Ficha para presentación de testimonios
¿Cuál o cuáles son la/las discriminación/es más evidente/s que sufren las mujeres respeto a los hombres en su país en relación al disfrute del derecho a una vivienda adecuada?
La Constitución colombiana consagra el derecho a la vivienda para toda la población, las leyes no tienen artículos discriminatorios contra las mujeres u otro sector poblacional y existen dentro de la política de vivienda, en relación a la asignación de subsidios, disposiciones positivas a favor de las mujeres jefas de hogar. No obstante, las mujeres ven directamente afectado su derecho a una vivienda adecuada por una serie de factores que a continuación se reseñan y que tienen que ver con menores oportunidades de trabajo, menores ingresos, mayor pobreza, desconocimiento de derechos, servicios insuficientes o de mala calidad, recortes de subsidios y la violencia que azota el país :
Cabe anotar que no existen en el país indicadores de género respecto al déficit habitacional cuantitativo o cualitativo, pero existen trabajos prácticos e investigaciones adelantados por la Red Mujer y Hábitat de HIC y las organizaciones barriales de mujeres, que ilustran con casos esta realidad.
- Por efecto de los ajustes neoliberales, las políticas de vivienda están orientadas solamente al sector formal de la economía, dejando por fuera del acceso a la vivienda a un amplio sector que constituye más del 60% de las personas ocupadas ubicadas en el sector informal, en el que un 61% son mujeres y un 59% por hombres de acuerdo a datos del DANE en el año 2000, y un 34% son mujeres jefas de hogar en la mayor pobreza, cifra que se ha incrementado con la violencia y el desplazamiento.
- El desempleo en el año 2002, según el Dane era del 16,3% para los hombres, y del 22% para las mujeres.
- A igual instrucción, el salario de las mujeres representa el 74% del de los hombres.
- De las personas en condiciones de indigencia en el país, según cifras de 1999 el 31,4% está conformado por mujeres jefas de hogar.
- Cómo consecuencia de las políticas de ajuste y de Seguridad Democrática del actuál gobierno, se congeló el presupuesto para nuevos subsidios de vivienda dirigido al sector independiente, dejando en manos de Cajas de Compensación Familiar el otorgamiento de subsidios al sector de trabajadores(as) formales, recursos que a su vez fueron recortados.
- Los bancos, por su parte, expresamente, no consideran comercial otorgar créditos hipotecarios para familias con ingresos menores de 3 salarios mínimos legales, así sean del sector formal y en general las entidades crediticias ponen mayores obstáculos a las mujeres en los estudios de crédito, exigiéndoles mayores garantías.
- El desconocimiento de derechos de las mujeres y la falta de asesoría legal es otro factor que incide en la inseguridad en la tenencia de la vivienda, debido a que cuando los matrimonios se separan no legalizan su situación, quedando la mujer vulnerable frente a la propiedad de la vivienda y sujeta a reclamaciones posteriores sobre la propiedad, por parte del ex esposo a pesar de haber este conformado otra familia.
- La situación de guerra que vive el país, ha generado un desplazamiento masivo de la población desde las zonas más afectadas por la violencia a la capital y a ciudades intermedias, que está incidiendo en la transformación del territorio, en el abandono del agro y en el crecimiento vertiginoso y no planificado de las ciudades. Se calcula que en los últimos 7 años se han desplazado 1.782.300 personas, perdiendo su ciudadanía, su territorio, sus propiedades, (que en muchos casos son apropiadas por los grupos armados), su trabajo, la pertenencia a un lugar, los lazos fraternos y de solidaridad y en muchos casos, miembros de sus familias, sin que exista una política pública coherente que proteja y compense a estas familias con condiciones de habitabilidad medianamente aceptables. De acuerdo a Codhes el 57% de las personas desplazadas eran mujeres y en un 36% afrodescendientes. La mujeres desplazadas están sujetas a mayores índices de violencia intrafamiliar, abusos, abandono y desprotección junto a sus hijos.. Lo que constituye una de los mayores desastres humanitarios del continente.
