Concentración Popular

Da Mundial del Hbitat 2006

Repblica Dominicana

Concentracin Popular

Lunes 2 de octubre

3:00 P.M.

Lugar: Frente a la Escuela 24 de Abril, Brisas del Este, Santo Domingo Este

INVITAN: Red Urbano Popular CODECOC, UPROBRISAS, CLUB HBITAT, COMIT DE DESARROLLO EL TAMARINDO, FRENPROCA, CUP, COPADEBA, COLECTIVO, MCCU, CIUDAD ALTERNATIVA, CES, CEDAIL, HIC, AIH-Campaa Cero Desalojos, Grito de los Excluidos/as


Da Mundial del Hbitat: CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DOMINICANO DEL MOVIMIENTO DE LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA TIERRA (Lunes 2 de octubre, 2006)  Seor: Leonel Fernndez Presidente Constitucional de la Repblica Dominicana Ciudad.  Copia: Arq. Alma Fernndez Directora del INVI  Arq. Joaqun Jernimo Presidente del CONAU  Excelentsimo Seor Presidente:  Este da 2, como todos los primeros lunes de octubre por mandato de la ONU  desde 1985, conmemoramos el Da Mundial del Hbitat.  Repblica Dominicana como la mayora de los pases es Estado parte del Pacto  Internacional de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales en el cual,  y segn nuestra Constitucin, se compromete no solo a satisfacer las  necesidades de vivienda digna e infraestructura a todos los habitantes, sino  tambin a proteger y promover el Derecho a la Vivienda como un Derecho  Humano fundamental.  No obstante a estos compromisos internacionales y observaciones hechas por  organismos de la ONU como el Comit de los DESC (VER: Observaciones finales  DOMINICAN REPUBLIC, E/C.12/1994/15), una gran poblacin del pas, tiene que  soportar impotente que las propias autoridades demuelan las viviendas usando  maquinarias pesadas, como ha ocurrido en los barrios de Parque del Este  (abril, 2006), sectores de Brisas del Este (agosto 2006), del municipio de  Santo Domingo Este a solicitud de una reclamante ciudadana norteamericana.  Tambin en Altos de Chavn y Cristo Rey, en el municipio de Boca Chica, a  reclamos del ex juez Hugo Arias Fabin y el proyecto turstico  Dominico-espaol, solo para sealar algunos casos de los que se dan en todo  el pas, de una realidad de inseguridad permanente que pace ms de un milln  de habitantes, solo en la ciudad de Santo Domingo.  Es particularmente preocupante el hecho que en el presente las fuerzas  policiales y militares se hagan acompaar de civiles armados encapuchados  (Ejemplo el Coronel Castro Castillo, Chinito, en Boca Chica el 31 de  agosto, 2006), en especial un grupo autodenominado Los Buitres, los cuales  crean pnico entre los habitantes, matan, causan heridas y roban utensilios,  madera y dinero. El pasado ao 2005 un menor de edad fue asesinado por ellos  en el sector Brisas del Este, pero las autoridades adems de protegerlos  prestan odos sordos a los reclamos de organizaciones y comunidades, lo cual  habla muy mal de su gobierno en trminos de Derechos Humanos.  Vista la situacin denunciada las organizaciones sociales que nos dirigimos  a usted en este Da Mundial del Hbitat, planteamos:  1.	Que el Estado Dominicano, tomando en cuenta el Anteproyecto de Ley para  la Titulacin del Suelo, elaborado por la Red Urbano Popular y puesta en  agenda por la Cmara de Diputados, tome la iniciativa para garantizar la  titulacin de la vivienda a la gran poblacin que ha construido sus  viviendas en terrenos reclamados por particulares y que sufre desalojos  forzosos. 2.	Ordenar el reasentamiento e indemnizacin a favor de comunidades  desplazadas como es el caso de Los Haitises, barrios Villa Esfuerzo, La  zurza, entre otros. 3.	Garantizar el cumplimiento de las observaciones hechas en 1994 por el  Comit de los DESC de la ONU al Gobierno Dominicano (VER ANEXO) y las  Observaciones No. 4 y 7 poniendo fin a los desalojos forzosos. 4.	Ordenar la disolucin del grupo paramilitar Los Buitres y tramitarlo a  la justicia para que estos respondan por sus hechos, sin perjuicio de  someter a investigacin a las autoridades que los han patrocinado. 5.	Crear un Fondo Popular para la Vivienda y la Tierra para lograr el  cumplimiento de los Objetivos del Milenio, como propuso el Dr. Leonel  Fernndez en la Cumbre Iberoamericano. Este Fondo podra contribuir a que  los habitantes pudieran adquirir el suelo donde han construido su vivienda o  mejorarla. 6.	Asumir una poltica habitacional que facilite el acceso a viviendas  dignas a los sectores humildes.  Seor Presidente:  La Red de Coordinacin Urbano-Popular y las instituciones asesoras CIUDAD  ALTERNATIVA, Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, CEDAIL, Habitat  Internacional Coalition y la Alianza Intenacional de Habitantes, han venido  planteando la necesidad de crear una Mesa de Dilogo y Concertacin entre  todos los sectores que estaran involucrados en allanar una solucin  definitiva que garantice un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad a  todos los dominicanos y dominicanas. Le llamamos a valorar esta propuesta.  Agradeciendo su atencin, le saludan en este Da Mundial del Hbitat,   Santos Carvajal Mota Coordinador de la Red de Coordinacin Urbano Popular CODECOC-UPROBRISAS-FRENPROCA-CLUB HABITAT-COPADEBA-COLECTIVO-CUP-MCCU   Pedro Franco Coordinador de la Campaa Cero Desalojos AIH- para Amrica Latina y el  Caribe Board de Habitat Internacional Coalition, HIC Direccin: Villa Las Amricas, Esq. C/13, Frente al Hospital Daro Contreras, Santo  Domingo Este Telfono y fax: 809 788 6932. E-mail: clubhabitat2002@yahoo.es



