Santiago, Chile.
En un hecho inédito para el país, diversas organizaciones sociales y académicas se reunieron en el Taller Internacional “Derechos Humanos y Desalojos Forzosos”, un espacio que buscó abrir la discusión pública sobre el creciente impacto de los desalojos en miles de familias que viven en asentamientos precarios.
La instancia —organizada por la Red de Derechos Humanos y Desalojos, junto a la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, el Proyecto Periplo y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)— congregó a dirigentas de campamentos, especialistas en vivienda, abogadas, investigadores y defensores de derechos humanos de distintas regiones.
Un llamado urgente desde la academia y la sociedad civil
El rector de la UAHC, Álvaro Ramis, abrió el encuentro subrayando que la crisis habitacional no puede abordarse sin una mirada de derechos humanos. Le siguieron Roberto Morales, de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, quien remarcó el rol del sector privado en la garantía de derechos, y Ana Sugranyes, arquitecta e integrante de la Red organizadora, quien insistió en fortalecer alianzas para enfrentar el aumento de violencia en contextos de desalojo en Chile y América Latina.
Datos que alarman: más de 17 mil familias bajo amenaza
Entre los aportes técnicos del taller destacó la presentación del investigador Nelson Carroza Athens, quien entregó cifras recientes sobre el panorama nacional:
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61 asentamientos enfrentan amenazas activas de desalojo.
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17.522 familias están en riesgo inmediato.
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Más de 3.600 familias ya han sido desplazadas desde 2019.
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El 80,9 % de las amenazas provienen de actores privados, principalmente empresas inmobiliarias, constructoras y forestales.
Estas cifras evidencian, según el estudio, cómo la disputa por el suelo urbano y rural se ha intensificado en favor de intereses privados.
Testimonios que conmueven: voces desde los campamentos
Una de las partes más potentes de la jornada fueron los testimonios de mujeres dirigentas que han enfrentado desalojos o amenazas inminentes. Representantes de comunidades en Quilpué, Cerro Navia, Rengo y Curanilahue relataron lo que significa perderlo todo: violencia policial, falta de notificación, uso irregular de órdenes de demolición, criminalización mediática y la angustia de no tener un lugar donde llevar a sus hijos, adultos mayores o personas con discapacidad.
Sus relatos fueron moderados por Geanina Zagal (SUR), quien destacó la organización comunitaria como herramienta de resistencia. La sesión concluyó con un mensaje de la reconocida dirigenta Elizabeth Andrade Huaringa, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, quien llamó a fortalecer la capacidad de negociación y unidad entre los territorios.
Debate legal: cuando la ley no protege a quienes más lo necesitan
La segunda parte del taller reunió a expertas y defensores que analizaron las brechas legales que permiten que los desalojos se ejecuten sin garantías mínimas. Las abogadas Tatiana Torres y Margarita Peña, junto a Gustavo Sepúlveda del MPO, discutieron la ausencia de protocolos claros, la falta de alternativas habitacionales y la vulneración sistemática del debido proceso.
La moderación estuvo a cargo de Verónica Matus, histórica defensora de derechos humanos, quien advirtió que, en un país donde “hay gente sin casa y casas sin gente”, el Estado ha optado por multiplicar las formas de desalojo desde 2023, profundizando la crisis.
“El desalojo forzoso no es política habitacional”
La reconocida académica y ex Relatora de la ONU, Raquel Rolnik, cerró la jornada con un mensaje claro: los desalojos forzosos no pueden convertirse en una herramienta del Estado para gestionar la pobreza. Llamó a construir una estrategia común entre organizaciones sociales, universidades y autoridades para frenar la violencia asociada a la financiarización del suelo y la vivienda.
Un compromiso colectivo
Durante más de cuatro horas, cerca de cien participantes compartieron diagnósticos, experiencias y propuestas. El encuentro reforzó una idea central: la vivienda es un derecho humano y garantizarlo exige coordinación real entre comunidades, organizaciones, academia y Estado.
La actividad se hizo posible gracias al aporte conjunto de la UAHC, la Plataforma de DDHH y Empresas, el Proyecto Periplo, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de Estudios Urbanos de la PUC y la propia Red de Derechos Humanos y Desalojos.


