La articulación entre los conceptos de derecho a vivienda adecuada, producción social y gestión democrática del territorio


Alejandro Florián Borbón
FEDEVIVIENDA, Mayo de 2005


INTRODUCCIÓN


De hecho la búsqueda “oficial” de alternativas para solucionar el “problema de la vivienda” ha hecho girar las acciones, los recursos, la energía y la imaginación de nuestros estados y gobiernos precarios, en torno al producto concebido real y simbólicamente como una mercancía y en tal calidad se continua insistiendo tercamente en desarrollar políticas orientadas a la ilusión de la acción “inteligente” de los mercados que generarán la oferta adecuada, suficiente y asequible de la “mercancía vivienda” para que ésta sea adquirida por la demanda.

Así que, en tanto la vivienda es considerada una simple mercancía, el mercado la proveerá y le asignará el precio y si la demanda no es “efectiva”, (por carecer de capacidad de pago y/o de endeudamiento) pues fácil, la habilitamos con un subsidio (de recursos fiscales) para que el “mercado” no se frene ni se distorsione y continúe brindándonos viviendas a granel, felicidad para los “demandantes” y sobre todo prosperidad, empleo y riqueza a través de la industria de la construcción.

Sin embargo la realidad de un continente empobrecido y en crisis social nos demuestra que esta receta-cuento-embeleco que ha sido aplicada al tema de la vivienda, no solamente no ha disminuido el problema, sino que por el contrario lo ha agravado y extendido.
Por supuesto que no pretendo con estas notas plantear una receta ni un cuento mejor, solo quisiera colocar sobre la mesa algunas reflexiones y preguntas que han ido surgiendo producto del trabajo y la búsqueda de alternativas habitacionales de cientos de organizaciones sociales, algunas de las ONG de la región , académicos miembros de la Coalición Internacional Habitat de America Latina y el Caribe y algunos dirigentes políticos e incluso funcionarios de gobiernos locales progresistas de la región. Con algunas de estas preguntas trabajamos para que entre todos miremos y afinemos la sensibilidad y la percepción del significado del bosque y no nos limitemos a ver la singularidad de los árboles.

Por este camino, el diálogo y la construcción colectiva del sentido y el significado del concepto hábitat nos puede ayudar a reconocer y configurar una plataforma de elementos estructurales y dinámicos para construir políticas habitacionales alternativas, desde una perspectiva menos pobre y limitada que la “vivienda-mercancía”.

Hablar de hábitat y políticas habitacionales nos permite volver a darle visibilidad y relevancia a los sujetos colectivos que lo habitamos y hacemos parte de él, nos conduce a renovar el sentido político de la ciudadanía.

El concepto hábitat nos abre los ojos frente a las relaciones y los procesos productivos que lo determinan, alteran o modifican, nos obliga al debate sobre principios y creencias que quizá requieren ser contextualizados, recontextualizados o rebatidos, para darle sentido y contenido a postulados éticos y políticos como el Derecho a Vivienda adecuada en el marco de los derechos humanos y los instrumentos como los acuerdos y declaraciones que nuestros estados suscriben en las Naciones Unidas y muchas de nuestras constituciones nacionales.
Nuestra posición propone controvertir y debatir sobre las tendencias predominantes en el continente en cuanto al objeto y los sujetos protagonistas en las políticas de vivienda, sus métodos e instrumentos, pero sobre todo ante la evidencia de sus fracasos y limitaciones.
Esta contribución tiene como alcance sugerir preguntas de entrada para el debate, a partir de una recontextualización del problema, desde conceptos políticos y éticos como:



a) el Derecho a la Vivienda, interpretando sus elementos funciónales y enfatizando en aquellos componentes que le dan significado y prioridad a lo colectivo, y lo público;
b) la producción social del hábitat como concepto que describe integralmente el fenómeno, físico, cultural y económico, que representa la capacidad productiva de la población en materia habitacional, aún con sus limitaciones, las cuales se consideran superables en un ambiente favorable de políticas públicas
c) la gestión democrática del territorio como condición y plataforma, para el ejercicio de la ciudadanía, sujeto de derechos localizados en un territorio administrado y gobernado por las instituciones públicas responsables así como las modalidades y practicas para la definición de prioridades y la toma de decisiones que afectan la calidad de vida de los pobladores en materia habitacional.


