
9 de marzo de 2015
-La propuesta actual profundiza un
modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y
discriminatorio.
-Convocamos a la movilización
ciudadana para exigir una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano
La tarea del Legislador, una vez
constitucionalizados el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento en
febrero de 2012 debía ser desarrollar el contenido y alcance de estos derechos
con base en los estándares más altos y las obligaciones del Estado de respetar,
promover, proteger y garantizar los derechos humanos a la luz también de la
reforma constitucional en la materia de junio de 2011, para asegurar su
aplicación en el país a través de la legislación secundaria. «Sin embargo, la
iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada por las y los Diputados del PRI,
PAN y PVEM el pasado 5 de marzo vacía de contenido sustantivo estos derechos humanos
que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad,
sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la
información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo
vital (art. 49) sólo para asentamientos legalmente constituidos (art. 10
XLVII)” manifestó la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al
Agua. Además, pone seriamente en riesgo el ejercicio de estos derechos al
profundizar un modelo de gestión que ha probado ser insustentable, y que ahora
favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la
intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios (art.
129).
Más aún, la iniciativa ha omitido por
completo el derecho al saneamiento. La definición del derecho humano al
saneamiento (art. 10 XXIV) demuestra una total ignorancia del compromiso
internacional ratificado por nuestro país. Recordemos que en junio 2010 la
resolución de las Naciones Unidas (A/RES/64/292) reconoció el derecho humano al
agua pero también al saneamiento. La ley equipara la noción de saneamiento con
calidad. Sin embargo, una cosa es garantizar la calidad del agua que consumen
las personas y otra cosa es el acceso a saneamiento que tiene que ver con, el
acceso a un sistema sanitario de recolección, transporte, tratamiento y
eliminación o reutilización de excrementos humanos así como la correspondiente
promoción de la higiene. El Estado debe garantizar, sin discriminación, que
toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al
saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico,
seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione
intimidad y garantice la dignidad. La falta de acceso a un baño higiénico
contribuye en gran medida a la alta tasa de mortalidad y enfermedades
diarréicas infantil del país. «En materia de derecho humano al agua y
saneamiento, la iniciativa aprobada no sólo no reconoce los estándares
internacionales sino que los omite y contraviene abiertamente” recalcó Nathalie
Seguin de la Red de Acción por el Agua.
Asimismo, la ley debe contemplar un modelo
que conserve las fuentes de agua para poder contar con agua suficiente y de
calidad para la presente y futuras generaciones. Esta ley hace lo contrario,
permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando «no rebasen la capacidad
de asimilación” (art. 142) pero los químicos no sólo se acumulan en el agua
sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos. «Además no permite el monitoreo
social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos (art. 262
XXVI)” abundó Alessia Kachadourian estudiante de postgrado en hidrogeología.
Más aún, la impunidad para contaminar se mantiene, «El Estado promoverá la
participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector
hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (art. 39). Si
el concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos
(50000 días de salario mínimo) (art. 264) mientras con las recientes tragedias
sabemos que la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de
pesos. Las autoridades municipales solo informarán sobre los peligros y daños
de los químicos pero no prohíbe que sean vertidos en el drenaje municipal (art.
78). Siendo que las plantas de tratamiento -si funcionan-no están diseñadas
para el tratamiento de dichos químicos.
La propuesta de ley también promueve
concesiones de enormes obras hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía
contribuyendo al calentamiento global (trasvases, pozos ultraprofundos y
desalinadoras). El artículo 8 define a los trasvases de «utilidad pública”
independientemente del uso que tenga el agua trasladada. La evidencia alrededor
del mundo ha mostrado que trasferir agua de una cuenca a otra tiene importantes
consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a
concesionarios hacer trasvases para cualquier uso del agua.
Por otro lado, a pesar de todas las
alertas internacionales sobre los fuertes impactos de la técnica del fracking tanto
en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación
irreversible de ésta, la ley no prevé ninguna reglamentación especial, y dadas
las declaraciones previas de Conagua, al agua para fracking se le consideraría
un uso más dentro del uso industrial definido como «agua para la extracción,
conservación o transformación de materias primas” (art. 10, LIX). «Además es
muy probable que el agua que se necesitará para esta actividad, siendo que se
contempla en zonas donde ya se experimenta un estrés hídrico fuerte, vendrá de
trasvases. Con esto terminan de amarrar el despojo de agua y tierra que inició
este gobierno” concluyó Nathalie quien también forma parte de la Alianza
Mexicana contra el Fracking.
En este contexto, convocamos a la ciudadanía
a celebrar y movilizarse el Día Mundial de Defensa de los Ríos y Contra las
Represas, 14 de marzo, y el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, demandando a
nuestros congresistas que desechen la iniciativa de Ley General de Aguas votada
el 5 de marzo en comisiones y se comprometan mediante un proceso participativo
a hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento cambiando el actual
modelo de gestión del agua insustentable, inequitativo y discriminatorio.
Apoya con tu firma AQUÍ
Contacto:
Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua
México: nathalieseguin@fanmexico.net, Cel: 5511288747
Miguel Soto Treviño, Greenpeace México: miguel.soto@greenpeace.org, Cel. 55 14 85 35 78
Brenda Rodríguez Herrera, COMDA: brendtzu27@yahoo.com.mx, Cel. 55 29 36 79 85
Organizaciones firmantes: Agua para tod@s
– agua para la vida, Alianza Mexicana contra el Fracking, Alianza por la Salud
Alimentaria, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, El
Barzón, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Medio
Ambiente y Sociedad, Red de Acción por el Agua México (FANMex). La Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) está compuesta por:
Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C., Alianza Mexicana por la Autodeterminación
de los Pueblos (AMAP), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.
(ASILEGAL, A.C.), Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.),
Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., Centro de
Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., Centro de Servicios
Municipales Heriberto Jara (CESEM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
(CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Colectivo
Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH), Colectivo de Estudios
Críticos en Derecho (RADAR), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con
Alternativas (COMCAUSA A.C.), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa La Parota (CECOP), DECA Equipo Pueblo A.C., Enlace Rural Regional A.C.
(ERRAC), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Food First Information and
Action Network sección México (FIAN México), Guardianes de los Volcanes A.C.,
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Movimiento Mexicano
de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos –
Amigos de la Tierra, Red Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red Mexicana de
Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Sistema de Agua Potable de Tecámac,
Estado de México, A.C., Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y
como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América
Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto
Planeta Azul (Blue Planet Project)
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