La Otra Ciudad Posible

El auge de la urbanización

Diferentes documentos oficiales dan cuenta de
una realidad ignota en la historia de la humanidad: más de la mitad de la
población mundial —54 por ciento— vive hoy en ciudades y no en zonas rurales.
Latinoamérica, incluso con sus importantes diferencias entre país y país, gana
hasta el momento la competencia: es hoy la región urbana por excelencia, pues
80 por ciento de su población residen en ciudades.

Esa situación no es casual. Empezó a gestarse
entre las décadas de 1940 y 1970, en paralelo a un crecimiento demográfico
acelerado, un prominente proceso de industrialización sustitutiva y el
desarrollo de un mercado interno concentrados en las ciudades. Lo anterior
propició el abandono de la agricultura y produjo migraciones internas masivas,
también motivadas por la concentración de la tierra rural en pocas manos y la
presencia de un gran proletariado rural desposeído en busca de vivienda y
trabajo asalariado. A lo anterior se sumó con los años la actualización de
políticas capitalistas para el campo que se reflejaron en la disminución
paulatina de los apoyos al campesinado y, en casos específicos como el
mexicano, en la abolición de la protección constitucional sobre las tierras
colectivas. Con frecuencia, la población migrante no encontró respuestas suficientes
en las políticas estatales —aun cuando en los años siguientes se dieron algunas
mejorías—, por lo que hubo de acostumbrarse a vivir en las periferias o zonas
metropolitanas que ofrecían suelo barato y sin servicios en lugares
frecuentemente peligrosos. En esos espacios crecieron barrios construidos por
las manos de sus habitantes que sobrevivieron gracias al desarrollo de
economías urbanas alternativas (mal llamadas «informales”).

En la actualidad resulta evidente para casi
cualquier observador de las ciudades latinoamericanas, sobre todo las de mayor
tamaño, que la vida del grueso de la población que habita en ellas está lejos
de un ideal de bienestar. En efecto, 1 de cada 4 latinoamericanos, la cifra más
significativa en 20 años, vive actualmente en asentamientos precarios y más de
un cuarto de los habitantes urbanos son pobres, lo que afecta de forma especial
a las mujeres.


El efecto de las políticas neoliberales en el
hábitat

Las cosas no son mucho más
alentadoras para la población trabajadora formal que gana más de cinco salarios
mínimos. Esto es así porque desde el Consenso de Washington, que ha tenido
importantes repercusiones también en la política territorial y habitacional en
diferentes países de la región, entre ellos México, se ha ido reproduciendo la
experiencia chilena del subsidio habitacional, que vio sus orígenes en la época
pinochetista sobre la base de las nacientes recetas neoliberales y se fue
afinando en los años posteriores. El planteamiento se basa en el
establecimiento de un incentivo (el subsidio del Estado al cual se suman el
ahorro del derechohabiente y el crédito hipotecario) centrado en la
participación de las empresas constructoras privadas en el desarrollo de la
vivienda social, lo que implica su mercantilización. También gracias a estas
políticas, hoy en zonas otrora rurales en lugar de milpas nos topamos con
inmensos «sembradíos de casas”, que pueden llegar hasta 20 mil unidades. Se
trata de viviendas idénticas entre sí, no adaptables a las necesidades
particulares de cada habitante, de mala calidad, de tamaño inadecuado en
relación con la familia mexicana promedio, alejadas varios kilómetros de los
principales centros urbanos y los lugares de trabajo y estudio, con servicios
deficientes y casi nula articulación con la trama urbana. Suponen guetos
urbanos dedicados a la clase trabajadora del país donde pulula la violencia, y
la segregación es el pan de cada día: la anticiudad. Lo inadecuado de este modelo
que parece haber beneficiado exclusivamente al sector privado se reflejó de
forma indiscutible en el censo de 2010, el cual reportó que en México hay más
de 5 millones de viviendas vacías —muchas abandonadas— aun cuando no todas sean
nuevas.

