Naciones Unidas evalúa los derechos humanos en España

El informe del Examen Periódico Universal (EPU) recoge
las 189 recomendaciones que los diferentes Estados realizaron en enero pasado a
nuestro país.

España tendrá que declarar delante de sus homólogos qué
recomendaciones acepta totalmente, cuáles parcialmente y cuáles rechaza. Y
deberá ser una manifestación fundamentada.


Este jueves, 25 de junio de 2015, el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas debe adoptar el informe del Examen Periódico
Universal, conocido como EPU, sobre España. Este informe recoge las 189
recomendaciones que los diferentes estados realizaron en enero pasado a nuestro
país.

El
EPU es un mecanismo claramente político, puesto que son los mismos estados los
que examinan la situación de derechos humanos de cada país, a diferencia de
otros instrumentos de Naciones Unidas donde son personas expertas
independientes las que emiten los informes. Este hecho resta dureza en muchos
casos al diagnóstico que se realiza, incluso objetividad, y es, sin duda, la
principal limitación del EPU. Sin embargo, este mecanismo está también abierto
a la participación de la sociedad civil ya que las organizaciones pueden
presentar informes alternativos (como hemos hecho desde el IDHC, entre otras
tantas organizaciones) y esto permite que el diagnóstico final del EPU recoja
los principales puntos negros de la situación de derechos humanos en el país,
como así ha sido. Y hoy, ante el Consejo de Derechos Humanos que adoptará el
informe final, podremos tomar la palabra para denunciar precisamente estos
puntos negros.

Este
mismo carácter político también puede ser analizado como oportuno ya que los
estados deben pronunciarse de manera unívoca, y esto nos brinda a las
organizaciones y a la ciudadanía en general, un termómetro claro, en forma de
semáforo como ahora veremos, de las prioridades y compromisos de nuestro
gobierno en materia de políticas de protección y promoción de los derechos
humanos. Hoy, España tendrá que declarar delante de sus homólogos qué
recomendaciones acepta totalmente, cuáles acepta parcialmente y cuáles rechaza.
Y deberá ser una manifestación motivada. De las 189 recomendaciones, España ya
ha anunciado que acepta totalmente 139, acepta parcialmente 35 y rechaza 15.
Esta mañana escucharemos las razones.

Tan
interesante resulta analizar las recomendaciones rechazadas como las aceptadas.
Empecemos por estas. Respecto de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y
de abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, España ha
aceptado asegurar la investigación diligente, imparcial e independiente de las
mismas. También ha aceptado el establecimiento de mecanismos de control de las
autoridades policiales ante signos de tortura y malos tratos. No se compromete
a nada nuevo, estos mecanismos ya existen en nuestra legislación.
«Únicamente» resta dotarlos de recursos y espacio de maniobra para
que ejerzan sus funciones. Para esto, no hay compromiso explícito.

La
preocupación internacional ante la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana,
que por cierto entrará en vigor en tan solo 6 días junto con la reforma del
Código Penal, también se vio reflejada en este EPU que contiene hasta 5
recomendaciones con referencias al derecho de reunión y manifestación pacíficas
y a la libertad de expresión relacionada con actos de protesta. En ocasiones
anteriores ya vimos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
o hasta 5 relatores especiales de Naciones Unidas habían llamado la atención a
nuestro país sobre este proyecto legislativo, al considerarlo contrario de los
estándares internacionales de derechos humanos. Pues bien, las recomendaciones
han sido aceptadas. España se compromete pública y políticamente a evitar
reformas legislativas que puedan limitar excesivamente el ejercicio de la
libertad de reunión, a ajustar la ley de seguridad ciudadana para no limitar
este ejercicio e incluso se compromete a cooperar con las personas defensoras
de derechos humanos para crear un ambiente favorable a los miembros de las
organizaciones de la sociedad civil. ¿Son compatibles estos compromisos con la
práctica legislativa y ejecutiva del gobierno español actual? Por lo que respecta
al EPU, jurídicamente, sí. El Consejo de Derechos Humanos no cuenta con ningún
mecanismo coercitivo que pueda obligar a los estados a poner en práctica las
recomendaciones aceptadas o a sancionarlos en caso de no hacerlo. Pero
políticamente, no, no y no. No puede salirle gratis al gobierno este ejercicio
de cinismo ante la comunidad internacional.

España
lleva años manifestando ante los diferentes mecanismos internacionales de
protección de los derechos humanos que revisará el régimen de detención incomunicada
por el cual una persona sospechosa de terrorismo o de crimen organizado puede
estar hasta 13 días sin ver a un abogado o a un médico de su elección y sin
poder comunicarse con su familia. En este segundo ciclo del EPU España rechaza
las tres recomendaciones que le instaban a abolir el régimen de incomunicación
y acepta las dos que le piden revisarlo, de nuevo.

