Por la Construcción Social del Hábitat

La vida de la ciudad atañe al conjunto de quien la habita,

la toma de decisiones sobre ella no puede quedar

en manos de unos cuantos, que sólo buscan

satisfacer sus intereses privilegiando el lucro.

Nos pronunciamos por el derecho humano al hábitat.

Desde hace más de 30 años las organizaciones urbanas hemos defendido la producción social del hábitat en contra de las políticas de los gobiernos federal y local que han implementado una política para favorecer al capital inmobiliario en todo el país. En los últimos 10 años esta política se ha acentuado favoreciendo a una cuantas empresas que han monopolizado el mercado de vivienda de interés social como GEO, ARA, BETA-HOMEX, SADASI, URVI, DEMET, entre otras grandes inmobiliarias y desarrolladores que han devastado los recursos de las comunidades como la tierra y el agua, creando problemas de vialidades muy graves y endeudando a las familias con créditos a 30 años; viviendas cada vez más pequeñas sin importar que las condiciones de vida de la familias de reduzcan.

Es por esto que organizaciones sociales, civiles, académicos, hemos denunciado permanentemente estas políticas, en muchos casos se nos presentan presiones o dinámicas de trámites tortuosos para poder desarrollar un proyecto de vivienda y de comunidad, pese a esta dinámica las organizaciones hemos realizado proyectos ejemplares que han ganado premios nacionales e internacionales porque vemos a la vivienda y el hábitat como un derechos humanos y no como mercancías, esto se ha dado en todo el país, pero principalmente en la ciudad de México que ha sido un ejemplo de resistencia desde hace muchos años con el movimiento estudiantil del 68, las luchas sindicales de los 70, las luchas urbanas de los 70 y 80, los sismos del 85, la lucha por la democracia del 88, las luchas contra las modificaciones al código civil del 93, el apoyo al EZLN del 94, la participación en el primer gobierno elegido democráticamente en el 97, la lucha por la democracia y la defensa de la soberanía nacional dada por Andrés Manuel López Obrador y la formación de la Convención Nacional Democrática en el 2006, entre otras.

Las organizaciones urbanas hemos participado activamente junto con otros sectores y ciudadanos en la defensa de esta ciudad, es por esto que desde el primer gobierno elegido democráticamente planteamos la necesidad de generar una política de desarrollo urbano y vivienda que fuera diferente y que tomara la opinión de todos los sectores, pero principalmente de los más pobres, es así que propusimos varias iniciativas de políticas públicas que son resultado de la experiencia de muchos años de las organizaciones sociales y civiles en esta ciudad como el programa de mejoramiento de vivienda, la atención integral de los grupos indígenas, mujeres, jóvenes, adultos mayores, fortalecimiento de las comunidades, trabajo de salud, atención a niños y niñas, abasto, educación, mejoramiento barrial, equidad de género y cultura, entre otras más

Agenda previa en la discusión de un programa de trabajo del Consejo Ciudadano de desarrollo urbano y vivienda para la ciudad.

Desarrollo Urbano, vivienda, participación ciudadana, y justicia social en la ciudad.

Las siguientes propuestas han sido producto de rescatar diversas discusiones, debates, encuentros, y eventos colectivos de organizaciones sociales, del Movimiento Urbano, ONG`S, sociedad civil, profesionistas y de nuestras organizaciones, e incluso de eventos internacionales o latinoamericanos como el foro social mundial, Hábitat II, Asamblea mundial de pobladores entre otros; porque no solo lo que se expone aquí lo reivindicamos como correcto y necesario, sino que el conocimiento y la proposición deben ser uso colectivos cuando se trata de la lucha por justicia social y de vida digna para todos.

o Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación de género, edad, raza, etnia, u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural”. Siendo esta un espacio culturalmente rico y diversificado, que pertenece a todos sus habitantes.

