
Siguiendo con el trabajo de post
anteriores para La Ciudad Viva, y con idea de intentar reflejar la compleja
realidad en la que se enmarcan los procesos de hábitat actuales, abordaremos en
este caso el problema de la vivienda entendido desde la perspectiva de los
derechos. Para ello, de la mano de Vanesa Valiño, directora del equipo técnico
del Observatori DESC (derechos económicos, sociales y culturales) y
coordinadora del reciente informe «Emergencia Habitacional en el Estado
Español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias desde una perspectiva de
derechos humanos” junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
analizaremos el citado estudio y trataremos de extraer claves que permitan
explicar la situación de la vivienda que está viviendo nuestro país, y que
contribuyan a resolver su problemática..
Link Observatori DESC
Informe Emergencia Habitacional en el
Estado Español
…
En los dos artículos publicados por Intermedios en La
Ciudad Viva hemos tratado de caracterizar el momento actual, primero
definiéndolo como postpolítico e intentando radiografiar algunas de sus rasgos
más característicos, segundo, viendo cómo la degradación actual de la política
impacta, entre otras cosas, en la libre disposición del espacio urbano como
recurso del común. ¿Qué nos podríais decir acerca de la situación actual de los
derechos urbanos? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto y qué perspectiva tenéis
del futuro más próximo?
Como observatorio planteamos que existe
una gran paradoja en términos de derechos: nunca se ha hablado tanto de ellos
-hoy en día casi cualquier reivindicación se expresa en esos términos,
adquiriendo un protagonismo importantísimo, lo que ha fortalecido mucho a las
organizaciones sociales, a los movimientos y a los grupos más desfavorecidos-.
Todos hablamos del derecho al agua, a ciudad, a la función social de la
propiedad, a la vivienda… Lo cual tiene que ver con un discurso, pero también
con una realidad jurídica, con una ingente cantidad de tratados
internacionales, de convenios, de legislaciones, constituciones, estatutos de
autonomía, etc. y, sin embargo, la realidad está totalmente desfasada respecto
a ese avance del lenguaje de derechos.
Vemos una realidad donde no sólo no se
están consagrando los derechos ya reconocidos y consolidados, como el derecho
al trabajo o a la educación -que incluso están sufriendo retrocesos- sino que
se están produciendo vulneraciones masivas de esos supuestos nuevos derechos,
como los del tema del agua o la ciudad, en los que pensábamos que íbamos a
avanzar.
Dentro de los diferentes derechos sociales
sobre los que trabajáis en el observatorio, el caso de la vivienda parece ser
uno de los más vulnerados en los últimos tiempos, por desgracia no el único. En
torno a este tema, y junto con la plataforma de afectados por la hipoteca,
publicáis en Diciembre el estudio Emergencia Habitacional en el Estado Español.
Para tratar de contextualizar un poco, coméntanos, ¿cómo surge la idea, a quién
va dirigido, quienes habéis trabajado en él….?
DESC es un observatorio de derechos
sociales. Realizamos una tarea de promoción de los derechos sociales y los
derechos humanos como un conjunto indivisible e interdependiente, a la par que
hemos realizado esfuerzos específicos en materia de vivienda, porque, a
diferencia de otros derechos sociales como al trabajo o a la educación, no
había colectivos preocupados por su reivindicación. Se entendía más como una
materia de política pública, favorecida por la disponibilidad presupuestaria.
En este contexto, a principios del año
2000 el Observatorio empieza a percibir problemas en materia de vivienda, y
empezamos a trabajar sobre ello, sin perder la perspectiva de los derechos
sociales como conjunto. La primera publicación es del año 2003, con un título
bastante gráfico: Vivienda para todos: Un derecho en (de)construcción. A partir
de ahí hemos tratado de fortalecer el trabajo de los movimientos sociales,
dándoles apoyo a la hora de expresar las reivindicaciones que ellos sienten de
justicia social bajo una perspectiva de derechos, dado que normalmente lo que
la población identifica como justo acostumbra a ser reconocido como un derecho.