Las recetas más recientes

Frente a esta situación, el actual
gobierno federal propugna, una vez más siguiendo una receta muy en boga a
escala internacional, la densificación de las ciudades sin que por ello se
plantee, entre otros temas, una clara política de suelo que permita vislumbrar
la preocupación por la permanencia de los pobres en las ciudades y el control
de la especulación inmobiliaria rampante. Este elemento, entre muchos otros,
limita la calidad de vida incluso en las zonas urbanas habitadas por las clases
medias y en los barrios tradicionales, y pone en discusión la persistencia
misma de una serie de espacios y de la población que los habita. Cambia de
manera radical la cara de la ciudad —como podría haber sido el caso del
corredor Chapultepec y de las zonas de desarrollo económico y social (Zode)
promovidos por el gobierno de la Ciudad de México, varias de las cuales siguen
vigentes— sin que se abran debates incluyentes y se favorezcan espacios de
participación reales y vinculantes, exentos de clientelismos, que favorezcan
una toma de decisión colectiva sobre los proyectos. O incluso se imponen barrio
por barrio obras de menor escala que privatizan espacios utilizables para el
esparcimiento o proyectos culturales, como es el caso de los innumerables centros
comerciales con frecuencia desarrollados incluso en terrenos pertenecientes a
la ciudad, que pululan por toda las delegaciones, o se desarrollan conjuntos
habitacionales o edificios contra la legislación vigente y en lugares que
sufren por la escasez de diferentes servicios. Obviamente, la especulación trae
consigo la acumulación de ganancias exponenciales para el sector inmobiliario y
puede llegar a provocar fuertes reacciones sociales, como es el caso de
numerosas luchas urbanas —si bien no siempre articuladas—hoy presentes en la
Ciudad de México.

En una rápida investigación basada
principalmente en noticias periodísticas y que merecería ampliarse y
precisarse, se identifican los nombres de algunas de las principales empresas
constructoras de vivienda o infraestructura que operan en la capital, su
vínculo con diferentes políticos nacionales o locales e incluso el número de
quejas que algunas han enfrentado por numerosas infracciones de la ley y actos
de corrupción. Entre las constructoras de vivienda encontramos las empresas
DeMet, encabezada por Bernardo Riojas; y Marhnos, de Íñigo Mariscal. Las
concentradas más bien en infraestructura son entre otras la paraestatal
Procdmx, formada en 2007 y dirigida por Simón Levy, que tiene a su cargo, entre
otros proyectos, las Zode y el corredor Chapultepec; Grupo Danhos, dirigido por
David Daniel Kabbaz; Grupo Indi, de Manuel Muñoz; La Peninsular, de Carlos Hank
Rhon; Tradeco, de Federico Martínez; Prodemex, de Olegario Vázquez; y GIA, de
Hipólito Gerard. En la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad estaría
interesado un consorcio de nueve empresas, incluidas ICA, Grupo Carso, Tadeco y
Marhnos.

Además, según se reporta en la tesis
doctoral de Jerónimo Díaz, defendida en la Universidad de Toulouse (Francia) e
intitulada La gentrificación
negociada. Antiguas fronteras y nuevos frentes en el centro histórico de México
,
Grupo Carso, perteneciente a la familia Slim, en sus facetas inmobiliarias
mexicanas contaba en 2008 con más de 60 inmuebles en el centro histórico,
además de haber rehabilitado gran número de edificios.

Las respuestas sociales: producción
social del hábitat y derecho a la ciudad

Lo que encontramos en el territorio
es consecuencia del impulso de una política bien definida en sus objetivos
principales, centrada en el libre mercado y la promoción y defensa de la
propiedad privada. Al mismo tiempo, el territorio es también posibilidad y
condición para la reproducción o transformación de procesos y relaciones
sociales complejas, para la profundización o la disminución de las
desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que tienen partidas
en dos a nuestras sociedades. Los pobladores latinoamericanos del campo y de la
ciudad desde tiempos inmemoriales, además de organizarse para defenderse, han
buscado vías distintas del modelo impuesto, aun frente a la invisibilización de
sus propuestas e incluso la criminalización. En dos respuestas sociales quiero
centrar la atención.