ANEXO: Resoluciones de la Comisin de Derechos Humanos de la ONU y del  Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales sobre Desalojos  Forzosos y el Caso Dominicano.  Todo Estado tiene alguna forma de obligacin legal de respetar, proteger y  aplicar el derecho humano a una vivienda adecuada y, por deduccin, de no  promover, tolerar o realizar desalojos forzosos. El derecho internacional de  los derechos humanos es fundamental si se quiere proteger a las personas de  la violencia y desesperacin que acompaan con tanta frecuencia el proceso  de desalojo. (Conclusiones, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los  Derechos Humanos)  Es indiscutible que la comunidad internacional y los gobiernos deben  renovar su empeo en abolir definitivamente los desalojos forzosos. Si las  iniciativas necesarias no debieran materializarse, el derecho humano bsico  a un lugar donde vivir en paz y con dignidad se seguir denegando  activamente a millones de personas en todo el mundo. En 1992 el Comit de la ONU sobre Derechos Econmicos, Sociales y   Culturales consider que los casos de desalojamientos forzosos eran prima  facie incompatibles con las disposiciones del Pacto Internacional de  Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y slo podran justificarse en  las circunstancias ms excepcionales y de conformidad con los principios  pertinentes del derecho internacional (E/1992/23, anexo III, prrafo 18)  (OBSERVACIN GENERAL No. 4 Comit de los DESC de la ONU). Recomienda que todos los gobiernos proporcionen de modo inmediato  indemnizacin, compensacin y/o vivienda o terrenos sustitutivos adecuados y  suficientes, de conformidad con sus deseos y necesidades, a las personas y  comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente, sobre la base de  negociaciones mutuamente satisfactorias con las personas o grupos afectados  (RESOLUCIN 1993/77 del Comit de Derechos Humanos de la ONU, 10 de marzo de  1993).  Sugerencias y recomendaciones  (Observaciones finales del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y  Culturales: Dominican Republic. 19/12/94; E/C.12/1994/15).   17. El Comit seala a la atencin del Gobierno el texto ntegro de su  Observacin general N 4 sobre "el derecho a una vivienda adecuada (prrafo  1 del artculo 11 del Pacto)", e insta al Gobierno a que garantice la  compatibilidad de la poltica, la legislacin y la prctica nacionales en  materia de viviendas con esta Observacin general. 18. El Gobierno debera renunciar a la prctica de los desalojos forzados,  que slo deberan llevarse a cabo en circunstancias realmente excepcionales,  despus de examinar detenidamente todas las posibles alternativas y  respetando plenamente los derechos de todas las personas afectadas 19. A todas las personas que viven en condiciones sumamente precarias, como  las personas que viven bajo puentes, en acantilados, en casas peligrosamente  prximas a los ros, en barrancos. debe garantizrseles, rpidamente, una  vivienda adecuada en plena conformidad con las disposiciones del Pacto. 20. El Gobierno debera garantizar un ttulo que asegure la tenencia a todos  los habitantes que en la actualidad carecen de esta proteccin, con especial  referencia a las zonas amenazadas de desalojos forzados. 21. El Comit observa que los Decretos presidenciales Nos. 358-91 y 359-91  estn formulados en trminos incompatibles con las disposiciones del Pacto,  e insta al Gobierno a que considere la posibilidad de revocar ambos decretos  en el plazo ms breve posible El Gobierno debera tambin considerar la  posibilidad de adoptar planes de desarrollo alternativo en la zona, teniendo  plenamente en cuenta los planes elaborados por organizaciones no  gubernamentales y organizaciones comunitarias. 22. El Comit sugiere al Gobierno que considere la posibilidad de establecer  comisiones, integradas por representantes de todos los sectores interesados  de la sociedad, en particular de la sociedad civil, para supervisar la  aplicacin de los Decretos Nos. 76-94 y 155-94 y promover as los objetivos  indicados en estas observaciones. 