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El Seminario “Hacia la implementación del derecho a la ciudad en América Latina”, celebrado del 25 al 30 de septiembre de 2009 en Quito, representó una etapa más en un proceso que suma esfuerzos de organizaciones y movimientos sociales en la región para superar las desigualdades urbanas en el continente. Las experiencias de algunos países latinoamericanos demuestran que la creación de instrumentos jurídicos y administrativos para la implementación participativa del derecho a la ciudad se viene multiplicando, debido a un contexto político favorable a los cambios sociales. En ese sentido, el momento en que se realiza la edición de este seminario, resulta propicio para una evaluación de lo que se ha logrado hasta la fecha, y lo que ha pasado en los países en donde se ha avanzado en la lucha por el derecho a la ciudad.
Cada vez más, se viene ampliando la comprensión del derecho a la ciudad como el conjunto de los derechos de los habitantes de zonas urbanas, a lograr el acceso universal a los bienes y servicios, sin discriminaciones, sean éstas por motivos de origen, condición económica u otras formas de prejuicio. Reconocer el derecho a la ciudad, significa reconocer también que las ciudades son construidas y recreadas por todas y todos, de las más diversas maneras; reconocer el derecho a la ciudad es reconocer que las ciudades no son solamente cimiento y ladrillos, sino relaciones sociales. El derecho a la ciudad es una categoría que está en construcción desde hace 40 años. Es un concepto y una lucha que recoge los esfuerzos de las comunidades contra la devastación de los intereses especulativos y, sobre todo, contra las formas abusivas de la propiedad privada. No es un proceso reciente, sino que se otorga continuidad a lo que ya existía.
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El seminario-taller realizado en Quito, se propuso avanzar de manera consensuada en la identificación de elementos centrales para una estrategia de incidencia – tanto a nivel latinoamericano como local y nacional- con propuestas y acciones concretas para garantizar la seguridad de la tenencia, la prevención de desalojos, el acceso a los servicios y equipamientos públicos por parte de todos los ciudadanos y la participación social en la definición, implementación y monitoreo de políticas urbanas. Fundamentalmente, se buscó construir iniciativas que incidan en cambios en las políticas públicas, legislación y jurisprudencia de los países de América Latina, y que, a su vez, implementen el derecho a la ciudad a partir del análisis de los instrumentos existentes y las experiencias, prácticas y propuestas que desarrolla la sociedad civil.
De esta forma, se buscó fortalecer las capacidades de las organizaciones y movimientos sociales para la concretización del derecho a la vivienda y difusión de la importancia del derecho a la ciudad, como una propuesta que favorece la democratización y la inclusión en las ciudades. Asimismo, el evento se preocupó por elaborar una propuesta de actuación conjunta rumbo al Foro Urbano Mundial 5 (Rio de Janeiro, marzo de 2010) para lograr un entendimiento común de lo que significa el reconocimiento, respeto e implementación del derecho a la ciudad desde una perspectiva de los derechos humanos a ser presentado en dicho forum.