¿Ciudades para todos?


Una favela en Río de Janeiro. DELAINA HASLAM

Todas las
personas necesitamos un lugar donde vivir; todos los seres humanos tenemos
derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, según las cifras oficiales, más
de 100 millones viven en las calles, más de 1.000 millones sufren condiciones
habitacionales precarias, decenas de millones se ven forzados a abandonar sus
hogares cada año y otros tantos temen no llegar a pagar los alquileres e
hipotecas cada mes, viviendo bajo constante amenaza e inseguridad.

¿Por qué hay gente sin casa y casas sin gente? ¿Por qué hay barrios de lujo y
barrios de miseria? ¿Por qué se derrocha dinero en grandes infraestructuras
para eventos deportivos o culturales a los que solo unos pocos pueden tener
acceso? ¿Adónde van a parar los recursos públicos y cómo se toman esas decisiones?
Sin duda, las respuestas a estas preguntas son múltiples y complejas porque
dependen de contextos culturales, políticos e institucionales diversos. Pero
hay un elemento central que ayuda a orientar el análisis y sirve de principio
para guiar la acción: 
la función social de la tierra, la
propiedad y la ciudad
.

Aunque muy probablemente resulte una novedad
para muchos de los lectores de estas líneas, se trata de un postulado
largamente debatido en corrientes religiosas, filosóficas y jurídicas de todas
las regiones del mundo desde hace al menos dos milenios. En la tradición
occidental, Aristóteles, Santo Tomás, Augusto Comte y Léon Duguit son algunos
de los nombres que aparecerán primero en una búsqueda rápida por Internet. La
Biblia y el Corán, así como cosmovisiones y prácticas
—pasadas y
presentes
—de pueblos
indígenas de los cuatro puntos cardinales, contienen criterios respecto a la
utilización socialmente apropiada de la tierra y otros bienes comunes
—por
ejemplo el agua y los bosques
—como condición para la justicia social, la
paz y el bienestar
.

No llama la atención entonces que este principio
haya quedado explícitamente recogido en constituciones y leyes de diversos
países del mundo, y que resulte un componente fundamental en las luchas y
propuestas por la reforma agraria y la reforma urbana, muy presentes a lo largo
del siglo XX. Pero, ¿qué implica concretamente y qué obstáculos ha encontrado
para su efectiva implementación?

Dicho en términos sencillos, la tierra es un
bien común, un bien social al que todos tienen que poder acceder, y no solo un
bien económico
—escaso, nos
dirán
—que se compra y se vende según las reglas del mercado y que por lo tanto
resulta inaccesible para quienes no lo puedan pagar. Al mismo tiempo, la
propiedad es una relación social que implica responsabilidades para con el
conjunto de la comunidad y está sujeta a restricciones que buscan garantizar el
bienestar colectivo.

Diversos países—como
Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Brasil, Colombia o Uruguay
—han
avanzado en la definición e implementación de regulaciones legales, fiscales y
de planeamiento que intentan poner en práctica estos principios, cruciales en
un contexto de especulación, segregación espacial y 
gentrificación crecientes. Entre ellas vale la pena
destacar:

·
la obligación de incluir al menos un 20% de vivienda social en los
nuevos desarrollos inmobiliarios privados, y/o de destinar terreno a espacios
públicos y equipamientos comunitarios;

·
los impuestos progresivos para lotes, viviendas y edificios vacantes o
subutilizados;

·
la separación del derecho de propiedad y el derecho de edificación, con
el fin de permitir orientar el desarrollo urbano en función del interés público
y colectivo;

·
la creación de cartera pública de tierras e inmuebles y la concesión de
uso especial para vivienda de interés social;

·
la protección y regulación de la vivienda en alquiler;

·
la expropiación para la creación de zonas especiales de interés social y
cultural -en particular para proteger a las familias y comunidades de menores
ingresos y en situación de desventaja económica y social-;

·
la captación de plusvalías urbanas: es decir, la aplicación de tributos
o normativas para recuperar una porción del sobreprecio de la propiedad privada
generado por la inversión pública o los cambios de uso del suelo y destinarlo a
fines sociales;

·
la usucapión y regularización de los barrios populares autoconstruidos,
tanto para otorgarles seguridad de tenencia y como para la provisión de
servicios básicos e infraestructura comunitaria de calidad;

·
la regulación y condiciones para la creación de barrios cerrados de
sectores medios altos y altos.

A modo de ejemplo se puede citar el Estatuto de la Ciudad, legislación
brasileña aprobada en 2001, que incluye una explicación detallada de algunos de
estos y otros instrumentos de inducción, financiamiento y regularización del
desarrollo urbano, como exigencia fundamental para la realización de la función
social de la tierra, la propiedad y la ciudad. Pero va incluso más allá, ya que
contiene también una serie de herramientas para la democratización de la
gestión urbana. Entre ellas, propone órganos colegiados de definición,
monitoreo y evaluación de la política urbana, así como debates, audiencias y
consultas públicas sobre asuntos de interés común en las ciudades, desde el
nivel municipal hasta el nivel nacional. A su vez, establece como condición
obligatoria la gestión participativa del presupuesto local y resalta la
posibilidad de iniciativas populares para proyectos de ley, planes, programas y
proyectos urbanos.

Sin embargo,
como evidenciaron las manifestaciones y debates en torno a la preparación de la
Copa Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), realizados
recientemente en ese país, la aplicación efectiva y constante de estas medidas
presenta enormes desafíos. Por una parte, se ve claramente enfrentada tanto a
la reacción y resistencia de los sectores terratenientes y especulativos
inmobiliarios, así como a la falta de voluntad política, la corrupción, el
desconocimiento y/o la extrema cautela o contradicciones de los operadores públicos.
Por otro, debe superar barreras culturales o falsas dicotomías que se
construyen y se refuerzan a través de la propaganda de bancos y otras
instituciones financieras, y los discursos imperantes en los medios masivos de
comunicación en torno a la importancia de ser «propietarios” y a los derechos
que eso supone.

Este debate cobra nueva vigencia y carácter
internacional en el marco de la definición de la llamada Nueva Agenda Urbana.
Esto es, el documento global que los estados miembros están negociando desde
hace varios meses, y que deberán aprobar durante la Tercera Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, a realizarse en
octubre próximo en Quito, Ecuador.

Para los movimientos
sociales
, redes de la sociedad civil e incluso
gobiernos locales que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la
definición e implementación del 
Derecho a la Ciudad, está claro que estos son principios
y compromisos básicos que la Agenda debe considerar seriamente si pretende ser
un instrumento efectivo para transformar la realidad injusta de nuestras
ciudades en las próximas dos décadas. ¿Estarán nuestros gobiernos a la altura
de las circunstancias? ¿Para quiénes serán las ciudades del siglo XXI?

* Fuente
original