La problemática de vivienda y del hábitat popular afecta a miles de familias guatemaltecas, entre ellas quienes viven en los poco más de 500 asentamientos humanos precarios, ubicados en la periferia de las ciudades, la mayoría de ellos en la capital guatemalteca, en donde las personas carecen de servicios básicos y equipamiento necesario para vivir dignamente.
Dicha problemática afecta a miles de familias, que empujadas por la necesidad y falta de atención estatal, se ubicaron a lo largo de la línea férrea y en otros terrenos, pesando sobre ellos fuertes amenazas de desalojos, los que regularmente se realizan por la fuerza, faltando a los derechos humanos y sin la garantía de traslado a lugares donde vivir en condiciones humanas y dignas.
Una considerable cantidad de familias viven en terrenos pertenecientes al Estado, sin embargo, no existe voluntad política de las autoridades correspondientes para la legalización de los mismos, lo que conlleva otras consecuencias negativas para su vida y estabilidad, tal el criterio planteado recientemente por Foguavi, en el sentido de que quienes no cuenten con terreno legalizado no podrán tener acceso al subsidio para vivienda.
Miles de familias desarraigadas, desplazadas y desmovilizadas, luego del conflicto armado interno, enfrentan serios problemas para lograr el ejercicio del derecho a la vivienda, principalmente por la utilización, que hacen los partidos políticos que gobiernan actualmente, de los recursos del Estado que por Ley deben utilizarse para vivienda social.
Cerca de millón y medio de familias carecen de vivienda o viven en condiciones no adecuadas, situación que se reconoce incluso en los considerandos de la actual ley de vivienda.
La rectoría de vivienda está a cargo del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, por medio de un cuarto Viceministerio, mismo que es débil en recursos financieros y en personal. De sobra ha demostrado la realidad de los últimos 10 años, que con ese esquema de funcionamiento institucional no se podrá revolver verdaderamente la demanda de vivienda en el país y se seguirá sin cumplir lo que la misma Constitución y leyes relativas presentan, en el sentido de que la vivienda es un derecho humano fundamental y que el Estado debe facilitar su ejercicio.
El tratamiento de la problemática de vivienda se aborda por separado. No existe una visión integral que reúna y coordine lo relacionado con el ordenamiento territorial, la tierra para vivienda, los servicios básicos y el equipamiento necesario. Mientras se continúe así, sin una práctica integral, se continuará impidiendo el acceso a una vivienda adecuada, digna y saludable.
Los Acuerdos de Paz establecen que se debe incrementar el presupuesto para vivienda al 1.5 del PIB. Esto no se ha concretado. 80 millones de quetzales no corresponde al 1.5 y con ese monto no se logra cumplir las expectativas planteadas en la Política Nacional de Vivienda del Gobierno actual. A ello se suma que el Presupuesto Nacional para vivienda se disgrega en una serie de instituciones dispersas; lo que genera una administración costosa e inadecuada, que limita las posibilidades de las familias guatemaltecas de gozar de un techo propio, seguro y digno.
El paso de la tormenta Stan agravó la situación de muchas de las personas que ya carecían de vivienda. Los resultados de la intervención estatal están a la vista y miles de familias, sobre todo en el área rural, siguen esperando y sufriendo las inclemencias del invierno. Sus reclamos cada día están golpeando la conciencia de la ciudadanía y la conciencia de los responsables de atender de manera urgente y responsable la solución de sus necesidades.
Que la actual Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos adolece de carencias que permitan transitar por un camino que en el mediano plazo permita resolver los déficits existentes y permita visualizar la vivienda como un bien digno y saludable y que permita a los que trabajan por resolver esta necesidad construir una verdadera ciudadanía, que de cómo resultado un país más integrado y más equilibrado socialmente.
Que nos identificamos plenamente, por responder a nuestras necesidades, con los criterios establecidos por la Coalición Internacional del Hábitat con motivo de la celebración del Día Internacional del Hábitat.