Los expertos, provenientes de distintas instituciones, analizaron en detalle las políticas con las que el Gobierno ha desarrollado la reconstrucción. De su evaluación se desprende una nota promedio de 3,1, en escala de de 1 a 7, en distintos ámbitos considerados.
La investigación también incluyó un análisis de las desigualdades producidas por la forma en que se está llevando adelante la reconstrucción, además de la explicación de los procesos de deterioro que están viviendo las ciudades del valle central. La lógica “una familia, un sitio, un subsidio” implica dejar fuera a muchos allegados que vivían en las casas destruidas.
Se presenta también la situación de los desplazados de la reconstrucción, quienes deberán dejar sus barrios de origen e irse a vivir a la periferia. Ellos no han sido mencionados en el debate público ni en las acciones del Gobierno, pero cuyos derechos son preocupación de organismos internacionales.
Finalmente se presenta una revisión de las 25 agrupaciones ciudadanas de las zonas afectadas que se han organizado en el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, con objetivo de dar una mirada a la reconstrucción desde la sociedad civil y propiciar nuevas colaboraciones.
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