Preguntas específicas para identificar casos de discriminación de la mujer en el disfrute del derecho a la vivienda en su país (favor de contestar total o parcialmente según las informaciones que tengan).
1¿En su país las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos de tenencia y propiedad, cualquiera sea su estado civil?
Si en la ley, pero existen todavía factores culturales y económicos que ponen a las mujeres pobres en condiciones de desventajas y vulnerabilidad frente a los hombres en el acceso a la vivienda, especialmente en la obtención de créditos y en la escrituración de la propiedad, a pesar de que son las mujeres las que tradicionalmente se organizan y luchan con más fuerza por la vivienda y los servicios. En el sector rural son los hombres los que siguen teniendo la titularidad de la vivienda.
2. ¿Gozan las mujeres y las jefas de familia de un acceso igual que los hombres a los servicios básicos (agua, cuidado de la salud, transporte, servicios de saneamiento, alumbrado y electricidad, servicios de eliminación de desechos)?
Se tienen las mismas oportunidades de acceso, pero dónde hay carencias de estos servicios, las mujeres son las más afectadas porque son las que usan cotidianamente los mismos, asegurando la alimentación, la higiene y la salud de la familia, y su escasez o mal servicio les representa un enorme recargo adicional en sus actividades y limitaciones para el trabajo y la participación ciudadana. De acuerdo a cifras de 1996 del Viceministerio de Vivienda, existen en el país cerca de 1.200.000 viviendas en mal estado, especialmente en cocinas y con insuficiencia de servicios de alcantarillado y pavimentación de vias, sin embargo la reforma de la política de subsidios en el gobierno pasado suprimió el subsidio de mejoramiento de vivienda.
Cabe destacar la experiencia de la ciudad de Bogotá, en cuanto a la urbanización de nuevos barrios populares por parte de una entidad municipal especializada, con dotación de servicios públicos y comunales, vias, transporte y parques destinados a familias de con ingresos de 1 y 1/2 salarios mínimos, pero que por las restricciones presupuestales de la política nacional de vivienda y por la adjudicación de la construcción de las viviendas a constructores privados, sólo beneficia como anteriormente se señaló, al sector formal de la economía. En esta experiencia que ha permitido asignar alrededor de 6000- viviendas en Bogotá, en los últimos 3 años, de las que el 50% está en cabeza de mujeres solas o compartiendo la propiedad con el compañero, puede servir de ejemplo de voluntad política, que con los debidos correctivos podría beneficiar a mujeres pobres del sector informal y a mujeres desplazadas.
3. ¿Gozan las mujeres y las jefas de familia de igual acceso a la tierra, los recursos naturales en general y el agua en particular?
No, en la medida que las mujeres jefas de familia pobres están mayoritariamente en el sector informal, especialmente en el servicio doméstico, no tienen el acceso garantizado a la tierra y los servicios, por no tener oportunidades de acceder al crédito, lo que restringe el acceso a subsidios.
4. Si respondió no a una o a todas las preguntas antecedentes ¿Qué factores históricos, tradicionales, culturales, religiosos y de otra índole menoscaban el acceso igual de la mujer a la vivienda, la tierra y los servicios conexos?
Existen, como ya se mencionó, factores tradicionales y culturales que menoscaban el acceso de las mujeres a la vivienda adecuada y los servicios, como son la escrituración de la vivienda y la tierra en cabeza de los hombres, especialmente en el sector rural, las restricciones que ponen los bancos para el otorgamiento de créditos a las mujeres exigiéndoles mayores garantías y los requisitos exigidos para la tramitación de créditos, que no son acordes a la realidad de las mujeres.
5. ¿Se reconoce y se respeta por parte del Estado el derecho a la vivienda de los pueblos indígenas y tribales y de las mujeres pertenecientes a estos grupos en particular?
