El
acceso justo al hábitat es algo más complejo que la construcción masiva y
estandarizada de viviendas y parte de un recurso primario que es el suelo. Una
familia necesita suelo urbanizado, una parcela con agua y cloaca en la cual
levantar su vivienda. Se han implementado varias políticas que inciden en la
problemática habitacional, pero éstas se vieron acompañadas de fuertes
especulaciones en el precio del suelo y alzas en los materiales de la
construcción por los monopolios existentes. Si el suelo es una mercancía en la
cadena productiva de la ciudad, la desigualdad social se acentúa. El Estado
tiene que actuar rápidamente, con un bagaje de instrumentos que acompañen una
toma de decisión política donde primen los derechos ciudadanos por sobre los
intereses de los mercados.
Uno de los ganadores de la desigualdad parte
de la desigualdad patrimonial. Esta se remonta al pasado colonial y al
predominio de las familias terratenientes de fines del siglo XVIII, que
aspiraban a la riqueza proveniente del trabajo de la tierra y su acumulación
para el arriendo. Su vinculación con la inserción agroexportadora del país es
directa y ha sentado los cimientos de un modelo territorial nacional
excluyente.
Con la desindustrialización y especulación
financiera impulsada por la dictadura de 1976 se apuntaló también un proceso de
mercantilización del suelo. Indujeron su despliegue los parámetros establecidos
por los códigos de uso de suelo y los sucesivos códigos de edificación que
modificaron el carácter de su valorización al cambiar su uso, densidad y
ocupación. A fin de cuentas, una valorización selecta en el acceso a los
beneficios de la ciudad que excluyó a los más débiles. La expulsión de la
población de la Capital Federal al conurbano fue una de las tantas medidas
desplegadas.
En los noventa la fragmentación socioterritorial se profundiza con el
incipiente desarrollo inmobiliario, acrecentado en el crecimiento de la
periferia. El modelo de urbanización instalado ha sido el de los
barrios cerrados, especialmente en el corredor noroeste de la Región
Metropolitana de Buenos Aires, fomentado en gran medida por la inversión
en la extensión y ampliación de vialidades, los parámetros
especulativos de densidades y tamaños de lotes que se posibilitaron a
partir del decreto-ley 8912/77 de la provincia de Buenos Aires. De esta
forma quienes no podían acceder a la oferta del mercado se vieron
limitados en el acceso a una vivienda digna, por ende acudieron a
soluciones alternativas en zonas vulnerables, donde los beneficios de la
ciudad no siempre se hicieron presentes.
Otra medida que se desplegó fue la privatización de los servicios de
infraestructura básica, sumado a una desinversión en la extensión de
servicios públicos, por ejemplo de empresas como Aguas Argentinas, que
dejaron de invertir aduciendo escaso recupero.
Así el slogan «merecer la ciudad” se fue consolidando especialmente
en las grandes ciudades, en desmedro de los derechos colectivos. Sólo en
el interior es posible ver una mayor integración urbana, aunque no en
todos los casos –hay excepciones, como Comodoro Rivadavia, la ciudad más
cara del país–.
Cuando el Estado volvió a tomar protagonismo a inicios del nuevo
milenio, y recuperó empresas como AySA se genera un plan de extensión de
redes de agua y saneamiento y se desarrollan otras políticas que
empiezan a incidir sobre este sendero de desigualdad.
Derechos
A inicios del siglo XXI el desafío es aún mayor. Las ciudades
reflejan la desigualdad social y en su crecimiento contribuyen a
reproducirla o incluso la refuerzan y profundizan. Más del 90 por ciento
de la población del país vive en zonas urbanas y el 39 por ciento se
concentra entre la CABA y el conurbano bonaerense. Las elites se
localizan en conos de alta renta, y los pobres en la periferia sin
servicios o en zonas devaluadas. Modificarlo es complejo. Nadie cede el
poder gratuitamente.
Políticas públicas como el Procrear y la sanción de la reciente Ley
14.449 de Acceso Justo al Hábitat en la Provincia de Buenos Aires
favorecen condiciones diferenciales para el acceso al techo propio y a
la ciudad en sus dimensiones más amplias.