o El derecho a la ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, y justicia social; es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y organización basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno derecho a un patrón de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente e incluye, por lo tanto, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los derechos internacionales de derechos humanos, Incluye también el derecho a la libertad de reunión y organización, el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual, y cultural; el respeto a los inmigrantes y la garantía de la preservación de la herencia histórica y cultural.

o Todas las personas tienen el derecho de participar a través de formas directas o representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación de políticas públicas y del presupuesto delegacional en la ciudad para fortalecer la transparencia, eficiencia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.

o La ciudad tiene como fin principal ejercer una función social, garantizando a todas las personas el usufructo pleno de la economía y de la cultura, la utilización de los recursos y la realización de proyectos e inversiones en su beneficio y de los habitantes, dentro de los criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica; el bienestar de todos y de todas los(as) habitantes en armonía con la naturaleza, hoy y para las futuras generaciones.

o Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de los parámetros democráticos, de justicia social, y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo del suelo urbano, en condiciones seguras, ambientalmente equilibrado y con equidad entre los géneros y ambientalmente equilibrado del especio y suelo urbano y en condiciones seguras.

o En la formulación e implementación de políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad.

o Construir el poder local, a través de la apropiación democrática del territorio, en forma integral por quienes lo habitan, así como el desarrollo de identidades colectivas, mediante estructuras de la sociedad civil, desarrollando un nuevo tejido social y político en la ciudad, aquí y ahora.

o Generar la construcción organizativa las identidades colectivas y el desarrollo de la conciencia social para la transformación de la realidad.

o Promover e impulsar acciones por las necesidades inmediatas de la comunidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que la habitan.

o Impulsar una nueva reforma política en el Distrito Federal.

o El respeto a la voluntad popular en todos los ámbitos, lo que quiere decir respeto no sólo al voto de las personas en tiempos electorales, adicionalmente también, el ejercicio del presupuesto participativo, exigir la rendición de cuentas de los funcionarios y servidores públicos, exigir el derecho de revocabilidad del mandato de los representantes populares, a través de la consulta popular y el plebiscito, el ejercicio al libre derecho a la organización y manifestación publica y pacifica, el derecho a la resistencia y a la apropiación de la construcción del futuro.

o ¿Como lograr la construcción y reconstrucción de la ciudad, el respeto a la soberanía, a los derechos y a la voluntad del pueblo?:

o Solo con el desarrollo de una nueva cultura territorial en todos los niveles de la vida social y urbana en la ciudad desde ahora, desde aquí y desde abajo es posible.

Adicionalmente el consejo Ciudadano de desarrollo urbano y vivienda se propone:

1. Promover en la ciudad una política de nuevas reformas; la lucha por la constitución de la ciudad, que será la base para elevar a rango de derechos constitucionales y de la ley de participación ciudadana, la fiscalización y transparencia y la rendición de cuentas, el referéndum revocatorio, y los derechos a la vivienda, la alimentación, las libertades y la reestructuración en materia de precios y programas de servicios públicos. La ciudad debe ser una ciudad justa.

2. Impulsar la reforma política del DF con la participación más amplia de sus habitantes, para que no sea una acción exclusiva de sus legisladores.

3. Es necesario impulsar una Reforma Urbana Integral que ponga al centro las necesidades humanas, es decir, debe partirse de una política de asentamientos humanos que priorice esas necesidades sobre los intereses de los grandes capitales.

Esa Reforma Urbana Integral debe contener entre otros aspectos:

1. Considerar la intervención directa del pueblo y sus organizaciones en la planificación de la vida urbana, con el derecho a decidir sobre la distribución y el uso del suelo y sobre la expropiación de predios ociosos y de vecindades.

2. Planos reguladores para el crecimiento de la ciudad, el establecimiento de precios diferenciados del suelo y de los servicios según el tipo de zona residencial

3. La atención integral de los problemas urbanos de la ciudad, para garantizar su desarrollo ordenado.

4. Los instrumentos para conservar y rehabilitar los recursos naturales del territorio del DF,

5. Un sistema ágil para que las organizaciones populares puedan promover la cultura popular y el conocimiento de las cuestiones políticas y sociales.

