Comunidad María Auxiliadora, Bolivia

La comunidad «María Auxiliadora” está compuesta de 350 familias, muchas con jefatura femenina. Gracias a un proyecto de ayuda mutua compraron materiales para construir viviendas. En el 2000 construyeron la primera, decidieron grabar un video para mostrar su trabajo y así consiguieron apoyo tanto técnico como económico de otros sectores de la población y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad local. Las autoridades municipales afirman que el asentamiento es ilegal a pesar de ser terrenos comprados; no quieren aprobar su urbanización y amenazan con destruir las casas ya construidas. Al ser «ilegal” el asentamiento no cuenta con servicios básicos. «…Por no contar con vías asfaltadas los transportistas no ingresan, ni siquiera los del trasporte libre, porque no los dejan, los presionan y amenazan porque el ingreso, según la administración de la Alcaldía, es una aceptación de la existencia de una urbanización consolidada, la cual ha querido siempre ser ignorada”. Según las compañeras de la comunidad se requiere mucho trabajo de sensibilización sobre el derecho a la vivienda, en especial de las mujeres, y según la expositora: «….para llegar a tener conciencia y no ser discriminados para tener una vivienda se debe hablar con todos, hacer un trabajo grande por mucho tiempo, así se logrará comprender este derecho. Somos discriminadas incluso en el diseño de la casa, pero aunque se tenga una vivienda, ésta a los pobres les cuesta 20 o 30 años tener”. «La vivienda tiene una importancia espiritual para nosotros, en ella se puede ejercer la solidaridad, el amor hacia el prójimo, el respecto, y se pueden garantizar mayores posibilidades a los hijos”. «Tenemos como reto demostrar al Gobierno que no necesitamos mucho dinero para hacer comunidad”. Hablando de los efectos de la globalización dijo: «las trasnacionales nos agobian, tenemos derechos que no podemos ejercer por condicionamientos externos”.

Viactoria Mamani Anduviri
Comité Impulsor de Gestión de Riesgos, La Paz
Vivienda con Rostro de Mujer, HIC-AL, Red Mujer y Hábitat, Social Watch, México, 2004


¿Cuales o cual son las discriminaciones más evidentes que sufren las mujeres respecto a los hombres en su país en relación con el disfrute del derecho a una vivienda adecuada?

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (sep/2000) de un total de 8.274.325 de habitantes el 50.16 % son mujeres de las cuales el 64 % viven en área urbana y el 36 % en el ámbito rural. En relación al parque habitacional los datos definen un total de 2.200.000 viviendas. El número de hogares alcanzaba el momento del Censo 1.964.149 de los cuales cerca del 64 % contaba con vivienda propia que sumada a la condición de cedida por parentesco alcanza al 75 %, lo que implica que solo el 25% de hogares eran inquilinos, anticresistas o usufructuarios. Un dato importante que se deriva del análisis de la información censal se refiere a que el ritmo de crecimiento de número de hogares ha sido menor al ritmo de crecimiento de la vivienda, existen ciudades que incluso no tienen un excedente de viviendas en relación al número de hogares lo que implica que técnicamente no existe un déficit cuantitativo de vivienda sino la injusticia de una desigual distribución donde unos pocos acumulan propiedades inmuebles sin uso social por encima de sus necesidades y otros no tienen posibilidad de contar con una vivienda segura y adecuada.

Se estima que el mercado más las iniciativas del estado proveen alrededor del 20% de las soluciones habitacionales nuevas cada año, en tanto que la población autoproduce el 80% generalmente con limitaciones económicas y técnicas que se traducen en indicadores de precariedad, hacinamiento e ilegalidad. Desde esta perspectiva lo evidente, es que el problema fundamental no es la carencia absoluta de vivienda sino la calidad de la misma y para atender esta problemática no existen políticas publicas de financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento a las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se impulsan.

