
Reunidos en Saint-Denis y Aubervilliers,
los días 11 y 12 de diciembre de 2012, representantes de gobiernos locales de
todo el mundo, pero también del Consejo de Europa, de la Organización
Internacional del Trabajo, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de redes
internacionales de movimientos sociales y de la sociedad civil, reafirmamos
nuestro compromiso firme hacia el respecto, la protección y la garantía de los
derechos humanos a nivel local a través de nuestras políticas públicas.
De la Carta Europea de Derechos Humanos en
la Ciudad (2000), firmada por más de 350 ciudades, a las cartas de Montreal
(2006), Ciudad de México (2010), Gwangju (2012) o Viena (2012), pasando por la
adopción de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (2011),
adoptada por CGLU, nos complace ver que, después de 12 años, los derechos
humanos se inscriben de forma creciente en la agenda de los gobiernos locales
del conjunto del planeta.
Pero hoy, creemos que es imperativo
trabajar para que el derecho a la ciudad, entendido como el usufructo
equitativo de la ciudad, de acuerdo con los principios de sostenibilidad,
igualdad, solidaridad y justicia social, devenga una realidad tangible en cada
una de nuestras ciudades y regiones metropolitanas. Nuestro 1r Encuentro
Mundial de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad demuestra que es
posible avanzar en este sentido a través de la implementación de políticas
locales innovadoras en materia de gestión del espacio público, vivienda o
desarrollo endógeno, social y solidario.
De acuerdo con este espíritu, ponemos de
manifiesto nuestra voluntad de dialogar con los movimientos sociales y con el
conjunto de la sociedad civil que, a nivel local, nacional y mundial, trabajan
para legitimar este nuevo derecho humano en un mundo ya mayoritariamente
urbano.
Considerando que los marcos estatales
garantizan cada vez menos los derechos fundamentales, nuestra responsabilidad
como gobiernos locales es hacer frente al desafío global de los derechos
humanos, desafío que está siendo agravado por la crisis financiera mundial y
los problemas sociales y medioambientales que ha provocado y cuyos efectos
recaen principalmente sobre los/as ciudadanos/as.
En relación a esta cuestión y a otros retos
mundiales, el reconocimiento del papel de los gobiernos locales es fundamental.
Por lo que urge que la ONU considere a CGLU como interlocutor privilegiado y le
otorgue el estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
La experiencia nos demuestra que, en
materia de derechos humanos, es necesaria la participación de los primeros
afectados, los/as ciudadanos/as, en una dinámica de reapropiación de las
cuestiones urbanas y su implicación en el diseño de soluciones. La promoción de
los derechos humanos en la ciudad y del derecho a la ciudad está íntimamente
relacionada con el desarrollo de la democracia participativa, y debe garantizar
la igualdad de género y la implementación de prácticas participativas en todos
los ámbitos de la vida.
En el marco de la actual urbanización del
planeta, el concepto del derecho a la ciudad nos obliga a repensar la ciudad,
su función respecto al conjunto de los/as habitantes y su relación con lo rural.
Y ello nos lleva a reflexionar, de forma más general, sobre la cuestión del
derecho a la centralidad, el derecho a una metrópolis para todas y todos, y que
los ciudadanos/as puedan acceder al conjunto de funciones necesarias para la
vida, que dan sentido y contenido a los conceptos de convivencia y sociedad.
Nos comprometemos a defender, en el seno
del movimiento municipalista mundial que celebra pronto su primer centenario,
el interés común de nuestros intercambios.
Llamamos, finalmente, a una reflexión
conjunta para hacer avanzar nuestra acción colectiva en el seno de CGLU y de
nuestra herramienta común, la Comisión de Inclusión Social, Democracia
Participativa y Derechos Humanos.
Saint-Denis, 12 de diciembre de 2012.


