Pronunciamiento internacional: Las Directrices de tenencia en una encrucijada

Las Directrices sobre la gobernanza responsable de
tenencia en una encrucijada

Pronunciamiento internacional

10/12/2015

Las Directrices sobre la
gobernanza responsable de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (Directrices
de tenencia
, también denominadas VGGT) que fueron aprobadas en el 2012 por
el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas (CSA) son un gran
paso hacia una gobernanza de los recursos naturales basada en los derechos
humanos. Las Directrices surgen tras décadas de luchas populares para el acceso
y el control de los recursos naturales y los territorios. Desde su adopción
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades las
están utilizando de muchas formas para reforzar sus luchas por la soberanía
alimentaria y popular.
Más de tres años después
de la adopción de las Directrices, el acaparamiento de la tierra y los recursos
naturales sigue medrando en todo el mundo con impactos devastadores en las
comunidades locales, el medio ambiente y los abusos de los derechos humanos que
los acompañan. La implementación y adopción de las Directrices son, entonces,
una cuestión de máxima urgencia.

Ayudar a las empresas a aplicar las Directrices de
tenencia

Las Directrices están
dirigidas principalmente a los Estados. Al adoptarlas, los Estados se
comprometieron a aplicarlas según su objetivo principal: contribuir a la
realización del derecho humano a una alimentación adecuada al mejorar la
gobernanza de tenencia en beneficio de las personas y comunidades más
vulnerables y marginadas.

Nosotros, movimientos
sociales, organizaciones de base y sus aliados, vemos con suma preocupación que
algunos Estados, junto con algunas instituciones de la ONU y algunas
organizaciones no gubernamentales (ONG), no se centran en los derechos y las
necesidades de los grupos más marginados, sino que se esfuerzan en ayudar a las
empresas y a los inversores privados a usar las Directrices en su propio
beneficio.

La agencia de desarrollo
de EEUU (USAID), la Nueva Alianza del G7 para la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición en África, y el llamado Grupo de Interlaken (un conjunto de empresas,
bancos, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial – CFI, la
agencia británica para el desarrollo (DFID) y algunas ONG internacionales, por
ejemplo Oxfam, Global Witness, Rights and Resources Initiative, The Forest
Trust, Landesa y Forest Peoples Programme) han desarrollado guías para orientar
a las empresas y los inversores privados acerca de cómo utilizar las
Directrices de Tenencia en sus operaciones.
La Organización de las estatales sobre cómo promover las inversiones
agrícolas.

Estas guías dan pie a
múltiples interpretaciones de las Directrices de Tenencia, generan confusión y
las desvían de sus verdaderos objetivos. Vemos graves problemas de base en las
mismas:

1. Los recursos naturales son transformadas en una
cuestión de negocios, en vez de considerarlos como un asunto de derechos
humanos

Las Directrices de
Tenencia reconocen claramente que el acceso y control de los recursos naturales
y su gobernanza son un asunto de derechos humanos. Mejorar la gobernanza de
tenencia es un proceso complejo, donde la clave es encontrar vías para resolver
conflictos sociales, políticos y económicos. Las Directrices proporcionan a los
Estados orientaciones claves sobre cómo lidiar con estos temas tan complejos en
sintonía con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Las guías
mencionadas, en cambio, parten de una premisa errónea: se basan en los riesgos
que enfrenta la inversión privada y comercial al adquirir tierras, zonas
pesqueras y bosques. Invitan a las empresas y a la inversión privada a utilizar
las Directrices de Tenencia para manejar y reducir sus riesgos económicos, financieros
y de reputación, para asegurar un flujo constante y regular de sus actividades
y adquirir «una ventaja competitiva” al mejorar «la eficiencia y fiabilidad de
sus cadenas de suministro y su cuota de mercado” (citas extraídas de la guía y
el folleto del Grupo de Interlaken).

Al centrarse en los
intereses de las empresas y la inversión privada, y no en los derechos de los y
las más vulnerables y marginados (tal y como se recoge explícitamente en el
párrafo 1.1 de las Directrices de Tenencia), estas guías transforman las
Directrices de Tenencia en una herramienta para el negocio y de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). El acaparamiento de tierras y de otros recursos
naturales se legitima al centrarse exclusivamente en las inversiones en forma
de adquisición de tierras (compras o arrendamiento) por el sector privado y
empresarial y una interpretación del párrafo 12.4 de las Directrices sobre
inversión responsable según una visión empresarial.