Si bien no existen determinaciones explicitas de discriminación en los marcos normativos vigentes hacia el reconocimiento y realización de las mujeres respecto al Derecho Humano a la Vivienda la dimensión de discriminación “de hecho” por las prácticas, acciones y condiciones socioeconómicas y culturales no es posible medirlas debido a que no existen fuentes de información básica con perspectiva de género que permitan construir indicadores y su interpretación.

A partir de estudios de caso e intervenciones en ámbitos restringidos pero representativos se pueden determinar los siguientes aspectos

a) Las políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Estado para la vivienda social, tienen una orientación de mercado incluyendo los programas de subsidio a la demanda basada en la triada de “Subsidio+Ahorro+Credito” donde el ahorro y el crédito deben estar basados en los servicios ofertados por el Sistema Bancario que tiene condiciones y requisitos que son difíciles de cumplir por la población de bajos ingresos en especial por las mujeres jefas de familia.

b) La realización de los derechos, incluido el de la vivienda, tienen una relación estrecha con relación al grado de escolaridad y capacitación que implica el acceso a la información y al conocimiento. En general en los sectores urbano marginales y rurales las mujeres tienen limitaciones para conocer sus derechos, exigirlos y realizarlos precisamente por sus niveles bajos de escolaridad reflejados en los indicadores de analfabetismo absoluto y funcional que es mayor al de los hombres.

c) Otro factor estructural de limitaciones en cuanto a la realización del derecho a la vivienda para las mujeres populares esta relacionado a su situación de empleo y generación de ingresos. Cerca del 65 % de la población económicamente activa esta inserta en actividades informales siendo la mayoría mujeres que generan ingresos precarios sin seguridad social y sujeto a una alta competencia lo que deprime aúnvinu más sus ingresos reales lo que le limita el acceso al crédito e incluso al subsidio estatal por la relación antes mencionada.

d) Existe una falta de reconocimiento a todo nivel sobre las implicancias que tiene la realización del derecho a al vivienda para las mujeres precisamente por el rol reproductivo asignado. La vulneración de alguno de los componentes del Derecho Humano a la Vivienda (seguridad física y jurídica, espacios suficientes, dotación de servicios básicos, equipamiento social, recreacional, de gestión, vías transitables que faciliten el desplazamiento a los lugares de trabajo, sistemas de recojo de basuras que reduzcan el riesgo ambiental, todo a costos razonables) implica un redoblado esfuerzo para las mujeres “responsables” de la reproducción de la familia y las sociedad. Existen estudios puntuales respecto a los impactos emocionales y de salud mental que generan las injusticias por exigir a las mujeres solo obligaciones y no generar las condiciones materiales para realizar sus derechos que se traducen en abandonos, desarticulación familiar, sttres y desesperanza.

e) Las familias de bajos recursos son las más afectadas son las que generaron procesos de asentamientos en zonas insalubres, inadecuadas para vivir, lo que han incidido directamente en su la salud, su economía y cultura, estas familias pobres, han promovido sus capitales culturales y aportes colectivos recreando estrategias para poder sobrevivir y produjeron como ese efecto social una amplia participación de la mujer en espacios de la economía informal, en la participación de trabajos comunales, en el crecimiento de barrios, en la construcción y autoconstrucción de la vivienda urbana y simultáneamente esta participación femenina ha significado ser el incremento de los roles de la mujer dentro de la sociedad que no son reconocidos ni valorados por la sociedad.

En este contexto, el Estado Boliviano no cuenta con mecanismos jurídicos de protección de la mujer con relación al tema de la Vivienda y Hábitat, no ha diseñado, por tanto aplicado políticas, planes y acciones concretas para precautelar el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos y grupos vulnerables. A pesar de la existencia de marcos jurídicos internacionales como los Derechos de segunda generación como los derechos Económicos, Sociales y Culturales (1948) y el Plan de Acción de Hábitat II las autoridades y el poder político aún son insensibles a la problemática de la Vivienda.

Según la reflexión de mujeres de organizaciones sociales como Maria Auxiliadora es necesario hacer una análisis de sobre las prioridades de inversión nacional porque aún no se está mejorando la calidad de vida de amplias mayorías, especialmente de las mujeres, niños y discapacitados.