
Esa parte de la ciudad
donde residen los más empobrecidos en toda Latinoamérica, seria invisible si
fuera por la voluntad de algunos gobernantes. O por la atención que les
prestan, o el ahinco que ponen en solucionar sus problemas y sus debilidades.
Siempre alguna noticia confirma (lamentablemente) esta afirmación.
Sensibilizado por el acuciante problema de la vivienda en el Perú, luego de mi
visita a Lima he seguido más de cerca las noticias sobre el tema,
principalmente en esta ciudad. El saqueo y tráfico de tierras, y el abandono en
el que sobreviven los más desposeídos, todavía me asombra. Y disculpen
compañeros, si soy muy duro. Con mucho respeto les escribo estas opiniones,
pues creo que todos ustedes desde allí, comparten conmigo esta preocupación y debemos
esforzarnos en denunciar estas situaciones, para que se piense desde la
sociedad civil, las fuerzas políticas y la institucionalidad aportes y
soluciones a estos temas.
En la noche de hoy, me llega la noticia de un incendio en la zona del Callao que
afecta la ribera del río Rímac, en un conjunto de viviendas de material
rústico. Esto engloba varios asentamientos humanos como 25 de Febrero, Nueva
Esperanza, 200 Millas y Progreso. Se habla de más 500 familias damnificadas.
Según las primeras informaciones una de las razones por las que todavía no se
ha podido controlar el incendio es por el acceso limitado para las unidades y
las cisternas, así como la falta de tomas de agua en la zona.
Esto deja en evidencia
la falta de acceso a tierra urbanizada y servicios básicos de la población más
vulnerable, que construye donde puede, y como puede y no como debería y donde
debería. Donde tuviera garantizada una vida digna, con acceso a luz, agua
potable, servicios de saneamiento y calles decorosas. Supongo que las mismas
dificultades tendrán los servicios de emergencia que buscan socorrer a los
damnificados.
Por otra parte, el
trafico de terrenos por intermedio de mafias que operan con notarios y
abogados, y que incluso llegan a tomar información desde las propias oficinas
de las Municipalidades llega hoy día a limites increíbles: no solamente estafan
familias o pequeñas empresas, estafan al propio Estado! El Ministerio de Educación
esta a punto de perder un terreno de 3.200 metros cuadrados a manos de una de
estas mafias.
Por un lado estos
estafadores operan libremente sin ningún control, llegando a timar al propio
Estado usando su propia información. Por otra parte, miles y miles de
ciudadanos honestos, pero empobrecidos son desalojados de sus tierras y fincas
algunas veces por estafadores, y otras por el Estado que vende estos lugares
para que capitalistas privados lucren con ellos. (Todavía tengo el triste
recuerdo del desalojo de Aldabas, en pleno Centro Histórico) Y por otro lado
existen fincas (de la Alcaldía, el Arzobispado, las Cofradías y la
Beneficencia) que con voluntad política y sensibilidad social se podrían
transferir a sus pobladores para, no solo construir viviendas dignas, sino
también para reconstruir la ciudad. Denunciar estas cosas es una de las tareas,
unir esfuerzos para pensar y aportar soluciones es otra.
Comprender y lograr la unión de esfuerzos desde la sociedad civil es el camino.
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