
Nosotros, movimientos sociales y populares, reunidos en Brasilia en los
días 14, 15 y 16 de julio, durante la XVIII Cúpula Social do MERCOSUL,
expresamos en este documento los consensos alcanzados por las organizaciones y
movimientos sociales presentes, destinados al fortalecimiento de la agenda
social, de la participación ciudadana y de la plena integración de los pueblos
de la región.
Los movimientos sociales reafirman su compromiso con la Democracia como
valor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La lucha contra el
neoliberalismo, en la década del 90, culminó con la elección de sucesivos
gobiernos progresistas en América Latina, abriendo un ciclo de cambios y
transformaciones sociales. Con la derrota del Alca, en 2005, avanzamos en la
soberanía de los pueblos, en inversiones en políticas sociales y de inclusión
importantes, y hoy todos esos proyectos están siendo confrontados por una
ofensiva imperialista, representada por el poder financiero internacional y por
las oligarquías nativas que vieron sus intereses afectados por los gobiernos
populares.
Las grandes corporaciones multinacionales y los especuladores
financieros, causantes de esta crisis, quieren impulsar nuevas formas de
explotar a los pueblos del mundo, apoyados por tratados de «libre comercio”,
que para avanzar, deben cuestionar los procesos de integración regional, en
especial al Mercosur, y así, sobreponer los intereses de las corporaciones a
los derechos de los trabajadores y a la libertad de los pueblos. En este
sentido, rechazamos el Tratado Transpacífico, el TISA, y cualquier otro acuerdo
que no sea claro, justo y democráticamente construido a partir de la
participación popular. No aceptamos la reducción de ninguno de los derechos
consolidados de los trabajadores del bloque.
Uruguay y Paraguay deben salir de las negociaciones del TISA, y el
Mercosur debe adoptar una actitud proactiva de rechazo de esa dinámica de
negociación, que busca limitar aún más las capacidades de los Estados de
construir trayectorias de desarrollo profundizando el poder corporativo.
Nos preocupamos y estamos atentos a la incursión de China en la región,
y queremos que las negociaciones con este país sean pautadas no solamente por
el comercio, que amenaza la industria local y el mundo del trabajo, sino
también por una relación justa y benéfica para los pueblos de la región.
Mercosur no debe avanzar en las negociaciones de un tratado de libre
comercio con la Unión Europea, tomando como ejemplo los seis acuerdos de
asociación que Europa ha firmado con América Latina queda claro que los
mismos imponen condiciones injustas en la relación comercial y promueven
obligaciones que limitan la capacidad de desarrollo autónomo de nuestros
Estados: compras públicas, protección de los derechos de propiedad intelectual,
protección a las inversiones, exigencia de apertura en sectores industriales
que ponen en riesgo nuestros puestos de trabajo. No al retroceso de las
políticas de subsidios agrícolas y apertura a los mercados en este sector. Las
negociaciones con terceros deben sustentarse sobre las bases de equilibrio, y
deben concordar con los objetivos estratégicos construidos regionalmente.
Denunciamos la falta de transparencia y el sigilo con que vienen siendo
tratadas las negociaciones del MERCOSUR y la Unión Europea.
El capitalismo especulativo ha provocado la crisis ambiental,
alimentaria y energética que actualmente deteriora la capacidad de revertir la
desigualdad y la injusticia social, amenaza los significados y contenidos de
los proyectos democráticos y emancipadores de la Región y coloca en riesgo la
propia supervivencia de la humanidad. La preservación de la madre tierra y la
soberanía sobre los recursos naturales y minerales deben ser pautadas por una
nueva lógica de producción y consumo, que preserven y estimulen la solidaridad.
Es importante destacar que hay una tentativa de imponer una ofensiva
conservadora contra los derechos de los trabajadores, de la juventud, de las
mujeres, de los pueblos originarios, de la población LGTB, de los negros y
negras, indígenas y población campesina. Esa ofensiva precisa ser combatida en
todo el continente y en respuesta los movimientos sociales precisan actuar de
forma unitaria, construyendo una agenda común de lucha a partir de las
siguientes acciones: fortalecimiento de la integración y el respaldo y
profundización de las conquistas y de la democracia.
La masacre de Curuguaty se convirtió en uno de los casos más graves de
violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales da
Jubileo Sur/Américas, en cuyo contexto se encuentra la demanda de acceso a la
tierra y a la alimentación adecuada. Nosotros, los pueblos del Mercosur, nos
posicionamos como «Observadores Internacionales del Juicio”.
