Pilar, una de las afectadas, engancha y desengancha todos los días su
casa a la tubería para garantizar el líquido a su familia.
Las tarifas subieron el 12,3% entre 2011 y 2012, según el Instituto
Nacional de Estadística.

Manifestación en
Alcázar de San Juan. Foto: Plataforma en contra de la privatización del agua
La puerta de su casa siempre está abierta. Y no sólo como muestra de
hospitalidad, sino como una de sus precauciones habituales desde hace meses.
Vivir sin agua ha trastocado su rutina. «Todas las noches bajo a desenganchar y
por las mañanas lo vuelvo a poner. Me vigilan desde la compañía y tengo que
estar atenta por si vienen los técnicos. No voy a dejar a mis hijos sin agua”.
Pilar Rodríguez lleva desde marzo sin poder hacer frente al pago de las
facturas del agua. Pero ha decidido no vivir sin el vital líquido.
Hace cinco
años la crisis golpeó de lleno el hogar de esta antigua pequeña empresaria de
Villafranca de los Barros (Badajoz) y hoy su supervivencia se ha convertido en
un arma de lucha: «Me engancho a la red porque mi alternativa es pagar o comer.
Y mis hijos van a seguir comiendo. La crisis se ha llevado todo por delante,
menos mi dignidad”.
En España no
existen datos de cortes de agua en por impagos de facturas. Hay unas
estimaciones que a veces se presumen cortas. Según la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), se tramitan
anualmente más de 500.000 avisos de corte, de los que se ejecutan un 60%, es
decir, 300.000 cortes que podrían afectar a casi un millón de personas. Los
datos de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS),
la agrupación profesional de operadores privados, indican que 970.000 hogares
han recibido avisos de interrupción en el último año, sin especificar el número
de ejecuciones.
A la espera
de que el Ayuntamiento pacense de Villafranca de los Barros y la concesionaria
del suministro, Acciona, hagan realidad las peticiones ciudadanas e instauren
una tarifa social para el agua, Pilar no se resigna: «Puedo solucionar mi
problema con la ayuda de amistades pero no quiero. Ése no es el tema. Hay que buscar
una solución. No podemos vivir a expensas de que la gente nos eche una mano. Es
un problema colectivo”, explica.
Derecho humano desde 2010
A pesar de
que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas lo reconociera en 2010, lograr que las legislaciones estatales lo amparen y
hagan cumplir es un camino de largo recorrido del que apenas se acaban de dar
los primeros pasos y algunos de sentido incierto.
La hasta hace
un mes relatora especial de la ONU por el derecho humano al agua y al
saneamiento, Catarina de Albuquerque, reconoce que la situación ha cambiado en
los últimos años: «En el inicio de mi mandato recibía un montón de quejas de
los llamados países pobres, pero en los últimos años empecé a recibir quejas de
violaciones de derechos humanos en el Sur de Europa y en EEUU. Todo esto tiene
que ver con recortes presupuestarios y de subsidios a las personas más pobres
que después no tienen capacidad para pagar las cuentas”.
Vivir sin
agua es imposible, pero una realidad común en muchas familias, también
españolas. «Cada vez me entero de más casos. El último, un matrimonio mayor. Yo
me ofrezco a ir con mi caja de herramientas: ya soy una experta y tengo todo
tipo de tornillos”, apunta Pilar con ironía: «Para ducharnos caliento el agua
en dos ollas y nos las echamos por encima. Tampoco puedo
pagar la bombona de butano”, reconoce.
Un estigma
«Vivir sin
agua es un estigma. No pasa como en el caso de los desahucios de viviendas,
donde gracias a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) la sociedad
está más madura. Cuando a la gente le cortan el agua o la luz siente vergüenza
y reduce la cesta de la compra para pagar”, sostiene la jurista María Giménez.
Como miembro de la Asamblea Agua Pública 100% de Murcia, conoce de cerca este
grave problema social y la opacidad de las cifras: «No hay información fiable,
falta mucha transparencia. Nuestras estimaciones eran de entre 300 y 400 casos
en Murcia, pero finalmente la empresa mixta ofreció datos y en el año 2011 hubo
1.250 familias que se acogieron a la tarifa social”.
Esa tarifa
social funciona en Murcia desde 2013. Establece que por cinco euros, se dé un
suministro de 100 litros por persona y día. No es el único ejemplo. En Medina
Sidonia (Cádiz) también han conseguido garantizar una cantidad mínima para las
personas en situación de exclusión social o con insuficiencia económica. Y en
Badajoz los ciudadanos que perciben menos de 532 euros al mes pagan 2,94 euros
al trimestre por el suministro.
«¿Dónde me
lavo las manos, si casi no consigo ni agua de la vecina para beber? No puedo
lavar, es un problema de salubridad. Estoy recogiendo la de la lluvia para
echarla en el baño. Si eso es vida…”, lamentaba una mujer de Mérida en una
reunión del Campamento Dignidad con Aqualia, la empresa concesionaria del
suministro en esta ciudad extremeña. «Haced una colecta social”, fue una de las
respuestas de la compañía, cuentan los afectados.
Aqualia, que
entre otras muchas localidades gestiona el agua de Almería, ha reconocido que
en esta ciudad hubo 3.195 cortes de agua en 2013. Y en Madrid, el PSOE ha
denunciado que el Canal de Isabel II, que acaba de aprobar una emisión de
bonos, corta el agua a «7.400 madrileños vulnerables”. Los ejemplos de pobreza
hídrica son muchos, pero «no tenemos datos oficiales sobre el impacto real del
fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún
registro estadístico; son invisibles”, insiste el gerente de AEOPAS, Luis
Babiano.
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