1.- La vivienda como Derecho

Hoy tenemos en varias de nuestras constituciones políticas y pactos internacionales como el de derechos económicos sociales y culturales, la consagración de textos que pretenden garantizar el derecho a una vivienda adecuada para los ciudadanos.
Pero este derecho, que significa en términos de políticas públicas, programas y acciones estatales? Que significa en términos de recursos fiscales? Que significa en términos de competencias, nacionales regionales y locales del dispositivo institucional?
Qué significa el derecho a la vivienda entendido como un derecho complejo conformado por un conjunto de derechos civiles, económicos, culturales y políticos entre otros, con todas las implicaciones procésales y de costos de transacción que de ello se derivan?
Como se interpreta hoy el derecho a la vivienda en nuestra justicia regional, en los diferentes niveles de tribunales y juzgados?, como actúa el ministerio público cuando le corresponde conceptuar sobre un conflicto entre propiedad privada y derecho a la vivienda? O, cuando se discute sobre la calidad, adecuación o dignidad de la vivienda?

Se puede limitar la interpretación del derecho a la vivienda como el derecho a una casa en propiedad privada?

Lo que aun se percibe es un limitado desarrollo doctrinal y jurisprudencial y la predominancia de criterios patrimonialistas que continúan colocando la vivienda-producto (propiedad privada) como elemento central y fundamental de análisis, tanto en la formulación de políticas publicas como en la resolución de los conflictos derivados de múltiples situaciones relacionadas con la denegación o violación del derecho a la vivienda.

La principal razón para que esto suceda, se encuentra a nuestro juicio en la carga cultural arraigada en la creencia generalizada y tendenciosa que ha llevado a interpretar simplistamente que derecho a la vivienda es igual a casa propia. De manera que a través de este esquema conceptual, la función principal de la vivienda pasa a ser principalmente una función patrimonial y el esfuerzo masivo de la sociedad y el estado para atender el problema de vivienda se convierte prioritariamente en producir nuevos propietarios.

En una visión de tal naturaleza los atributos de la vivienda relacionados con la calidad de vida (elementos cualitativos)que debe ofrecer o garantizar un espacio habitacional, no son asumidos como esenciales para la formulación o interpretación de políticas publicas de vivienda o quedan sub-estimados, inclusive frente a la realidad contemporánea que demuestra que los elementos tangibles que hacen que la vivienda sea digna son principalmente los elementos (colectivos y públicos, externos a la casa) y son los que trascienden el umbral de lo individual y conectan a los ciudadanos con las redes de servicios, la movilidad, los equipamientos y en general el entorno ambiental. Bajo otros parámetros, son los componentes colectivos del hábitat urbano los que determinan en mayor medida la calidad de vida de los ciudadanos o lo que algunos llaman el disfrute pleno del derecho a la ciudad.

Las vías, los senderos, la arborización, las conexiones y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, la energía eléctrica o el gas, los espacios para la recreación y el encuentro como parques, salones comunales, la infraestructura de servicios complementarios como jardines de niños, escuelas y colegios, centros de salud y zonas de comercio y servicios, entre otras muchas hacen parte integral e inseparable del concepto Derecho a la vivienda.

Al concentrarnos en la búsqueda por garantizar con un enfoque de propiedad privada, el espacio habitacional para el descanso, la protección, la reproducción, entre otros, valores y funciones que compartimos y anhelamos cuando promovemos el derecho a la vivienda para todos, creemos que le estamos restando peso y fragmentando los valores y funciones de los aspectos colectivos que hacen parte integral de las condiciones para que una vivienda se pueda considerar adecuada para vivir dignamente y caemos en los extremos individualistas del mercado o del sálvese quien pueda haciendo casas en asentamientos sin ciudad.
Al reducir el ámbito y el contenido de la reivindicación del derecho a vivienda a la casa sin valorar el entorno, fragmentamos en parcelas sus funciones prácticas y simbólicas y por el camino hemos perdemos la noción y el concepto de territorio en las dimensiones de barrio, zona y ciudad, ámbitos que igual nos competen y complementan en nuestro derecho a la vivienda además de hacernos ciudadanos.

