Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles, parlamentarios, y organismos internacionales en Argentina, hoy 3 de octubre de 2005, en oportunidad de celebrarse el Día Mundial del Hábitat, promovemos la organización de un espacio colectivo y pluralista que lleve adelante la lucha por la reforma urbana en Argentina. Lo hacemos preocupados porque: Por ello proponemos mancomunar esfuerzos para promover un proceso de reforma urbana en Argentina, que permita asegurar: 1. PROTECCIÓN LEGAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD. Se promueve el dictado de normas en el nivel federal que, respetando la autonomía de las provincias y los municipios, establecen un marco jurídico mínimo que proteja los derechos humanos en el ámbito de la ciudad. Es necesario que se provean instrumentos y herramientas jurídicas que faciliten la regularización de barrios informales y de conjuntos habitacionales construidos por el estado, que establezcan el derecho subjetivo de exigir ante el Poder Judicial la implementación de estas herramientas conforme lo establecido por el Comité de DESC de la ONU en su Observación general nº 4. 2. DEMOCRATIZACION DEL ACCESO A LA TIERRA E INMUEBLES URBANOS. Se promueve la implementación de políticas de recuperación de los inmuebles urbanos (tierra y edificios) ociosos y sanciones contra la especulación inmobiliaria, a través de impuestos progresivos. Intervención activa, directa y permanente del estado a través de la asignación de recursos destinados a la conformación de BANCOS DE INMUEBLES, gestionados con control social. 3. EL DERECHO A LA REGULARIZACION. Establecer un procedimiento de regularización dominial y urbana de tierras aptas, que contemple la integralidad de los procesos, que establezca plazos y que en caso de mora, inacción estatal o peligro de desalojo, los pobladores de asentamientos informales puedan reclamar judicialmente la regularización de sus viviendas.. Para el caso que sea urbana o ambientalmente imposible la regularización, deben impulsarse políticas de relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar de origen. Debe incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras ocupadas y libres, y asignar fondos a las leyes de expropiaciòn sancionadas y no implementadas. Además se deben actualizar la usucapión urbana e incorporar la usucapión colectiva. 4. LOS PROCESOS DE DESALOJOS NO DEBEN VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS. DEROGACIÓN DEL DELITO DE USURPACIÓN. Incorporar estándares de Naciones Unidas en materia de desalojos forzosos (Observación General nº 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales) al Código de Procedimientos Civil y Comercial y al Código de Procedimiento Penal y dar instrucciones al Ministerio público para su aplicación inmediata en los procesos actualmente vigentes. Asimismo, se debe derogar la figuna de usurpación como delito penal por su carácter represivo y antidemocrático, cuando se encuentra en contradicción con el derecho a la vivienda. 5. LA DEMOCRATIZACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS. El Gobierno debe promover un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas diferenciadas adecuadas al ingreso de los sectores de menores recursos e implementar acciones de urbanización de asentamientos informales y precarios de bajos ingresos en conjunto con los procesos de titulación de tierras. 6. LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN LAS POLÍTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA. Las personas implicadas en los planes de construcción y mejoramiento de vivienda tienen derecho a participar en espacios institucionales de control de los programas de vivienda y de regularización. Asimismo los ciudadanos y sus organizaciones tienen derecho a participar en el diseño de la política urbana, sin discriminaciones. 7. EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUTOGESTION DEL HABITAT. Se debe promover una implicación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, con políticas que apoyen el desarrollo de sus organizaciónes mediante la planificación, gestión y administración directa de los recursos públicos en programas que comprendan el conjunto de los componentes del habitat (suelo, materiales, mano de obra, herramientas, asistencia técnica, derechos y seguros, capacitación) así como un conjunto de programas complementarios que fortalezcan su desarollo; estimulen su rol protagónico en procesos locales y barriales y utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades autogestionarias colectivas. 8. DESARROLLO URBANO SIN DISCRIMINACIÓN. Las políticas de regularización deben abarcar tanto los asentamientos sobre tierras públicas como privadas y deben encararse de forma integral considerando la inclusión de los asentamientos informales de bajos ingresos al proceso de desarrollo urbano. 9. ACCESO A LAS AREAS CENTRALES URBANAS. En el marco de la concepción de construcción de una ciudad democrática deben definirse intrumentos, recursos y nomativas que garanticen la radicación de los sectoes populaes en las áreas centrales urbanas. 10. LA PROMOCION DE POLÍTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA CON SENTIDO REDISTRIBUTIVO. Se deben superar las acciones públicas generadas por los programas focalizados, promover la desmercantilización de los bienes y servicios del habitat y la recuperación de las plusvalías generadas por las acciones del estado y de los propios pobladores, para distribuir socialmente los beneficios de la urbanización. 11. REFORMA TRIBUTARIA. Se deben desarrollar procesos de transformación de las estucturas tributarias vigentes a escala nacional, regional y local de carácter profundamente regresivas, formulando instrumentos tributarios de carácter claramente progresivos en los cuales «los que tienen más, paguen más; los que tienen menos, paguen menos y los que no tienen nada, no paguen nada». 12. MODIFICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA. Ley que fuera diseñada para asignar los recursos estatales en función del sector financiero deberá transformarse en una ley que garantice priorizar la solución habitacional de los sectores populares. Argentina, 3 de octubre de 2005 Adhieren: Organizaciones sociales / Entidades sin fines de lucro / Organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo / Cooperativas / Organismos públicos / Universidades y centros de investigación; Organismos internacionales en Argentina, Otros.
Declaración del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias
En el marco del U20, organizaciones sociales, movimientos populares, redes de la sociedad civil, integrantes de la academia y autoridades locales comprometidas con la igualdad, los derechos humanos y la sustentabilidad se reunieron en Buenos Aires para proponer un compromiso común por Ciudades Igualitarias.




