Sede
de las Naciones Unidas en Nueva York, 29 de junio de 2016
Presentado por Lorena Zárate
Muchas
gracias Sr. Presidente por la oportunidad de dirigirnos a las y los
distinguidos delegados a nombre de la Coalición
Internacional para el Hábitat (HIC), como parte de la Plataforma Global por
el Derecho a la Ciudad y la Asamblea General de Socios (GAP por sus siglas en
inglés).
La
Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad es una red internacional orientada a la acción, apoyada por
organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, instituciones
profesionales y académicas, que incluye también gobiernos locales y agencias
del sector público.
Quisiéramos
comenzar reconociendo el fuerte involucramiento y compromiso de los gobiernos
nacionales para tener un debate serio sobre la visión y el alcance de una
agenda universal, que deberá dar cuenta de los desafíos y al mismo tiempo
fortalecer las posibilidades de transformación de nuestros asentamientos
humanos.
Esto
ciertamente refleja y toma en consideración el proceso iniciado hace más de dos
años, que ha construido consensos y propuestas concretas en las declaraciones
acordadas como resultado de los eventos oficiales preparatorios regionales y
temáticos, los Comités Preparatorios I y II y los Campus de Pensadoras y
Pensadores Urbanos.
Estamos
de acuerdo en la necesidad de hacer nuestros pueblos y ciudades más incluyentes,
equitativos, democráticos, seguros y sustentables. Creemos que el derecho a la ciudad
ofrece un marco y orientaciones políticas muy concretas para avanzar en esa
dirección.En tal sentido, apoyamos enfáticamente los principios y contenidos
específicos propuestos por las y los expertos de la Unidad Política 1, luego de
arduo trabajo y debates.
Los
seis principios estratégicos del derecho a la ciudad están en mayor o menor
medida mencionados en la presente formulación del Borrador Cero, pero ciertamente
requieren definiciones más fuertes y mecanismos de implementación y monitoreo
mucho más claros, transparentes y participativos.
Tales
principios incluyen:
–
el respeto y protección de todos los
derechos humanos para todas y todos;
–
la función social de la propiedad,
la tierra y la ciudad;
–
el manejo democrático de nuestros
pueblos, ciudades, áreas metropolitanas y regiones, lo que supone un rol fundamental
de los gobiernos subnacionales y locales;
–
el reconocimiento y apoyo a la
producción social del hábitat y la economía social y solidaria, a través de
herramientas legales, financieras y de acceso al suelo específicas, así como de
asistencia técnica;
–
el manejo responsable y colectivo de
los bienes comunes ecológicos y culturales; y,
–
la protección, no privatización y
mejora de los espacios públicos, incluyendo las infraestructuras y
equipamientos comunitarios.
Son necesarios compromisos y
acciones concretas así como herramientas de monitoreo más claras para
garantizar la regulación social de los mercados inmobiliarios y la seguridad de
tenencia para todas y todos, evitando los impactos negativos de la
gentrificación y poniendo un alto definitivo al sinhogarismo, los desalojos y
desplazamientos forzados.
Somos conscientes de que la
discusión en torno a la Nueva Agenda Urbana representa una oportunidad única y
una responsabilidad para reflejar tanto los desafíos y los logros de los
últimos 20 años como la visión y marco valiente y creativo que nuestras
sociedades y territorios necesitan para los próximos 20 años.
Finalmente, confiamos que un
compromiso específico será tomado a este nivel para avanzar y profundizar los
debates y el trabajo en torno a la Urbanización Sustentable y el Derecho a la
Ciudad, incluyendo mecanismos de alto nivel, multiagenciales y multiactorales, existentes
y nuevos, que permitirán y garantizarán una participación amplia y un involucramiento
activo de diferentes sectores de la sociedad. Sólo una Agenda Global
verdaderamente democrática y participativa puede tener la legitimidad y la fuerza
que es necesaria para movernos hacia adelante.
¡Derechos humanos y Derecho a la
ciudad para todas y todos!




