
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea ha
publicado este mes de mayo un informe sobre los desahucios en la
Unión Europea. El estudio, que muestra los resultados de una
investigación iniciada en enero de 2014, ha contado con el apoyo de expertos de
cada país miembro de la UE y se ha llevado a cabo en el ámbito del proyecto
piloto ‘Promoviendo la protección del derecho a la vivienda – La prevención de
la falta de vivienda en el contexto de los desahucios ‘.
El informe
resume y analiza los datos disponibles en desahucios de viviendas de los 28
estados miembros de la UE entre 2010 y 2013 y revela tendencias. Por otra
parte, se identifican los factores de riesgo, y por tanto las causas, así como
los posibles efectos de los desahucios, trazando así una relación posible entre
el desahucio y la falta de vivienda. La investigación también examina la
disponibilidad, eficacia y el coste-eficacia de las medidas nacionales
existentes que pretenden evitar desahucios y permitir intervenciones previas.
Según los resultados, se plantean recomendaciones específicas sobre cómo
mejorar la recopilación de datos y la prevención de la falta de vivienda como
efecto de los desahucios.
El informe
demuestra claramente que ha habido una importante falta de datos públicos sobre
los desahucios legales e ilegales a los estados de la UE. De hecho, esta falta
afecta por igual a las diferentes etapas del proceso de desahucio -la fase
judicial y prejudicial y la ejecución de los desahucios. Sin embargo, teniendo
en cuenta otras fuentes de datos, como las entrevistas propias y las
estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida (SILC en inglés), las
tendencias nacionales y generales se han hecho evidentes.
Una de las
tendencias que más llaman la atención es que, según el informe, «algunos
de los Estados miembros que fueron particularmente afectados por la crisis
económica, como es el caso de España- no reveló niveles extraordinariamente
altos de desahucios en relación a otros estados miembros». De hecho, los
Países Bajos han sido uno de los cinco estados que muestran aumentos
sustanciales en el número de desahucios entre 2010 y 2013, junto con Bulgaria,
Chipre, Irlanda y Letonia. Sacar conclusiones sólo basadas en el número de
expulsiones ejecutadas puede ser engañoso, ya que pasa por alto aquellos
hogares que se dejan «antes o durante el proceso de desahucio
formal», que son numerosos.
Si se considera
que el paro, la inestabilidad financiera y el sobreendeudamiento de los hogares
se enfatizan como los principales factores de riesgo de desahucio en toda la
UE, el desempleo y la ruptura del hogar -por divorcio, por ejemplo- son los que
aparecen «más fuertemente asociados con el riesgo de desahucio en los
estados del sur», entre los que se incluye España. Son relevantes también
-a pesar de la poca información disponible- los resultados que sugieren que
menos de una cuarta parte de los desahuciados eran «no nacionales o con un
origen no europeo». Esta información ya aparecía en nuestro informe,
publicado en 2013, «Emergencia habitacional en España:
la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios desde una
perspectiva de derechos humanos «.
Como era de
esperar, el informe de la Comisión no proporciona una respuesta definitiva a la
cuestión de si la falta de vivienda es causada directamente por el desahucio.
Sin embargo, y a pesar de la falta de datos, la evidencia disponible muestra
que aproximadamente una cuarta parte de las personas desahuciadas no tienen
hogar en algún momento después del proceso. En general, el informe remarca que
la vinculación de los desahucios está, sin duda, relacionada con factores
circunstanciales, como la «disponibilidad de apoyo personal, social y
económico» y las «opciones de reubicación rápidas».
Si nos fijamos
en las actuaciones preventivas de los gobiernos, llama la atención el hecho de
que, a pesar de que todos los estados de la UE «tienen por objeto
garantizar la disponibilidad de vivienda a través de una serie de
medidas», los resultados del estudio sugieren que ha habido una
«escasez constante de vivienda asequible o social disponible a nivel local
en muchos estados miembros».
Dicho esto, la
clave de la problemática real, según el informe, es en resumen que hay
«una serie de medidas contra el desahucio y de apoyo legal, social y de
procedimiento» pero que cuando se trata de la protección de los derechos
de vivienda en el contexto de los desahucios, se detectan todavía vacíos
significativos. Por lo tanto, es altamente recomendable y muy importante la
promoción del derecho a la vivienda.
* Podéis leer el informe completo y
todas las recomendaciones en este enlace.