Se reconoce el derecho constitucionalmente pero no hay políticas acordes. Se deben reconocer las luchas en los últimos años, de los pueblos indígenas y afro descendientes y en especial de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos.
6. ¿Disfrutan las mujeres de igual acceso a la financiación de la vivienda? ¿El Estado garantiza que los gastos de vivienda sean soportables para las mujeres y las cabezas de familia ofreciendo subsidios o incentivos fiscales?
No, no hay incentivos en el otorgamiento del crédito para vivienda que es manejado por bancos privados, por lo contrario hay mayores trabas. La política de subsidio tiene contemplado un puntaje especial a mujeres jefas de hogar, sin embargo por el no acceso al crédito, y por el recorte del presupuesto de subsidios, no opera esta medida. Hay algunas iniciativas para apoyar sistemas de micro crédito, pero no es consecuente con el cierre de subsidios.
7. ¿El Estado garantiza la seguridad de tenencia en el caso de mujeres que por divorcio, abandono u otras razones quedan a cargo de los hijos?
No, y la falta de asesoría y el desconocimiento de derechos por parte de las mujeres, las deja en situación de vulnerabilidad en la tenencia. En municipios pequeños y barrios populares, las mujeres no legalizan las separaciones matrimoniales y están sujetas a reclamaciones futuras por parte del ex esposo, a pesar de haber este, formado otro hogar. Las mujeres expresan que la Defensoría del Pueblo debería cubrir además de los aspectos penales, la defensa de los derechos fundamentales.
8. ¿A las mujeres y a las jefas de familia así como a otros grupos desfavorecidos (mujeres maltratadas, con VIH/SIDA, con discapacidad, indígenas, refugiadas e internamente desplazadas) se les garantiza la igualdad de acceso a una vivienda adecuada?
No. Estos sectores tienen mayores obstáculos para acceder a una vivienda adecuada y no hay medidas de discriminación positiva..
9. ¿Tropiezan las mujeres con determinadas restricciones para acceder a los servicios y los medios de subsistencia necesarios a causa del lugar en que viven?
Si, las mujeres desplazadas, las afro descendientes, las mujeres indígenas tienen mayores dificultades para acceder a medios de subsistencia necesarios: Las mujeres han expresado en talleres que el hecho de ser desplazadas crea desconfianza a la gente en las entrevistas de trabajo. En las ciudades los y las desplazadas son aislados y estigmatizados y deben recurrir en un alto porcentaje a la limosna para sobrevivir. Las mujeres desplazadas jefas de hogar se encuentran con grandes dificultades para encontrar un trabajo digno y no están preparadas para afrontar las exigencias de un ambiente urbano frío y con realidades culturales distintas, sin lazos de solidaridad, ni oportunidades.
10. ¿Se garantiza la participación popular en el proceso de adopción de decisiones con respecto a la definición de políticas, instrumentos y programas de planeación y producción de viviendas? Si sí ¿están las mujeres de todos los trasfondos culturales, éticos y religiosos representadas debidamente en este proceso?
Existen leyes y herramientas de participación ciudadana en los planes de desarrollo local, municipal y nacional a través de los Consejos Territoriales de Planeación y medidas para la revocatorias de mandatos, existe además una gran cantidad de organizaciones de mujeres a nivel barrial, local y municipal, pero por desconocimiento de las herramientas y de los derechos y por falta de voluntad política, hay muy poca incidencia de las propuestas de las mujeres en las agendas municipales y nacionales. Por su parte las oficinas o consejerias para la mujeres a nivel nacional no tienen garantizados la continuidad de los programas porque dependen de la voluntad de los gobernantes. El actuál gobierno abrió nuevamente la Consejería de Género, y dentro del movimiento de mujeres esperamos que sirva de motor a una mayor incidencia de las mujeres en las políticas públicas, a pesar de que los recursos asignados son insuficientes. Existen experiencias en el país de organizaciones de mujeres desplazadas, que luchan por la subsistencia y la vivienda, pero que no han encontrado espacios reales de incidencia en la atención al problema. No existe una oficina que centralice la atención a las mujeres desplazadas.
