Conflictos urbano-ambientales en América Latina

No hay duda que eso que llamamos «conflictos
urbano-ambientales” está al alza en América Latina, a pesar de que no tengamos
una definición rigurosa de lo que se trata. Hoy en día la capacidad de
los gobiernos para imponer una idea del «interés público” mediante proyectos
está fuertemente cuestionada (sobre todo si son grandes proyectos),
tanto por una creciente movilización social como por nuevas formas de captura
de las burocracias por intereses económicos. Aquí intento una visión
panorámica del catálogo de preguntas que este proceso suscita para las ciencias
sociales, en particular desde el cruce entre dos disciplinas: el derecho y la
sociología. Para ello, parto de la distinción entre el punto de vista interno
y el externo del análisis de los fenómenos jurídicos.

Cuando los investigadores sociales exploran un
conflicto urbano-ambiental suelen penetrar en su dimensión jurídica. No
solo les resulta inevitable contar la historia de lo que ocurrió cuando alguien
acudió a tal o cual tribunal, sino que es difícil evitar una narrativa que no
lleve consigo una opinión jurídica, es decir una postura sobre cuáles son los
actores cuyos derechos han sido vulnerados o de qué modo han vulnerado los
derechos de otros. Aquí no falta el abogado o el jurista que dice «¡alto
ahí! Está usted cruzando el umbral de la ciencia jurídica y ese no es su
territorio”, pero lo cierto es que quien analiza un conflicto con los métodos
de las ciencias sociales y termina emitiendo una opinión jurídica, con
frecuencia ofrece una contribución original para la comprensión de «el
caso”. Pero esa contribución implica tomarse en serio la complejidad
interna del mundo del derecho y en particular la fuerza normativa de algunas
categorías que no por ser polémicas van a desaparecer. Ahí están, por
ejemplo la idea de la igualdad ante la ley (que obligaría a compensar una
expropiación a grandes terratenientes igual que a comunidades campesinas) o la
noción de interés público, que puede ser legítimamente movilizada cuando se
trata de llevar agua a los sectores vulnerables de una ciudad, aun a costa de
una comunidad rural (y obviamente ¿a cambio de qué?).

Pero más allá de que la investigación social puede
enriquecer el punto de vista interno del derecho, su mayor contribución se da
cuando ofrece un punto de vista externo del mismo. Esto es, una
comprensión del significado social del derecho que incluye aspectos del
conflicto que las ciencias jurídicas no son capaces de registrar. El
método supone dos pasos: la reconstrucción de lo que está en juego en el
conflicto y el análisis de su juridificación.


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