Declaración Final: Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad


Reunidos en la ciudad de México, los
días 20, 21 y 22 de Abril de 2015, representantes de gobiernos locales de todo
el mundo, miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de Mercociudades, de
la Red del Foro de Autoridades Locales de Periferias por Metrópolis Solidarias,
representantes de la sociedad civil y de los movimientos urbanos populares,
partes integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, con la
presencia de más de cuatro mil quinientos habitantes de la ciudad de México,
afirmamos nuestro compromiso por el derecho a la ciudad.

En el 2050, el 70% de la población
mundial vivirá en ciudades. Esto significa que en los próximos 30 años, más de
2 mil millones de habitantes acudirán a las ciudades, especialmente a las
mayores metrópolis del mundo. En un mundo en el que el 1% de la población
mundial retiene el 50% de las riquezas, las áreas urbanas concentrarán
tensiones y desigualdades insostenibles. En este contexto, los gobiernos
locales junto con sus habitantes, abogan de forma urgente por el derecho a la
ciudad como un enfoque necesario para construir este mundo urbano de forma
incluyente, justa, solidaria, democrática y sostenible.

En la continuidad del Primer
encuentro Mundial de Ciudades por el Derecho a la Ciudad, celebrado en Saint
Denis en 2012 e inspirados por la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a
la Ciudad (2010), la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la
Ciudad (Saint-Denis, 2000), las cartas de Montreal (2006), de Viena (2012), los
principios de Gwangju de Ciudades por los Derechos Humanos (2012) y por la
Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad de CGLU (2011), los
gobiernos locales juntos con sus ciudadanos, y en la diversidad de sus
situaciones, reafirman su rol como actores esenciales para la garantía de los
derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

El Derecho a la Ciudad es un derecho
individual y colectivo de todos/as los/as habitantes, donde se considera el
territorio de las ciudades y su entorno como espacios de ejercicio y
cumplimiento de estos derechos como forma de asegurar la distribución y el
disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los
recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades.

Para ello, el derecho a la ciudad
supone:

– Ciudades donde se garantice el
pleno ejercicio de los derechos humanos para todas y todos los y las habitantes

– Ciudades democráticas,
transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento ciudadano

– Ciudades como bienes comunes de
todos y todas los y las habitantes donde los derechos humanos priman sobre los
procesos de privatización, de renta especulativa que conllevan la exclusión de
las mayorías y donde se rescatan los centros históricos degradados evitando la
gentrificación

– Ciudades sostenibles, que
mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural que les
rodea y con los recursos naturales

– Ciudades donde la economía mira
por el bienestar de sus habitantes, basadas en un desarrollo económico local
endógeno y sostenible, que se nutre de los recursos locales y no busca ante
todo las inversiones del capital internacional

– Ciudades multi-culturales y
acogedoras, que valoran la riqueza de las migraciones

– Ciudades donde el espacio público
es de todos/as, y donde se reconoce la necesidad de estos espacios para la
libertad de expresión, para los múltiples usos de la ciudad

– Ciudades donde se garantizan los
derechos culturales por la inclusión social

En las grandes metrópolis estos
principios tienen que aplicarse a través de la construcción de metrópolis
policéntricas, construidas con las periferias, con equidad territorial y no de
forma centralista.

Estamos convencidos de que los
gobiernos locales, en el día a día, a través de sus políticas públicas y junto
con sus habitantes podemos «contribuir a la construcción de ciudades
incluyentes, habitables, justas, democráticas, sustentables y disfrutables;
contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del
tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable; contribuir a
la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que
garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los
sectores populares.” (Carta por el derecho a la ciudad de la ciudad de México)

Queremos ciudades, para todas y
todos, basadas en la justicia social y espacial, libres de fronteras visibles e
invisibles, donde se garantiza el buen vivir colectivo.

Hoy en día, a un año y medio de la
Cumbre Hábitat III de la ONU (Quito, 2016) donde los Estados del mundo se
reunirán para definir la Nueva Agenda Urbana Mundial, queremos que se reconozca
en esta agenda el derecho a la ciudad como una alternativa al discurso urbana
predominante basada en el auge de grandes ciudades en competencia de unas con
otras. La nueva Agenda del Hábitat deberá incluir metas, indicadores e
instrumentos para la implementación del derecho a la ciudad a nivel mundial,
regional y local.

Además instamos a ONU-Hábitat a que
garantice una participación efectiva de los gobiernos locales y de sus
asociaciones junto con la sociedad civil en la preparación, organización y
realización de la Cumbre de Hábitat III. Llamamos a la convergencia de
esfuerzos entre estados, gobiernos locales, sectores académicos, movimientos
populares urbanos y ciudadanos, para lograr los objetivos propuestos en esta
Declaración.

Por último, llamamos a una
implicación amplia de las ciudades y de los miembros que comparten el
compromiso por el derecho a la ciudad para hacer avanzar esta reflexión y este
reconocimiento del derecho a la ciudad en el seno de CGLU, a través de nuestra
herramienta común, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y
Derechos Humanos.

Ciudad de México, 22 de Abril de
2015