Es fundamental que afirmemos que los problemas y las limitaciones del
actual proceso del MERCOSUR deben ser resueltos con MÁS DERECHOS, MÁS
PARTICIPACIÓN Y MÁS INTEGRACIÓN Y no con la negación y retroceso que
representan los acuerdos de libre comercio.
En este contexto, los movimientos sociales y organizaciones reafirman la
importancia y el significado que tiene el proceso de integración regional
democrático e inclusivo para la construcción de sociedades soberanas y justas,
con una agenda política que incorpore los siguientes temas:
1. Las dimensiones política, económica, productiva, social, educacional,
ambiental, cultural y ciudadana de la integración regional, que son las bases
sobre las cuales se debe avanzar rumbo a un MERCOSUR más efectivo, justo y
democrático. En este sentido, hacemos un llamado a los gobiernos para que
implementen las directrices del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR
(PEAS) y el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR. Asimismo, apoyamos la
actuación de la UPS y de su capacidad presupuestaria, para de forma
transparente y eficaz, promover la ampliación de la participación
autodeterminada de las organizaciones y movimientos sociales de la región.
2. La armonización de legislaciones que afectan la plena consolidación
del proceso de integración (trabajo, providencia, tributos, entre otras) y la
implementación efectiva del Acuerdo de Seguridad Social del Mercado Común del
Sur y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del
Mercado Común del Sur – MERCOSUR, Bolivia y Chile. Para tal, instamos a que los
gobiernos apliquen, en todos los niveles, las políticas acordadas en el bloco.
3. Saludamos la decisión de la Argentina de convocar elecciones
generales del PARLASUR el próximo 25 de octubre, sumándose a la República del
Paraguay e instamos a los demás países a llevar adelante procesos similares,
que tengan como objetivo la consolidación del PARLASUR, principal órgano de
representación política de los pueblos, asegurando la paridad de género en las
listas.
4. La libertad de expresión y la construcción de un MERCOSUR
verdaderamente democrático y participativo, implica necesariamente la
democratización de los medios de comunicación y una política activa de
cooperación específica. En este sentido, enfatizamos la necesidad de
participación activa y fomentada por los Estados y organizaciones de la
sociedad civil en la discusión, elaboración y/o implementación de nuevas leyes
de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente que
exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la extinción
de los monopolios de los medios de comunicación. Fin de la restricción y de la
persecución a los medios comunitarios, populares e independientes. Consideramos
la comunicación un derecho u no una mercadería e instamos a los gobiernos a
hacer efectiva la participación de la sociedad civil en la Reunión
Especializada de Comunicación Social (RECS).
5. El fortalecimiento de las políticas regionales de educación que
respeten y valoricen la diversidad cultural, racial, étnica y de género, que
sean inclusivas y que incorporen como fundamento los derechos humanos como
elemento indisociable de la creación de una ciudadanía regional, superando
todas las formas de discriminación, debiendo ser, por tanto, no sexista, no
machista, no racista, no homofóbica y no lesbofóbica. Defendemos,
especialmente, la garantía del financiamiento público educacional adecuado para
la adopción de políticas de educación para la integración, de inclusión
educacional de segmentos vulnerables, de las políticas de financiamiento para
la educación y de la valorización, en todos los niveles, de los profesionales
de la educación. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización,
preservación y transmisión de las lenguas maternas de las poblaciones
originarias de la región, especialmente en las áreas de frontera.
6. Exigimos que los países miembros del MERCOSUR implementen
efectivamente políticas públicas de educación ambiental y comunicación
comunitaria para la preservación del medio ambiente y mitigación de los efectos
provocados por los impactos ambientales, minimizando el sufrimiento de los
afectados por la injustica ambiental. Que sean planeados y ejecutados proyectos
de educación ambiental para una sociedad sustentable y ambientalmente
responsable con la generación y descarte de residuos sólidos y acciones de
fortalecimiento de recolección selectiva y creación de empleo y renta en
América Latina.
7. El Mercosur siempre reconoció a la juventud como sujetos de derecho y
como personajes importante para la Región. La juventud del Mercosur convoca
para la construcción de jornadas de luchas continentales, contra el golpismo,
en defensa de la democracia y con campañas comunes: «Contra la reducción de la
edad de imputabilidad penal, por el matrimonio igualitario, contra las bases
militares en América Latina.