En materia de vivienda DESC empieza a
trabajar junto a movimientos sociales a partir del periodo 2004-2006, momento
de reivindicaciones como «V de Vivienda”, movilizaciones ciudadanas con el lema
«No vas a tener una casa en la puta vida”, etc. Es importante destacarlo,
porque ahora tratan de decirnos que acabamos de despertar y que hasta ahora
nadie sabía lo que iba a pasar.
En 2008 el Relator especial de Naciones
Unidas para el Derecho a la Vivienda nos visitó en misión oficial, y pudimos
acompañarlo a conocer experiencias, por ejemplo, a Andalucía. En ese momento ya
se elaboró un informe donde ya se habla de emergencia habitacional.
Recientemente, junto con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, nos planteamos la necesidad de denunciar una
situación de colapso total con motivo de las deserciones hipotecarias y los
desalojos. Trabajando con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de
Barcelona, pudimos acceder a 11.000 encuestas de afectados por hipotecas que de
alguna manera nos daban el perfil de las personas que están siendo afectadas:
padres de familia, mujeres solas, niños etc… ya que la gravedad de la situación
no sólo es porque exista una legislación hipotecaria injusta, sino porque las
administraciones públicas no están produciendo la información adecuada. Si no
tienes información sobre quiénes son los afectados, que pasa con esas
viviendas, etc… es imposible que la política pública pueda dar una respuesta
adecuada a la realidad. Por tanto este informe surge con un objetivo claro,
llenar ese vacío de información, pero también señalar quiénes son las entidades
financieras culpables, hasta ahora muy invisibilizadas y algunas de ellas
gozando de privilegios públicos.
A través de este informe vemos que,
efectivamente, hay entidades financieras que están especialmente afectadas, que
han impulsado políticas de sobreendeudamiento generalizado, que han concentrado
el grueso de hipotecas impagables, y que muchas de las entidades financieras
que están impulsando más desalojos son precisamente las que han sido rescatadas
con fondos públicos, como Bankia, entidad nacionalizada con dinero de todos, o
Cataluña Caixa, con un volumen altísimo de ejecuciones hipotecarias en relación
al volumen de hipotecas impagables.
La voluntad del informe es poner luz en
un espacio totalmente oscuro y visibilizar quienes son los actores que
intervienen y de qué manera, así como mostrar que toda esa realidad vulnera
compromisos en materia de derechos humanos. La realidad de cómo se están
llevando a cabo esas ejecuciones hipotecarias, sin una vivienda alternativa
adecuada, sin que se garanticen la tutela judicial efectiva de esas personas
etc… no sólo es injusto e inmoral, sino que es ilegal, es decir, contradice los
propios compromisos de los poderes públicos.
La manera de titular el informe ya nos
habla de una situación que entendéis requiere medidas urgentes. Sin embargo en
distintos foros se discute si puede, o no, llegarse a hablar de emergencia. ¿A
qué os referís al utilizar el término «emergencia habitacional”? ¿Podéis
desarrollarnos más esta idea?
Cuando hablamos de «emergencia
habitacional” nos referimos a los 250.000 desalojos que se han producido desde
que empezó la crisis a finales de 2007 hasta 2013, es decir, 250.000 familias.
Cuando se habla de desalojos normalmente, y según el vaciado de encuestas
contenidas en el informe, estamos hablando como mínimo, en más del 80% de los
casos, de 3 personas. Pues multipliquemos 250.000 desalojos por esas 3 personas
que normalmente se ven involucrados en un proceso de desahucio.
También hablamos de emergencia
habitacional porque se producen más desalojos que en cualquier otro país del
entorno europeo y no se cuenta con una solución desde las administraciones
públicas adecuada adecuada a la realidad de las personas que están perdiendo su
vivienda, ya sea por impago de las hipotecas o del alquiler.