Nos parece que debemos replantearnos con urgencia el contenido y el significado público y colectivo de la vivienda en un contexto de hábitat y política habitacional mas allá de la casa propia. No podemos continuar reforzando los valores y las políticas que conducen a una visión parcial, patrimonialista e individualista del problema. :”Vivienda igual casa, igual espacio privado, igual patrimonio, igual mercancía”.

Es hora de volver la mirada de nuevo a la reivindicación de la intervención pública sobre los componentes que propician y facilitan los asentamientos organizados racionalmente en el territorio. Este giro en el enfoque necesariamente nos lleva a replantear el papel del Estado tanto en sus ambitos funcionales y territoriales como en el carácter y alcance de sus dispositivos institucionales de intervención, asi como el papel de la planeación y el ordenamiento territorial en conexión con los conceptos como la función social de la propiedad.
Además de lo anterior, resulta necesario convocar e involucrar de manera explicita a la academia para el desarrollo de doctrina y al poder judicial y al ministerio público para el desarrollo de jurisprudencia e interpretaciones que modernicen el sentido de lo publico en el ordenamiento territorial y la vivienda.

2.- Producción social de Vivienda ¡Un universo mayor y mas allá que la casa nueva y propia!

Las grandes aglomeraciones urbanas de nuestro region se caracterizan sin excepción por una enorme producción espontánea de vivienda popular. La causa es simple; precariedad total o ausencia de oferta formal, tanto de mecanismos públicos como del mercado formal para facilitar el acceso a alojamiento a la población de menores ingresos.

Sin embargo, como toda demanda genera su oferta, en este caso particular, la gran demanda de alojamiento ha generado en nuestras sociedades mecanismos informales, irregulares, con frecuencia calificados de ilegales, para el acceso de las familias de menores ingresos a soluciones habitacionales precarias y progresivas, que si bien “aparentemente resuelven” el problema inmediato de alojamiento, en la práctica lo que se genera es una acumulación de necesidades insatisfechas, altamente costosa en términos sociales y fiscales.


Tales son los motivos de considerar estos asentamientos como incompletos e inadecuados. Dentro de la gran variedad de carencias, podemos citar las mas frecuentes y relevantes para una adecuada calidad de vida.



  • Ausencia o mala calidad de acueductos y alcantarillados, riesgos activos por ausencia de tratamiento a la conducción de aguas lluvias,

  • Ausencia o mala calidad de redes de energía eléctrica y riesgos por conexiones clandestinas,

  • Alta densidad por sobre-ocupación de los terrenos lo cual determina ausencia de espacio público, y de áreas verdes y recreativas, dificultades, alto costo y mala calidad para la movilidad de los habitantes etc, etc.

Los asentamientos, así generados constituyen el mayor volumen del déficit habitacional si consideramos que no necesariamente cada hogar debe poseer vivienda propia. De hecho los asentamientos incompletos e inadecuados albergan un importante volumen de familias en alquiler, quienes igualmente padecen las limitaciones y precariedades del asentamiento además de la informalidad contractual del alquiler y la muy baja relación costo-beneficio entre el precio del alquiler y la calidad de la oferta.

A los municipios en general, aun les cuesta trabajo reconocer esta realidad, social y económica a pesar que, permanente y de forma creciente han tenido que invertir recursos fiscales locales en la regularización de tierras, la dotación y mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura para facilitar la movilidad de la población.

Los paradigmas de expansión ilimitada de las ciudades y la solución habitacional para la población de menores ingresos, en propiedad privada, se enfrentan hoy a severas limitaciones ambientales, económicas y fiscales que es necesario reconocer y asumir como desafíos concretos e inmediatos, tanto para las políticas públicas y el dispositivo institucional como a los actores de la oferta del mercado.

Reconocer en el mejoramiento progresivo y espontáneo de barrios una estructura social de producción de escalas gigantescas, e imaginar que la progresividad también puede ser ordenada y calificada a través de políticas y programas públicos, potenciaría mecanismos para orientar estratégicamente las inversiones fiscales locales para la optimización y aumento de escala de este tipo de programas, movilizando varios frentes de la economía local y desencadenando oportunidades importantes para incrementar la participación ciudadana y la cultura democrática.

