Auto-determinación
Aplicado a los bienes y servicios públicos, el principio absoluto de autodeterminación, en su expresión clásica, significa que toda persona tiene el derecho inalienable a definir los términos en que habrá de manejarse y distribuirse los bienes y servicios públicos, incluidos la tierra y el agua, en sus unidades administrativas y territoriales. Dicha determinación habrá de hacerse según la especificidad local, en la cual se refleje el consentimiento del pueblo que ejerce la autodeterminación, así como en el marco de las obligaciones establecidas por el ICESCR y la Observación General No. 4 del CESCR (citado líneas arriba). Por tanto, los pueblos como tales u otras comunidades afectadas requieren ejercer la autodeterminación, garantizada mediante “consultando verdaderamente”, para que se realice un manejo y distribución equitativa de los bienes y servicios públicos.
La privatización de los bienes y servicios públicos puede reducir el grado de autodeterminación que se puede ejercer en su manejo y uso, lo cual acarrea generalmente incremento en su costo para los clientes/ciudadanos y una reducción de la función social de los bienes y servicios públicos, en el sentido que los legítimos beneficiarios pierden control sobre el manejo y distribución de los bienes y servicios públicos. Además, el Estado, consecuentemente, abandona su papel de proveedor y responsabilidad legal de garantizar la provisión equitativa de los servicios y el uso de los bienes sociales. Al tiempo que el Estado abandona su función, también pierde autoridad en la esfera de los bienes y servicios públicos.
No-discriminación
Aplicado a los bienes y servicios públicos, el principio de no discriminación evita que los individuos y grupos queden sin oportunidades de acceso a los bienes y servicios públicos, y garantiza cumplimiento legal, protección y acciones de reparación. Asimismo, garantiza que no se niegue este derecho a los bienes y servicios públicos debido a la pertenencia a un grupo étnico, color, credo, género, sexo, la orientación sexual, opiniones políticas, condición social o económica, idioma, discapacidades, propiedad, forma de trabajo legítimo, ascendencia o cualquier otro origen o criterio arbitrario. Para los pueblos indígenas y tribus y otros pueblos basados en un territorio, el Estado tienen la obligación de reconocer en la legislación y en cuestiones administrativas los sistemas particulares de manejo de bienes y servicios públicos. Asimismo, ningún Estado posee la autoridad legal para discriminar de jure o de facto, de manera que termine por privar o negar bienes o servicios públicos a personas pertenecientes a algún grupo, particularmente cuando resulte injustamente ventajoso para un tercero. Esto es válido para la práctica del nepotismo y otras formas de corrupción que permiten un beneficio desproporcionado a los familiares o partidarios políticos, asimismo es válido para aquellas preferencias otorgadas a ciertos grupos y son causa de sectarismo o conflictos intercomunitarios.
La legislación pública internacional hace un llamado a los Estados para que den especial atención a las personas y grupos que han estado sujetos a discriminación pasada y presente, para ello se propone la puesta en marcha de programas de acción afirmativa que compensen los patrones vigentes de privación.[1]
La Equidad de Género
La pobreza aunada a otros factores (esto es, clase, ser indígena, refugiada, emigrante, el pertenecer a una casta, su orientación sexual, pertenecer a una minoría étnica, la edad, discapacidad, viudez, condición de ciudadanía o nacionalidad, entre otras) marginan más a la mujer en tanto que clientes/ciudadanas que acceden a los bienes y servicios públicos. También es común la práctica de formas similares de discriminación en contra de hombres y personas transexuales, esto según se les atribuyen ciertos roles sexuales. Las mujeres viven, históricamente, en un contexto de feminización de la pobreza caracterizada por menor acceso a los servicios públicos y destrucción de los ambientes naturales. Dichos fenómenos se aceleran en el marco de la globalización económica, donde las mujeres se encuentran cada vez más en una situación donde carecen de vivienda adecuada, además de la falta de acceso a los bienes y servicios públicos, o bien simplemente quedando de lado al momento de luchar por recursos siempre escasos.