Las diferentes respuestas que se han
impulsado desde las administraciones públicas, tanto desde el Partido Popular
como del Partido Socialista, han sido totalmente inocuas, tan inocuas que las
entidades financieras siempre se han mostrado favorables. Pensemos en la última
ley 1/2013, en la que se tenían que recoger las propuestas de la iniciativa
legislativa popular (ILP) de la dación en pago, el alquiler social y contra los
desalojos, además de adaptar la legislación española a la sentencia del
tribunal de Luxemburgo que condena las prácticas hipotecarias como prácticas
que vulnera la legislación comunitaria en materia de consumidores. Esa ley ha sido
tan insuficiente que, según nuestros datos, deja fuera a más del 80% de los
afectados por los requisitos que exige. Por eso hablamos de emergencia
habitacional.
Una parte importante del informe nos habla
sobre los compromisos jurídicos del estado español en materia de derecho a la
vivienda, y constata los mismos tanto en el marco constitucional, autonómico o
europeo. Sin embargo en muchos casos estos principios chocan frontalmente con
el tan arraigado derecho a la propiedad. ¿Cómo se podría solventar ese problema
que, al favorecer a propietarios, impide la aparición de modelos alternativos
que resuelvan el problema del acceso a la vivienda para muchos?
En el informe tratamos de demostrar que
la situación actual es producto de unas políticas públicas concretas, que se
vienen impulsando desde el franquismo y que han continuado de alguna manera
presentes hasta la actualidad, favoreciendo que determinados actores, como las
entidades financieras y las constructoras, marcasen la agenda en materia de
vivienda y economía en general.
Que la construcción de vivienda se
priorice como una actividad económica, de creación de empleo y generación de
grandes beneficios en vez de como un bien al servicio de las necesidades
habitacionales de la población, ha sido una opción. Pero podría haber sido
otra, y estamos a tiempo de rectificar.
Deberíamos ser capaces de que esta
situación de crisis nos lleve a una interpretación diferente de lo que son los
derechos patrimoniales, de libertad de empresa o de la propiedad, de la que
hemos manejado hasta ahora, y poder subordinar los derechos patrimoniales a los
derechos humanos del grueso de la población, al revés de como se ha hecho hasta
ahora en el caso español: los derechos de una mayoría se han subordinado a los
derechos de una minoría, pero cuando había crecimiento una pequeña parte de la
mejora econoómica llegaba a la mayoría, garantizando que el sistema
funcionara, al menos generando empleo. Cuando este sistema entra en shock por
la crisis económica global, nos sorprende que en vez de replantear cuál es el
modelo de políticas de vivienda, sigamos profundizando en tendencias que se han
demostrado totalmente inservible.
¿Se podría hacer diferente? Claro que
sí. De hecho, si nos fijamos en países cercanos, Alemania cuenta con políticas
que garantizan la función social de la propiedad, limitando, por ejemplo, el
precio del alquiler según las característica de la vivienda, pero también según
la zona etc… No existe la posibilidad de que el propietario decida libremente
el precio del alquiler de su vivienda en alquiler, estableciéndose así un
control público sobre mercado privado de alquiler.
Eso aquí es impensable. La última
reforma, de mayo de 2013, no nos garantiza tan siquiera 5 años de alquiler,
sino que cada 3 años puede subir la cuantía de forma indiscriminada, o incluso
expulsarte de tu vivienda aunque no haya necesidad por parte del propietario.
El sistema alemán, por ejemplo, no sólo controla el precio, sino que garantiza
la permanencia, con contratos de alquiler indefinidos.
La citada situación de emergencia
habitacional, reconocida o no, está teniendo respuestas gubernamentales. Ya se
han puesto en marcha iniciativas, por parte de diferentes administraciones, que
tratan de hacerle frente, y que también quedan recogidas en el informe. ¿Cómo
valoráis la respuesta y tratamiento que los distintos gobiernos han hecho del
problema? ¿Qué opinión os merece, de manera específica, el caso de Andalucía?
Nuestra valoración es lamentablemente
muy triste. Hay una sensación de victoria porque gracias a la denuncia y a la
organización de los afectados se ha conseguido poner este tema en la agenda
pública y se está obligando al poder legislativo a dar respuestas, pero esas
respuestas son muy insuficientes.
Este inmovilismo del estado central
también tiene que ver con lógicas europeas. Recordemos que cuando Andalucía
anuncia su Ley de la Función Social, la primera administración que reacciona de
forma negativa fue la Comisión Europea, que hasta ese momento había permanecido
totalmente desaparecida ante la crisis de las ejecuciones hipotecarias, de los
desalojos y de la corrupción generalizada.
