
Una protesta en Madrid en
contra de los desahucios. ÁNGEL NAVARRETE
España violó el derecho a la vivienda de una familia
con hijos menores, que fue desahuciada de
la habitación en la que vivían sin que se les proporcionara vivienda
alternativa, según un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, formado por 18 expertos independientes.
Los expertos emitieron su dictamen después
de examinar la denuncia presentada por una pareja que fue desahuciada por orden
judicial en Madrid en 2013, conjuntamente con sus hijos, de uno y tres años de
edad. En 2012, la pareja dejó de percibir el subsidio de
desempleo y no pudo pagar la renta mensual de alquiler. En
su dictamen, el Comité determinó que, pese a que la orden judicial de desahucio
era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas
necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.
«Este no es un caso único. Muchas
familias en países desarrollados y en desarrollo se enfrentan a situaciones
similares», señaló Rodrigo Uprimny, miembro del Comité, quien añadió:
«A través de nuestra decisión reafirmamos que todas las personas,
incluidas aquellas que viven en régimen de arriendo, tienen el derecho a una
vivienda. Los Estados, por tanto, deben
garantizar que los desahucios no den lugar a situaciones en las que los
afectados se queden sin un techo». Uprimny indicó que
«los Estados tienen la obligación, hasta el máximo de sus recursos disponibles,
de proveer una vivienda alternativa a las personas objeto de desahucio que se
encuentren en una situación de penuria». «Corresponde al Estado
afectado demostrar que a pesar de que tomó todas las medidas necesarias, no le
fue posible otorgar a la persona desahuciada una vivienda alternativa»,
apuntó.
La presidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Virginia Bras Gomes, afirmó que
«este caso muestra hasta qué punto las fallas institucionales, como una
alta tasa de desempleo, la falta de políticas sociales adecuadas y una
insuficiente coordinación entre los organismos públicos competentes, están en
la raíz de violaciones a los derechos humanos». «Los Estados deben
respetar sus obligaciones internacionales y enfrentar urgentemente esas fallas
a fin de crear condiciones que permitan proporcionar una asistencia adecuada a
quienes la necesitan», agregó.
El Comité instó a España, que forma parte
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc),
a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener
una vivienda adecuada, así como a otorgarle una compensación
económica por la violación de los derechos de que fue
objeto. Además, este órgano determinó que España debe formular y aplicar un plan
integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos
recursos. El Comité consideró el caso en virtud del Protocolo Facultativo del
Pidesc, el cual reconoce la autoridad de ese órgano de la ONU para examinar
denuncias individuales.


