México. La reconstrucción post temblores y la permanencia como vías para lograr territorios de derechos humanos e inclusión


Plataforma mexicana por el Derecho a la ciudad y en
defensa del territorio

Habitat International Coalition – oficina para América
Latina (HIC-AL), Cooperación Comunitaria, Movimiento Urbano Popular de la
Convención Nacional Democrática (MUP-CND), Unión Popular Valle Gómez AC, 06600
Plataforma y Observatorio Vecinal de la Colonia Juárez, Hábitat para la
Humanidad México AC, Centro operacional de vivienda y poblamiento (Copevi).

Por años, los movimientos sociales, la sociedad civil y
los/as vecino/as organizados/as, hemos venido denunciado los efectos
devastadores y los riesgos del modelo de desarrollo urbano y rural actual, que
estimula la especulación, la exclusión social, pérdida de bienes ambientales y
la acumulación privada por sobre el interés colectivo. Pero no nos hemos
limitado a ello sino que hemos hecho propuestas además de ponerlas en práctica.
Muchas iniciativas se han entonces desarrollado alrededor de la producción social
del hábitat (PSH) como alternativa al modelo de producción de espacio
mercantilista. En el marco del
Día Mundial del HábitatoDía mundial de
lxs Sin Techo
—conmemorado
el primer lunes de octubre desde 1986—, seguimos lamentando la ausencia o la
poca contundencia de políticas, marcos legales y herramientas financieras que
reconozcan y faciliten la PSH, esto es, las formas no lucrativas de
producir viviendadesdeyparalos habitantes organizados tanto en el campo y
como en la ciudad. Este reclamo histórico, que hoy se expresa en diversas
ciudades de América Latina, toma la forma de un grito desesperado en el
contexto de la reconstrucción post sísmica que vivimos en México.

Los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 han
dejado 460 víctimas mortales y miles de personas damnificadas, tanto en la
capital del país, como en los Estados de Morelos, Puebla, México, Oaxaca y
Guerrero; además de que aún hay personas desaparecidas. La magnitud de los
daños materiales apenas comienza a revelarse: tan sólo en Oaxaca y Chiapas,
unos 110 mil inmuebles resultaron dañados. En la Ciudad de México, colapsaron
38 edificios mayores y, aunque no hay datos contundentes, sabemos que miles de
viviendas quedaron afectadas.

Amplias zonas de la capital del país, ciudad-mercancía
por excelencia- están hoy en ruinas. Si bien los desastres sísmicos son
mecanismos complejos, no podemos dejar de ver que lo que tenemos en
frente es una ciudad que ha olvidado su pasado y su esencia; desconoce a
quienes la construyeron partiendo de la organización social y de la necesidad
de solucionar demandas ancladas en derechos humanos; que expulsa y desaloja a
la población empobrecida para dar cabida casi únicamente a clases sociales que
pueden pagar por la centralidad; que arrasa con el medio ambiente, con los
barrios originarios y los espacios públicos; ciudad que para prosperar necesita
de la corrupción de los poderes públicos y del capital corporativo nacional y
transnacional; que en lugar de enfocarse a alternativas sociales para
satisfacer el derecho a una vivienda adecuada, a mejorar y hacer más seguros
sus barrios históricos y populares, a hacer efectivo el derecho a la ciudad, es
entregada al negocio inmobiliario mediante el «truco” que consiste en ocultar
los riesgos inherentes a la geografía del Valle de México para venderla al
mejor postor.

Ante esta situación, expresamos las siguientes demandas y
propuestas a desarrollarse antes, durante y después de la reconstrucción,
dirigidas a:

·
Desarrollar
peritajes de los predios colapsados y/o que presenten daños, que permitan
fincar las responsabilidades de los constructores y reparar los daños sufridos
por las personas afectadas;

·
Contar con
dictámenes de riesgo de dichos predios, tanto públicos como privados;

·
Realizar
un Observatorio Social de la Reconstrucción, que compile todos los datos del
nivel de daños de los edificios y/o casas habitación y de un seguimiento de las
intervenciones que se llevaron a cabo para hacerlas habitables;

·
Garantizar
la permanencia y seguridad de los/as habitantes, actualizando y haciendo
público el Atlas de riesgo de la CDMX;

·
Respetar
el arraigo de los pobladores que perdieron sus viviendas favoreciendo en la
medida de lo posible, su permanencia en las zonas en las que vivían sin que la
catástrofe sea excusa para perpetuar nuevos desalojos;

·
Contar con
un registro oficial fidedigno de personas desaparecidas y no permitir la
entrada de la maquinaria en tanto éste no exista y en tanto no haya una
estrategia de búsqueda, comunicación y entrega de los restos a los familiares;

·
Recuperar
las experiencias positivas que se concretaron después del temblor de 1985 en
cuanto a participación ciudadana y permanencia de la población más necesitada a
través de diferentes medios, incluyendo la expropiación por causa de utilidad
pública;

·
Reconstruir
respetando los derechos humanos y con perspectiva social (producción social del
hábitat) en lugar de seguir permitiendo nuevos edificios y nuevas
ganancias que vuelvan a enriquecer a los mismos actores que hoy son responsable
del colapso de edificios y viviendas, lo que implica declarar una moratoria
urbana;

·
Impulsar
un fondo multiactor -en lugar del fideicomiso privado planteado por el
gobierno-en el que participen las personas afectadas, la sociedad civil y la
academia, mediante el cual se gestionen los fondos de la reconstrucción de
forma transparente evitando clientelismos y corrupción;

·
Respetar
la seguridad de tenencia de la población afectada incluso los que tengan
únicamente derechos de posesión. Lo anterior implica favorecer la recuperación
de documentos que se hayan perdido, instrumentar medidas flexibles en ausencia
de documentación e incluso de títulos de propiedad, y velar por los derechos de
los inquilinos a través de programas que consideren sus necesidades reales en
cuanto a la reconstrucción o a la búsqueda de soluciones alternativas;

·
Asegurar
que en los procesos tendientes a la recuperación y reconstrucción de
predios dañados participe la población afectada y que estos sean comprendidos
en su carácter integral y con sentido humano, social, económico, ambiental y
cultural, y no se centren en la mera reconstrucción de la infraestructura
física;

·
Asegurar
que los fondos del FONDEN se transparenten y sean manejados directamente por
los pobladores afectados permitiendo que la reconstrucción se haga también por
producción social del hábitat, modalidad reconocida por la Ley de Vivienda;

·
Respetar y
tomar en cuenta las técnicas constructivas ancestrales, y los materiales
locales,como el adobe, pues son un testimonio excepcional que nos permite
continuar estudiando el comportamiento del material para mejorar su
resistencia, a la vez que significan un patrimonio cultural con valor cultural,
paisajístico y ecológico.

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