La primera atañe a los procesos de
producción social de vivienda y hábitat, que Enrique Ortiz —de la Coalición
Internacional para el Hábitat— define como todo proceso generador de espacios
habitables, componentes urbanos y viviendas, realizado «bajo el control de
autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Los
procesos de producción y gestión social del hábitat se dan tanto en el ámbito
rural como en el urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando
individualmente, en grupos organizados informales, en empresas sociales como
las cooperativas, o en las ong, entre otros. Las variantes autogestionarias
incluyen desde la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la
colectiva, que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en
muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes
del hábitat”. Diferentes estudios sostienen que más de 50 por ciento de las
ciudades de la región han sido construidas a través de esta forma de
producción, centrada en el valor de uso, en lugar del valor de cambio. En
algunos casos, tras un profundo trabajo de documentación e incidencia, se ha
logrado incluso que cierta legislación —como la Ley de Vivienda de México o la
Ley 14449 de Buenos Aires— y política reconocieran esta forma de producción y
la dotaran de instrumentos y medios financieros propios y que este concepto
quedase plasmado en documento internacionales. Aun así sigue siendo necesario
defenderla frente a los numerosos intentos dirigidos a desconocerla como una
válida alternativa a las recetas propuestas por el mercado, sobre todo
considerando que diferentes indicadores muestran sus beneficios en términos
económicos, en tamaño de la vivienda, construcción de ciudadanía y comunidad y
control de las personas sobre su procesohabitativo.

La segunda tiene que ver con el
desarrollo del concepto del derecho
a la ciudad
, del cual habló por primera vez en 1968 el sociólogo galo Henry
Lefebvre, en el marco del convulsionado mayo francés, propugnando la necesidad
de una revolución urbana. A partir de la década de 1990, también gracias a la
traducción en lengua española de textos escritos originariamente en inglés que
retomaban sus propuestas, movimientos sociales principalmente latinoamericanos
han hecho suya la bandera del derecho a la ciudad como una conceptualización
contrapuesta a la ciudad-negocio y que permite enfrentar las causas de las
exclusiones producidas en el ámbito urbano, coadyuvar en el desarrollo de
procesos productivos y sociales de carácter popular-autonómico, reforzar la
democracia participativa y directa, crear un vínculo respetuoso entre las zonas
urbanas y las rurales y favorecer la reconstrucción de un sano metabolismo
impidiendo la rapacidad de la ciudad sobre el campo. En los primeros años tras
2000, influido también por el logro de los movimientos urbanos brasileños que
consiguieron que por primera vez se legislara sobre este derecho en el marco
del Estatuto de la Ciudad de 2001, un grupo de organizaciones reunidas en
diferentes foros sociales y otros espacios de convergencia elaboró el borrador
de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este documento define el
derecho a la ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades en los
principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un
derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos
vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y
organización, basado en sus usos y costumbres, con objeto de alcanzar el pleno
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.
Algunos años más tarde, en México organizaciones y movimientos trabajan en la
Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, firmada en 2010 por el
entonces jefe del gobierno sin que hasta el momento haya sido recogida en una legislación.
Sus fundamentos estratégicos incluyen el ejercicio pleno de los derechos
humanos en la ciudad; la función social de la ciudad, de la tierra y de la
propiedad, la gestión democrática de la ciudad; la producción democrática de la
ciudad en la ciudad; el manejo sustentable y responsable de los recursos
naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno; y el disfrute
democrático y equitativo del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no
implica urbanización obligada para las poblaciones que siguen viviendo en las
zonas rurales ni considera deseable el aumento de la población de las ciudades.
El derecho a la ciudad, según David Harvey, es sobre todo el derecho a
transformar la ciudad existente en algo radicalmente distinto. Preocupa que en
el marco del reciente proceso constitucional empezado en la Ciudad de México,
así como en vista del encuentro internacional de que hablamos a continuación,
grupos políticos y partidos tradicionalmente conservadores están usando este
concepto. Es urgente por tanto defenderlo y evitar tergiversaciones.

La tercera Conferencia de la ONU sobre
vivienda y desarrollo urbano sustentable
: ¿más de lo mismo?

La misma ONUHábitat —la agencia
de Naciones Unidas especializada en materia de asentamientos humanos— ha
constatado en diferentes documentos que resulta urgente una profunda reflexión
sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora, marcados por
una gran desigualdad e insostenibilidad, ante todo en relación con el alto
consumo de agua y energía.