Se entiende que el libre ejercicio de la propia cultura (adecuación cultural) significa permitir la elección y expresión cultural en el marco de los derechos humanos; esto es, dentro de los límites que impone la afectación negativa de los derechos de otras/otros. Sin embargo, mantener o tolerar una práctica de acceso desigual a los bienes y servicios públicos relacionados con la vivienda adecuada y otros derechos económicos/sociales/culturales no resulta consistente con el presente marco y será violatorio tanto de las disposiciones de igualdad de género que establece el Pacto Internacional, como las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969).[2]
La fuerza de ley
De haber controversia sobre el manejo, uso o distribución de los bienes y servicios públicos, los Estados están obligados a garantizar que se aplique la fuerza de la ley en un contexto de igualdad, inalienabilidad y universalidad de los derechos, particularmente con respecto al derecho humano de vivienda adecuada. En los casos en que el Estado (esto es, los juzgados o policía) desempeñe un papel en la disputa de bienes y servicios públicos, tiene la responsabilidad de guiarse según sus obligaciones para con los derechos humanos y evitar la violación del derecho a la vivienda. El principio de los derechos humanos aplicado a los bienes y servicios públicos incluye la prohibición del uso de la violencia o cualquier medida punitiva inconsistente con los principios de (1) presunción de inocencia hasta tanto se pruebe lo contrario y, en caso del uso de la fuerza, (2) su necesidad y (3) proporcionalidad.
El Estado que se guíe por la ley, sus agentes e instancias, no habrán de retener arbitrariamente bienes y servicios públicos o ejercer ninguna forma de discriminación arbitraria en contra de las y los ciudadanos. Las/los ciudadanos que perdieron el acceso a bienes y servicios públicos injustificada o ilegalmente tienen derecho a recurrir libremente a los recursos legales disponibles, incluida la compensación a la víctima, ante lo cual el Estado mantiene la obligación correspondiente.
No regresividad / realización progresiva
Al aplicar el principio de no retroceso (no regresión) a los bienes y servicios públicos, uno se sitúa de inmediato en los ejemplos de la era de la globalización y sus reformas económicas que típicamente llevan a la abrogación de derechos económicos/sociales/culturales. Los Estados tienen la obligación pactada de garantizar que las políticas económicas no afecten negativamente el disfrute del acceso a los bienes y servicios públicos, sea que ello surja de cambios en las políticas nacionales o a causa de las presiones de un actor externo como las instituciones financieras internacionales. Entonces, para garantizar una “realización progresiva” es vital que el Estado garantice el derecho humano a la vivienda adecuada como parte integral del marco general que define los derechos humanos en sus políticas de desarrollo, especialmente como una guía para los acuerdos de cooperación internacionales. Este proceso civilizador naturalmente requiere mejorar la coordinación entre las instancias públicas relevantes, como los Ministerios de Justicia, el de Finanzas y el de Relaciones Exteriores. Esto no sólo se limita a la obligación con respecto a los propios ciudadanos, es decir que el Estado asegure que las acciones conjuntas para que el desarrollo impacte en la “realización progresiva”, sino que afecta las obligaciones extraterritoriales de los Estados miembro en el marco del ICESCR (artículo 2).
Cooperación internacional
Mejorar la protección del derecho a acceder a los bienes y servicios públicos debe ser resultado de la cooperación internacional para el desarrollo, sea mediante la mejora de la capacidad administrativa, de gobierno, la provisión de servicios o la cooperación tecnológica en algún asunto de naturaleza material. Cualquier cooperación transfronteriza e inversión en asentamientos humanos y/o en otro sector no deberá afectar negativamente el acceso a los bienes y servicios públicos.
——————————————————————————–
[1] Para una guía más completa de las obligaciones legales relativas a la instrumentación inmediata del principio de no discriminación aplicado a los derechos a la vivienda, véase el informe del Special Rapporteur sobre Adequate Housing (Vivienda Adecuada) E/CN.4/2002/59.
[2] La Convención de Viena, en su artículo 27 establece que: «[Una] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado», y el principio de ley consuetudinario que emerge del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.»


