– La batalla por el derecho a la vivienda -y por ende, a la ciudad- ha
rearmado el movimiento vecinal en Barcelona.
– Los ciudadanos se están organizando tanto a nivel micro, finca a finca,
como en asambleas de barrio y de ciudad, con el Sindicat de Llogateres.

Asamblea del Sindicat de Llogaters
celebrada la semana pasada en la avenida de Mistral.
El domingo colgaron en las
redes sociales el primer mapa y, dos días después, este martes, ya lo
habían actualizado añadiendo otros nueve espacios.
El documento, que empezó a difundir el Sindicat de Barri del Poble Sec – un grupo devecinos
«organizados desde la ayuda mutua para la defensa colectiva del
barrio», como se definen-, recoge y sitúa sobre u nplano de la ciudad 34 iniciativas populares centradas en la defensa dela vivienda; y sigue
siendo un documento en construcción.
O,
lo que es lo mismo, muestra gráficamente lo que hace meses es una evidencia en las calles (y
plazas) de Barcelona: que
el combate contra la burbuja del alquiler ha rearmado los movimientos
sociales en la ciudad, tanto por barrios como de forma coordinada.
Un hecho que pone de manifiesto la propia creación de este mapa, que en
realidad es una guía, en la que cada plataforma incluye una forma de contacto.
A nivel de ciudad, este movimiento se ha puesto de manifiesto con la
reciente creación del Sindicat de Llogaters, cuya presentación desbordó el
Casinet d’Hostafrancs hace unas semanas.
Asambleas
plaza a plaza, en muchos casos finca a finca, que van tejiendo alianzas
para hacer frente común en la gran batalla que libran para que los precios del alquiler no
les expulsen de la ciudad.

Vladi Olivella, miembro de Fem Sant Antoni – uno de
esos 34 espacios – repasa las distintas fincas con las que trabajan como
capitán que recapitula los distintos frentes abiertos: Parlament, 1-3; Entença,
2; Borrell, 18…
«Empezamos hablando del problema de los pisos turísticos, pero de
asamblea en asamblea nos dimos cuenta de que la principal preocupación de
los vecinos es salvar sus propias casas; que el peligro era la expulsión
real», explica el activista, que insiste en poner sobre la mesa los desahucios invisibles.
Aquellos
que no figuran -aún- en ninguna estadística, pero que afectan cada vez a más
vecinos que, o no pueden asumir la subida del
alquiler y tienen que marcharse, o directamente no se les plantea la
posibilidad de renovar. «Por no hablar del empobrecimiento del que decide
quedarse, aceptando unos alquileres abusivos o los casos de acoso inmobiliario
a los inquilinos con renta antigua, el único impedimento con el que
se encuentran los especuladores tras la reforma de la LAU», concluye.
«Y el tsunami en Sant Antoni – advierte- está por llegar».
Para
plantar cara a este problema no solo trabajan en el barrio, con asambleas
cada 15 días y un punto de información en Calabria 66 todos los miércoles por la tarde,
también están creando la página web ‘No ens farán fora’, para compartir información y
herramientas – una
guía de consejos-, con los grupos de trabajo de vivienda del Poble Sec y el Raval.
En Ciutat Vella, donde la maquinaria
de expulsión del vecindario lleva lustros en marcha, los vecinos organizados libran una
importante batalla «no solo simbólica» en el número 8 de la Via Laietana,
edificio de 18.000 metros cuadrados propiedad municipal (casi) vacío. «En
el edificio cabrían 160 familias. Que lo convirtieran en pisos de alquiler
asequible sería una victoria también material«,
subraya Daniel Pardo, miembro de la
Xarxa Veïnal de Ciutat Vella. Además de regular los precios del
alquiler, la otra gran asignatura pendiente en la ciudad es incrementar el
parque público de vivienda.
LAS PRIMERAS VICTORIAS
En
ese sentido, la primavera de la movilización
vecinal en
Barcelona ha sumado ya algunas victorias. La más reciente, de este mismo
viernes, fue el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de la compra del 37 de la calle de Leiva, una de las fincas movilizadas en Hostafrancs,
que lleva meses denunciando que les querían echar. El consistorio ha anunciado
que, para evitar la expulsión de los vecinos, ejercerá el derecho de retracto y pagará 2,7
millones por el
edificio, que fue vendido por el BBVA al fondo de inversión Vauras Investment, que, eso sí, ahora puede recurrir.
El
10 de junio todos esos movimientos saldrán a la calle para hacer visible nuevamente este
malestar, en una manifestación que prevén masiva, convocada por
la Taula Veïnal d’Urbanisme.