11. ¿Se garantiza la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones con respecto a la definición de políticas, instrumentos y programas acerca del proceso productivo de la vivienda: planeación, gestión, construcción, adjudicación?
La oferta y construcción de vivienda social está fundamentalmente, en manos del mercado, es decir de empresas constructoras que no tienen en cuenta ni a hombres ni a las mujeres en el proceso. Existen iniciativas para la creación de OPV (organizaciones populares de vivienda), pero las restricciones de subsidio y crédito no han permitido que estas prosperen.
12. ¿El Estado adopta medidas para proteger a las mujeres en caso de desalojo y para indemnizar o reasentar cuando se produce el desalojo?
Existe una política de subsidio de reubicación que se aplica sin discriminación de géneros a familias que habitan zonas de riesgo dentro de las principales ciudades.
13. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad física y la privacidad personal de las mujeres, en particular para prevenir la violencia en el hogar?
Existen políticas como las Comisarías de Familia y la Ley 294 que penalizan la violencia intrafamiliar y define medidas de protección. No obstante, por factores culturales machistas, y el desconocimiento de sus derechos como mujeres, subsiste el silencio y la impunidad en mayor medida. Se estima que el 50% de las mujeres ha sido víctimas de la violencia intrafamiliar.
14. ¿Disponen las mujeres de recursos y asistencia jurídica para proteger el derecho a una vivienda adecuada? ¿Hay mecanismos innovativos, como grupos de autoayuda y colectivos femeninos organizados, tanto por la sociedad civil como por el gobierno, que puedan facilitar el acceso de la mujer a la vivienda y a los medios de subsistencia?.
Existen un gran número de organizaciones de mujeres y apoyos puntuales de ONGs que trabajan con las mujeres de barrios y municipios en torno a sus derechos, la participación ciudadana y el acceso a la vivienda y los servicios, pero frente a la magnitud de la problemática y el recorte de subsidios y créditos, se requiere apoyo de la cooperación internacional para fortalecer y propagar las organizaciones de mujeres y apoyar formas alternativas de acceso a la tierra y al crédito, que incluyan el fomento de actividades productivas.
15. ¿Existen programas del Estado que fomenten la capacidad y la sensibilización de las mujeres de su país respecto del derecho a una vivienda adecuada? ¿Cómo evalúa usted las necesidades y los desafíos pendientes?
Dentro del Estado no existen ese tipo de programas. La Red Mujer y Hábitat ha realizado campañas de capacitación a funcionarios públicos y privados relacionados con las instancias encargadas de promover programas de subsidio y crédito para vivienda y ha realizado talleres con mujeres de municipios y localidades en el tema de derechos humanos de la mujeres. Las organizaciones de mujeres, a su vez, han realizado talleres y eventos para denunciar y demandar el acceso a la vivienda.
La atención a las mujeres víctimas del desplazamiento con programas de vivienda adecuada es de una alta prioridad, ya sea en sus territorios de origen, como incentivo al retorno o en las ciudades receptoras. El Estado deben promover y apoyar a las mujeres para constituir organizaciones populares de vivienda y entregarles tierras municipales como complemento del subsidio habitacional, al que se le deben asignar recursos suficientes para atender por lo menos a 300.000 familias, como un medio de superación de condiciones de vida y de reconstrucción de tejido social, la identidad, la solidaridad y la territoriedad. De otra parte debe desarrollar programas de vivienda para arriendo e incentivar la generación de ingresos a los grupos de mujeres.
16. ¿Cómo han afectado las políticas y los procesos de globalización (comercio, financiación, inversión, la deuda, etc.) al derecho de la mujer a una vivienda adecuada?
