En respuesta a la crisis financiera global y de vivienda:
G-20: ¡Construyan un pacto social global para un hábitat sostenible y equitativo, ya!
Nosotras, alianzas internacionales por el derecho a la vivienda, lanzamos un llamado por un cambio esencial de la arquitectura financiera mundial y la financiación del hábitat.
Con ocasión de la cumbre económica del G-20 en Washington,
nosotras y nosotros, organizaciones civiles y particulares abajo firmantes,
– dedicadas y dedicados a la defensa y a la aplicación del derecho humano al hábitat y a la vivienda adecuada;
– habiendo luchado desde hace muchos años por el derecho a la vivienda digna y contra las consecuencias de las políticas neoliberales y los mercados financieros;
– alarmados por las crueles y crudas consecuencias de la crisis financiera que llevan a remates, embargos y desalojos masivos;
– de acuerdo con los principios morales y los derechos humanos contenidos, inter alia, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las normativas correspondientes a los instrumentos de los derechos humanos de
– a la par de muchas declaraciones similares emitidas en estos días por organizaciones sociales y sindicatos[1];
– somos conscientes del carácter de emergencia de la crisis financiera y económica actual;
– somos conscientes de que muchas autoridades locales ya se encuentran profundamente afectadas por la actual crisis;
– somos conscientes del carácter fundamental de la crisis que requiere un cambio esencial que está lejos de alcanzarse;
– comprendemos las muchas interdependencias de la crisis financiera con el desarrollo, la energía, el clima y el empleo;
– somos conscientes de las graves amenazas que esta crisis conlleva en términos de cohesión social, democracia, paz y libertad;
– instamos por un liderazgo mundial capaz y dispuesto a reemplazar las desacreditadas vías del desarrollo con una nueva arquitectura y una nueva visión económica mundial de acuerdo con los principios de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia internacional y en efectiva cooperación con la sociedad civil;
– destacamos el carácter provisional de esta declaración.
Llamamos a los gobiernos del G-20 a:
– incluir los países más allá del G-20, especialmente los Países Menos Desarrollados, en el proceso de redefinición de la arquitectura financiera a nivel mundial;
– incluir los sindicatos, autoridades locales, la sociedad civil y las organizaciones de habitantes en las negociaciones para el desarrollo y la financiación del hábitat;
– tomar las medidas necesarias para corregir los impactos sociales, espaciales y económicos de la crisis actual y para cambiar las desviaciones neoliberales de la gestión financiera de los gobiernos;
– analizar cuidadosamente los factores de vivienda y del hábitat que hayan contribuido a la crisis;
– ser conscientes de las consecuencias de la crisis relacionadas a la vivienda y al hábitat;
– desarrollar inmediatamente programas de emergencia coordinados para limitar los impactos negativos de la crisis sobre las condiciones de vivienda, del medio ambiente, del hábitat y de las economías locales;
– regular los mercados financieros globales para que estos faciliten el acceso de todas las personas a una vivienda adecuada;
– fomentar y desarrollar alternativas a los sistemas de acceso a la vivienda basados sobre los conceptos de hipotecas y propiedad privada;
– desarrollar nuevos mecanismos financieros para mejorar las condiciones de vida de, al menos, mil millones de personas que viven en viviendas indignas e inhumanas en todo el mundo;
– incluir la financiación de la vivienda y del hábitat en un necesario Green New Deal;
– desarrollar organismos e instrumentos internacionales que promuevan el acceso de los pobres a la tierra, y que regulen la función social de los mercados inmobiliarios conforme al enfoque de desarrollo sostenible y a los derechos humanos, respetando, al mismo tiempo, los derechos a la tierra de los pueblos originarios;
– examinar cuidadosamente las observaciones y sugerencias expuestas más abajo.
