Cesare enfrenta
una sentencia de 4 años de prisión por haber compensado la inacción del alcalde
y del gobierno italiano de sus obligaciones legales, nacionales e
Internacionales, frente al excesivo poder bancario.
Las acusaciones,
son incoherentes ya que no hubo violencia, salvo contra la pareja y sus hijos
menores amenazados con desalojo, son totalmente injustas y subrayan la
creciente criminalización de las luchas por el derecho a la vivienda en Italia
y a nivel internacional.
La AIH y la
Unión de Inquilinos, de la cual Cesare forma parte, se han movilizado
inmediatamente, de manera que ya han llegado numerosas muestras de solidaridad.
Más información:
·
Lea aquí
el llamado lanzado por Ottolini sobre la noticia de su acusación.
· Visite
la web de International Alliance of
Inhabitants
· Contacto:solidarieta.cesare@habitants.org


