Hábitat III y el Derecho a la Ciudad – Por qué necesitamos un nuevo paradigma urbano

Tras casi tres años, incluyendo los últimos cuatro meses
de negociaciones intensas y complicadas, el texto de la denoiminada Nueva
Agenda Urbana (NUA, por sus siglas en inglés) está listo para su aprobación
durante la tercera Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible que se celebrará en Quito, Ecuador (Hábitat III). Algunas voces
están bastante satisfechas con el proceso y el resultado hasta ahora, otras no.
Algunas voces se muestran optimistas sobre la implementación y seguimiento de
las medidas que se han establecido; otras no. Lo que sí está claro es que el
balance general no puede enmarcarse en una formulación categórica de «todo
o nada».

A través del proceso, varias organizaciones de la
sociedad civil, incluyendo la Coalición
Internacional del Hábitat
(HIC)[1]
y la Plataforma Global por el Derecho a
la Ciudad
(GPR2C, por sus siglas en inglés)[2],
en alianza con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)[3],
han participado en algunos de los preparativos, como los encuentros oficiales regionales y
temáticos, múltiples ediciones de Urban
Thinkers Campuses
y la General
Assembly of Partners
. Al mismo tiempo, nuestros miembros participaron en
las Unidades Políticas responsables de redactar las aportaciones significativas
para el primer borrador de la Nueva Agenda Urbana (mayo 2016), y hemos revisado
y expresado de manera colectiva nuestra opinión sobre las diferentes versiones
de la agenda y los Documentos Temáticos desde mayo de 2015.

Desde hace más de un año, hemos realizado
una enérgica campaña a favor de la inclusión explícita del derecho a la ciudad [4]como
piedra angular de la NUA, logrando el apoyo de algunos países y una fuerte
oposición de otros. Gracias a la movilización internacional y a las incansables
acciones de incidencia a múltiples niveles, su definición y muchos de sus principales
contenidos y principios son parte ahora de la «visión compartida» de
la Declaración de Quito (párrafos 11-13) que los líderes mundiales suscribirán
más tarde, consiguiendo que por primera
vez este concepto esté incluido en una agenda internacional firmado por los
gobiernos nacionales al nivel de la ONU.

La definición sintética se refiere al «uso equitativo y al disfrute de las
ciudades y asentamientos humanos, buscando promover la inclusión y asegurando
que todos sus habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin
discriminación de ningún tipo, puedan habitar y producir ciudades y
asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, económicos,
resilientes y sostenibles, para promover la prosperidad y la calidad de vida
para todos». También reconocen «los esfuerzos de algunos gobiernos
nacionales y locales para adoptar esta visión, referida como derecho a la
ciudad, en sus legislaciones, declaraciones políticas y cartas».

Entre los componentes
clave que vale la pena mencionar:

– el respeto y garantía de todos los derechos humanos e
igualdad de género para todas-os;

– la función social de la tierra, el control público de
los procesos de gentrificación y especulación,

– la promoción y apoyo del espectro amplio de opciones de
vivienda y seguridad en materia de tenencia, incluyendo la producción social
del hábitat y los modelos de alquiler, colectivos y de cooperativas;

– la prevención de los desalojos y desplazamientos
forzosos, además de la lucha contra el sinhogarismo;

– el reconocimiento de las contribuciones de los sectores
informales y de la economía social y solidaria a la economía urbana en su
conjunto;

– El compromiso a la gestión responsable y sostenible de
los recursos naturales, y bienes culturales y patrimoniales; y,

– la visión integrada del territorio más allá de la
división urbano-rural, entendiendo las interacciones y responsabilidades más allá de las fronteras
administrativas.

Aunque todas las referencias a la «democracia»
han sido eliminadas del texto tras el primer borrador, hay varias menciones a
la promoción significativa de la participación social y ciudadana en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y los
presupuestos locales y nacionales. También se menciona la necesidad de una
mayor coordinación entre instituciones dentro y entre los diferentes sectores
del gobierno, además del reconocimiento del papel clave de los gobiernos
locales y subnacionales en el progreso hacia ciudades más inclusivas,
participativas y sostenibles.

No somos ingenuos y sabemos que tener estos
valores y compromisos en papel no es suficiente. También sabemos que muchos de
estos valores y compromisos ya estaban incluidos en la Agenda Hábitat (1996) e
incluso antes, como parte de la Declaración de Vancouver (1976). Hará falta, además
de coordinación entre instituciones (como la NUA recomienda), una visión a largo
plazo sobre coherencia política entre medidas económicas ( incluyendo
financieras y fiscales), políticas, sociales, culturales y medioambientales que
actualmente no están alineadas en
términos de objetivos y medios, y que dan lugar a resultados contradictorios e
incluso contraproducentes.