8. Reconocemos la centralidad del empleo y del trabajo decente para la
estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. Por esto, exigimos la
estructuración del Observatorio del Mercado de Trabajo del Mercosur, para que
este pueda atender a las demandas hechas por los órganos del bloque.
Especialmente, que ese observatorio contemple los datos referentes a la
inserción y permanencia de la mujer en el Mercado de Trabajo, reconocidamente,
los recortes por edad, clase social y etnia. Exhortamos a los gobiernos a
colocar en práctica el Plan MERCOSUR de Facilitación de la Libre Circulación de
Trabajadores/as, a armonizar los sistemas providenciaros, implementar los Planes
Regionales de Inspección del Trabajo y de Erradicación del Trabajo Infantil, a
acelerar la armonización de las Normas sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.
Defendemos el derecho a la libre organización sindical conforme lo expresado en
la Declaración Socio-laboral del Mercosur. Exigimos de los Estados la misma
tipificación del crimen de tráfico de personas en todos los países del MERCOSUR
y que se ratifique inmediatamente la Convención sobre el Trabajo Decente para
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (nº 189) y la
Recomendación con el mismo título (nº 201) de la OIT.
9. Además del derecho al trabajo que se garanticen los derechos al
acceso a los servicios básicos y la vivienda adecuada a los trabajadores.
10. Que el Mercosur asuma el compromiso de construcción de políticas que
avancen en el sentido de alcanzar un salario igual para trabajo igual y la
creación y ampliación de equipamientos públicos que contribuyan en la
socialización del Trabajo Doméstico.
11. De forma especial, saludamos la firma de la nueva Declaración
Socio-Laboral del MERCOSUR y expresamos nuestra movilización permanente para
hacer efectivos los derechos en ella expresados. Esta firma viene a sumarse a
esta perspectiva de una región que busca su desarrollo ampliando derechos
sociales. Avanzar en un MERCOSUR por más derechos, para el reconocimiento de la
ciudadanía regional y la libre circulación de personas entre nuestros países es
fundamental.
12. La salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad y
exige participación, para que el desarrollo con justicia social sea alcanzado.
En este sentido, instamos a los gobiernos de la región para desenvolver
Políticas regionales de salud que garanticen su universalidad, gratuidad,
integralidad, su carácter equitativo, primordialmente con acciones de
prevención y de promoción, sustentado por la calidad técnica y humana,
financiado con recursos generales de los Estados y con la participación y control
popular en los núcleos de decisión. Entendemos que el gozo de los derechos a la
salud debe ser concebido como cuestión de orden pública, inalterable e
irrenunciable, asumido por los Estados, garantizando satisfacción de salud
individual y colectiva.
13. Reafirmamos los territorios, tierra, agua, semillas, biodiversidad y
derechos de los pueblos del campo, de las aguas y de las selvas como la base de
un proyecto de desarrollo basado en la justicia social y ambiental. Entretanto,
esa base está bajo continuo ataque gracias a una ofensiva del agronegocio, de
las empresas mineras, petroleras, de las corporaciones transnacionales, de las
compras de tierras por extranjeros y de la especulación inmobiliaria, colocando
en riesgo la existencia de la propia humanidad, pues compromete la reproducción
de la vida en todas sus dimensiones. Llamamos a los Estados a garantir la
reforma agraria popular e integral, la demarcación y homologación de tierras
indígenas y de poblaciones tradicionales como forma de reparar las grandes
deudas sociales de América del Sur y recolocar el desarrollo regional sobre
otros niveles, como la agroecología y la soberanía alimentaria. Hacemos un
llamado a los Presidentes a implementar las recomendaciones presentadas por la
Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión
Especializada sobre Cooperativas (RECM)
14. Hacemos un llamado a los gobiernos a comprometerse con la promoción
y la protección de los derechos humanos en el MERCOSUR y Estados asociados,
enfatizando la importancia de asegurar el derecho a la verdad y a la memoria,
reconocer las vulnerabilidades de los migrantes y refugiados en los países del
bloque, con perspectiva de género, establecer estrategias de cooperación contra
la violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes y el tráfico de seres humanos, especialmente de
mujeres y niños y de profundizar el compromiso en la promoción y en la
protección de los derechos de los niños y de los adolescente, personas con
necesidades especiales y adultos mayores. Se debe brindar especial atención a
los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de
frontera.
