España. Iniciativas legislativas populares en Catalunya, la otra agenda


Manifestación a favor de la ILP de la PAH en febrero de 2013 en Barcelona.
/ JOAN ALVADO

Catalunya
vive un momento excepcional. El 3 de agosto, Artur Mas convocaba unas
elecciones autonómicas para el 27 de septiembre que la mayoría de partidos han
catalogado de históricas y que, según aseveran las formaciones
independentistas, están dotadas de un carácter plebiscitario. Asimismo, desde
la candidatura Junts pel Sí, integrada por Convergencia, ERC y miembros de
entidades civiles soberanistas, explican que estos comicios brindarán la
posibilidad de crear «un
nuevo país que mejore la vida de las personas”.

Lo cierto es que la realidad social va más
allá de la creación de un nuevo Estado. Según datos de la Encuesta de Población
Activa del segundo trimestre de 2015, la
tasa de desempleo en Catalunya es del 19,1%, con un total de 726.200 de
parados. 
En 2014, además, un 20,9% de la población catalana
vivía por debajo del umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de
Estadística.

Para hacer
frente a esta situación de emergencia social, desde diversas plataformas 
han surgido en los últimos tiempos tres
iniciativas legislativas populares (ILP)
, que necesitan de 50.000
apoyos para iniciar su trámite parlamentario. 
La ILP contra los desahucios y la pobreza
energética, tras conseguir 143.000 firmas, fue la primera en ser aprobada
, por
unanimidad, en el Parlament catalán el pasado 23 de julio. Las ILP que
defienden un renta garantizada para la ciudadanía, con 121.000 apoyos, y por la
educación pública, con 95.000 firmas, son las otras dos propuestas que luchan
por incluir los temas sociales en la apretada agenda electoral catalana.

Momentos de
confluencia

Ramon Franquesa,
miembro de la comisión promotora del Foro de Alternativas al Paro, la Pobreza y
la Desigualdad, 
denuncia
que en los últimos años se ha hablado de otros temas mientras los recursos
públicos se iban privatizando 
y los derechos sociales se degradaban
progresivamente. Franquesa esgrime que es fundamental que los movimientos
sociales hagan pedagogía sobre la existencia de soluciones que difieren del
pensamiento hegemónico.

«Exis­te una
minoría que ha impuesto el discurso de que cualquier intento de salir del
camino que marcan los recortes nos conducirá al caos. Es falso. 
Nuestra misión es señalar cuál es el
objetivo de los recortes, el origen de la deuda, y cuáles son las soluciones
posibles”
,
sostiene.

Uno de los
momentos de confluencia fue la 
Tercera
Marcha por una Catalunya sin Paro, Preca­rie­dad, Pobreza y Desigualdad
, iniciada el 6
de julio en Badalona. Tras pasar por Granollers, Terrassa, Abrera y Martorell,
acabó tres días después en la puerta del Parlament. Desde asambleas de parados
hasta Attac, pasando por los Iaioflautas y la Marea Pensionista, la
movilización contó con el respaldo de numerosas organizaciones con
reivindicaciones diversas.

Para Albert
Pallàs, activista de la Pla­taforma de Afec­tados por la Hipo­teca de Barcelona
y miembro de la Comisión Pro­motora de la ILP contra los desa­hucios y la
pobreza energética, muchas de las demandas tienen en común que son batallas
para recuperar derechos fundamentales.
«La
confluencia de movimientos es necesaria porque estas luchas se ganan en la
calle”, sentencia.

Desde la marcha
se demandó la aprobación de las tres iniciativas legislativas populares, la
revalorización de las pensiones y una reducción de la jornada laboral. 
También se mostró una férrea oposición al
Tratado Trans­atlán­tico de Comer­cio e Inversiones (TTIP).

Otro momento de
confluencia fue el 
Foro
de Alternativas al Paro, la Pobreza y la Desigualdad
–germen de la tercera marcha– que se celebró el
pasado mes de abril en Barcelona, y en el cual más de 60 entidades generaron
«un espacio común de debate y reflexión” con medio centenar de talleres.