6. Los instrumentos legales y sociales que eviten la privatización de los servicios públicos como agua, luz, drenaje, recolección de basura, etc.

7. La planeación de los asentamientos humanos de la ciudad, considerando el desarrollo integral de sus habitantes y las tendencias demográficas en el largo plazo, reconociendo la ciudad y el hábitat como derechos humanos, así como prohibir los desalojos forzosos, de acuerdo a lo plasmado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

8. Desarrollar un programa de mejoramiento barrial que integre presupuestos de diversas instituciones, con una visión integral del desarrollo social y urbano, en el que juegue parte fundamental la participación de los habitantes de la ciudad, como mecanismo para la apropiación democrática del territorio.

9. Reconocer por el GDF la participación social organizada para la producción social de la vivienda, y al mismo tiempo normar el otorgamiento de créditos a través de las organizaciones, para evitar la especulación disfrazada de lucha social, que desafortunadamente existe y que privilegia intereses personales, de grupo, o de carácter partidario y no los intereses prioritarios de la población.

10. Dar cumplimiento a la ley de desarrollo social del DF, aprobada por la asamblea legislativa, creando los consejos para el desarrollo social a nivel del D. F. y los consejos delegacionales de desarrollo social respectivos en todas las delegaciones políticas, en los cuales nuestras organizaciones sean tomadas en cuenta como actores propositivos en la ciudad.

11. Desarrollar tecnologías ambientales para la producción social de la vivienda orientadas al aprovechamiento y reciclaje de residuos, la energía solar, y el agua, en el contexto del desarrollo sustentable, la optimización de recursos, y el ahorro de la economía familiar.

12. La planificación del desarrollo urbano debe tener como eje estratégico, la territorialidad de sus políticas públicas, en el ejercicio del presupuesto en los tres niveles de actuación: Estatal, delegacional y por unidad territorial, sin menospreciar las identidades de barrios, pueblos, y unidades habitacionales.

13. Ejecutar las recomendaciones de la comisión para los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU para el caso mexicano, en el que se indica entre otras cosas que no hay en México instrumentos suficientes para garantizar el acceso a la vivienda, y esto incluye también al DF.

Estos serán ejes de trabajo del Consejo Asesor ciudadano de desarrollo urbano y vivienda en el D.F., esto es lo que pensamos. Por lo cual, demandamos al gobierno de la ciudad un dialogo abierto y permanente, pues en estos meses de actuación del actual gobierno en la ciudad se han observado algunos indicadores:

Ya que en el Instituto de Vivienda se está registrando una regresión en la política de vivienda del DF. Y que se corre el riesgo de que el gobierno de Marcelo Ebrad asuma esto como una línea de trabajo en su administración, en sus demás áreas de gobierno.

Por tal motivo estamos convocando a las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicales, urbanas, civiles, estudiantiles, religiosas, cooperativas, redes de género, ecologistas, jóvenes, homosexuales, académicos, artistas, profesionistas, beneficiarios de los programas sociales, comisiones de vivienda y a la ciudadanía en general, a la conformación de un Consejo Ciudadano para vigilar que los programas sociales que implementa el gobierno de la ciudad se desarrollen con transparencia, equidad, justicia social y que no se privaticen. Hoy 25 de mayo de 2007, hemos decidido instalar el Consejo Asesor Ciudadano de Desarrollo Urbano y Vivienda en el D.F.

Al cual lo entendemos como un espacio ciudadano, social y plural de construcción de propuestas alternativas en materia de los derechos de los habitantes de la ciudad, que responda a las condiciones y problemas que enfrentan amplios sectores y territorios excluidos de las políticas públicas, buscando incidir y reorientar las decisiones de las secretarías responsables. Constituye una forma de lucha y organización que recupera los saberes, identidades y valores de los movimientos sociales urbanos de la Ciudad de México.

Atentamente:

Convocantes

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