15. Las organizaciones sociales presentes en esta cumbre reconocen la
contribución de los países de la región, de sus gobiernos y de los actores
sociales en la declaración de la OEA del 15 de junio de 2015 donde manifiestan
la necesidad de que tengamos un instrumento regional, jurídicamente vinculante
que proteja los derechos humanos de las personas mayores y fomente un
envejecimiento activo en todos los ámbitos, asegurando su dignidad por toda su
vida.
16. La construcción y la implementación de las Directrices de Educación
y Cultura en Derechos Humanos del MERCOSUR es la manera efectiva de construir
una identidad regional que considere las realidades históricas, sociales,
económicas, culturales e políticas de los pueblos de la región. La dimensión
social y cultural del MERCOSUR, además de su estructura económica, sólo será
posible a partir de la construcción de ciudadanas y ciudadanos mercosurianos.
17. La prioridad de la formulación de un marco jurídico de defensa de
los derechos de los migrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados,
reconociendo el derecho a migrar y no migrar como derecho humano fundamental,
enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad de todos los migrantes
independientemente de su estatus migratorio, denunciando y frenando las
violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de
las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros. Por la integración
de nuestros pueblos en la construcción de una ciudadanía Mercosuriana por la
libre circulación de personas, por la ciudadanía regional, con documento único y
por un MERCOSUR libre de xenofobia, tomando en cuenta la perspectiva de género,
exhortamos a nuestros gobiernos a ratificar la Convención de las Naciones
Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus
Familias y promover la respectiva normativa del MERCOSUR con vistas a la
convergencia de los marcos jurídicos de estos derechos en nuestros países.
Reiteramos la propuesta de creación de un Consejo de Políticas migratorias e
integración de los Pueblos como instancia política y decisoria, con la
participación de los y las migrantes. Consideramos necesaria la implementación
de instancias de asesoría legal de los y las migrantes en el ámbito del
MERCOSUR y el tratamiento de las cuestiones migratorias por órganos civiles,
abandonando la lógica de seguridad nacional en las cuestiones migratorias.
18. La necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano,
integrado y sustentable para el conjunto de las ciudades. Para tanto,
proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países del
MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental.
19. La asignación de los recursos políticos y económicos necesarios para
la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. La misma
prioridad debe ser dada a la adopción de políticas públicas de atención a la
salud reproductiva y sexual. Enfatizamos la necesidad de los gobiernos,
articulados con los movimientos y organizaciones sociales, implementar los
compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (Convención CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Exigimos
la descriminalización en toda la región, de la orientación sexual e identidad
de género, con la elaboración y aprobación de leyes antidiscriminatorias como
políticas de Estado. Exigimos la despatologización de las identidades de las
personas trans, travestis, transexuales y transgénero y la promoción y
aprobación de la Ley de Identidad de Género en los países del MERCOSUR. Que la
construcción de políticas del Mercosur tome como base las experiencias más
avanzadas de los países que lo componen, de modo que reflejen los modelos más
exitosos, como la legalización del aborto en Uruguay, la paridad de género en
las elecciones generales de Venezuela, matrimonio igualitario y derecho a
identidad de género en Uruguay y en Argentina y la Ley Maria da Penha en
Brasil.
20. La importancia de la consolidación y mayores aportes financieros
para el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un instrumento
para superar las desigualdades sociales y asimetrías entre los países.
Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser ampliados y su
actuación transparente, propiciando el control social para que el FOCEM aumente
su inversión en las cuestiones sociales, considerando las peculiaridades de los
diferentes segmentos de la sociedad (jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores,
etc.). Asimismo, es fundamental articular los mecanismos de financiamiento
existentes a través de la construcción de un organismo regional de
financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR. También defendemos que el acceso a
los recursos del FOCEM por empresas sea pautado por el respeto a los principios
y derechos expresados en la Declaración Socio-laboral del MERCOSUR.
21. La necesidad de articulación entre los movimientos, organizaciones
sociales y populares y gobiernos para garantizar continuidad, en el MERCOSUR y
Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las
Américas sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia e Intolerancias relacionadas. Debe ser
estimulado el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción
de la igualdad racial en el bloque. Apoyamos la Resolución de las Naciones
Unidas denominada «Década de las comunidades afrodescendientes 2015-2024 y
exhortamos a los países de la región a promover la implementación con amplio
Diálogo Social. Solicitamos que se organice un encuentro regional, de forma
urgente, con todas las entidades afrodescendientes del Mercosur.