Deseamos recordar a los gobiernos y a los otros actores involucrados en el desarrollo de la vivienda y del hábitat que:
– los mercados, por sí solos, nunca pueden proveer de una vivienda digna y asequible a todos los asentamientos humanos; requieren regulación pública consistente e intervenciones en el mercado, incluyendo políticas proactivas y equitativas en materia de uso del suelo, disposiciones y financiación pública para la vivienda, así como regulación de la vivienda en alquiler y seguridad jurídica de la tenencia;
– desde los años 70, las políticas neoliberales, minando y aboliendo estas intervenciones públicas, así como fomentando la privatización y la desregulación, han contribuido a profundizar la crisis del hábitat y de la vivienda, obligando a más de mil millones de personas a vivir en condiciones habitacionales inhumanas;
– estas mismas políticas, a través de modelos desiguales de comercio, de ajustes estructurales y especulación de divisas, han empujado a los países a una deuda insostenible y han debilitado profundamente las capacidades nacionales de respuesta a las demandas habitacionales de sus poblaciones;
– las mismas políticas aplicadas al desarrollo territorial y urbano -incluso en los Países Menos Desarrollados- no han facilitado el acceso a la tierra y a la vivienda, afectando particularmente a los grupos más pobres y vulnerables, tales como las mujeres y los niños;
– estas mismas políticas, a través de la reducción de los impuestos a la renta, especialmente los de mayores ingresos, la creación de paraísos fiscales, la privatización de los fondos de pensiones, la reducción salarial real, el vertedero del exceso de producción y otros muchos factores, han empobrecido a las naciones y a la población, han causado una concentración desmesurada de capital privado en busca de inversiones especulativas e insostenibles en los mercados financieros liberalizados;
– bajo estas condiciones, el gran déficit de viviendas dignas y asequibles ha sido uno de los factores clave en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria y de las hipotecas subprime en los Estados Unidos;
– asimismo, inversiones especulativas en el stock de viviendas privatizadas se han disparado y le han dado un nuevo matiz a la especulación financiera;
– la promoción de créditos hipotecarios y de la propiedad individual de vivienda, en lugar de privilegiar inversiones públicas en políticas sociales y en el alquiler de viviendas, ha sido el principal factor en el desarrollo de la crisis actual;
– los remates y desalojos ya han convertido a los habitantes en las principales víctimas de la crisis.
Por lo tanto, les advertimos a los gobiernos que:
– una socialización de las pérdidas bancarias a costa de programas nacionales para la vivienda y de ayudas al desarrollo va a acentuar aun más la crisis de la vivienda y del hábitat;
– la crisis económica reducirá también el poder adquisitivo de la población, por lo que la producción de viviendas asequibles es más necesario que nunca;
– son de temer más bancarrotas en otros sectores inmobiliarios afectados por la crisis financiera;
– la contracción del crédito afectará el desarrollo urbano y de infraestructuras;
– es muy probable que se avecine un gran reflujo en las inversiones inmobiliarias y de la construcción; aunque, por razones sociales y ambientales, lo contrario sea más deseable y necesario.
Al mismo tiempo, deseamos hacer conciencia de los factores que, en la producción del hábitat, puedan contribuir a cambios y soluciones, si incluyen:
– medidas de emergencia que limitan los daños causados por la crisis;
– una arquitectura financiera más estable;
– una reducción de la vulnerabilidad económica de las comunidades y del ámbito local;
– la generación de empleo, de ingresos masivos y estabilidad económica, junto con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
En este contexto, creemos que la vivienda y las infraestructuras locales deban jugar un papel importante en la sostenibilidad de un Green New Deal.
Con respecto a las medidas de emergencia, llamamos a los gobiernos a:
– prevenir los remates y desalojos forzosos por impago de dividendos y alquileres, por ejemplo, mediante una moratoria o subsidios a las víctimas de los embargos;
– reestructurar las carteras en peligro por hipotecas más asequibles y sostenibles para los propietarios actuales, cuando sea posible, con pérdidas absorbidas por los prestamistas e los inversores depredadores;
– mientras siga la crisis, asegurar que el acceso a y la seguridad de tenencia de las casas, apartamentos, y bienes adquiridos por los gobiernos sean preservados para los habitantes; congelar los alquileres y subsidiar los contratos, con la participación de los habitantes y de las comunidades;
– evitar el rescate de los bancos sin activos; nacionalizar las viviendas embargadas o las entidades prestamistas con el fin de mantener el suelo y las viviendas bajo control público;
– facilitar alternativas en la gestión pública del stock de viviendas controladas por fondos privados tales como Private Equity Funds o Real Estate Investment Trusts (REITs);
– asegurar que los estados en situación de bancarrota, o por falta de liquidez, sean capaces de reasumir sus obligaciones públicas y sociales.