Promover esta
interpretación de las Directrices de Tenencia conducirá a su abuso por el
sector empresarial para blanquear sus actividades. Diversas grandes
multinacionales agroalimentarias como CocaCola, PepsiCo, Cargill, Nestlé,
Unilever e Illovo, ya están utilizando las Directrices de Tenencia en sus
campañas de relaciones públicas y sus políticas de RSC declarando públicamente
su adhesión a las mismas y que las «aplicarán” a través de sus actividades
comerciales.

2. El enfoque de «múltiples partes interesadas”
confunde el rol del Estado y el de las empresas

Las guías mencionadas
dan por sentado que todos los actores (Estados, individuos y comunidades,
empresas, OSC, etc.) son partes interesadas por igual. Consiguientemente, no se
pronuncian acerca de lo que las Directrices de Tenencia dicen acerca de las obligaciones
del Estado frente a las empresas. Este enfoque pasa por alto las diferencias
fundamentales y, por lo tanto, los papeles y las responsabilidades diferentes
de los Estados y de las empresas. La legitimidad del Estado se basa en el
pueblo que le confiere el mandato de servir al interés público, basándose en el
principio de la dignidad humana y los derechos humanos. Los Estados deben
rendir cuentas a sus poblaciones. Al contrario que las empresas, que no están
legitimadas para tener funciones de gobierno porque representan únicamente a
intereses privados y sólo deben rendir cuentas ante los accionistas o
propietarios. Primero y ante todo, las empresas y la inversión privada deben
respetar la ley y actuar dentro de su marco.

Las guías mencionadas
llevan implícito el traslado de deberes y prerrogativas estatales a las
empresas y el sector privado, especialmente en temas sumamente delicados del
ámbito de la gobernanza de los recursos naturales. Ejemplo de ello es el
proceso de identificar y reconocer derechos legítimos de tenencia que no están
protegidos por la ley, lo que es un elemento clave recalcado con fuerza en las
Directrices de Tenencia. Las guías mencionadas sugieren que se trata de algo
que los inversores pueden hacer a través de procesos de «mapeo participativo
por las partes interesadas (Guía de la Nueva Alianza). Pero se trata aquí de
uno de los procesos más contenciosos de muchas sociedades que está cargado de
asimetrías de poder y de conflictos. Las empresas y la inversión privada no
están legitimadas para llevar a cabo dicho proceso. Es parte del mandato
conferido al estado por el pueblo, por lo cual debe rendir cuentas al pueblo.
Las empresas y la inversión privada persiguen sus intereses económicos y
buscarán maximizar sus beneficios a la hora de identificar y reconocer los
derechos legítimos de tenencia. Nada podría ser más dañino para el
reconocimiento y la protección de los derechos legítimos de tenencia de los
grupos más marginados que confiar esta tarea a los mismos inversores que buscan
apoderarse de sus tierras, áreas pesqueras y bosques, tal y como sugieren las
guías mencionadas. Es claramente un conflicto de intereses. Esto también se
aplica a los procesos de evaluación de impactos de las actividades
empresariales (de las cuales el párrafo 12.10 de las Directrices de Tenencia
claramente establece que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que
sean independientes), de consultas y negociaciones, y la indemnización de las
comunidades por pérdidas sufridas.

Otro ejemplo es la
resolución de conflictos asociados a la tierra, áreas pesqueras y bosques en el
ámbito de las actividades empresariales. Las guías dan por sentado que la
inversión privada y las empresas deberían resolver los conflictos aplicando
«procedimientos de ofensa o resolución de disputas”. Cierto es que el sistema
judicial no funciona muy bien en muchos países, especialmente en las zonas
rurales. Pero las Directrices de Tenencia perderían su sentido y sería muy
perjudicial si se evadiera la obligación del Estado de ofrecer (a) acceso a la
resolución de conflictos relacionados a la tenencia mediante una autoridad
judicial competente e imparcial y una administración ágil, asequible y
eficiente; y (b) recursos efectivos e inmediatos como la restitución, la
indemnización, la compensación y la reparación. Las guías mencionadas confían
estas tareas a las empresas, pero la inversión privada no puede «resolver
conflictos de tierras” (Guía de la Nueva Alianza), sustituir al Estado como
proveedor de justicia, ni «complementar otros procesos judiciales” como las
guías sugieren. La realidad muestra que los mayores inversores están
involucrados en casos graves de abusos de los derechos humanos, como
expulsiones forzosas y violentas, asesinatos, detenciones arbitrarias y
hostigamiento de personas y comunidades. Por tanto, es obvio que transferir
dichas responsabilidades a los que directa o indirectamente cometen tales
abusos contra los derechos humanos jamás garantizará la justicia. Permitir que
suceda esto ratifica la captura del Estado por parte del capital y de sus
intereses subrepticios. Los inversores y las empresas no pueden convidarse para
«apoyar y complementar las actividades del gobierno”. (Guía de la Nueva
Alianza)