22. Promover la inclusión de la temática de la deficiencia en la agenda
permanente de los Estados-Miembros y Asociados con la participación plena de la
sociedad civil; Incentivar la creación de consejos consultivos de la sociedad
civil en los Estados Miembros y Asociados; solicitar que el actual Grupo de
Trabajo sobre Deficiencia del MERCOSUR se torne una Comisión Permanente.
23. El cumplimiento por parte de los gobiernos nacionales,
departamentales y municipales en sus instancias (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) de las Leyes, especialmente la Convención 169, normas de protección
de los derechos de los Pueblos Originarios. El reconocimiento político de
nuestras naciones por los países asentados sobre el espacio territorial
ancestral de los Pueblos Originarios y su libre determinación en espacio territorial
ancestral de los pueblos nativos y auto-determinación. Así como la existencia
de un documento único de identidad como pueblos originarios, reconocido por
todos los Estados Parte en igualdad de condiciones.
24. La necesidad de implementar y fortalecer la participación social en
la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. El
desarrollo sustentable, la defesa de la biodiversidad, la ratificación de los
tratados internacionales, son fundamentos para la construcción de un MERCOSUL
socio-ambiental. Instamos a los países del bloque a asumir una postura común de
defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del MERCOSUR, frente a
la próxima COP 21 – Conferencia de las Partes – que tendrá lugar en diciembre
próximo en Paris. Urge una postura que esté a la altura de los desafíos y de
las demandas de los pueblo por justicia climática y socio-ambiental. La defensa
vehemente por los países del bloque del principio de la Transición Justa y del
Trabajo Decente es condición fundamental para la transición de una economía de
alto carbono para una de bajo carbono.
25. Nos solidarizamos efusivamente con el Pueblo Griego en su lucha por
la reestructuración de la Deuda ilegítima, odiosa e ilegal y por el rechazo a
las políticas de austeridad que vienen asfixiando la economía griega y
colocando a la población en una situación dramática. Al mismo tiempo, apelamos
a nuestros gobiernos para promover un gesto de solidaridad para con Grecia, y
discutir opciones de financiamiento alternativo y prácticas que promuevan la
justicia social, y signifiquen una ayuda concreta para el pueblo griego para
superar las carencias a las que fueron sometidos por la Troika y, en
particular, por la intransigencia del gobierno de Alemania.
26. Hasta que Israel respete sus obligaciones con el derecho
internacional: exigimos que el MERCOSUR suspenda inmediatamente el Tratado de
Libre Comercio con aquel país; establezca medidas concretas para prohibir
contratos públicos con empresas envueltas en los crímenes israelenses; y no
establezca el alto a las relaciones militares de los Estados Partes con Israel.
Rechazar las agresiones al Estado Palestino.
27. Nos solidarizamos con el empobrecido y violentado pueblo haitiano
que sufre en estos momentos una agresión por la expulsión de los migrantes del
territorio dominicano, acción racista y xenófoba perpetrada por la República
Dominicana, en una actitud que repudiamos en el espacio latinoamericano, que
debe buscar la paz y la relación armoniosa entre pueblos y naciones. Exigimos a
los Estados Parte que busquen caminos para impedir y reparar esta injusticia y
que avancen en la integración entre los pueblos, basándose en la educación,
salud, en el intercambio entre campesinos para la producción de alimentos,
investigación y solidaridad, acciones estas que dependen de la retirada
inmediata de las fuerzas militares extranjeras presentes en aquel país.
28. Expresamos nuestro más firme apoyo a la permanente lucha de la
República Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, Georgia del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, asumiéndolo como causa
regional. Rechazamos el desarrollo de actividades unilaterales británicas que
incluyen entre otros, la exploración de recursos naturales renovables y no
renovables en el área en conflicto y controversia. Denunciamos la presencia de
bases militares imperialistas en países latinoamericanos y caribeños que
constituyen una seria amenaza a la seguridad y soberanía de la región. Así
mismo apoyamos dentro del derecho internacional todas las sanciones
implementadas por el gobierno argentino dirigidas a defender los recursos de la
región y la soberanía.
