.
Tras este nuevo
varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la
PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios,
dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de
emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia
con gobiernos de todos los colores.
Si se Puede
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