Entre 1998 y el 2000, la crisis económica del país, que incidió en el incremento de casi 10 puntos en el desempleo y el incremento desmesurado de tasas de interés trajo como consecuencia, la pérdida masiva de la vivienda, especialmente en la clase media lo que obligó al estado a establecer algunas medidas de protección. Aunque no existen estadísticas o estudios que den cuenta del número de mujeres afectadas directamente por esta crisis, hay que tener en cuenta que en la clase media existe la constancia que las mujeres escrituran la propiedad de la vivienda y asumen el crédito, conjuntamente con el cónyuge o compañero.
Las políticas neoliberales han repercutido gravemente en el incremento de las tarifas de servicios públicos en los barrios populares, han generado despidos masivos e incremento del desempleo que afecta en mayor porcentaje a las mujeres, han llevado a la pérdida de las conquistas laborales, imponiéndose la contratación temporal sin prestaciones sociales, ha traspasado al sector privado la construcción de la vivienda social, esto unido a las políticas de Seguridad Democrática del actuál gobierno, ha llevado al recorte de los subsidios de vivienda y al cierre de la línea de subsidios para mejoramiento de vivienda. Se ha incrementado como consecuencia el desplazamiento de la población, la violencia urbana y el conflicto.
Si su caso constituye un ejemplo significativo de discriminación hacia la mujer según las preguntas anteriores, utilice el siguiente esquema para resumir su testimonio:
Resaltamos la situación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso. Se destacan dos casos que representan una realidad que afecta a más de un millón de mujeres en Colombia.
Nombre del caso: Luz Ofelia Duque, víctima de Desplazamiento Forzado
Ubicación: Barranca Bermeja y Bogotá.
Población afectada:
Fechas importantes del proceso: 14 de Julio de 2000.
Listado de organizaciones civiles involucradas, indicando el papel que cumplen:
Grupo armado Autodefensas de Colombia.
¿En que medida no se cumple, está amenazado o ha sido violado el derecho humano a la vivienda de la mujer?
Luz Ofelia vivía en Barranca Bermeja, en su casa propia. Pertenecía a una organización de mujeres y trabajaba en Instituto de Seguro Social en el que debía remitir personas heridas a tratamiento médico. Las Autodefensas, grupo paramilitar de Colombia, la amenazaron acusándola de auxiliar guerrilleros y tuvo que dejar la ciudad, desplazándose con su familia extensa a Bogotá. Perdió su territorio, su sentido de pertenencia, su empleo y su vivienda, ya que los paramilitares hicieron ocupación de su vivienda como depósito de contrabando de gasolina. Actividad que ayuda a financiar a estos grupos. Adicionalmente los ocupantes no han pagado los servicios públicos existiendo una deuda de más de 1000 dólares por este concepto.
¿En que medida no se cumple, está amenazado o ha sido violado el principio de no discriminación hacia la mujer en el disfrute del derecho a la vivienda?
En primer lugar, no contó ni con protección personal, ni del empleo, ni la vivienda y se han generado deudas a cargo de su vivienda por el no pago de los servicios públicos consumidos por los invasores.
En segundo lugar, gracias a su vinculación en Bogotá con una organización que da apoyo a las mujeres desplazadas, pudo acceder de manera parcial a la ayuda humanitaria que presta el gobierno y junto a 11 familias más, a una parcela, dónde vive en usufructo y en precarias condiciones de vivienda de tres cuartos junto a su grupo familiar compuesto por 12 personas. Por no ser propietaria de la parcela, no puede acceder al subsidio de vivienda.
Después de 5 meses de arribo a Bogotá recibió una ayuda alimentaria para 15 días , que de acuerdo a las políticas estatales debía ser de tres meses y recibieron un Kit agrícola compuesto por 12 gallinas, herramientas y semillas. El grupo de familias creó una empresa de trabajo comunitarios para la subsistencia.
¿Qué impactos tiene o podría tener la violación del derecho a la vivienda o la violación del principio de no discriminación (económicos, sociales, políticos y culturales)?
