Chile 27F ¿La reconstrucción como ejercicio de derechos u oportunidad para el lucro?

Por Claudio Pulgar Pinaud [1]

A pesar de que el
Estado chileno tiene los recursos suficientes (luego de años sostenidos de
crecimiento económico), existe la percepción de que hay una barrera ideológica
que impide que las autoridades asuman una posición desde un Estado garante de
derechos, y frente a eso prefieran reproducir y profundizar el modelo de Estado
subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector
privado y no a los actores sociales. En este sentido la
cooperación
publico-privada ha sido la tónica. De hecho debiéramos hablar para el caso del
proceso de reconstrucción en Chile, en algunos
casos de cooperación privada-pública,
poniendo en primera posición al sector privado.

Desde el minuto de afrontar la emergencia han
existido cuestionamientos e investigaciones sobre la relación «incestuosa”
entre sector público y privado. Algunas casos han sido: el sobrepago[2]
de las viviendas de emergencia o «mediaguas”;
la falsa ayuda humanitaria[3]
ingresada al país por una de las cadenas más grandes de supermercados,
pertenecientes a uno de los grupos económicos más poderoses del país, llamado
Cencosud; el sobreprecio pagado por un puente mecano por el Ejercito[4],
entre otros escándalos salidos a la luz pública.

El proceso de reconstrucción ha sido
cuestionado también por los planes de reconstrucción realizados por empresas privadas
con conflictos de interés en los territorios y sin licitaciones públicas. Pero
quizás el caso más emblemático de relación de complicidad entre el sector
público de vivienda y ciudad y el sector privado, ha sido la antigua relación
entre el Minvu y la Cámara Chilena de Construcción (CchC). Hay indicios que la
CchC en la década de 1960 habría participado en el diseño del Minvu. Así como
su protagonismo en la definición de las políticas subsidiarias instaladas desde
1975 hasta hoy, de las cuales las grandes empresas de la construcción
organizadas en el CchC han sido unas de las más grandes beneficiarias. El poder
y la influencia de la CchC ha quedado en evidencia en el proceso de
reconstrucción desde 2010. Presiones políticas secretas al Minvu, para aumentar
los «incentivos” a las empresas, que sólo se han llegado a conocer a través de
filtraciones o investigaciones de la prensa.

La reconstrucción como excusa para erradicar a los
pobres de los centros de las ciudades o de los bordes costeros.

Unos de los hechos más dramáticos de la instalación
de la política urbana neoliberal hace 30 años debe ser la
erradicación forzada de más 150.000 pobladores en Santiago[5].
Esta cifra nos parece conservadora, porque se basa en un estudio de 1984,
claramente el alcance de esta política segregadora debe haber afectado a muchos
más pobladores.
«The state, with its monopoly of violence and definitions of legality,
plays a crucial role in backing and promoting these processes”. (Harvey :35)[6]

Se trató de «erradicaciones, pero con metralleta,
fusiles y subiendo a los pobladores a camiones. Hasta 1973 y luego también, las
comunas que más campamentos tenían o asentamientos informales, eran Las Condes,
Santiago Centro y Quinta Normal. Hubo una erradicación planificada, una
política de Estado de expulsión, como el «apartheid sudafricano”, de sacar a
los pobres de algunos sectores de la ciudad para «limpiar” y crear las
condiciones para el mercado de suelo, y que así se generaran todos los
desarrollos inmobiliarios que vinieron después y eso trae como resultado la
«guetización” o construcción de toda la periferia pobre del sur de Santiago: La
Granja, La Pintana, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Maipú y todo el
norte y norponiente de Santiago: Quilicura, Conchalí, Renca, Cerronavia…Estos
cambios legales, estructurales y políticos que empiezan desde 1979 en adelante,
se ven reflejados física y socialmente en la ciudad…es el origen de los altos
niveles de segregación que tenemos hoy en Santiago”. (Pulgar, 2010)[7]

«Uno de los criterios para erradicar fue el
de las potencialidades inmobiliarias de los lugares que se habían ocupado:
sobre esa base se despejaron grandes zonas, sentándose las bases para un
desarrollo inmobiliario que abarca desde los años noventa a la fecha. Otro de
los criterios de las erradicaciones fue reordenar el espacio político urbano y
dispersar a los pobladores, que habían sido un actor social y movilizador
importante…Erradicar no significaba trasladar a todos lo pobladores a una nueva
localización, sino dispersarlos en distintos lugares de la ciudad”. (Rodríguez,
2009)

Una parte importante de los «erradicados” fue
«beneficiario” de las viviendas sociales subsidiadas, «la localización de estas
casas de 24m2 en comunas perifericas de bajos recursos agregan a la pobreza y
hacinamiento, el desarraigo y el aislamiento”. Otro grupo ni siquiera recibió
vivienda y fueron abandonados en sitios eriazos o canchas de fútbol de la
periferia donde debieron reconstruir sus campamentos. En muchos casos los
habitantes de un mismo campamentos fueron trasladados a diferentes puntos
geográficos, ubicados a grandes distancias, demostrando así el objetivo de
«atomizar y desarticular a los pobladores”(Hechos Urbanos, 1984).[8]
«Ce que l’accumulation par dépossession permet, c’est la libération
d’un ensemble d’actifs (force de travail comprise) à un coût très réduit (dans certains cas égal a
zéro)».
(Harvey,2010:177)[9]