En tanto que movimientos
sociales y OSC sabemos lo difícil que resulta trabajar con los gobiernos y las
autoridades estatales a todos los niveles. En algunos casos los mismos Estados
promueven el acaparamiento de recursos (muchas veces justificándolo con la
necesidad de crear un «entorno propicio para la inversión”), cuando no son los
propios acaparadores. Se trata en estos casos de violaciones de derechos
humanos y los Estados tienen que rendir cuentas. Sin embargo es el Estado y sus
instituciones públicas quienes deben servir al interés público y tiene la
obligación de proteger la población de los abusos de derechos humanos por parte
de empresas e inversores privados a través de marcos legales adecuados. Esto
incluye la obligación de regular a las empresas y a los inversores, tanto a
nivel nacional como internacional, y de sancionarlos cuando cometen crímenes o
abusen de los derechos humanos de las personas o comunidades; y asegurar que
haya compensación por daños y perjuicios y prevenir reincidencias. Esta
obligación también se extiende a los países de origen de las empresas e
inversores, cuando éstos infringen derechos humanos fuera de su país de origen
(obligaciones extraterritoriales de derechos humanos). Los contratos de
inversión no pueden remplazar las leyes y no es la tarea primordial de las autoridades
estatales «orientar” y «guiar a los inversores” para facilitar las
adquisiciones de tierra, o «solucionar los problemas a cuales se enfrentan los
inversores existentes o potenciales.” (Citas de la guía de la FAO para las
autoridades estatales) No nos creemos ni una palabra de las promesas de
comportamiento responsable del sector corporativo ni de la autorregulación
empresarial.

3. Imponer una «alianza” inexistente entre
empresas y comunidades

Todas las guías
mencionadas apelan a la inversión privada y a las empresas para que incluyan a
las comunidades afectadas en sus operaciones. Se presupone que las
adquisiciones de tierras son potencialmente buenas para ambas partes: las
empresas y las comunidades. Se postula que, mientras los inversores privados
hagan lo correcto e incluyan a las comunidades afectadas, tomando en
consideración «sus intereses, deseos y preocupaciones”, todo irá bien (cita de
la guía de USAID). Las guías mencionadas hasta sugieren que la inversión
responsable en forma de adquisiciones de tierras por parte de empresas
«aportará beneficios a las comunidades locales”, les «proporcionará nuevas
oportunidades” y mejorará su seguridad alimentaria (citas de las guías de USAID
y del Grupo de Interlaken respectivamente). Este tipo de razonamiento sigue una
estrategia corporativa que considera que tanto las empresas como la inversión privada
son los protagonistas del desarrollo y la seguridad alimentaria, presentándolos
como «parte de la solución” más que como el problema.

Una comunidad y una
empresa o un inversor privado que quieran adquirir o arrendar un terreno, un
bosque o recursos hídricos no son lo mismo ni pueden ser tratados por igual.
Esto yace en el corazón mismo del enfoque de derechos humanos de las
Directrices, que pone especial énfasis en los grupos vulnerables y marginados.
Las empresas de cualquier tipo, incluidas las grandes corporaciones, tienen
como principal objetivo el lucro. Los proyectos de inversión que incluyen la
adquisición de tierras, áreas de pesca y bosques interfieren bruscamente en la
vida del campesinado, la población indígena, las comunidades urbanas, los
pescadores y las pescadoras o los pastores y las pastoras. En todos los
rincones del mundo las comunidades están reafirmando sus derechos y resisten a
los acaparadores de tierras. Decir que las empresas y la inversión privada de
una parte, y las comunidades, de otra, son «partes interesadas” que negocian en
pie de igualdad un tema tan crucial como el control de los recursos naturales,
es una generalización totalmente infundada y creará injusticia. Ignora además
las marcadas asimetrías de poder que se dan entre ambos grupos. Por tanto, es
erróneo y peligroso dar por sentado que las comunidades se comprometerán con
los proyectos empresariales si los inversores hacen lo correcto y que como
resultado de ello, la tenencia local no resultará dañada o menoscabada. Esto
también se aplica a los enfoques que consideran que el papel primordial de las
autoridades estatales sería de «facilitar diálogos” entre los inversores y las
comunidades. (Guía de la FAO para autoridades estatales)