Educación,
sanidad y vivienda

Los colectivos
impulsores de las ILP de vivienda y educación 
volverán a aunar esfuerzos en una
marcha conjunta los días 18, 19 y 20 de septiembre
. «El objetivo
principal de esta iniciativa es poner sobre la agenda electoral todas estas
cuestiones sociales”, apunta Oscar Simón, miembro de la Comisión Promotora de
la ILP de educación, «en un escenario en el que, escépticamente hablando, todo
podría quedar disuelto en la dialéctica Cata­lunya-España”, matiza.La marcha
constará de tres columnas, que saldrán de Sabadell, Sant Vicenç dels Horts y
Mataró, tematizadas individualmente por la vivienda, el paro y la educación.

Cada
bloque llevará banderas de diferentes colores. «Los partidos y sindicatos que
participen irán detrás del conjunto de banderas. No queremos que sea una
manifestación partidista”, señala Simón. Una cuarta columna, promovida por la
Marea Blanca, empezará el recorrido directamente desde la misma ciudad condal,
donde también acabarán las demás, con
la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita como principal demanda.

Junto a la ILP de educación, la otra
propuesta de ley que se está tramitando actualmente en el Par­la­ment es la ILP 
de la renta garan­tizada de ciudadanía, que
pretende asegurar un ingreso mínimo que cubra las necesidades fun­da­mentales
. Concre­tamente, la iniciativa propone una
renta de 664 euros para las personas que no perciban ningún ingreso en 12
meses. Diosdado Toledano, uno de los portavoces de esta iniciativa, relata que
se desmarcaron de la marcha de septiembre porque las fechas «no eran buenas” al
coincidir con la campaña electoral. En
estos tiempos «se produce una desmo­vilización de lo social prác­ti­camente ine­vitable”,
apunta.

Fruto de la presión ejercida, sostiene
Toledano, han conseguido el compromiso
por parte de Iniciativa, las CUP, Bar­celona en Comú, Esque­rra Unida i Alter­nativa,
Procés Consti­tuent, Podemos y el PSC 
para que después de las elecciones del
27S el contenido de la propuesta de ley –sin enmiendas que devalúen su
contenido– sea lo primero que se vote en el Parlament. «Para movilizarse hay
que esperar primero a ver si cumplen su palabra. En caso contrario, o si
percibimos actitudes negativas, será el momento de quemar el cartucho. No
ahora”.

Oscar Simón destaca el apoyo social que han
conseguido las tres iniciativas legislativas
, construidas
«desde el convencimiento de que contienen unas reivindicaciones totalmente
justas y legítimas”.

Sin
embargo, Toledano denuncia una«actitud
obstruccionista” por parte de CiU con la colaboración de otras fuerzas
:
«Si bien es cierto que la implicación social ha sido alta, no podemos decir lo
mismo de la insti­tucional”. Apunta asimismo que el partido de Artur Mas está
alargando premeditadamente el proceso para desmovilizar a la opinión ciudadana.

Por lo que respecta a la ley de vivienda,
el texto presentado fue consensuado por todo el arco parlamentario, excepto por
Ciutadans –que en un principio la había dado por buena– y el Partido Popular,
quienes interpusieron demandas parciales. En relación a la iniciativa legislativa
popular por la educación pública, Simón explica que desde el principio cuenta
con el apoyo de las CUP y de Podemos
, pero que Convergencia y
el PP se han pronunciado en contra. «Ahora toca negociar, presionar y
movilizar. Hemos de centrar el debate y evitar que nos hagan una enmienda a la
totalidad de la ley, como ya pasó con la ILP de la soberanía alimentaria”,
concluye.

En las sesiones plenarias después del 27S
se verá si realmente existe una voluntad política para aportar «pan, techo,
trabajo y dignidad”.

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