Hacia una arquitectura financiera más estable del hábitat, agregamos lo siguiente a las numerosas propuestas ya presentadas por otros actores sociales:
– la mejor garantía para mercados hipotecarios estables y no especulativos es un sistema satisfactorio de viviendas con seguridad de tenencia regulado o manejado socialmente o por el sector público;
– la privatización de la vivienda pública, de los suelos, de las infraestructuras y de los servicios públicos debe detenerse y revertirse;, los servicios públicos deben democratizarse;
– las viviendas y las infraestructuras deben estar a salvo y protegidas contra la invasión de las inversiones financieras a corto plazo;
– las entidades privadas de inversión que controlan las viviendas o las infraestructuras deben ser transparentes y tener como base un capital social regulado y sostenible;
– el financiamiento de la vivienda debe ser disociado de las inversiones bancarias, y obedecer a normas específicas facilitando la transparencia, las exigencias y la securitización del capital;
– los sistemas hipotecarios han de ser transparentes, controlados por el sector público y orientados hacia préstamos a largo plazo, luchando contra tasas fijas de interés, con requisitos de reserva adecuada;
– los productos financieros altamente especulativos, basados en los derivados de las hipotecas subyacentes deben ser vetados;
– el reimpulso de las hipotecas y de los negocios inmobiliarios debe ser estrictamente limitado;
– los fondos con un alto nivel de especulación, tales como los Hedge Funds, deben ser prohibidos;
– los Fideicomisos de Inversion Inmobiliaria (REITs) deben ser reemplazados por modelos de actividades comerciales más sostenibles;
– los estados deben abastecer con financiamientos y préstamos públicos con bajas tasas de interés para las inversiones necesarias en el hábitat y las viviendas, parcialmente refinanciados por un impuesto de transferencia inmobiliario anti-especulación escalonado, con impuestos más altos calculados en función de la amplitud de las ganancias y del índice de facturación;
– deben invertirse importantes cantidades de las ayudas al aumento del desarrollo directamente en viviendas públicas y en el hábitat o en sistemas controlados socialmente para la financiación de las viviendas y del hábitat;
– el Banco Mundial ha de descentralizarse o ser reemplazado por otros mecanismos más responsables que se dediquen realmente a erradicar la pobreza, al bienestar social y a la igualdad; mecanismos que contemplen la financiación de la vivienda y del hábitat;
– promover la tenencia pública y colectiva del suelo y de la vivienda.
Considerando:
– el carácter urgente, esencial y multidimensional de la crisis;
– los múltiples beneficios obtenidos por la mejora del hábitat y de las condiciones de la vivienda;
– el deber de los estados de realizar y garantizar los derechos humanos,
nos oponemos a cualquier medida:
– que siga desplazando el control público y social sobre el suelo, la vivienda, las infraestructuras públicas y los servicios:
– que nacionalice el coste de los bancos en crisis a través de la privatización de los beneficios de los accionistas;
– que den lugar a formas autoritarias de gobierno;
– que reduzcan la ayuda al desarrollo y el gasto social;
– que no tengan en cuenta ni otorguen poderes a las capacidades locales.
-
esté coordinado entre todos los países que se encuentren bajo el amparo de la ONU;
- esté integrado dentro de un cambio necesario de los mecanismos de financiación internacionales y de las instituciones, incluyendo los bancos de desarrollo;
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esté fundado sobre la implementación de las normas internacionales del derecho a la vivienda;
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contribuya sustancialmente a la rápida mejora de las condiciones de vida de, al menos, mil millones de personas sin techo y que viven en asentamientos precarios;
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reduzca el número de personas que diariamente, (debido al crecimiento de la pobreza, a la precariedad de las soluciones al problema de la vivienda, al desarrollo urbano segregados y a los desalojos) deben vivir en condiciones inhumanas e inadecuadas;
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apoye la construcción y la renovación de viviendas y de barrios para los más necesitados, bajo el control público y/o social en todos los países;
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apoye el desarrollo de mecanismos estables para la financiación y la producción social del hábitat;
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contribuya a fomentar soluciones para los habitantes amenazados por y víctimas de remates y desalojos forzado;
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promuevan modelos sostenibles de vida, producción y consumo a través de, entre otros, el uso de recursos locales renovables, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, incluyendo la agricultura urbana y la reducción de las necesidades de transporte;
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especialmente en los países industrializados y emergentes, promuevan la producción de soluciones habitacionales con un consumo reducido de recursos no renovables;
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eliminen el apoyo financiero por parte de los bancos de desarrollo y otras entidades para proyectos a gran escala que dan lugar a desalojos forzados y al debilitamiento de las normas locales en materia de vivienda;
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sistemas habitacionales que contemplen cargas fiscales sobre la ganancia y la renta, sobre las divisas internacionales y las transacciones inmobiliarias, el cierre de los paraísos fiscales y el incremento del ODA (Organizational Development Assistance Programme) ;
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transformen parte de las deudas externas en fondos públicos para el acceso a la tierra y a la vivienda.
Este “pacto mundial para la financiación de la vivienda y del hábitat”, junto con la regulación de los flujos de capital mundiales, de la especulación financiera y del precio de los bienes inmuebles y del suelo, contribuye a la solución de la crisis a nivel mundial de la vivienda, refuta las decisiones erróneas tomadas en el mundo económico y por los gobiernos desde los años 70, y reduce la especulación financiera. Las inversiones, generadas a partir de impuestos directos y de la cancelación de la deuda externa, serán dirigidas a las actividades que lo necesitan como son la creación de empleo o el aumento de los ingresos en todos los países. Por tanto, un pacto de este tipo estabilizaría las economías en todo el mundo y abriría otra vía de desarrollo más sostenible y conforme con los derechos humanos.