Hoy en pleno proceso de reconstrucción vemos
como estos procesos de expulsión de los pobladores de la ciudad se están
replicando. Los casos más emblemáticos en la región del Bíobío son las
poblaciones Villa Futuro de Chiguayante y Aurora de Chile de Concepción. Un
agravante para el caso de ambas es que no fueron directamente afectadas por el
terremoto (a excepción de un edificio de la Villa Futuro), sino que se trata de
«falsos” damnificados del 27F, escándalo que le costó el puesto a la ex
Intendenta de la región. Lo paradójico
es que hoy estos pobladores son damnificados de la propia política habitacional
y de la especulación, dado que han comenzado a demoler sus barrios.

Además de los casos de los centros históricos
de Talca y Curicó, así como los bordes costeros de Constitución y Dichato,
aunque en menor medida. En el caso de Talca impresiona visitar los barrios del
centro y darse cuenta como a 3 años del 27F en los terrenos que habitaban
pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emerger torres de
departamentos y condominios de casas de alto valor. Desarrollándose un proceso
conocido como gentrificación, es decir, cambio del nivel socioeconómico de los
habitantes, pero en este caso facilitado por el terremoto y la
no-reconstrucción.

Vemos entonces como se replica la política de
vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades
segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de
origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a
servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer
los «desastres socio-naturales” como maremotos, terremotos o incendios se utilizan
como oportunidades para «limpiar» terrenos de sus habitantes
originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado
en las mismas declaraciones del Ministro de Vivienda, quién destaca como un
logro de la reconstrucción «la vitalidad del sector privado», pero a
costa de los de siempre, los pobres de la ciudad.

Frente a este panorama renacen procesos de
organización y resistencia desde los territorios, que demandan el derecho a la
vivienda y el derecho a la tierra, ambos protegidos por instrumentos del
derecho humano internacional, en tratados ratificados por Chile. El desafío ahora es como diseñamos una nueva política
urbana, que sea capaz de resguardar los barrios y sus habitantes y evitar estos
procesos de expulsiones, ya sean por el mercado o por las propias gestiones de
los actores del estado. El enfoque del derecho a la ciudad y desde la justicia
espacial son una alternativa, ya que plantean la función social de la ciudad, y
la espacialización de la justicia social, respectivamente.

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[1] Arquitecto y
Académico del Instituto de la Vivienda (@inviuchile) de la Universidad
de Chile. Master y Doctor© en Ciencias Sociales del EHESS de París. Coordinador
del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile (@ObservaReconstr)

[2] Vargas, Vanessa. «Informe de Contraloría detecta sobrepagos en
mediaguas
”. Diario El Ciudadano. 04.01.2011. Disponible en línea: http://www.elciudadano.cl/2011/01/04/30731/informe-de-contraloria-detecta-sobrepagos-en-mediaguas/

[3] Urquieta, Claudia. «CDE se
querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el
terremoto
”. Diario El Mostrador. Disponible en línea en:
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/12/15/cde-se-querella-en-caso-cencosud-por-falsa-ayuda-humanitaria-ingresada-tras-el-terremoto/

[4] Peralta, Gustavo. «Fuerzas Armadas señaladas por corrupción”.
Diario El Ciudadano. 31.01.2011. Disponible en línea en:
http://www.elciudadano.cl/2011/01/31/31674/fuerzas-armadas-senaladas-por-corrupcion/

[5] Hechos Urbanos,
boletín de información y análisis.Santiago de Chile : Centro de
Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984. Obtenido desde:
http://www.sitiosur.cl/r.php?id=205 [Consultado en: 22-08-2012]

[6] Harvey, David. Neoliberalism as
Creative Destruction
. The ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science
. DOI: 10.1177/0002716206296780 2007; 610;
21

[7] Pulgar,
Claudio. La ciudad neoliberal en Chile: entrevista de Stephan Barthel a Claudio
Pulgar. En Vivienda al Día. Blog del Instituto de la Vivienda de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 2010.
http://infoinvi.uchilefau.cl/index.php/la-ciudad-neoliberal-en-chile-entrevista-de-stephan-barthel-a-claudio-pulgar/
[Consultado en: 22-08-2012]

[8] Hechos Urbanos,
boletín de información y análisis. Santiago de Chile : Centro de
Documentación SUR, V. 35, agosto, 1984. Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=205
[Consultado en: 22-08-2012]

[9] Harvey, David. Le Nouvel Impérialisme. Les Prairies Ordinaires. Paris.
2010. Titre original: The New Imperialism. Oxford University Press. 2003.