De hecho las inversiones en infraestructura y vivienda movilizan y estimulan el consumo de un importante conjunto de insumos y mano de obra local, producen efectos de valorización y atraen nuevas inversiones produciendo en conjunto la activación de circuitos económicos y encadenamientos productivos locales además de alimentar importantes fuentes de recursos fiscales, lo importante es que esto no solo sucede en ámbito de la vivienda nueva o solo en el de la vivienda para vender.


Por otra parte se puede propiciar a través de instrumentos de planeación urbana el aprovechamiento optimo de la infraestructura a mejorar y la ya instalada, con programas y estímulos a la densificación y la inversión en viviendas para arrendamiento y la movilización del mercado de vivienda usada, logrando así potenciar un esfuerzo importante privado para apalancar la oferta formal de vivienda con un menor costo de inversión pública.

Una clara delimitación de funciones y competencias de los municipios en materia de mejoramiento de barrios y viviendas debe traer como consecuencia una mayor precisión en las negociaciones sobre políticas nacionales sectoriales, fuentes y usos de recursos regionales o nacionales y mecanismos de transferencia y seguimiento de programas y proyectos. Las fuentes multilaterales de financiamiento y la cooperación internacional pueden ayudar a darle coherencia a este enfoque que pretende reconocer como oportunidad lo ya realizado por la población pobre y resaltar las potencialidades de lo que podría denominarse “la producción social del espacio habitable” a partir de lo local.

Obviamente este enfoque no pretende sustituir ni competir con los enfoques tradicionales orientados a la expansión de ciudades y la producción de vivienda nueva (para vender) por los agentes del mercado. Simplemente se trata de llamar la atención sobre un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de por lo menos un tercio de la población pobre que habita hoy en las grandes aglomeraciones urbanas y de paso, aportar a la reactivación de economías locales a partir de aprovechar sus recursos en un contexto de crisis de las naciones y empobrecimiento generalizado de la población.

La orientación de programas públicos de apoyo técnico, organizativo y financiero a una política de producción social de vivienda, no puede ser concebida, ni percibida solamente como una política social asistencial y subsidiaria; al contrario sus ejes deben cimentarse en una agresiva y moderna expresión de productividad social en un sentido amplio y como practica explicita de justicia social que ejerce la potestad del estado para que prevalezca el interés general sobre el particular, teniendo en cuenta además los volúmenes y agregados económicos que se mueven a través de los circuitos y encadenamientos económicos y productivos de los fenómenos de urbanización.

3.- El Ordenamiento Territorial y la Gestión Pública del Suelo: Ingredientes para la consolidación de la democracia y el progreso sostenible.

Antes de referirnos al tema es conveniente formular como ciudadanos las siguientes preguntas:



  • Que papel ha cumplido la función pública de la Planeación, en la racionalidad, equidad y sostenibilidad del crecimiento urbano?

  • No es acaso la planeación una de las modalidades de ejercer la potestad pública que garantiza que el interés general prime sobre los intereses particulares?

  • Hemos asimilado con seriedad las lecciones de la debilidad o ausencia de planeamiento territorial? Conocemos sus costos sociales y fiscales, sus impactos en la productividad y en la inequitativa distribución de la riqueza ?

  • Administra la planeación recursos públicos intangibles, pero susceptibles de generar equidad por una parte o atraso e incremento del costo fiscal para resolver la precariedad en que habitan millones de ciudadanos

Han pasado décadas para reconocer y establecer la necesidad de la planeación y el ordenamiento territorial como instrumentos explícitos de la gestión publica, orientados materializar principios como la equidad en los costos y beneficios que traen los procesos de urbanización.

Para el caso de Colombia la adopción descentralizada en los municipios de normas y prácticas sobre planeación y ordenamiento territorial han permitido iniciar y dar sentido a la aplicación de otros principios que algunos consideramos democráticos, contenidos tanto en el ordenamiento constitucional como en leyes que no habían logrado concretar su aplicación practica, por ejemplo:



  • la preeminencia del interés publico general sobre los intereses particulares,

  • la función social de la propiedad,

  • la función publica del urbanismo,

  • la distribución equitativa de cargas y beneficios entre los propietarios de suelo y la administración publica en los procesos de urbanización,

  • la obligatoriedad de recuperar las plusvalías generadas por la inversión pública

Cuando nos referimos a principios que desarrollan la democracia estamos pensando mas allá de lo electoral, estamos hablando de consecuencias prácticas de la aplicación de principios como los mencionados, en las decisiones sobre priorización y localización de las inversiones publicas, tendientes al logro de metas colectivas como:



  • Garantizar la obtención plena y la calidad de los servicios públicos domiciliarios y la equidad de las tarifas.

