
Agenda Ciudadana Hábitat III
Reunidos
en Lima –ciudad de 10 millones de habitantes a lo largo de 250 km., con un
tercio de su población viviendo en precariedad–, 193 mujeres y 168 hombres
provenientes de organizaciones ciudadanas (105), del ejercicio profesional (79)
y académico (87), así como autoridades y funcionarios (20), tanto de Lima (293), como de regiones (51), por 17
personas invitadas de América Latina, en el Encuentro Internacional de la Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia
Hábitat III, los días 1 y 2 de octubre de 2015, decidimos formular una
agenda ciudadana hacia Hábitat III a partir del ideal de «derechos a la vivienda, barrio y ciudad” como expresión de
nuestras demandas, y como forma de entender la gestión de lo público desde el
enfoque de los derechos humanos y las necesidades de los habitantes y sus
realizaciones materiales y colectivas, aludiendo tanto a bienes de disfrute y
alcance familiar, como al territorio en la escala material y simbólica que
define nuestra experiencia humana, identidad y capacidad de transformación del
entorno.
Vivienda,
barrio y ciudad son también nuestros lugares de enunciación y realizaciones
concretas en los que las capacidades ciudadanas debieran converger con la
gestión pública. Esta convergencia, señalamos, parece más bien lejana. Hoy
mismo nuestra experiencia pública de estos lugares la definen fuerzas que están
arrinconando el principal valor de la experiencia urbana: la diversidad. Varias
y poderosas son estas dinámicas de dominio que el interés privado ejerce sobre
el espacio público y los bienes comunes; pueden definirse por (1) la extracción
intensiva de valor por parte de privados, (2) la destrucción de valor generado
histórica o colectivamente y (3) la expropiación de la experiencia ciudadana,
crecientemente reemplazada por dinámicas de violencia, clientelismo y
consumismo, que merman las posibilidades para generar bienestar e integración y
contravienen el pleno ejercicio del
derecho a la ciudad. En el mismo sentido opera la acción que los grandes
modeladores del territorio –para-estatales, privados o transnacionales–
ejercen contra los gobiernos locales y la ciudadanía, los que, desprovistos de
herramientas institucionales, apenas pueden ejercen la función de modelar el
territorio en la escala mínima, y en acciones por lo general reactivas.
La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sustentable, conocida como Hábitat III se realizará en Quito en octubre
de 2016. En el proceso preparatorio, cada país debe elaborar su informe nacional. A la fecha, no se tiene conocimiento del estado del
informe en el Perú, al que no han sido convocados los actores sociales ni
autoridades locales; no obstante, para la sociedad civil organizada el proceso
es útil para la articulación de medidas
y propuestas que, dejadas de lado en Hábitat
III, rescaten los compromisos suscritos por todos los países, por el Perú
también, en la Agenda Hábitat II
(Estambul, 1996) la cual enfatizaba, entre otros: (i) el derecho humano a una
vivienda adecuada, con su naturaleza progresiva; (ii) el respeto a la Madre
Tierra; (iii) la gobernanza participativa en todos los niveles; (iv) el
concepto de ordenamiento territorial en el continuo campo-ciudad; (v) la
creación de instrumentos innovadores para aprovechar los aumentos del valor de
la tierra y recuperar las inversiones públicas; y (vi) el aumento de la
asequibilidad de la vivienda a través de subsidios y otras formas innovadoras
de asistencia técnica, incluyendo el apoyo a la vivienda de construcción propia.
Adicionalmente, desde 2013, el Perú tiene pendiente la ratificación del
Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que es firmante. Esto es
importante en la medida en que este Pacto precisa los estándares y normas del
Derecho Humano a una Vivienda Adecuada que se incluyeron en Hábitat II (1996).
Para la formulación de las medidas ahora imprescindibles en los desafíos del
hábitat sostenible, corresponde revisar el cumplimiento progresivo de los
atributos de este derecho fundamental: (i) seguridad jurídica de la tenencia y
supresión de los desalojos forzados; (ii) disponibilidad de servicios e
infraestructura; (iii) habitabilidad; (iv) gastos soportables y asequibilidad
de la vivienda, o accesibilidad económica; (v) accesibilidad a la vivienda por
todos los sectores sociales; (vi) localización; y (vii) adecuación cultural.
Ahora mismo, no es posible el seguimiento y la evaluación de estos
estándares. Y analizando el patrón de urbanización y las políticas de vivienda
vigentes en el Perú, los desafíos son enormes. Considerando la localización de
la vivienda como el reto principal, falta una política de suelo que garantice
la tenencia segura, evitando toda forma de especulación sobre el valor del
suelo y el tráfico de lotes, sea en el centro histórico, en los sectores
residenciales o en las barriadas. Considerando la vivienda como servicio y no
como mercancía, en su valor de uso y no sólo en su valor de cambio, las
intervenciones del Estado en materia habitacional deben formularse como
políticas públicas sostenibles, más allá de una suma de planes piloto, como
ocurre actualmente.
Reafirmamos que el rol tutelar del Estado consiste en velar por la calidad
de la urbanización y la construcción de cada vivienda en el campo y en la
ciudad, y cada barrio o comunidad, también el hábitat producido por la gente. Fortalecimiento
de capacidades ciudadanas, especialmente de las mujeres.
Ante la configuración de territorios divididos, el ordenamiento territorial
debe considerar e implementar regulaciones orientadas a revertir la tendencia
histórica del campo hacia la ciudad y la concentración del capital y la
financiarización de la economía, evitar la superposición de concesiones
extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la generación de
enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias,
con una revisión de la institucionalidad para lograr mayor coordinación
territorial entre los distintos elementos del hábitat, la salud, la educación,
el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos. Un primer principio de sostenibilidad pasa por la
soberanía alimentaria de las comunidades. El desarrollo de los territorios y de
las ciudades, desde la perspectiva del buen vivir de las familias, exige
medidas innovadoras en la producción, comercialización y certificación de los
alimentos, incluyéndolas en futuras reformas de la educación y, en general, a
las políticas de suelo.
Considerando el modelo de producción de las ciudades, especialmente en
Lima, las prioridades deben enfocar incentivos y apoyos al mejoramiento de las
viviendas construidas por las familias en las barriadas, con asistencia y
supervisión técnicas y con «licencias” para asegurar la calidad del capital
social invertido en cada casa, la seguridad humana y el bienestar colectivo;
también para denunciar las irregularidades del negocio inmobiliario y la
producción de riesgos y vulnerabilidades. Las políticas públicas urbanas deben
incluir obligaciones de Estado en materia de información, transparencia y
participación de todos los actores involucrados –y no tanto sólo el sector
privado y los intereses de las élites. El desafío vivienda – barrio – ciudad
debe enfrentarse recuperando los aportes y capacidades de sus habitantes,
especialmente de las mujeres, las experiencias de participación ciudadana y la
larga tradición de lucha de nuestros pueblos.
Lima, 2 de octubre de 2015