Otro
de los aspectos que ha suscitado más recomendaciones, aceptadas en su práctica
totalidad por España, tiene que ver con la lucha contra el racismo, el discurso
de odio y los crímenes de odio. Las fiscalías especiales para la persecución de
estos delitos ya están en marcha en todas las provincias españolas y el
Ministerio de Interior ha empezado a dar estadísticas sobre estos crímenes tras
años de reivindicaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil y
también por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, el estado no se ha
comprometido, tampoco en esta ocasión, a adoptar una ley integral tal y como
las entidades especializadas y las personas expertas en racismo vienen
reclamando.

Relacionado
con esta materia, el trato de personas de origen migrante es otro de los
aspectos que más preocupación internacional despierta. Para empezar, España
sigue rechazando todas las recomendaciones que le instan a ratificar el
Convenio internacional de protección de los trabajadores migrantes y sus
familias, único instrumento de derechos humanos que aún no ha ratificado el
estado español (se lo piden hasta 19 estados). Esta mañana volveremos a escuchar
los manidos argumentos de que las decisiones sobre inmigración deben de ser
consensuadas en Bruselas y de que los estándares de la Convención son menores
que las garantías establecidas por nuestro ordenamiento interno. Ratifiquemos,
pues, cabe contestar.

A
pesar de esas supuestas garantías, las «devoluciones en caliente”, las muertes
en frontera y las condiciones y existencia misma de los centros de
internamiento de personas extranjeras (CIE) son protagonistas habituales de
todas las revisiones de derechos humanos a las que se somete España. ¿Y qué
podemos destacar en esta ocasión? Hasta 17 recomendaciones han sido aceptadas
por España en este sentido. Entre ellas, asegurar que todas las personas
migrantes detenidas tienen acceso a los servicios básicos y a unas condiciones
dignas de vida, el respeto absoluto del principio de no devolución y la
garantía de acceso al proceso de petición de asilo para aquellas personas que
huyen de situaciones de violación de derechos humanos, con una especial
atención -explícitamente redactada- a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Esperemos que España explique cómo piensa hacer compatibles estos compromisos
con las recientes reformas legislativas encaminadas justamente a matizar y
rebajar estos estándares internacionales. Y es que España solo se ha
comprometido parcialmente a asegurar la igualdad ante la ley de las personas no
residentes.

En
este sentido, el impacto que la crisis económica y las medidas deaustericidiohan
tenido sobre el disfrute efectivo de derechos económicos, sociales y culturales
de toda la población, especialmente del colectivo inmigrante, no es un
diagnóstico compartido por el gobierno. Si bien, se ha comprometido a retomar
las políticas de protección social de los colectivos más vulnerables, rechaza realizar
un análisis serio e integral sobre el impacto de los recortes en el disfrute de
derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al
trabajo o el derecho a la alimentación. Especial relevancia cobra en este
sentido la limitación del derecho a la salud de las personas en situación
administrativa irregular, a pesar del anuncio por parte del gobierno de la
corrección de esta medida, el cambio efectivo no se ha producido. La aceptación
de algunas de estas recomendaciones nos da un argumento más para seguir
reivindicando el acceso universal a los servicios básicos.

Y para concluir, las medias tintas, los matices, los
grises, los «sí pero no”, el cinismo y las interpretaciones subjetivas se
acaban al hablar de dos solitarias recomendaciones, las dos rechazadas de
plano. No a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente
vinculante sobre el control de las empresas transnacionales en la protección de
los derechos humanos y no al principio de jurisdicción universal, tristemente
extirpado de nuestra legislación en dos fases en 2009 y 2014. Estas dos
iniciativas podían colocar a España, más allá de su actuación de fronteras (o
de vallas) para adentro, en una posición de punta de lanza a nivel
internacional. La persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra y la exigencia a las corporaciones de sus responsabilidades
en materia de derechos humanos, fuertemente matizadas y diluidas tanto en
derecho interno como en derecho internacional, son dos causas que el estado
español ha decidido ignorar. Un estado que en estos momentos es miembro no
permanente del Consejo de Seguridad y por tanto tiene un extra de
responsabilidad y visibilidad ante la comunidad internacional durante los
próximos dos años.

No
ignoremos nuestro papel de altavoz y nuestra labor de denuncia. Amplifiquemos
el sonido de las recomendaciones y de los compromisos que España adquiere de
nuevo hoy y sigamos poniendo luz a aquellos que rechaza.

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