  • Prevenir y minimizar los riesgos e impactos ambientales negativos para la colectividad.

  • Aprovechar al máximo las inversiones públicas en infraestructura y equipamientos colectivos.

  • Racionalizar el costo fiscal de nuevas inversiones y redistribuirlo equitativamente.

  • Mejorar los índices de productividad y algunos aspectos de la calidad de vida optimizando la movilidad de los ciudadanos.

Un común denominador, central en estas aspiraciones es el enfoque y tratamiento de las decisiones de política pública sobre el suelo, comenzando porque se debata y establezca una política pública sobre el suelo como recurso y se reconozca el valor estratégico y económico-fiscal de las decisiones administrativas sobre el suelo.

En un tema como la vivienda es evidente y necesario reconocer que algunos factores estratégicos como la disposición de suelo urbanizable para el crecimiento ordenado y sostenible de los asentamientos humanos no puede dejarse únicamente al arbitrio libre del mercado.

La tierra (suelo) es un recurso natural no reproducible a voluntad y su ubicación geográfica con respecto a los circuitos y flujos que conectan los asentamientos entre sí, con las redes de servicios públicos y las dinámicas económicas, determinan los costos de producción, mantenimiento, la calidad de vida, la gobernabilidad y las posibilidades de participación ciudadana en un territorio. En resumidos términos las condiciones para la existencia de una sociedad democrática.

El suelo urbanizable no puede seguir siendo considerado solo una mercancía especulativa dado que en términos económicos su comportamiento es inelástico por ser un bien escaso y completamente limitado. Las nociones modernas y democráticas de estado establecen limites a la propiedad privada y proporcionan instrumentos de gestión pública para “intervenir” en los mercados de suelo de manera que “prevalezca el interés general sobre el particular” y la propiedad cumpla con una función social mínima en reciprocidad con los efectos de plusvalía y valorización que el fenómeno de la urbanización agregan a los suelos urbanos.

Una lección solo recientemente asimilada para quienes trabajamos por el derecho a la vivienda, nos indica la urgente necesidad de desarrollar conocimiento calificado e interfases sociales y políticas creativas sobre los temas de la relación, planeamiento urbano y política fiscal del suelo urbano.

La función estatal de redistribución de la riqueza se realiza principalmente a través del sistema tributario, de ahí la importancia de conocer y comprender localmente las fuentes y hechos generadores de riqueza en los procesos de urbanización.

Tal comprensión permitirá apreciar los elementos a considerar en la aplicación de un concepto de equidad en la distribución de cargas y beneficios de la urbanización y su correlación con los instrumentos tributarios requeridos para garantizar la redistribución.

Podemos citar algunos ejemplos, como el caso del espacio público, bien tangible e inapreciable y otros menos tangibles pero de altísimo valor como la facultad de otorgar derechos de uso, construcción, densidades etc. que son los que le dan valor agregado al insumo suelo, razón por la cual el estado a nombre de la comunidad y la equidad debe obtener algún tipo de reciprocidad a través de tributos transparentes a quienes detentan y se benefician de plusvalías, obtenidas a través del recurso escaso del suelo que se valoriza por los procesos de urbanización y las decisiones e inversiones públicas.

Por último un argumento adicional para nuestro llamado a considerar como prioritario en nuestra región y en los municipios la discusión sobre la necesidad de elaborar establecer políticas publicas de suelo.

Todo esfuerzo social y público para avanzar en materia de vivienda para las familias mas pobres que no considere el tema del valor del suelo urbanizado termina transfiriendo riqueza solo a los propietarios y expulsando a la población a la periferia y las zonas de riesgo como esta demostrado, con lo cual en el mediano y largo plazo a través del costo fiscal que pagamos todos el estado tiene que reasentar población y mejorar barrios que por años soportan situaciones de extrema baja calidad de vida.

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