¡No sólo casas! Políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda para todas y todos


Cada día son más las voces que por
todo el mundo lo denuncian: vivimos una crisis
global en torno al derecho a la vivienda, que
no podrá resolverse
utilizando el mismo enfoque y promoviendo las mismas pol
íticas que hasta ahora están vigentes en la mayoría de los países.

Todas las personas necesitamos un
lugar donde vivir; todos los seres humanos tenemos derecho a una vivienda
adecuada. Sin embargo, seg
ún cifras oficiales, más de 100 millones viven en las calles, más de 1,500 millones sufren condiciones
habitacionales precarias, decenas de millones se ven forzadas a abandonar sus
hogares cada año y muchas más temen no llegar a pagar los alquileres e hipotecas
cada mes, viviendo bajo constante amenaza e inseguridad.

‘Ni casas sin gente, ni gente sin casa’
es la demanda enérgica de poblaciones y comunidades que ven cómo la especulación
inmobiliaria, la corrupción y la gestión empresarial de nuestras ciudades y
pueblos despoja y expulsa a amplios sectores de la población de su lugares de
vida. La tierra
y el suelo urbano, convertidos
en mercancías, se dejan a merced de los caprichos del mercado y los intereses
privados. La ética del lucro voraz y el beneficio personal inmediato se impone
sobre la dignidad humana y el cuidado del planeta para las generaciones
presentes y futuras. ¿
Dónde
quedó el sentido de lo p
úblico? ¿Dónde se forman las y los funcionarios
responsables de velar por el bien de todas y todos? ¿
Quién planifica nuestros
territorios y para quiénes
?

Está claro que no podemos seguir por
el mismo camino. Resulta urgente un cambio de paradigma que oriente políticas públicas
capaces de respetar y garantizar el derecho a la vivienda para todas y todos.
No es un sueño, es una obligación de los gobiernos, y existen en nuestra
sociedad los recursos y conocimientos suficientes para lograrlo.

Pero para hacerlo posible será imprescindible tener en cuenta
los elementos fundamentales que
los compromisos internacionales vienen
señalando desde hace ya varias décadas
, reafirmados en la Nueva Agenda Urbana: la atención
urgente a las personas sin hogar; la prohibición de desalojos y desplazamientos
forzados; la función social de la propiedad y la ciudad; la seguridad jurídica
de la tenencia; la disponibilidad de materiales, servicios e infraestructura;
los
gastos
soportables; la h
abitabilidad; la atención
prioritaria a grupos de población
en situación de vulnerabilidad; la ubicación
adecuada; la adecuación cultural. Y, sobre todo, procesos de toma de decisiones
verdaderamente democráticos que tomen en cuenta las necesidades y propuestas de
la población.

El derecho a la vivienda supone mucho
más que el acceso a cuatro paredes y un techo, por lo que entender y atender el
déficit de vivienda adecuada implica mucho más que construir casas. De hecho,
los programas de construcción masiva de unidades habitacionales de los últimos
veinte años han tenido impactos negativos serios (con afectaciones sociales,
económicas y ambientales graves) y han resultado incluso contraproducentes, ya
que han aumentado significativamente el stock de viviendas vac
ías que hoy alcanza números alarmantes.

Al mismo tiempo, en general se ha
descuidado la atención al d
éficit cualitativo,
que en muchos casos constituye el mayor obst
áculo para el disfrute de una vivienda
adecuada. Cuanto existen, las
políticas y programas en ese campo se
enfocan principalmente en el mejoramiento f
ísico-estructural o en la simple
entrega de t
ítulos,
acciones necesarias
pero no suficientes.

Por otra parte, resulta imperativo
insistir en que el derecho a la vivienda y la seguridad de tenencia no son lo
mismo ni se limitan al derecho a la propiedad privada individual, modelo que ha
sido ampliamente promocionado como el mejor y en gran medida el único, lo que
ha resultado en una crisis hipotecaria de enorme magnitud que sigue desalojando
a cientos de miles de personas tanto en el norte como en el sur.

No es una novedad que también en este
período s
e ha
producido un fenómeno masivo de privatización y venta de vivienda pública/social,
mientras seha descuidado la producción y regulación de la vivienda en
alquiler.A la vez, no se apoyan -y más bien se obstruyen- los procesos
populares de producción y gestión social del h
ábitat que con mucho
esfuerzo realizan familias y comunidades para acceder a un lugar donde vivir.
La ciudad hecha por la gente es invisibilizada, estigmatizada y en muchos casos
criminalizada, en nombre de una ’legalidad’, un ‘desarrollo’ e incluso una ‘sustentabilidad’
que sólo profundizan la desigualdad y la injusticia social.

Es fundamental que las políticas de
vivienda reconozcan y apoyen una amplia diversidad de modalidades de producción
y acceso a vivienda y seguridad de tenencia, incluyendo la vivienda en renta,
la vivienda cooperativa, los derechos de uso y posesión, y en general las
formas colectivas, comunitarias y tradicionales, tanto en las
áreas urbanas como rurales.

El programa de las
Naciones Unidas para los asentamientos humanos centra su declaración del Día
Mundial del Hábitat de este año sobre el lema ‘políticas de vivienda: casas
asequibles’. Desde las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos
sociales, las asociaciones profesionales, las instituciones académicas y las y
los activistas, miembros y aliados de nuestra red, hacemos un

llamado enfático a definir políticas públicas
regidas por un enfoque de derechos humanos, capaces de comprender las problemáticas
del hábitat en su integralidad, y a diseñar los mecanismos e instrumentos
necesarios para implementarlas con nuestra participación sustantiva.

¡Basta de especulación, privatización
y crecimiento urbano salvaje!

¡Derecho a la tierra y derecho a la
vivienda adecuada para todas y todos!

Lorena Zárate, Presidenta de HIC

2 de octubre de 2017