La debilidad institucional del Minvu en el período post-terremoto

La debilidad institucional del Minvu en el período post- terremoto. Por Alfredo Rodríguez. Arquitecto




Desde hace años, el objeto del discurso del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo no son las viviendas o la ciudad, sino los subsidios
habitacionales.


Como medida mediática ha sido eficaz, porque al momento del balance
se suman peras con manzanas, subsidios otorgados de diversos tipos y
montos; y como, por otra parte, en el imaginario público un subsidio
otorgado ha pasado a ser una vivienda construida, no es necesario
demostrar nada. Así, finalmente, la eficacia se mide por los subsidios
otorgados y no por las viviendas terminadas.


En esta lógica, el Informe de Avance de Reconstrucción del Minvu de
fecha 31 de julio del 2011 es autoelogioso al señalar que, a la fecha,
se han entregado más 160 mil subsidios y se ha cumplido con el 61% de
las metas. Pero si se separan los subsidios por tipos -los de
construcción o compra de viviendas, de los de reparaciones menores- y a
su vez los subsidios otorgados de los terminados, el panorama es
diferente: a esa fecha, solo se habían terminado 3.613 viviendas,
equivalentes al 4,9 % de los subsidios otorgados para construir nuevas
viviendas. Esto en el plazo en que el Presidente había asegurado, en
entrevista a F. Paulsen, que el gobierno habría entregado construidas
100 mil viviendas nuevas.


Según los tipos de subsidios otorgados, el Minvu priorizó la
reconstrucción de las viviendas destruidas en los mismos lugares donde
estaban (subsidios en sitio propio). Esta es un decisión razonable
-mantener en lo posible a las personas afectadas en sus antiguos
lugares, en sus propios sitios-, pero es de ejecución lenta, ya sea por
los requisitos exigidos para la ejecución de los subsidios, por la
diversidad de ocupantes de los sitios (propietarios, arrendatarios, con
papeles, sin papeles) o por el escaso interés de las empresas grandes y
medianas de participar en proyectos de construcción de viviendas
dispersas.


Esta lentitud de operación es contradictoria con la imagen de la
reconstrucción propuesta por el Presidente como un proceso muy rápido y
ejecutivo, con miles de subsidios repartidos, metas a seis meses,
miles de viviendas construidas, etcétera. Por otra parte, la
reconstrucción en sitio propio es contradictoria con las intereses de
las empresas constructoras, que operan con proyectos de gran número de
unidades, lo que requiere que sean en sitio nuevo. Véase al respecto
la crítica carta de la Cámara Chilena de la Construcción a la ministra
Matte, solicitándole cambios en las modalidades de reconstrucción en
la línea de producción masiva y deslocalizada (El Mostrador,
11/03/2011).


En los meses recientes cambiaron las autoridades del Minvu y, de
acuerdo con las declaraciones recientes del nuevo ministro de Vivienda,
hay un acercamiento a las propuestas de la Cámara: «Se eliminará la
obligación de reconstruir en el propio terreno, mediante la entrega de
un subsidio portable. Ello permitirá a muchas familias la posibilidad
de adquirir una casa construida en otro lugar, vendiendo su sitio o
accediendo a financiamiento adicional» (La Nación, 10-08-2011).

La intención de continuar con el modelo de subsidio a la banca y a la
empresa inmobiliaria queda de manifiesto en las declaraciones del
ministro de Vivienda y Urbanismo: «Para que se inicie el levantamiento
de la vivienda escogida, se le dará a la constructora un adelanto, a
través de una boleta de garantía, y el resto se le pagará cuando la obra
esté terminada y la casa entregada. Dependiendo del terreno, las
empresas podrían demorarse hasta tres meses en la construcción masiva de
estos inmuebles» (El Mercurio, 11-08-2011).


Y persiste la vaguedad respecto de quién construirá en los sitios
propios. En resumen, una propuesta razonable del Minvu, aunque de
ejecución lenta -resolver el problema de viviendas destruidas de las
familias damnificadas levantándolas en su propio sitio-, está siendo
abandonada y reemplazada por la construcción masiva, uniforme, de
viviendas de bajo precio y en la periferia de los centros urbanos.


Si bien la reconstrucción en sitio propio es lenta, tiene su lógica.
Lo que no tiene ninguna lógica es la lentitud con que se ha manejado
la situación de las así llamadas aldeas, que albergan a unas 4.300
familias, el 40% de las cuales no obtendrá subsidios para viviendas
definitivas por diversos motivos, como ser familia unipersonal, no
tener la Ficha de Protección Social, no tener certificado de
damnificado, o tener otra vivienda. Esta situación demuestra un mal
manejo técnico y, más aún, mal manejo político del problema de los
damnificados. El ejemplo más claro fue la protesta de los damnificados
de las aldeas de Dichato, en julio de 2011, que terminó en un
enfrentamiento entre pobladores y carabineros –con corte de caminos y
gases lacrimógenos lanzados contra las mediaguas- difundido por los
medios en todo el país. El nuevo intendente
resolvió el conflicto rápidamente: no solo ofreció subsidios a
familias unipersonales, flexibilizando el resto de los requisitos y
otorgando otros beneficios, sino que también prometió que, a más
tardar en diciembre de 2012, estarían en sus viviendas definitivas (La
Tercera, 27-07-2011).


La pregunta es, entonces, ¿por qué se dejó que una situación local
que se pudo resolver tomando una serie de medidas razonables -como
finalmente se hizo- se alargara hasta convertirse en un conflicto de
enorme visibilidad en todo el país a través de todos los medios de
comunicación? Esto es mal manejo político. Esta es mala gestión pública.


Es de esperar que la lección de Dichato acelere el proceso de
solución de las aldeas; pero es muy probable que a las familias que
residen en ellas en condiciones muy precarias, y que ya han pasado allí
dos inviernos, les espere un tercero.
En un periodo en que las tareas de la reconstrucción han requerido una
institución robusta, clara en sus objetivos y procedimientos, la labor
del Ministerio en el primer semestre de 2011 aparece distraída en
conflictos con autoridades regionales o en preparar defensas a
interpelaciones del Congreso y de la Contraloría, y justificarse frente
a la opinión pública. Lo que queda es una imagen de desorden
administrativo por conflictos entre autoridades regionales y el
Ministerio (caso Rysselberghe) y conflictos internos (casos Kodama,
Matte, Iacobelli), que dieron por resultado las renuncias de la
ministra, del subsecretario de la cartera y del director del Serviu
Metropolitano, a las que se sumó la del encargado de la reconstrucción.


Lo más lamentable de esta situación es que invisibilizó los
esfuerzos que el Minvu desplegó para poner en marcha la reconstrucción y
el funcionamiento regular de los subsidios en el país. Pero, por otra
parte, la sumatoria de hechos que constituyen esta situación -además
de ser signos de mala gestión- con su espectacularidad también
invisibilizan el modelo de reconstrucción que está aplicando el
Gobierno, dificultando que sea examinado por la opinión pública.


En conclusión, la experiencia reciente del Minvu muestra que las
irregularidades administrativas y los conflictos de interés como los que
han tenido lugar los últimos meses, empañan cualquier tipo de
aciertos. Entre ellos, el esfuerzo de institucionalizar la
reconstrucción tras su manejo inicial por el Ministerio del Interior,
aplicando las formas de operar del sector público, como planes urbanos a
través de licitaciones públicas, concursos de subsidios, definición
de áreas de restricción y de nuevas normas de construcción.


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