La relatora especial de la ONU sobre el derecho a un alojamiento
digno, Rachel
Rolnik, denunció que las autoridades de varias ciudades-sede de la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos practican desalojos y desplazamientos forzados que podrían constituir violaciones de los derechos humanos.
«Estoy
particularmente preocupada sobre lo que parece ser un patrón de actuación de
falta de transparencia y de consulta, de falta de diálogo, de negociación justa
y de participación de las comunidades afectadas en procesos de desalojos
llevados a cabo o planeados en conexión con el
Mundial y los Juegos Olímpicos».
Rolnik señaló que los casos denunciados se han
producido en San
Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y
Fortaleza.
La relatora
explicó que ya se han llevado a cabo múltiples desahucios sin que se ha haya
dado a las familias tiempo para proponer y discutir alternativas.
«Se ha
dado insuficiente atención al acceso a las infraestructuras, servicios y medios
de subsistencia en los
lugares donde se ha realojado a la población desalojada».
«También
estoy muy preocupada por la poca
compensación ofrecida a las
comunidades afectadas, lo cual es aún más grave dado el incremento del valor de
los terrenos en los lugares donde se construirá para estos eventos»,
agregó la relatora.
Rolnik citó
varios ejemplos, como el de San
Pablo, donde
«miles de familias han sido ya evacuadas en relación al proyecto conocido
como ‘Agua
Espraiada’, y donde otras
diez mil están enfrentadas al mismo destino».
«Con la
actual falta de diálogo, negociación y participación genuina en el diseño e
implementación de los proyectos para el Mundial
y los Juegos Olímpicos, las
autoridades a todos los niveles, deberían parar los desalojos planeados hasta
que el diálogo y la negociación pueda ser asegurada».
Asimismo, la
relatora solicitó al Gobierno que adopte un «Plan
de Legado» para asegurar
que los Juegos
Olímpicos y el Mundial tengan un
impacto social y medioambiental positivo y se eviten las violaciones de los derechos
humanos, incluyendo el derecho a un alojamiento digno.
«Esto es
un requerimiento fundamental para garantizar que estos dos megaeventos
promueven el respeto por los derechos humanos y dejan un legado positivo en
Brasil».
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