Sr. Elías Antonio Saca.
Presidente de la República de El Salvador.
Presente
Sr. Presidente:
Nuestro país se encuentra inmerso en una profunda crisis económica, social, medioambiental, política e institucional. Como consecuencia de ello la sociedad salvadoreña y de manera específica, los sectores mayoritarios de la población, enfrentan una serie de graves problemas entre los que destacan:
La situación de inseguridad ciudadana y elevados niveles de criminalidad, que están provocando alrededor de 12 asesinatos diarios. Además, existe una preocupación porque en este marco se estén encubriendo hechos con motivación política. Y ante todo lo anterior, parece ser que las instituciones responsables están siendo rebasadas.
El creciente deterioro del nivel de vida como resultado del incremento de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica.
El aparecimiento de los impactos negativos del TLC Estados Unidos Centroamérica, particularmente sobre sectores sociales y productivos más vulnerables, como el caso de los productores agropecuarios, la criminalización de los vendedores del sector informal entre otras.
El alto grado de vulnerabilidad ambiental, el cual tiende a agravarse como consecuencia de iniciativas gubernamentales como destrucción de la Finca El Espino, explotación minera, construcción de represas, y la falta de bordas en los ríos Lempa, Jiboa, Grande y Paz, etc.
Todo lo anterior, está provocando mayores niveles de pobreza y migración hacia el exterior. Mientras tanto, el actual gobierno no está impulsando las acciones necesarias para superar dichos problemas.
Es en este marco que las organizaciones sociales integrantes del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR 12, han impulsado la CRUZADA NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA VIDA.
La actividad central de esta cruzada ha sido la realización de la CAMINATA NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA VIDA, la cual inició en la ciudad de San Miguel el día 5 de octubre y culminó este día 12 de octubre en la ciudad de San Salvador.
El objetivo de la CRUZADA NACIONAL POR LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA VIDA, es expresar el sentir generalizado del pueblo salvadoreño en relación a los problemas que lo afectan: inseguridad ciudadana y delincuencia, crisis económica (incremento en servicios básicos, incremento del costo de la vida, profundización de la crisis medioambiental (destrucción de la Finca El Espino, minería, construcción de presas hidroeléctricas, vulnerabilidad ambiental), y la pérdida de la soberanía nacional (impactos del TLC, envío de tropas a Irak, etc.)
Frente a los problemas anteriores, las organizaciones sociales y populares y el pueblo salvadoreño demandamos:
1. Establecimiento de una política de seguridad ciudadana, que prevenga la delincuencia, incluyendo los siguientes elementos.
a. Aprobar una iniciativa de ley orientada a la desarmamentización de la sociedad, tomando como base las propuestas presentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil.
b. Aprobar una iniciativa de ley orientada a la regulación y control de las empresas dedicadas a la venta de armas, que incluya entre otros aspectos la aplicación de un impuesto del 100% del valor de las mismas.
c. Prohibir la portación de armas.
d. Establecer control y regulación de las empresas de seguridad privada.
e. Incrementar el salario de los miembros de la Policía Nacional Civil.
f. Retomar la Propuesta de Seguridad presentada por el FMLN.
2. Derogar las leyes que penalizan la venta de productos de marca y criminalizan a los vendedores del sector informal.
3. Suspender la explotación minera, la construcción de presas hidroeléctricas y de la carretera longitudinal del norte y otros megaproyectos que atentan contra el medioambiente y generan más riesgos y vulnerabilidad. Fortalecer la legislación de prevención y mitigación de riesgos para enfrentar eficiente y efectivamente los impactos de los desastres socio-naturales. Aprobar la ley de ordenamiento territorial y ley de aguas.
4. Construir las obras de infraestructura para la prevención de riesgos en los ríos Lempa, Jiboa, Grande y Paz.
5. Promover la reactivación del sector agropecuario, para superar la crisis en la que se encuentra, incluyendo:
a. No aprobar las propuestas de ley de arrendamiento de tierras y ley de recuperación de tierras.
b. Legalización de tierras y entrega de títulos de propiedad por parte del ISTA.
c. Condonación total de la deuda agraria y bancaria a los pequeños productores y cooperativas para apoyar la reactivación del agro.
d. Aprobar la iniciativa de Ley de Especial para el Desarrollo Agropecuario, que será presentada por CONFRAS y la Coordinadora Nacional Agropecuaria.
6. Incrementar el salario en relación al costo de vida, para los empleados del sector privado y público, y frenar leyes y medidas que tiendan a la flexibilización laboral y la precarización del empleo (caso de la ley de aprendizaje).
7. Derogar el decreto 347 que limita la edad de jubilación, y aprobación de un incremento del 10% a las pensiones.
8. No privatizar el agua, la salud, la educación, la generación y transmisión de la energía eléctrica, los puertos y aeropuerto, y otros. Impulsar una reforma integral de salud, que universalice el acceso a la salud y a la seguridad social a toda la población. Impulsar una política educativa que universalice el acceso a la educación básica y media gratuita y facilite el acceso a la formación técnica y universitaria. Incrementar la asignación presupuestaria a la Universidad de El Salvador.
9. Revisar y cambiar la ley de hidrocarburos, para establecer controles y regulaciones a las grandes empresas petroleras sobre las ganancias que obtienen en el marco del aumento de los precios del combustible.
10. Aprobar una ley de la juventud que fortalezca sus derechos, promueva su desarrollo y participación en las políticas públicas.
11. Fortalecer la legislación y la institucionalidad que garantiza los derechos de las mujeres, la equidad de género y la no discriminación.
12. Derogar la ley Anti Terrorista, por ser inconstitucional y atentatoria contra los derechos humanos.
13. Transformar el Tribunal Supremo Electoral, separando las funciones administrativas y jurisdiccionales. Promover la transparencia en el Centro Nacional de Registro de las Personas Naturales y modificar el código electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes.
14. Fortalecer la Procuraduría de los Derechos Humanos y respeto pleno a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población. Hacer efectiva la aplicación de una ley que ataca la impunidad y la corrupción.
15. Respetar el Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Fomentar la participación ciudadana y la cultura democrática para garantizar la gobernabilidad.
16. Aprobar de un Presupuesto Nacional, acorde a las prioridades sociales y económicas en beneficio de toda la población. No aprobar préstamos y endeudamiento que afecte el desarrollo de las actuales y futuras generaciones. Establecer una política fiscal justa.
La implementación de las medidas anteriores constituye una necesidad para iniciar el proceso de superación de los graves problemas que enfrenta la población salvadoreña. Para ello es necesario crear los mecanismos adecuados de seguimiento para asegurar su cumplimiento. Para ello proponemos la creación de una Comisión Nacional de Concertación, la cual debe ser una comisión de alto nivel, integrada por las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales y productivos, representativos de la sociedad salvadoreña que aseguren el seguimiento y cumplimiento de las medidas planteadas.
San Salvador, 12 de Octubre del 2006
Movimiento Popular de resistencia 12 de Octubre (MPR-12)
Bloque Popular Social por la Democracia Real (BPS)
Movimiento Nacional de Vendedores de CD, DVD y otros productos de marca
Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA)
Frente Sindical Salvadoreño (FSS)
Foro para la Defensa de la Constitución (FDC)
Alianza Social por el Cambio (ASC)