Desde hace décadas, varias voces han estado reclamando un
cambio de paradigma para comprender
las ciudades, asentamientos humanos y territorios como bienes comunes – para
las generaciones presentes y futuras – que son creados y deberían ser
gestionados entre todas-os. Un componente clave para el cambio de paradigma
será colocar de verdad al ser humano en el centro, promoviendo, respetando y
garantizando los derechos humanos para todas-os, fomentar la participación
social en la toma de decisiones y en los procesos de implementación de
políticas públicas, fortaleciendo la democracia, la transparencia y la
responsabilidad. Activistas, comunidades y organizaciones de base son
protagonistas clave de las transformaciones progresivas actuales de nuestros
asentamientos humanos y deben ser reconocidos y apoyados como tal.

Un cambio real de paradigma incluirá necesariamente un
cuestionamiento serio de los actuales modelos de producción, distribución y
consumo de bienes y servicios, en general, y especialmente de los asentamientos
humanos. El mantra del «crecimiento económico sostenido», mencionado
repetidamente en la NUA, no es compatible con la justicia social y las fronteras
del planeta. Además requerirá un cambio cultural y una revisión profunda de
nuestros valores y símbolos que ponen la avaricia y el lucro por encima de todo.

Muchas organizaciones y algunos gobiernos locales de todo
el mundo consideran que, siendo una agenda programática y política, el derecho a la ciudad ofrece instrumentos
concretos para transformar los asentamientos humanos en bienes comunes y en una
creación colectiva. Avanzando hacia la implementación del paradigma sobre
ciudades y territorios como derechos, y no como mercancías, requerirá si duda cambios
fundamentales en las concepciones, conocimientos, actitudes y prácticas de un
espectro amplio de actores e instituciones en múltiples niveles.

Algunos incluirán, por supuesto, voluntad política,
comportamientos y habilidades democráticas de los funcionarios públicos a nivel
nacional, subnacional y local. También requerirá una profunda transformación de
los planes de estudios actuales y de la experiencia profesional de muchas áreas
relacionadas con los asentamientos humanos: arquitectos, ingenieros,
urbanistas, abogados, además de economistas, políticos y diplomáticos. Las
escuelas de negocio necesitarán incorporar los derechos humanos y los enfoques
territoriales y de sostenibilidad si queremos realmente poner a las personas y
a la naturaleza en el centro de nuestras preocupaciones y acciones.

En vista de la actual crisis urbana, de vivienda y de
tierra, no hay tiempo para esperar para hacer cambios en terreno. Tal y como lo
vemos. el «éxito» de la Conferencia Hábitat III debe ser medido por
las políticas concretas que aborden las escandalosas y crecientes desigualdades
y segregaciones a nivel local, nacional e internacional.

El sistema de la ONU necesitará abordar los actuales
modelos y desafíos de urbanización, haciendo que el derecho a la ciudad sea un tema clave en la agenda internacional y
no algo que se discute esporádicamente, cada veinte años.


[1] Más información en
http://ww.hic-gs.org

[2] La Plataforma Glboal por el Derechoa la Ciudad (GPR2C, por sus siglas en inglés),
lanzada en 2014 por iniciativa de HIC y el Instituo Polis de Brasil, busca
promover la adopción de los compromisos, políticas, proyectos y acciones por
parte del sistema de Naciones Unidas y los gobiernos locales y nacionales con
el objetivo de desarrollar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
democráticos y sostenibles. Entre los miembros y aliados de la GPR2C hay varias
organizaciones internacionales como
Action Aid, Cities
Alliance, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos
Humanos deCiudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la red intercontinental
para la Economía Social y Solidaria (RIPESS), the International Fund for the Development
of the Cities (FMDV), la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, Habitat
for Humanity, the Huairou Commission, la Alianza Internacional de los
Habitatntes (AIH), Shack/Slum Dwellers International (SDI), Techo, Women in
Cities International (WICI), Women in Informal Employment, Globalizing and
Organizing (WIEGO), la Fundaciones Avina y Ford; además de varias
organizaciones brasileñas incluyendo el Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU),
la Frente Nacional de Prefeitos (FNP), la Associação Brasileira de Municípios (ABM)
y el Instituto Brasileiro de Direito
Urbanístico (IBDU). Para más información visite:
http://www.right2city.org/

[3] Más información en https://www.uclg.org

[4] El filósofo, geógrafo y sociólogo francés Henri Lefebvre fue el primero en acuñar
este concepto mientras ejercía como profesor en la Universidad de Nanterra estudiando
el proceso de urbanización a finales de los 60. Según su conceptualización, el
derecho a la ciudad, como un derecho complejo y colectivo, está unido a la
necesidad de democratizar la vida urbana, no solo accediendo a lo que ya existe
sino además participando de su transformación y renovación. El cumplimiento de
la función social de la tierra y la propiedad y el derecho a participar en el
proceso de toma de decisiones eran elementos clave en su prolífico trabajo.
Para más referencias vea el libro edcitado por Neil Brenner, Peter Marcuse y
Margit Mayer (2012) Cities for People,
Not for Profit.
Critical
Urban Theory and the Right to the City
, Routledge, NYC.