La lucha por la tierra se libra en las ciudades latinoamericanas


Una vista de la Villa 31, enclavada en el centro de la ciudad de Buenos
Aires, 
por donde atraviesa la autopista Illia. Buenos Aires, 27 julio 2012. /RICARDO CEPPI

· GRÁFICO: ¿Hay
relación entre crimen y barrios pobres?
El caso de Buenos Aires

·
FOTOGALERÍA: Favelas,
villas de emergencia, chabolas

«Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas
mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”, escribía el pasado agosto el 
papa Francisco a un amigo concejal de Buenos Aires
después de que tres fuerzas policiales desalojaran con topadoras a unas 500
familias que se habían instalado en un terreno baldío 
bautizado por sus ocupantes con el
nombre del pontífice argentino
. «Parece que la crueldad se nos instaló en el
corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: qué me importa, que vayan a
trabajar, es gente insociable… palabras que no justifican, sino que manifiestan
tanta crueldad”, agregaba Francisco después de la represión conjunta de los
uniformados que responden tanto al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
como al alcalde porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial conservador
para las elecciones del próximo octubre.

Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto
que la lucha por la tierra en Latinoamérica no se circunscribe a la de los 
campesinos e indígenas contra medianos o grandes
terratenientes
 
o
multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes. América
Latina no es solo el rincón más desigual del mundo, con un tercio de la
población en la pobreza, sino que además es la segunda región más urbanizada
del planeta, con casi un 80% de sus habitantes residiendo en ciudades. Aunque
las cifras han mejorado en este siglo, aún un tercio de los latinoamericanos
mora en viviendas precarias, y una minoría en la calle. Un cuarto reside enfavelas,villas de emergencia, asentamientos
irregulares o como se llame en cada país a los barrios de chabolas.

«Para los campesinos, es la lucha por la tierra. Para
nosotros, es por el suelo urbano con servicios, con espacio urbano”, explica el
arquitecto Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad de General
Sarmiento, en la periferia pobre de Buenos Aires. Fernández Wagner integra,
además, el colectivo de organizaciones sociales y docentes universitarios 
Habitar Argentina que en 2013
logró 
una ley para regular, en la
provincia de Buenos Aires, el uso de la tierra de barrios cerrados, esas
urbanizaciones para las clases altas y medias altas que se han expandido desde
los 90 por toda Latinoamérica, incluso en ciudades medianas, y que han
encarecido tierras periféricas a las que antes accedían los pobres.

«La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a
casas, se va a asentamientos informales, donde no tiene servicios de
electricidad, agua potable, cloacas, y entonces trata de sobrevivir
conectándose como puede”, 
expone la relatora especial de ONU Hábitat Leilani
Farha
. «No es sorprendente que haya conflictos en este
contexto. En la ciudad, los pobres no pueden comprar nada porque no hay nada
disponible para sus ingresos, por la especulación inmobiliaria, por la falta de
políticas de tierra y porque los gobiernos, a veces, venden las mejores tierras
para desarrollos inmobiliarios. La gente no puede sobrevivir sin casa, es un
derecho humano y hay que enfocar el asunto desde esa perspectiva, dar la
seguridad a la tenencia. Los pobres van a las peores tierras, que son fiscales
o de algún dueño, y pelean por la regularización del dominio. A veces, terminan
desalojados por policías, militares o agentes privados y entonces se van a
otros asentamientos informales”, describe Farha desde su oficina en Ottawa.

En los últimos meses, pobladores pobres de algunos
municipios del Gran Buenos Aires (periferia), como los de La Matanza, Esteban
Echeverría, Moreno y Florencio Varela, se han organizado para montar piquetes
en calles o carreteras para reclamar por tierras o por la regularización de su
dominio, según cuenta la presidenta de la organización social Madre Tierra, Ana
Pastor. El mismo día de la entrevista, ella daba cuenta de un desalojo en La
Matanza. «Los hay que no son necesariamente violentos”, aclara.

También hay tomas de tierras en Buenos Aires, como las
de la villa Papa Francisco, y en los suburbios, aunque ya no son organizadas por
movimientos populares como en los 80, sino que en las últimas tres décadas
opera un mercado informal de tierras donde algunos listos venden o alquilan
terrenos fiscales o abandonados por sus dueños, según la líder de Madre Tierra.
«El Gran Buenos Aires, Moreno y Merlo son los municipios que tienen más tierras
y, por tanto, más posibilidad de tomas. En Merlo solo se toma lo que el
municipio autoriza, y en Moreno hay tomas organizadas por gente de la droga, 
policías, políticos
locales, y después media el municipio. Es decir, hay piratas que no son grandes
poderosos, pero son usados por otros sectores de poder, muchas veces armados”,
describe Pastor.

«Lo de Buenos Aires se repite en muchas partes de
Latinoamérica”, comenta la presidenta de 
Habitat International Coalition (HIC), Lorena
Zárate, desde la ciudad de México. «Hay ocupaciones de tierras en la periferia
o en edificios, por ejemplo, en São Paulo. Organizadas, no por familias sino
por movimientos de lucha por acceso a la vivienda. Pero también hay un mercado
informal en el que la gente termina pagando dos o tres veces por la tierra, con
procesos de extorsión, muchas veces contra gente migrante sin apoyo en la
ciudad. Ya no hay tomas masivas como en 60 y 70, en parte porque ya no hay
tanta migración del campo a la ciudad sino dentro de la ciudad o entre
ciudades”, cuenta Zárate.

¿Cómo responden los gobiernos ante tanta necesidad?
Los expertos consideran que el déficit no se resuelve si se lo deja en manos de
un mercado urbano en el que la tierra es escasísima, la especulación abunda, el
crédito falta entre los más pobres y se necesitan cada vez más salarios para
comprar una vivienda. Farha, de ONU Hábitat, ensaya una respuesta: «México
intentó fomentar el acceso a la vivienda con crédito, pero para ello entregó
tierras muy lejanas de los centros urbanos y de los trabajos, con mal transporte,
sin buenos servicios. Ahora el Gobierno (de Enrique Peña Nieto) cambió el
enfoque y quiere detener la extensión urbana. Hubo muchos programas en Brasil y
Colombia para mejorar la calidad de los barrios, y tuvieron buenos resultados.
Ecuador y Venezuela también tienen planes de vivienda. Cada país ha probado
programas, muchos sin éxito”.

Zárate reconoce que en Brasil, Argentina, Chile o México se construyeron
millones de viviendas, «pero con problemas de localización porque exigen de la
persona mucho gasto de transporte para ir a trabajar, porque faltan centros de
salud, recreativos, culturales, o hay escuelas con malos maestros, o porque las
casas son de mala calidad o se hicieron en basureros o sobre acuíferos”. La
líder de HIC destaca que en Uruguay siguen existiendo, como en los 70, los
bancos de tierras e inmuebles ociosos y que la 
Federación Uruguaya de Cooperativas
por Ayuda Mutua
 
haya replicado su
tarea por el acceso a la propiedad colectiva. El modelo de esta federación se
procura replicar en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay o
Bolivia. Zárate elogia la planificación urbana en Brasil que lleva que muchas
ciudades dispongan de tierra para viviendas sociales y equipamiento
comunitario. Destaca que Colombia también cuente con una legislación en ese
sentido, aunque advierte que falta más implementación, a la vez que pone sus
esperanzas en la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires.

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