Además, las empresas y
la inversión privada que pretenden adquirir o arrendar tierras no pueden
garantizar la consulta adecuada con las comunidades afectadas. No son actores neutros
y hay grandes desequilibrios de poder entre ambas partes. De nuevo es el Estado
quien detenta la autoridad y a quien compete garantizar que las consultas
tengan lugar según la legislación vigente y el estándar establecido por las
Directrices de Tenencia (párrafos 3B6 y 9.9). Ello incluye el derecho de las
comunidades y sus miembros de negar su consentimiento si consideran que tal
proyecto de inversión no está en sus intereses.

La «alianza” entre la
inversión privada y las comunidades que las guías construyen y pretenden
imponer, significa, en última instancia, que las comunidades deben incluirse en
la cadena de valores y aprovisionamiento de las empresas. Los sistemas de
producción por contrata y los contratos de manejo se destacan en todas las guías
mencionadas por ser un medio que garantizaría «el beneficio mutuo” de los
proyectos de inversión y una «mejor rentabilidad de la inversión para todas las
partes interesadas” (Guía de la FAO para las autoridades estatales). Se ignora
la experiencia real de muchas comunidades en el mundo entero que se han visto
atrapadas en una situación de dependencia total de las grandes empresas.
Mientras que cada comunidad debe decidir si se implica no en la agricultura por
contrato o contratos de gestión es totalmente erróneo afirmar que estas
constituyen mejores prácticas que mejoran automáticamente la vida de las
comunidades y su seguridad alimentaria. Los y las productores y productoras de
alimentos a pequeña escala generan la gran mayoría del alimento que se consume en
el mundo y se les debe apoyar con inversiones públicas, como reconocen las
Directrices de Tenencia (párrafo 12.2). Reducirlos a mano de obra barata en el
más bajo escalafón de la cadena de aprovisionamiento y valores empresariales,
constituye una malinterpretación del párrafo 12.6 de las Directrices, que
postula la necesidad de apoyo por parte de los Estados «modelos de producción e
inversión que no resulten en la transferencia a gran escala de derechos de
tenencia a inversores.”

Rechazamos el acaparamiento corporativo de
nuestras riquezas y nuestros recursos naturales, los derechos humanos y las
políticas públicas, y nos opondremos a cualquier intento de restablecer la
gobernanza de los recursos naturales, la alimentación y la nutrición que esté
impulsada únicamente por el dinero y el mercado. Seguiremos oponiéndonos a
cualquier forma de acaparamiento de tierra, agua, océanos y semillas,
reforzando tanto nuestros derechos a los recursos y territorios como nuestra
lucha por la soberanía alimentaria y de los pueblos.

Por lo tanto, instamos

A los Estados, las agencias de la ONU, los
institutos de investigación y las ONG

a retirarse y abstenerse de todas las iniciativas que buscan ayudar al
sector corporativo y a los inversores privados a utilizar las Directrices según
sus intereses empresariales, y que por tanto

promueven el
acaparamiento corporativo de los recursos naturales, los espacios políticos
públicos y los derechos humanos.

A los Estados

a aplicar e implementar las Directrices de Tenencia en consonancia con sus
obligaciones en virtud de los derechos humanos (territoriales y
extraterritoriales), tal como se comprometieron al adoptarlas. Esto significa
que todo el esfuerzo debe centrarse en los derechos y necesidades de las
comunidades y de los grupos más marginados, en vez de en los intereses
empresariales privados.

Esto implica

·
aprobar y ejecutar nuevas leyes
y/o asegurar la aplicación efectiva de leyes existentes que protejan
eficazmente a las comunidades contra las transacciones de tierra a gran escala,
por ejemplo a través de la definición de límites sobre las transacciones de
tierras permitidas o la necesidad de autorización parlamentaria (párrafo 12.6
de las Directrices de Tenencia);

·
aprobar y ejecutar nuevas leyes
y/o asegurar la aplicación efectiva de leyes existentes que regulen la
actividad de empresas e inversores, especialmente las transnacionales, en lo
que respecta a garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI),
así como evaluaciones previas e independientes de impactos (incluyendo los
impactos sobre los derechos humanos);

·
responsabilizar a las empresas
y los inversores cuando estos no cumplen con sus compromisos de crear empleo,
ingresos a nivel local etc. en el contexto de adquisiciones de tierras;

