
A la opinión publica
A partir de la querella que pesa sobre nosotros, siete dirigentes de
la dirección metropolitana de la Federación Nacional de Pobladores,
denunciamos los atropellos del Gobierno Neoliberal de la Nueva Mayoría
contra las organizaciones sociales y su tozudez al criminalizar la
protesta social contra el tremendo déficit habitacional que ninguno de
los gobiernos de la mal llamada democracia han querido resolver, son
todos cómplices. Porque no somos delincuentes sino Productores Sociales
del Habitat, informamos.
El gobierno de Chile a través de su
política de vivienda a definido y calificado a nuestros dirigentes como
«azuzadores de insurgentes” alineándose con la conceptualización de la
«insurgencia urbana” instalada por la norteamericana Escuela de Las
Américas en su filial Con Con, Región de Valparaiso, facilitada por los
gobiernos de derecha instalados en Chile con el objeto de cautelar las
inversiones de las transnacionales.
A partir de la implementación
del sistema subsidiario de vivienda en dictadura y de la creación de los
instrumentos socioeconómicos para medir arbitrariamente la pobreza en
Chile (Ficha Casen, Ficha Cass, Ficha de Protección Social y Registro
Social de Hogares) se divide entre beneficiarios y consumidores desde la
capacidad individual de consumo y nos convierte en el segundo país en
América junto a los Estados Unidos que no reconoce el derecho social a
la vivienda digna. En la planificación territorial de Estado en cada
ciudad de Chile se distinguen territorios intercomunales de pobres
concentrados en caseríos mal planificados, sin conectividad y con
viviendas de muy mala calidad. Las autoridades «democráticas” post
dictadura no solo no cambiaron este sistema sino además lo consolidan en
beneficio de sus logias financieras.
La construcción popular de
alternativas habitacionales dignas ha sido la excepción y surgen a
partir de la lucha férrea del pueblo organizado y consiente
identificándose ciclos de lucha social por la vivienda claramente
definidos, a saber:
a) Erradicación forzada: Hordas de vehículos
militares desalojando predios y expulsando pobres hacia las afueras de
la ciudad entre 1973 y 1980.
b) Erradicación pactada: Caseríos
periféricos de pobres, de muy mala calidad, encargados por la dictadura a
la Camara Chilena de la Construcción entre 1980 y 1990.
c)
Erradicación Perez Yoma o casas Copeva: Entre 1990 y 1996 los gobiernos
del arcoíris implementan, con el mismo sistema, miles de viviendas para
detener la demanda que surgia de los campamentos que hasta entonces
resistían por el derecho a una vivienda digna con los resultados ya
conocidos y con un escándalo tristemente recordado como las casas de
nailon.
d) Toma de Peñalolen: Miles de pobladores y pobladoras
exigen el fin a la erradicación de familias pobres de la Pre Cordillera
Metropolitana exigiendo el derecho a la ciudad para mantener sus redes
socioeconómicas que les permitían mantener su calidad de vida en sus
lugares de origen deteniendo en parte el sistema de erradicación . La
acción genera soluciones habitacionales en suelos bien ubicados pero con
la calidad de construcciones que permitía el mismo sistema entre 1999 y
2005
e) Soluciones habitacionales Fenapo: Diversos grupos
organizados surgen de poblaciones poblaciones nuestras como Lo Hermida
en Peñalolen, Nueva Habana en La Florida y Villa Francia en Estación
Central entre otros, Se comienza a discutir el derecho al suelo y el
derecho a las transformaciones urbanas auto gestionadas y sustentables.
Este esfuerzo desemboca en la Federación Nacional de Pobladores que
impulsa proyectos habitacionales de buena calidad en diversas comunas
del país hasta el dia de hoy.
f) Alianza pública-privada: Lejos de
transformar el sistema de acceso a la vivienda la segunda administración
Bachellet, y la cuarta del arcoíris, pactan con la misma Camara Chilena
de Construcción de Pinochet decretos inmobiliarios (DS 1, DS 105 y DS
19) que permitirán la construcción de Ghetos Verticales para detener la
demanda popular por el suelo en las mismas comunas consolidando la deuda
bancaria, la especulación inmobiliaria y el lucro en la vivienda
social.
Contra todo eso nos oponemos desde nuestra
conciencia de clase y tras años de postergación y desigualdad extrema.
Reiteramos enfáticamente que no es prioridad del gobierno desarrollar
alternativas con la gente sin vivienda y denunciamos la vocación
empresarial de los gobiernos de la nueva mayoría reconocida en el
reciente caso de las inversiones del Partido Socialista en empresas tan
nefastas como las AFPs o Soquimich que lejos de prestarle servicios a
nuestra patria brillan por sus abusos contra el pueblo de Chile.
Nos reservamos nuestro derecho a no creerle a este mal gobierno y
anunciamos ante la comunidad nacional acciones que permitan devolverle
dignidad a nuestro pueblo.