Aun así, también debido a los
procesos de privatización a los cuales incuso la onu ha sido sometida en los
últimos años, buena parte de la sociedad civil considera que no hay lugar para
actitudes esperanzadoras en relación con los resultados de la próxima Conferencia sobre vivienda y
desarrollo urbano sustentable (Hábitat III)
, que a 40 años de distancia de
la primera —llevada a cabo en Vancouver en 1976— y 20 de la segunda —sostenida
en Estambul en 1996— se alista para octubre próximo en Quito. En las anteriores
conferencias y las correspondientes agendas hábitat que de ellas han surgido,
donde se reflejan los lineamientos de las políticas de hábitat acordados a
escala internacional que quedan vigentes durante los siguientes 20 años, se
posicionaron algunos temas rescatables. En Hábitat I, por ejemplo, se reconoció
a la vivienda como un derecho humano; se planteó la necesidad de que el Estado
ejerciera control sobre la tenencia de la tierra e impulsara políticas de
reforma agraria y recuperación de plusvalía; se habló de la oportunidad de la
participación ciudadana en las políticas y los programas; y se expresó que era
necesario acompañar, asistir y organizar los procesos populares en materia de
hábitat, lo que derivó en algunas políticas destinadas a mejorar la vivienda y
a ofrecer lotes con servicios, en las que la construcción fue desarrollada
frecuentemente por los propios pobladores. En Hábitat IIse asistió a una
buena participación de la sociedad civil en el proceso oficial; se planteó la necesidad
que todas las personas cuenten con vivienda adecuada y acceso al suelo; la
importancia de que el ser humano esté en el centro de las políticas de
desarrollo; la oportunidad de impulsar la equidad de género; y la necesidad de
contar con herramientas que permitieran evaluar el cumplimiento de estos
acuerdos aun cuando este planteamiento quedara finalmente sin instaurarse.

En el proceso rumbo a Hábitat III,
por otro lado, se ha planteado la inevitabilidad del futuro urbano
estableciendo que la próxima agenda por ser elaborada lejos de considerar el
hábitat como un todo se centrará exclusivamente en lo urbano. No se ha
asegurado la amplia y efectiva participación de la sociedad civil en los
debates: No se están analizado críticamente las políticas implantadas en los
último años —incluidas las surgidas del Consenso de Washington— ni las causas
de la financiarización de la vivienda, las cuales provocaron la burbuja
inmobiliaria y la dramática crisis de las hipotecas que afectó a Estados Unidos
para luego trasladarse a otros países, lo que causó innumerables desalojos. En
ausencia de una profunda revisión de los efectos de las políticas aplicadas
hasta hoy más allá de la retórica, se rescatan viejas recetas como las
relacionadas con la necesidad de impulsar las asociaciones público-privadas sin
posicionar siquiera la posibilidad de asociaciones público-sociales; y
obviamente no se retoman las opciones propuestas por los pobladores, como las
relacionadas con la producción social del hábitat. Si bien la articulación e
incidencia de numerosas organizaciones y diferentes actores del mundo entero
reunidos en la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad han presionado para
posicionar este derecho en los documentos oficiales, hasta el momento no queda
claro si este planteamiento será rescatado —y cómo— por la próxima Agenda
Urbana.

Frente a esa situación, pobladores de
toda la región han llamado a formar comités populares rumbo a Hábitat III; se
han estado desarrollando en diferentes países y, además de articularse alrededor
de agendas nacionales particulares, planteando diferentes acciones para
promover y diseminar la producción social de vivienda y hábitat en sus
distintas vertientes, con hincapié en la ejercida en el marco de cooperativas
de vivienda por propiedad colectiva y ayuda mutua, el derecho a la ciudad y el
derecho al suelo.

Queda —por lo menos en México— formar
o revitalizar poderosos movimientos urbanos que, además, puedan desarrollar una
duradera articulación con las luchas rurales que siguen siendo entre las más
visibles y combativas de esta Nuestramérica. Esta última es, según quien
escribe, una de las más relevantes apuestas de la Campaña Nacional en Defensa
de la Madre Tierra y el Territorio, lanzada públicamente el 10 de abril de 2016
en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México.

*Coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición
Internacional para el Hábitat. Ha retomado una parte relevante de los datos
compartidos en los primeros apartados del presente texto de la introducción del
documento para la audiencia temática regional ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos sobre satisfacción de éstos, en especial los
económicos, sociales y culturales, en los asentamientos humanos precarios de
América Latina y el Caribe de la cual se ha encargado. El texto fue suscrito
por más de 30 organizaciones de la región y presentado frente al organismo
internacional en marzo de 2015.

* Fuente
original