·
asegurar el enjuiciamiento
penal de los abusos y crímenes cometidos por las empresas que menoscaban
derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia de personas y
comunidades;

·
mejorar la capacidad del Estado
de monitorear y reforzar el enjuiciamiento efectivo de dichos abusos y
crímenes;

·
priorizar políticas de
inversión que desarrollen las capacidades de los y las productores de alimentos
a pequeña escala y las comunidades.

a promover la verdadera
rendición de cuentas legal de la implementación de las Directrices de Tenencia y
la gobernanza de la tenencia

·
al apoyar y acelerar el
establecimiento de un mecanismo de monitoreo sólido e novedoso en el CSA. El
CSA quedará truncado y decepcionará las grandes expectativas que su reforma
suscitó sin un mecanismo de monitoreo que permita reflexionar, discutir y
evaluar si se avanza en coordinar las acciones de los diferentes actores y a
los diferentes niveles y en que haya rendición de cuentas al aplicar las
Directrices de Tenencia y otras decisiones del CSA;

·
al contribuir de manera
constructiva al evento global de monitoreo que se celebrará durante la 43a
sesión del CSA en el 2016, para asegurar que se realice una evaluación
comprensiva y exhaustiva del uso y la aplicación de las Directrices de
Tenencia.

a apoyar e implicarse de buena fé en el proceso hacia la adopción de un
instrumento legalmente vinculante para las corporaciones y otras empresas en
relación a los derechos humanos en el consejo de los derechos humanos de la
ONU, para definir estándares internacionales claros y obligatorios acerca de
los deberes de las corporaciones y otras empresas, que incluyan normas sobre las evaluaciones de impacto, la
diligencia debida y responsabilidad legal, y que sean responsabilizados por los
abusos a los derechos humanos y los crímenes cometidos por ellas.

A la FAO

a proporcionar apoyo técnico para la aplicación de las Directrices de
Tenencia según sus verdaderos objetivos y de buena fé, basándose en las
Directrices mismas y sus principios de aplicación, y sin bajar el estándar
definido por ellas. La FAO, entre otras cosas, debería iniciar un proceso
inclusivo para desarrollar instrumentos técnicos que proporcionen orientación a
los Estados sobre cómo regular las empresas según las obligaciones
identificadas por las Directrices de Tenencia y los derechos humanos.

Firmado
por:

International
Indian Treaty Council – IITC/CITI

International
Federation of Rural Adult Catholic Movements – FIMARC

La Via Campesina

Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale
Catholique – MIJARC

Urgenci
– International Community Supported Agriculture Network

World
Alliance of Mobile Indigenous Peoples – WAMIP

World
Forum of Fish Harvesters and Fish Workers – WFF

World
Forum of Fisher Peoples – WFFP

Centre
for Environmental Education and Development – CEED, Nigeria

Centro Internazionale Crocevia

Convergence malienne contre l’accaparement des terres –
CMAT, Mali

Conseil citoyen Droit à l’Eau et à l’Assainissement –
COCIDEAS, Sénégal

Conseil national de concertation et de coopération des
ruraux – CNCR, Sénégal

COPAGEN Sénégal

Enda Pronat, Sénégal

European Coordination Via Campesina – ECVC

Fédération
Nationale pour l’Agriculture Biologique (FENAB), Sénégal

FIAN
International

FIMARC
Afrique

Focus
on the Global South

Forum
Social Sénégalais

Friends
of the Earth International

Housing
and Land Rights Network-Habitat International Coalition – HIC-HLRN

International
Collective in Support of Fishworkers – ICSF

Land
Research Center, Palestine

Masifundise
Coastal Links, South Africa

Mouvement
de solidarité pour le droit au logement – MSP-DRO.L, Burkina Faso

National
Fish Workers’ Forum – NFF, India

National
Women Peasants Association, Nepal

Nepal
Landless Dalit Peasants organization

Nepal
Youth Farmers Association

Panafricaine
pour l’Education au Développement durable – PAEDD

Plateforme
d’Innovations pour l’Emploi des Jeunes et des Adultes (PIEJA), Sénégal

Réseau
maghrébin des associations de développement local en milieu rural (REMADEL)

RIAO-RDC,
Democratic Republic of Congo

South
Asia Farmers Forum

South
Asia Food Sovereignty Network

South
Asia Peasants Coalition

South
Indian Coordination committee of Farmers movements – SICCFM, India

Terra
Nuova

Transnational
Institute – TNI

Union
des groupements paysans de Meckhé (UGPM), Senegal

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aquí.