23. El Comit insta al Gobierno a que aplique las actuales disposiciones de  la Constitucin sobre el derecho a la vivienda y a que, a tal efecto, tome  medidas para facilitar y promover su aplicacin. Estas medidas podran  incluir: a) la adopcin de una legislacin detallada sobre el derecho a la  vivienda; b) el reconocimiento legal del derecho de las comunidades  afectadas a la informacin por lo que respecta a los planes del Gobierno que  afecten o puedan afectar a sus derechos; c) la adopcin de una legislacin  sobre reforma urbana que reconozca la contribucin de la sociedad civil a la  aplicacin del Pacto y tenga en cuenta ciertas cuestiones como la garanta  del ttulo de ocupacin, la normalizacin de los sistemas de tenencia de  tierras, etc. 24. Con el fin de realizar progresivamente el derecho a la vivienda, se  insta al Gobierno a que se comprometa en la mxima medida de los recursos  disponibles a suministrar servicios bsicos (agua, electricidad,  alcantarillado, saneamiento, recogida de basuras, etc.) a todas las  viviendas, y a que garantice la asignacin de viviendas pblicas a los  sectores sociales ms necesitados. Debiera asimismo asegurarse de que las  medidas oportunas se ponen en prctica respetando plenamente la legislacin. 25. Con el fin de superar los actuales problemas reconocidos por el Gobierno  en su dilogo con el Comit, se insta al Gobierno a que considere  iniciativas destinadas a promover la participacin de los afectados en la  elaboracin y aplicacin de la poltica de viviendas. Estas iniciativas  podran incluir: a) el compromiso formal de facilitar la participacin  popular en el proceso de desarrollo urbano; b) el reconocimiento legal de  las organizaciones comunitarias; c) el establecimiento de un sistema de  financiacin de viviendas de la comunidad destinado a facilitar la concesin  de crditos a los sectores sociales ms pobres; d) la promocin del papel de  las autoridades municipales en el sector de la vivienda; y e) la mejora de  la coordinacin de las diversas instituciones del Gobierno responsables de  la vivienda y el estudio de la creacin de un organismo oficial nico de la  vivienda. 26. El Comit insta al Gobierno a que revise el Plan Maestro de Santo  Domingo de 1994, de modo que se ajuste a las obligaciones previstas en el  Pacto y prevea la participacin de la sociedad civil en la revisin y  aplicacin del plan. Los desalojos forzados no deben considerarse nunca,  salvo en plena conformidad con las condiciones sealadas. 27. El Comit, con posterioridad a la asistencia a sus deliberaciones de dos  representantes del Gobierno de la Repblica Dominicana, ha sido informado de  que, por recomendacin de la Comisin Especial de Asuntos Urbanos, se ha  promulgado el Decreto N 371-94, de 1 de diciembre, ordenando el desalojo  inmediato de dos sectores ubicados en la margen del ro Isabela. El Comit  pide al Gobierno que, al aplicar ese Decreto, se asegure de que est en  conformidad con las disposiciones del Pacto y tenga plenamente en cuenta las  recomendaciones contenidas en estas observaciones finales. El Comit ha  tomado nota asimismo de que el problema de los desalojos est mereciendo la  atencin de la prensa de ese pas y de que es consciente del inters que  suscita actualmente en la sociedad dominicana. El Comit estima que tendra  una idea ms completa del problema de los desalojos si el Gobierno de la  Repblica Dominicana invitara a uno o dos miembros del Comit a realizar una  visita in situ. En consecuencia, reitera al Gobierno su peticin de que  autorice la visita de una misin de dos personas a ese pas y le recuerda  que tal solicitud fue ya apoyada claramente en dos oportunidades por el  Consejo Econmico y Social.

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