Por un lado, el Procrear permite acceder a créditos hipotecarios a
bajas tasas, garantizando transparencia y confiabilidad en la
elegibilidad de los beneficiarios por su adjudicación a partir de
sorteos realizados por Lotería Nacional, además incrementa la generación
de empleo en la construcción, en proveedores de nuevos servicios
urbanos, y amplía la actividad del mercado de la construcción, sumado al
significativo hecho de concretar el sueño de la casa propia.
Actualmente, a lo largo y ancho del país, se encuentran en marcha
113.327 viviendas, de las cuales 79.333 corresponden a líneas
tradicionales de crédito hipotecario y otras 33.994 se enmarcan en la
construcción de 104 desarrollos urbanísticos. La inversión total
estimada es de más de 40.000 millones de pesos.
Por otra parte, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de
Buenos Aires, que resulta de una conquista social de lucha sostenida
por años por parte de organizaciones sociales y especialistas, establece
lineamientos para el fortalecimiento de la regulación pública sobre el
suelo urbano ocioso con la finalidad de desalentar prácticas
especulativas, utilizando instrumentos de recuperación y redistribución
social en la valorización de los inmuebles. También impulsa la
generación de un banco de tierra fiscal para futuros desarrollos
urbanísticos e incorpora una lógica de desarrollo integral que no sólo
contempla las viviendas, sino la integración sociourbana de esas
unidades en un loteo que incluye jerarquía vial, dotación de espacio
público y ejecución de equipamiento sociocomunitario, entre otros
puntos. A ello se agregan la pluralidad en la oferta de soluciones
habitacionales, la promoción de la participación de la población
beneficiaria en los procesos de re-urbanización, así como la producción
social del hábitat a través de procesos que cuenten con modalidades de
autogestión y/o autoconstrucción individual o colectiva y la integración
sociourbana de villas y asentamientos precarios.
Muchos han sido los avances en materia habitacional, pero aún
persisten grandes deudas sociales y se siguen generando nuevos desafíos.
En el caso del Procrear, uno de ellos ha sido el aumento especulativo
de valores del suelo, de las viviendas a estrenar y materiales de
construcción. El control de precios, el control del monopolio en algunos
insumos y disponibilidad de stock de productos, y la oferta de oficios
especializados se han convertido así en desafíos centrales. Para
contrarrestar algunos de estos obstáculos, se lanzó el registro de
comercializadores y empresas que permite nuclear la oferta de inmuebles,
se trabaja con los diversos niveles de gobierno para agilizar circuitos
administrativos, así como con el programa Precios Cuidados. En el caso
de la ley de hábitat se esperan grandes retos, tras su reciente
reglamentación.
Desafío Urbano
El barrio donde se vive no sólo significa pertenencia sino también
oportunidades para progresar. Desde la planificación urbana, se deben
orientar los parámetros de crecimiento de las ciudades, y consolidar
nuevos polos de desarrollo e inversión, donde el Estado debe ser el gran
conductor y regulador del proceso. Esto es vital en la reducción de la
desigualdad social, que sin dudas tiene un anclaje territorial.
Actualmente no se juzga la escasez de suelo, por el contrario, falta
sostener una política de inversión en redes de infraestructura, y una
mayor definición en los parámetros de crecimiento de la urbanización,
que no sólo atiendan la expansión sin límites sino la densificación de
suelo creado. En este contexto, la selección de predios debería estar
orientada a sitios próximos a los centros y subcentros urbanos para el
mayor aprovechamiento racional de las inversiones en equipamientos y
redes de servicios. También es necesario atacar con medidas correctivas
el suelo ocioso y generar una nueva modalidad de lotes con servicios
(agua y cloacas, pavimento, drenajes urbanos, espacio público,
transporte, equipamiento sociocomunitario) a valores subsidiados que
complementen la unidad habitacional.
Una nueva práctica urbanística redistributiva se constituye en un
ángulo estratégico en la solución de la desigualdad. Al igual que otros
recursos estratégicos como el agua y el petróleo, el suelo y la vivienda
deben ser preservados y regulados de tal forma que se impida la
especulación con ellos. Si son los mercados de suelo los que definen la
organización de la ciudad, sin dudas la fragmentación urbana avanzará.
* Especialistas en Política Social y en Desarrollo Urbano y Territorial. Cedep.
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