A diferencia del gobierno central,
alguna comunidad autónoma, como Andalucía o Navarra, ha adoptado medidas que de
alguna manera recogen parte de las demandas de las organizaciones sociales y de
afectados. Pero es cierto que esas propuestas han sido, por una parte,
inhabilitadas por el gobierno central, con recursos de inconstitucionalidad, y
por otra, que no han sido apoyadas por la ciudadanía. No ha habido una defensa
o movilización social por parte de los colectivos en Andalucía a favor de esa
ley que haya dificultado la adopción de estas medidas por parte del gobierno
central. Y ese es un tema interesante de debatir. ¿Cómo puede ser que, teniendo
una de las legislaciones más avanzadas en materia de vivienda y que mejor
recoge las demandas de las organizaciones sociales, cuando el gobierno central
anuncia su eliminación, la gente no salga a la calle para defender una
propuesta que en parte existe por ellos? ¿Es que no han participado en su
redacción? ¿Han participado pero tenían demandas de máximos y esto eran
demandas de mínimos? Fuera de Andalucía hay una sensación de lástima
porque lo que pase a Andalucía es importante en el resto de comunidades
autónomas. Si Andalucía hubiera salido a la calle a defender su ley seguramente
Cataluña se habría visto también obligada a elaborar una nueva ley por el
derecho a la vivienda, que recogiese también parte de esas demandas, pero con
lo que ha pasado el gobierno de Cataluña reconoce que no va a plantear ninguna
ley en esa línea.
Casi lo único positivo que podríamos
extraer de esta situación es la reacción social que ha suscitado. Estamos
asistiendo a la aparición de movimientos ciudadanos que tratan de
autoorganizarse para buscar solución a sus problemas. ¿Cómo interpretáis estos
movimientos? ¿Qué cabida debería tener la autogestión de la sociedad en las
futuras líneas de trabajo de las políticas de vivienda, una vez superada la
situación de emergencia habitacional?
Aunque hablemos de emergencia
habitacional, la aparición de estos movimientos es positivo, y es importante
señalarlo. Estamos asistiendo a un proceso de autoorganización ciudadana, de
empoderamiento de los afectados, de visibilización de problemáticas y de
cuestionamiento de las políticas de vivienda, pero también del modelo
económico, la relación entre poder político y poder económico, de denuncia de
la corrupción. Los afectados por la hipoteca reconocen que tienen derechos, de
que no son culpables, y no se trata de un fracaso personal, sino político, que
son víctimas de una crisis que no han generado ellos. Los ciudadanos tienen ya
desconfianza hacia las entidades financieras. Todo esto supone un avance
importantísimo y ha sido gracias a la movilización social.
Que estemos consiguiendo como sociedad
que se adopten leyes, aunque no sean las leyes que nos gusten, es importante.
Que estemos incluso cuestionando los pocos mecanismos de participación que
existen, también. La recogida de firmas en la ILP por la dación en pago, que
contaba con un apoyo de casi el 90% de la sociedad y que no se vió reflejada en
una ley, cuestionó no sólo la negativa del gobierno a la ILP sino los propios
procesos participativos y de toma de decisión.
Partiendo de ese avance en términos
sociales es cierto que eso no se está reflejando todavía en políticas públicas,
pero parece que no es posible que continúe así. Ahora es el momento de plantear
nuevas formas de tenencia, de regímenes colectivos que existen en otros países
cercanos, de autoorganizarnos. Pero tampoco querría dar a entender que con la
autoorganización ya está todo resuelto. Necesitamos unos poderes públicos
fuertes, que funcionen, que sean capaces de oponerse al poder privado.
Necesitamos una organización social consolidada que sea capaz de hacer llegar
propuestas, pero no vamos a poder resolverlo todo desde la autoorganización. La
instancia pública va a tener que seguir, y no sólo, va a tener que hacerlo con
más fuerza y más participación de la ciudadanía en su desarrollo.
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