Los impactos para las mujeres desplazadas y sus hijos, son de todo tipo, impactos sicológicos graves, pérdida de la identidad y la ciudadanía, pérdida de lazos de solidaridad y fuentes culturales, estado de desprotección e indefección, incremento de la pobreza, pérdida de las fuentes de sustento, descomposición social en los jóvenes. A nivel del territorio, impactos negativos en el crecimiento de áreas marginales de la ciudad.
¿Qué otros derechos humanos, conectados con la vivienda y lo territorial, están o podrían ser afectados?
Las mujeres desplazadas son víctima de violación de todos los derechos fundamentales.
Observaciones generales: algunas preguntas que pudieran orientar el trabajo del relator y la formulación de las preguntas a los diferentes actores.
Datos de contacto:
Autor de la ficha: Ofelia Duque Muñoz
Organización: Anmucic
Localidad: Venecia, Cundinamarca, Colombia.
Nombre del caso: Martha Cecilia Olaya Grisales
Ubicación: Corregimiento Monte Loro, Valle. Colombia.
Población afectada: Madre y sus 2 hijos, entre millones de personas desplazadas.
Fechas importantes del proceso: 31 de Julio de 1999..
Listado de entidades públicas involucradas, indicando su responsabilidad:
Tropas del Batallón Palace de Buga.
Listado de organizaciones civiles involucradas, indicando el papel que cumplen:
Grupo armado Autodefensas de Colombia: Agresión, asesinato y amenazas.
Asociación Campesina Los Yarumos, haciendo denuncia frente al caso.
Colectivo de abogados, José Albear realizando investigaciones frente al caso.
ANMUCIC y Comisión Colombiana de Juristas: ONGs que han hecho denuncias frente al estado sobre el atropello a las mujeres.
¿En que medida no se cumple, está amenazado o ha sido violado el derecho humano a la vivienda de la mujer?
En ninguna medida se cumple. Martha Cecilia quedó en la interperie sin su vivienda, las autodefenzas se la destruyeron y quemaron, su hija de 13 fue asesinada y la familia fue y continúa amenazada.
¿En que medida no se cumple, está amenazado o ha sido violado el principio de no discriminación hacia la mujer en el disfrute del derecho a la vivienda?
En primer lugar, no contó ni con protección personal ni de la vida de su hija, perdió su vivienda y tuvo que dejar su territorio por las amenazas.
¿Qué impactos tiene o podría tener la violación del derecho a la vivienda o la violación del principio de no discriminación (económicos, sociales, políticos y culturales)? Se quedó sin un sitio sguro dónde vivir, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero para el sustento de su familia. Los impactos para las mujeres desplazadas y sus hijos, son de todo tipo, impactos sicológicos graves, pérdida de la identidad y la ciudadanía, pérdida de lazos de solidaridad y fuentes culturales, estado de desprotección e indefección, incremento de la pobreza, pérdida de las fuentes de sustento, descomposición social en los jóvenes. A nivel del territorio, impactos negativos en el crecimiento de áreas marginales de la ciudad.
¿Qué otros derechos humanos, conectados con la vivienda y lo territorial, están o podrían ser afectados?
Martha Cecilia Olaya, como tantas mujeres que sufren situaciones similares, se pregunta porqué, fue sacada de su territorio, porqué le quemaron su casa, asesinaron su hija si no tiene ninguna relación con el conflicto que vive el país.
Las mujeres desplazadas son víctima de violación de todos los derechos fundamentales.
Observaciones generales: algunas preguntas que pudieran orientar el trabajo del relator y la formulación de las preguntas a los diferentes actores.
Datos de contacto:
Autor de la ficha: Martha Cecilia Olaya Grisales
Edad: 30 años.
Viuda con 2 hijos.
Organización: Anmucic
Localidad: Venecia, Cundinamarca, Colombia.