
Los residentes de Detroit manifestación
contra cierres de agua municipales.
En octubre
de 2014, a invitación de algunas organizaciones de la sociedad civil, visité
Detroit con la relatora especial de la ONU sobre el derecho humano al agua
potable y al saneamiento. Nos reunimos con personas a las que les cortaron el
agua, y con muchas otras que batallan para pagar facturas costosas y así evitar
perder su suministro de agua. Recién salida de la quiebra y todavía muy
endeudada, la ciudad de Detroit dejó de proporcionar agua a las personas que no
podían pagar sus facturas.
El derecho al agua potable segura y al
saneamiento, y el derecho a una vivienda adecuada, están consagrados en el
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mí, la
visita a Detroit destacó la importancia de los gobiernos locales para la
protección de estos derechos. Pero, ¿con qué frecuencia se incluye realmente a
las autoridades municipales en los debates sobre derechos humanos? ¿Y cómo se
puede llamar a cuentas a estos gobiernos con más eficacia cuando ignoran los
derechos? En un informe presentado
ante el Consejo de Derechos Humanos este mes en Ginebra, analizo estas
preguntas.
Durante las
últimas décadas, algunas iniciativas han comenzado a involucrar a los gobiernos
locales y municipales en el derecho a la vivienda, particularmente a través de
los conceptos de la «ciudad de derechos humanos” y «el derecho a la ciudad”.
Estos esfuerzos surgen a partir de reconocer que los gobiernos locales tienen
responsabilidades fundamentales, no solamente en la prevención de los desalojos
forzados, sino también en la implementación de medidas positivas para hacer
realidad el derecho a una vivienda adecuada: desarrollo de infraestructura,
planificación del uso de suelo, mejora de los barrios pobres, y más.
Se han logrado algunos avances positivos
en este ámbito. Seúl, por ejemplo, se declaró una ciudad de derechos humanos en
2012 y desde entonces ha adoptado medidas referentes al derecho a la vivienda.
El Estatuto de la Ciudad de Brasil demuestra la importancia de trasladar el
enfoque del diseño urbano hacia la gente, y de que los gobiernos locales
desempeñen un papel central. En los EE. UU., varias ciudades han desarrollado
prácticas innovadoras de derechos humanos en materia de vivienda. Madison, Wisconsin adoptó una
resolución que exige que la ciudad proporcione fondos suficientes para una
‘estrategia de vivienda sensible’ que garantice una vivienda adecuada para los
necesitados. Y la misma ciudad de Detroit tiene unaCarta Constitutivaque incluye
un capítulo sobre derechos humanos y se utiliza como fundamento en litigios que
desafían los cortes de agua. Pero, muchas otras ciudades están lejos de
emprender esfuerzos similares.
Sin embargo, la tendencia general
alrededor del mundo desde la década de los noventa ha sido descentralizar las
responsabilidades para que recaigan en los gobiernos locales, particularmente
en lo que se refiere a la vivienda. Se ha promovido la descentralización con
base en la «subsidiariedad”, la cual afirma que las responsabilidades públicas
deben estar a cargo de las autoridades electas que están más cerca de la
población. En lo que respecta a la vivienda, la descentralización se ha
fomentado como una manera de aumentar la democracia participativa y la
transparencia, y de crear espacios para la innovación local. Sin embargo, este
proceso se ha enfocado frecuentemente en los esfuerzos económicos y políticos,
dejando los derechos humanos fuera de la discusión. Cuando esto sucede, no hay
manera de asegurarse de que se incorpore el derecho a una vivienda adecuada a
la manera en que se delegan las políticas y los programas.
Al mismo tiempo, a los gobiernos locales a
menudo se les dificulta implementar los derechos humanos debido a la falta de
recursos, conocimientos y saber práctico. Los gobiernos nacionales rara vez
consideran como su deber el garantizar que los gobiernos locales tengan la
capacidad de implementar las obligaciones de derechos humanos. En última
instancia, las personas más vulnerables son las que sufren las consecuencias,
incluidos, entre otros: los habitantes de los barrios pobres, las personas sin
hogar, los discapacitados, los migrantes y los grupos minoritarios.