29. Apoyamos la formación de un Consejo de Defensa de los Pueblos del
Mercosur para proteger la soberanía, la democracia y los derechos humanos de
nuestros pueblos.
30. Apoyamos al Estado Plurinacional de Bolivia en su justa demanda por
el derecho de salida al mar con soberanía, y solicitamos a las instancias del
Mercosur que aceleren el proceso de incorporación de Bolivia como miembro pleno
del Bloque.
31. La madre naturaleza es un bien común de los pueblos al servicio de
la humanidad. Por tanto, rechazamos cualquier forma de destrucción, apropiación
privada, biopiratería, y solucione de mercados que sólo profundizan el actual
estado de crisis ambiental y climática. Nos oponemos al poder empresarial de
MONSANTO asentado en la monocultivo y en los cultivos transgénicos.
32. Pronunciamiento contra la narco-política en Paraguay, cuya
institucionalidad se encuentra hoy en disputa por el narcotráfico y el crimen
organizado incrustado en el aparato del Estado.
33. Cese inmediato de la criminalización de los movimientos sociales,
del estado de sitio de facto instaurado con la militarización de los departamentos
así como el cese inmediato de las violaciones masivas a los derechos humanos
por fuerzas militares y policiales.
34. La Cumbre Social del Mercosur exige respeto al proceso democrático
brasilero y se posiciona contra las tentativas de retroceso político y
económico al servicio de los monopolios privados que buscan imponer su voluntad
al Brasil.
35. Abrazamos al heroico pueblo de Cuba y a su gobierno por su
resistencia al bloqueo norteamericano y creemos que el restablecimiento de las
relaciones con los EUA no perjudicarán el proceso revolucionario cubano. Aún
esperamos el fin definitivo del bloqueo y el cierre de la prisión de
Guantánamo.
36. Las organizaciones y movimientos sociales del MERCOSUR, reunidos en
Brasilia, afirman el compromiso de continuar impulsando la integración de los
pueblos: por una verdadera integración que nos permita recuperar la soberanía
plena a partir y para los pueblos del Sur.
37. La XVIII Cumbre Social reconoce el proceso autónomo de construcción
de esta cumbre y felicita al gobierno brasilero por el esfuerzo emprendido en
este cambio de paradigma en la construcción de la Cumbre Social. Una cumbre
verdaderamente de los pueblos, a través de los pueblos y para los pueblos.
Finalmente, queremos y lucharemos para que este cambio se consolide en todas
las cumbres sociales del MERCOSUR que seguirán. ¡Sin autonomía no hay avance!
38. Denunciamos la campaña internacional de desestabilización contra el
estado venezolano, su gobierno y su pueblo, como arremetida del imperialismo
que se ha venido manifestando en la orden ejecutiva, Decreto Obama, que declara
a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, así como la injerencia
de ex presidentes, senadores y voceros políticos de la derecha internacional
que tienen como objetivo final interrumpir el proceso de integración que
desarrollan los pueblos de la región.
39. Asimismo, nos solidarizamos con el pueblo venezolano, con su
revolución bolivariana, encabezada por el Presidente Obrero y Chavista Nicolás
Maduro y la lucha que emprende en la defensa de la soberanía de su país contra
de la guerra económica y financiera que imponen las transnacionales.
40. Nos solidarizamos y apoyamos el pedido de justicia en el caso de las
43 víctimas de la violencia política generada por factores opositores en
Venezuela en los años 2013 y 2014 y rechazamos el uso político que estos
sectores le dan al tema de los derechos humanos con el objetivo de
desestabilizar la democracia venezolana.
41. Reconocemos que el desendeudamiento de los países de la región es
una condición esencial para el desarrollo de nuestros procesos de integración,
por tanto repudiamos enérgicamente las maniobras especulativas de los Fondos
Buitres que intentan someter al pueblo argentino. Asimismo, reconociendo que
los procesos de reestructuración de la deuda no afectan únicamente a la
República Argentina, destacamos la necesidad de que la comunidad internacional
trabaje en pro de la conformación de una arquitectura financiera global que
permita contar con los instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y
definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a
problemas de sustentabilidad de la deuda de forma ordenada.
42. La integración regional es la respuesta de los Pueblos para detener
el avance del conservadurismo y del liberalismo económico predatorio.
Brasilia, 16 de julio de 2015


