
El modelo actual, criticado durante años y en
una situación de absoluto descontrol, ha llevado a la saturación y masificación
en las Illes Balears por parte de la actividad turística, generada por un modelo
de explotación que, a modo de monocultivo, favorece el interés corporativo y la inversión especulativa por encima de los derechos sociales.
En los últimos años, el uso de viviendas con
fines turísticos ha profundizado esta problemática y aumentado la violación del
derecho a la vivienda, en un contexto de crisis económica que ha precarizado la
vida de la mayoría afectando especialmente a las personas jóvenes que
encuentran limitaciones para emanciparse, personas mayores que dependen de una
pensión reducida, familias monoparentales encabezadas por mujeres así como a
personas migrantes con rentas bajas. El modelo actual, que algunos presentan
como ejemplar, es insostenible y cortoplacista, y exacerba los problemas que se
arrastran desde la anterior crisis pues el modelo turístico está reanimando la
compraventa de vivienda, disminuyendo el número de hogares en alquiler,
disparando el precio de las rentas y atrayendo a fondos que sólo buscan el
beneficio privado y que lamentablemente están muy lejos de permitir que la
vivienda cumpla su función social. Además, este modelo basado en el turismo y
la inversión inmobiliaria no se refleja en un aumento significativo de la renta
de las familias, cuyos valores continúan estancados desde hace años mientras se
disparan los costes de los alquileres.
La ausencia de una visión integral de Hábitat -que
incluya la gestión del territorio, de los recursos así como los temas medio
ambientales- hace que este problema se agudice y que cualquier comentario sobre
turismo sostenible sea visto por estos
colectivos como una gran mascarada: un territorio insular, con graves carencias
de agua no puede soportar un modelo como este[i].
Tanto la Constitución nacional en su artículo
47 como el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en su artículo 22,
incluyen el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada así como tomar las medidas adecuadas para hacer
efectivo este derecho. La constitución española además insta a los poderes
públicos a regular la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación[ii].
Sin embargo vemos de nuevo como prima el interés privado y las grandes cifras
económicas no se reflejan en una mejora de las condiciones de vida de grandes
sectores de la población local.
Actualmente está en
trámite un proyecto Ley sobre el Alquiler turístico que pretende regular esta
práctica. Este proyecto de ley reconoce la existencia de la problemática de los
apartamentos turísticos, pero lamentablemente no establece una moratoria que
permitiría frenar el crecimiento de viviendas de alquiler turístico y la
especulación. No penaliza las infracciones legales del pasado ni define la
bolsa y un techo de plazas hoteleras firme y no negociable. Además, la ley
tiene consecuencias perversas al permitir el alquiler en pisos en ciertas zonas
y en otras no y, en lugar de mantener la prohibición actual, traslada la
responsabilidad de decisión de la Administración pública a las comunidades de
vecinos, lo que afectará a la convivencia[iii]
de la ciudadanía.
Ante el aumento del
precio del alquiler y especulación (incremento del 40% en los
últimos cuatro años[iv]),
los bajos salarios (el 48% de las
personas habitantes de las Illes Balears cobran menos de 1000 euros al mes[v]), el crecimiento
desproporcionado de la oferta de alquiler turístico (la organización
Terraferida calcula que sólo Airbnb ofrece 110.000 plazas de alquiler turístico
en Mallorca distribuidas en más de 14.271 alojamientos[vi] de los cuales
20 personas copan el 17% de los
alquileres disponibles[vii]), el alarmante número de
desahucios (entre 2013 y 2014 se registraron 18.000 desahucios, de los cuales
el 77% afectó a inquilinos y el 23% restante fueron ejecuciones hipotecarias a
propietarios)[viii], la falta de inversión en
viviendas de protección oficial (en Palma en 2015 –con una población de 405.318
– solo se construyeron 97 viviendas con esta designación[ix]),
y el uso ilegal de viviendas de protección oficial para alquiler turístico[x], HIC solicita a las
autoridades regionales y locales que presten atención a las demandas de la
ciudadanía y regulen el sistema actual evitando la violación de derechos
básicos de modo que prevalezca el bien común;
que el turismo sea realmente una actividad sostenible de bajo impacto
que se refleje en la mejora de vida de toda la población local y que se
garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los sectores de
la población. HIC también reclama que se no se permita la comercialización de
la vivienda residencial en un territorio enormemente afectado por la actividad
turística y hace un llamado para que se garantice el derecho a la ciudad[xi]
en dichos territorios.
[i] En abril del 2017, en Illes Balears hay 2 millones de turistas
por primera vez, sobre un territorio donde viven 1 millón de habitantes. Tan solo en enero y febrero se registra
una media de 10.775 personas más que en el año 2016. Si restamos a la población
residente, la tasa se incrementa un 25% respecto al2016 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/04/06/balears-supera-primera-vez-millones/1204483.html
[visto el 23 de mayo de 2017]. Fuente: datos facilitados el 5 de abril de 2017
por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).
[ii]
Constitución española, BOE-A-1978-31229 disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
y ‘Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears’ disponible en https://boe.es/boe_catalan/dias/2007/03/16/pdfs/A01117-01140.pdf
[iii]
Entrevista a Joaquín Valdivielso: http://www.eldiario.es/economia/Entrevista-Terraferida-Airbnb-Mallorca_0_631687329.html [11 de abril de 2017].
[iv] http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-palma-destinara-800000-euros-comprar-viviendas-alquiler-social-20170411165450.html [visto
el 28 Muy 2017], 11 Abril
2017. Fuente: Ajuntament de Palma, Área de Bienestar
de Derechos Sociales.
[v]
Datos de 2015 de la Agencia Tributaria: https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/15/242122/trabajadores-balears-tiene-salario-inferior-mil-euros-mes.html
Sin embargo,
esta noticia salió publicada el 1 de mayo del 2017 (salarios en España). Por lo
que puede deducirse que los porcentajes de salarios al mes no deben de haberse
modificado apenas http://www.rtve.es/noticias/20170430/gestha-denuncia-47-trabajadores-cobra-menos-1000-euros/1534620.shtml
Fuente directa de la Agencia Tributaria: Asalariados,
percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma: Agencia Tributaria, menú general [visto
el 7 de mayo de 2017].
[viii]
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/05/12/palma-soporto-18000-desahucios-2003/1214099.html
[visto el 23 de mayo de 2017]. Fuente, estudio UIB: http://diari.uib.es/digitalAssets/431/431495_dossier.pdf
[ix]
Informe Defensor del pueblo, pág. 123. https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2013-03-Estudio-Viviendas-Protegidas-Vac%C3%ADas.pdf
[x]
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/05/11/266506/alquilan-pisos-proteccion-turistas-nos-quieren-echar.html
[xi]
Tal y como se recoge en el párrafo 11 de la Nueva Agenda
Urbana aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de diciembre
de 2016 (A/RES/71/256), disponible en http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646660-S.pdf