Pero los mecanismos de derechos humanos no
siempre han sido más eficaces al abordar las responsabilidades fundamentales de
entidades subnacionales como las ciudades; en cambio, han elegido dirigirse
principalmente a los gobiernos nacionales. De hecho, es frecuente que no se informe
a los gobiernos subnacionales de las conclusiones o recomendaciones generadas
por los órganos de tratados u otros mecanismos de derechos humanos que podrían
ser esenciales para sus propias acciones. Aunque el mandato del derecho a una
vivienda adecuada recibe muchas quejas sobre las acciones de los gobiernos
subnacionales, no queda claro si los Estados consultan a las autoridades
locales antes de responder.
A pesar de que es difícil, debemos
encontrar maneras para incluir más a los gobiernos subnacionales en el sistema
internacional que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos. Algunos
países sí involucran a las autoridades locales en el proceso del Examen
Periódico Universal; además, los relatores especiales y otros procedimientos
establecidos por el Consejo de Derechos Humanos pueden trabajar directamente
con los gobiernos subnacionales durante sus actividades habituales, y a veces
lo hacen.
A nivel nacional, los tribunales de los
países desempeñan un papel cada vez más importante para aclarar las
obligaciones de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el muy conocido
caso Grootbroom, el
Tribunal Constitucional de Sudáfrica reconoció que los gobiernos locales
también tienen el deber de ejercer progresivamente el derecho a una vivienda
adecuada. Los tribunales de Colombia, Egipto y la India también han
defendido aspectos de este derecho en casos relacionados con las acciones de
los gobiernos locales.
Pero para poder afianzar el derecho a una
vivienda adecuada, es necesario hacer más esfuerzos para alentar y apoyar que
los gobiernos locales y otros gobiernos subnacionales se involucren en asuntos
de derechos humanos.
Los
organismos internacionales de derechos humanos tienen numerosas oportunidades
para reforzar las obligaciones de derechos humanos de los distintos niveles de
gobierno. Es necesario comunicar las recomendaciones y sus implicaciones a los
gobiernos locales y subnacionales, así como pedirles sus respuestas y medidas
de seguimiento. Deben garantizar que la descentralización en materia de
vivienda se base en y tome en consideración los derechos humanos, en particular
el derecho a una vivienda adecuada.
Los gobiernos nacionales deben garantizar
el acceso a la justicia y a recursos eficaces en caso de violaciones del
derecho a una vivienda adecuada tanto a nivel local como nacional. También
deben asegurarse de que los gobiernos subnacionales cuenten con los recursos y
la capacidad necesarios para cumplir sus responsabilidades de derechos humanos,
lo cual podría evitar que los municipios tomen decisiones que contravengan al
derecho a una vivienda adecuada.
A nivel municipal, las ciudades deben
considerar adoptar cartas constitutivas que garanticen explícitamente el
derecho a una vivienda adecuada y otros derechos relacionados. Además, la
sociedad civil y las organizaciones comunitarias, así como las instituciones de
derechos humanos, podrían establecer mejores vínculos entre las iniciativas
locales, nacionales e internacionales para monitorear la implementación del
derecho a una vivienda adecuada. Estos esfuerzos combinados garantizarían que
las obligaciones de los gobiernos locales y subnacionales ocuparan un lugar
prominente en las presentaciones ante los organismos de derechos humanos.
Finalmente, incluir los derechos
económicos y sociales en los tratados y las leyes nacionales solamente tiene
sentido si los organismos que realmente toman las medidas, en este caso los
gobiernos subnacionales y municipales, cuentan con la información y los
recursos para hacerlo; y si es posible llamarlos a cuentas cuando no lo hacen.


